¿Quién es político en Colombia?, ¿el político en ejercicio actúa de verdad en pro del bien común o por su interés particular? 

Amable lector(a),

Ha pasado un semestre no más de las últimas elecciones legislativas y un trimestre de la presidencial y ya comenzaron las renuncias a granel de políticos que hoy fungen en cargos públicos de todos los niveles para no inhabilitarse para las próxima elecciones regionales y locales del año próximo. Comportamientos que no son nuevos pues se dan desde hace tiempo e incluye a legisladores que dejan su función en el Congreso para aspirar también a otros cargos de elección popular, como gobernador o alcalde de ciudad importante. Esto me lleva a reflexionar sobre el oficio político en Colombia; para ello me formulo estas preguntas: ¿quién es político en Colombia?, ¿el político en ejercicio actúa de verdad en pro del bien común o por su interés particular? 

Aceptemos que aquí, como en casi todo el mundo, cualquier ciudadano puede actuar en política con las excepciones establecidas por la ley de cada Estado. En nuestro ordenamiento constitucional es un derecho fundamental indiscutible que toda persona, sin importar su género, situación económica, académica, social, religiosa, cultural u otra, puede hacer política, entendida esta en el campo que nos interesa, el Estado, como la actividad tendiente a obtener el poder público, esto es gobernar, o a mantenerlo en caso de detentarlo. La misma normatividad nacional ha establecido los impedimentos para participar en el juego político -elegir y ser elegido-, o para fungir como funcionario del Estado. Dicho de otra manera, en teoría, para participar en política en Colombia no se requiere ninguna condición o formación académica específica distinta a la de ser ciudadano para aspirar a ser gobernante o legislador, o miembro y dirigente de un partido o movimiento político. Desde luego existen unos requisitos taxativos para la mayoría de cargos administrativos, no así para los cargos de elección popular puesto que un ciudadano en ejercicio puede ser presidente, senador, representante a la Cámara, gobernador, diputado departamental, alcalde municipal, concejal o edil de Junta Administradora Local, los requisitos para acceder son mínimos: ser ciudadano en ejercicio y cierta edad, según el cargo. La Constitución Política y las leyes han previstos otros requisitos específicos para la elección o participación en política electoral que no interesan por ahora al propósito de esta reflexión.

En síntesis y teoría, toda persona con liderazgo social que quiera participar en política lo puede hacer. Es cuestión de voluntad e interés por el bien común que alguien deviene político o líder político. En esas condiciones y desde tiempos inmemoriales han existido líderes que han conducido y conducen sus comunidades hacia el éxito o el fracaso, al progreso o al estancamiento económico, político y social. En nuestro país desde antes de la conquista europea cada tribu o pueblo indígena tenía sus dirigentes –caciques-, como hoy. Pero el desarrollo político-social de los pueblos nos dice que no basta la vocación por el servicio comunitario para ser un político con reales probabilidades de acceder al poder político, al gobierno del Estado. Nuestra historia nos revela que, por lo general, los dirigentes que han conducido, primero a la independencia del yugo colonial y luego la consolidación del Estado republicano hasta hoy, han sido personas con recursos económicos y preparación académica, porque el pueblo llano, el de a pie, se ha visto impedido, por estas y otras poderosas barreras, para ejercer con éxito la política, esto es acceder al poder público. Los pocos humildes que lo han logrado, fuera de ser la excepción, no siempre terminaron bien, como fue el caso de Marco Fidel Suárez (1918 – 1921), obligado a renunciar a la presidencia del Estado por indigno, por haber solicitado por adelantado su salario para poder repatriar el cadáver de su hijo fallecido en Estados Unidos-. Quizá el lector piense en otros que, sin descender de familias adineradas o de abolengo, obtuvieron poder y algunos llegaron a la cúspide, a la presidencia de la República. Sí, siempre los ha habido aquí y en el exterior: por lo general personas inteligentes, capaces y astutas que han logrado colarse en los círculos de poder para defender los intereses, no de sus pares, el pueblo, sino los personales y el de la élite que los dejan ascender; porque no ponen en peligro el statu quo, el establecimiento. Basta repasar nuestra historia para encontrar los pocos ejemplos.

Es evidente que la humanidad avanza en todos los aspectos y el Estado y la política no podían ser la excepción. El ente político-jurídico se hace cada vez más complejo, más exigente, demanda mayor conocimiento y especialización para entender y dirigir con éxito la res publica -cosa pública-; por eso se ha generado una variedad de estudios y formaciones relacionadas con la política y el Estado, especializaciones, posgrados y otros estudios en derecho público, procesos electorales, liderazgo y gestión pública, ciencia política, democracia y gobierno, planificación urbana y rural, demografía entre otros que se ofertan para mejorar el quehacer político y la conducción del complejo Estado moderno. A estos se han aplicado unos cuantos de nuestros políticos.

Sin embargo, a la par de la forma tradicional para acceder al poder público otras maneras menos ortodoxas, pero quizá más efectivas, han ido filtrando la política nacional: procederes que no requieren formación siquiera, menos especializada, para hacer política y gobernar en cualquiera de los tres niveles de la administración: nacional, regional y local. Aunque casi siempre se empieza a la inversa, de lo local –alcaldías, concejos municipales- para llegar a lo nacional – congreso, presidencia- pasando por gobernaciones y asambleas departamentales. El uso de dinero sucio es una de estas maneras, convertido en palanca principal para actuar y tener réditos en política: compra de votos, capacidad propagandística, patrocinio de candidatos y otras actuaciones; es el trampolín habitual para comenzar a escalar en la larga escalinata hacia el poder central. Este elemento, además de degradar el quehacer político y la administración pública, ha incidido en el aumento de la corrupción que permea hoy todos los ámbitos del Estado. El vale todo se volvió costumbre porque lo importante es alcanzar el objetivo: el poder y el botín burocrático, éste para arreglar las cuentas de los costos que significó llegar allí.

La otra modalidad hecha costumbre en el país que, sin ser reciente en la escena política nacional, sí ha aumentado en los últimos tiempos: la herencia política, el legado de cargos de representación popular y en la administración pública entre miembros de una misma familia. No es menos indecorosa, grosera y lesiva para la democracia que los dineros sucios, esta manera de acceder y detentar el poder político y prolongarlo del padre –o madre- que deja instalado en su reemplazo al retoño –hijo o hija, sobrino o nieto- para que continúe su democrática labor en pro de su apellido o clan, mas no de la comunidad, como debería ser. Páginas se podrían llenar con ejemplos de estas dos maneras de ejercer la política en Colombia, mas no es necesario, cada lector sabe cuál o cuáles son el o los que en su ciudad o departamento, ejerce o ejercen la política de esta manera.  

Estos dos vicios dañan el ejercicio de la política colombiana. Al menos tres nocivas consecuencias observamos: i) empobrece aún más la de por sí frágil democracia nacional; ii) limita y pervierte el ejercicio democrático y justo de la política y el poder; y iii) viola de manera flagrante y permanente derechos fundamentales de la mayoría de ciudadanos, entre ellos el derecho a la igualdad frente a la ley y de oportunidades, como que así es muy difícil competir en igualdad de condiciones frente a los traficantes de la política.

En síntesis, hasta hace poco, el ejercicio político en Colombia combinaba las viejas prácticas tradicionales de las élites económicas y políticas con las dos modalidades antes descritas; y de una manera casi marginal los partidos de oposición al sistema imperante. Escenario que fue cambiando desde 2018, cuando las fuerzas alternativas y progresistas compitieron de igual a igual con las viejas castas políticas, hasta obtener el poder político este año. Es indudable que existen políticos íntegros que dignifican el quehacer político, mas ello no significa que la corrupción haya desaparecido de la escena política nacional.   

Volvamos al principio de la nota: ¿Cree usted que el secretario municipal o departamental, la gerente de la empresa pública, el director del ente descentralizado oficial, o el miembro del órgano colegial que renuncia para aspirar a otro cargo público, estuvo en su cargo por vocación por el servicio público y deseo de solventar las necesidades y problemas comunales que le eran propias de su competencia? ¿Cree usted que ese mismo exfuncionario aspira a un nuevo cargo de elección popular pensando en el bien común, en el desarrollo y beneficio de su comunidad? ¿Puede decirse que ese funcionario o ex, supo y fue consciente de la responsabilidad social y política que le es inherente al cargo que ostentaba? ¿Cómo explicar el aumento significativo del patrimonio de políticos y funcionarios en cargos de poca remuneración y en poco tiempo? Ni la Contraloría ni la Fiscalía dan cuenta a la nación de estos incrementos patrimoniales injustificados.

Querido(a) lector(a), esta es una invitación a reflexionar sobre la alternativa real que hoy tenemos en nuestro país para que el cambio se consolide lo más pronto posible y nuestra democracia lo sea de verdad. Perder esta oportunidad es permitir que las viejas y nocivas prácticas en la conducción del Estado vuelvan y se entronicen de nuevo. Las elecciones locales -alcaldías y concejos municipales- y regionales -gobernadores y diputados departamentales- de octubre de 2023 serán la gran prueba para saber si avanzamos o no.

¡Piénselo!

Hasta pronto,

Tolimeo

Noviembre de 2022 

Estamos ante la perspectiva de una manera diferente de actuar desde el poder y el gobierno, es una carta que nos jugamos de cara al futuro.

Amable lector(a),

Consigno aquí horas, semanas, meses y hasta años de cavilación sobre qué nos pasa, por qué los colombianos somos así: envidiosos, odiosos, intolerantes, racistas, pendencieros, violentos y no sé cuántos calificativos negativos más. En esas reflexiones incluyo otro interrogante: los padres de la patria  -los constructores de la república, no los que la disfrutan ahora-, Nariño, Caldas, Acevedo y Gómez, Camilo Torres, Bolívar, Santander y otros que en épocas distintas pero cercanas en el tiempo, lucharon, entregando unos sus vidas, por la emancipación del colonizador y expoliador extranjero y que los aduladores llaman madre patria; digo, si esos ilustres compatriotas ya lejanos en el tiempo, a lo mejor borrados de las mentes juveniles con la desaparición de la historia del pensum escolar, llegaron a imaginar el país que dejarían luego de la independencia. Mis nociones de historia nacional me indican que Simón Bolívar fue quizá el único que en su famosa frase “…Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro” -sin la certeza de que “…cesen los partidos…” fuera su deseo de que se acabaran o se tranquilizaran-, deja entrever su consciencia sobre lo que su pensamiento y actuación públicas influyeron en la discordia y fricción entre los políticos y la sociedad de su época, que aún reina en nuestro país.

Si bien tanto encono, tanta ira y tanta violencia no es exclusiva de la clase política, pues la oligarquía criolla ha rivalizado y puesto siempre a los pobres a matarse entre ellos por ellos  – ¿qué fueron las guerras civiles del siglo XIX?-, la dirigencia económica, social y religiosa desde los tiempos del 20 de julio han azuzado y predicado el sectarismo y el fanatismo, los regionalismos que, a lo mejor, aún no dejan al Libertador tranquilo en el sepulcro. El diario vivir, en la calle, el bus o Transmilenio, la plaza de mercado, el estadio de futbol, la discoteca o el parque dispuesto para la recreación y el esparcimiento sano, son escenarios frecuentes de disputas, riñas, agresiones, a veces letales y absurdas. Sucesos que alimentan las noticias radiales, televisivas e impresas las 24 horas del día y los siete días de la semana porque –de paso- venden. Y el veneno que destilamos y expandimos a toda hora encontró en la nueva tecnología un camino más expedito para un propósito enfermizo: las redes sociales sirven para la emboscada, el matoneo, la amenaza, la difamación y la calumnia.

Volvamos un poco atrás. Mucho se ha discutido, escrito y predicado sobre cuándo comenzó nuestra violencia. Para muchos fue el 9 de abril de 1948, cuando asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, quien para las mayorías de la época era el indiscutible futuro presidente de Colombia. Sin embargo, al líder político lo asesinaron porque venía denunciando la violencia que de tiempo atrás eran víctima los miembros de su partido tanto en ciudades como en el campo. La “Marcha del silencio” (07/02/1948) y su “Oración por la paz” son prueba de ello, así haya sido un esfuerzo inútil del líder para que cesara los ataques contra la población civil por parte de la fuerza pública –el gobierno-, en especial la policía política. Y si retrocedemos un poco más encontramos la violencia contra los partidos y movimientos de izquierda, los sindicatos y el movimiento indígena liderado, entre otros, por Manuel Quintín Lame (1880 – 1967), así como la Masacre de las bananeras (Ciénaga, 1928) hasta llegar al cobarde asesinato de Rafael Uribe Uribe (1859 – 1914) en las mismas escalinatas del Capitolio Nacional, una década después de haber firmado la paz que puso fin a la Guerra de los mil días  -10 años no fueron suficientes para sanar heridas de una confrontación dolorosa y prolongada-. La violencia, así genérica, ha ido a la par del desenvolvimiento económico, social y cultural de Colombia. No es necesario reseñar el siglo XIX y sus frecuentes guerras civiles para pensar que la violencia política-social no ha tenido tregua en la República de Colombia desde su fundación.

Mas la pendencia, la vindicta y la confrontación violenta político-social no es la única que agobia el diario transcurrir de nuestra sociedad. No, asimismo se observa sin mucho esfuerzo otras expresiones violentas, unas quizá derivadas de aquella, otras por causas diversas que han minado el tejido social y sin siquiera notarlo fueron copando cuanto escenario exista, por más inocente que parezca: la pluralidad de violencias se tomaron escuelas y liceos, especialmente los públicos: el matoneo entre alumnos, contra profesores, persecución de docentes contra discípulos o padres de familia, sectarismo, intolerancia, discriminación por la condición diversa de la víctima, violencia sexual y otras conductas antisociales ponen en entredicho nuestra educación de base. Qué decir de la violencia en los medios deportivos: agresiones a árbitros, a rivales en el juego, entre hinchas o barras bravas de X o Y equipo de fútbol. Las aberrantes y morbosas rupturas amorosas que terminan en feminicidios, lesiones en el rostro con ácidos, sicariato o la más cruel de todas las venganzas: el homicidio de menores nacidos de la unión que se ha roto. La limpieza social, otra lacra con auge probado en el paramilitarismo: persecución letal a personas indigentes, miembros de la comunidad LGTBI+, drogadictos. Ni hablar del reguero de muertos que por doquier deja el narcotráfico. En fin, por donde asomemos la cabeza vemos -no pocas veces en vivo y en directo a través de las “cámaras de seguridad”-, homicidios en cualquier rincón de cualquier ciudad, y, a veces, ni nos enteramos del nuevo caso de violencia por cuanto a las horas quedó opacado por uno nuevo en otro punto de la misma ciudad o en otra. Además, poco a poco se confirma la sospecha de vieja data: la violencia sexual de parte importante del clero católico siendo la mayoría de víctimas menores de edad. Hoy la justicia de transición se ocupa de la violencia sexual relacionada con el conflicto armado aunque se extraña en los procedimientos cursados o en curso por la ley de Justicia y Paz –para los paramilitares- en la cual no ha tenido mayor relevancia este oprobioso crimen.   

¿Desde cuándo entramos en la cultura de la violencia? ¿Para qué tanto estudio, comisión de evaluación y diagnóstico sobre la violencia si no encontramos la salida? ¿La dirigencia nacional en todos los órdenes y niveles, públicas y privadas, civiles y militares, eclesiásticas y laicas ha tenido la voluntad política para caminar hacia una cultura diferente a la que hoy tenemos, sin orden y sin ética? ¿De verdad estamos interesados la mayoría de ciudadanos en poner coto a esta aberrante situación? O, más simple, ¿somos realmente conscientes de que esta degradación moral puede ser la causa principal de nuestro anquilosamiento como país, como sociedad?  ¿Cómo explicar que se reniegue de la inseguridad y la violencia y al mismo tiempo se rechace el derecho a la paz previsto en nuestro ordenamiento constitucional? Tantas contradicciones deben tener una explicación de la sociología, la psicología social y otras disciplinas sociales, pero más que ello necesitamos salidas justas y democráticas; a lo mejor se han formulado sin que nadie las haya aplicado pues la indiferencia ante la tragedia que nos desangra continúa y nos hunde al punto de admitir que ya no somos el pueblo más feliz del mundo, como antaño se decía.

Se preguntará, estimado(a) lector(a), que en otras latitudes hay violencia, también ocurren masacres sin sentido, violencia sexual, homicidios racistas y otras conductas contrarias al orden establecido, como aquí. Respondo, cierto, en sociedades desarrolladas o en vía de desarrollo existen fobias y se producen actos lesivos y absurdos como en nuestro país; sin embargo, ni son tan recurrentes ni sus motivaciones tan perversas como aquí. En ciertas sociedades los atentados contra las mujeres son motivados por creencias religiosas generalizadas, situaciones con gran aceptación en los medios donde se causan, en nuestro país poco importa que sea católico, evangélico, adventista, o ateo para violar, mutilar o matar a una mujer; en otras regiones ocurren atentados a los derechos humanos por rivalidades étnicas o culturales y la violencia de género, es arma de guerra en los conflictos armados así éstos sean por la tierra o por el poder económico. En Colombia, la violencia de género no tuvo ni tiene esa connotación sino causada por el apetito desbordado y ruin de sus autores; en otras partes se roba o saquea por hambre, por necesidad, aquí también pero no siempre tiene esta motivación, aquí se mata luego de despojar a la víctima del reloj o el celular, o porque es un testigo involuntario del  crimen. El ataque con ácido no lo he sabido en país diferente al nuestro. Pero eso no es lo más grave, lo es más la indiferencia, la fatalidad que se apoderó de nosotros, el qué podemos hacer, lo mismo de siempre, no se cuidó, dio papaya y otras tantas frases lacónicas y de cajón que sirven para enterrar un caso que en dos horas ya es historia, olvidada porque otro evento similar, o peor, o más cruel o macabro, lo desbancó de los titulares noticiosos. En algunos países, un homicidio, uno solo, es motivo de escándalo, indignación, miedo y preocupación, incluso de renuncia del funcionario negligente que debía ocuparse de la seguridad, en nuestro país, nada, es un caso más, mañana olvidado o casi.

Apreciado(a) lector(a), no hay desconocimiento ni descuido en esta nota al no recalcar sobre un sinnúmero de otras causas que hacen la nuestra una sociedad injusta y desigual en todos los frentes: económico, político, social y cultural, donde las cifras del desempleo, la pobreza y el hambre aumentan, lo mismo que la concentración de la riqueza en pocas manos. No, somos conscientes que esos factores inciden en el desarrollo, o más bien subdesarrollo, de nuestro país; mas estos tampoco justifican todas las situaciones arriba descritas, pues, si estas fuesen las únicas causas, quizá otros países más pobres y atrasados ya hubiesen desaparecido o casi por luchas intestinas por la sobrevivencia individual o del clan, etnia o grupo político, social, religioso. No, queremos reflexionar sobre comportamientos sociales con consecuencias graves cuyas causas por lo general son baladíes o absurdas que, en otras sociedades no suceden o se resuelven por medios civilizados. 

La descomposición social que a muchos no aterra ni conmueve o se observa con indiferencia se produce, qué ironía, a la par de grandes logros de colombianos en las ciencias y las tecnologías, en las artes plásticas, las letras y el séptimo arte, en el deporte y demás potenciales humanos. Científicos nacionales triunfando en investigaciones notables en universidades extranjeras, en la NASA, cineastas que obtienen reconocimientos internacionales, ciclistas, patinadores y otros atletas que levantan en alto la bandera nacional; sin embargo-hay que decirlo-, la mayoría de esos talentos triunfan en el extranjero o con apoyo internacional porque tuvieron que pasar las fronteras para realizar sus sueños y anhelos porque en nuestro medio no tuvieron, o muy poco, la oportunidad para obtenerlos. Logros que no alcanzan para atenuar la tragedia y, menos, responder a ¿por qué somos así?, o tal vez sí, para confirmar que es fuera del país donde existen las oportunidades para el progreso. En esto juega también la solidaridad, ¿la tenemos?, ¿observamos los colombianos los principios y normas acordados en los pactos sociales que hemos dado?, o ¿tenemos conciencia de lo que significa la dignidad? ¿Soy yo el problema?

Ahora estamos ante la perspectiva de una manera diferente de actuar desde el poder y el gobierno, es una carta que nos jugamos de cara al futuro, ya no para los que tenemos el sol a la espalda sino para las generaciones que nos sucederán y esperan que la luz les brille en su camino. Ojalá no la echemos a perder por la mezquindad de no aceptar los cambios que requiere con urgencia nuestra maltratada Colombia sólo porque la propuesta surgió en la otra orilla de la que estábamos acostumbrados.

Hasta la próxima,

Tolimeo

Octubre de 2022

Sin desconocer las reformas legales necesarias para mejorar la situación del campesinado colombiano, urge la ejecución de programas que no requieren de aquellas para avanzar en los objetivos gubernamentales.

Amable lector/a,

Como en nuestro país se hizo costumbre que todo asunto, desde el más importante hasta el más frívolo, debe ser legislado para que funcione o se cumpla, o dicho en otras palabras, vivimos convencidos que sin una ley específica no se podrán impulsar X o Y política o programa gubernamental -discutible y que no pasa por lo observado en otros países, sean del primer o del tercer mundo-, tal vez por eso la apuesta del presidente Petro de la política de desarrollo rural y la seguridad alimentaria por el campo comenzó con dos iniciativas del gobierno y el Pacto Histórico presentadas al Congreso de la República: una, el proyecto de acto legislativo número 19 de 2022 con el cual se propone modificar el artículo 64 de la Constitución Política de 1991 en relación con el campesino “el Estado velará en forma especial por la protección y garantía de sus derechos individuales y colectivos”[1]; y dos, el proyecto de ley 115 de 2022, que “contribuye a garantizar el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas de la población colombiana, a través de la creación y puesta en marcha del programa de emergencia de lucha contra el hambre”.  

Sería necio discutir el urgente tratamiento que requiere el campo colombiano si de verdad como nación queremos la senda del desarrollo acorde con nuestras necesidades y potencialidades. Además, porque la cuestión agraria es pilar fundamental para la implementación del Punto 1 del Acuerdo de Paz de La Habana –o el Teatro Colón- que, como bien es sabido, el anterior gobierno no quiso adelantar. Estas son razones de peso para que el campo sea una prioridad nacional, pues,  arreglar el problema agrario en Colombia es caminar hacia la paz y, de paso, achicar la notable brecha hoy existente entre la vida rural y la urbana, entre campesinos y citadinos. Sin embargo, es bueno advertir desde ya que la cuestión agraria no depende de manera exclusiva de la buena o mala voluntad política y gestión gubernamental, como quiera que sin el concurso decidido y armónico del legislador y la administración de justicia y los entes de control –Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo- todo intento será vano porque encontrará innumerables obstáculos para llegar a buen puerto. De ahí que estos dos proyectos radicados en el Congreso, junto a otras medidas con el mismo objetivo se constituyan en breve tiempo en el motor del cambio del campo. Ojalá estas iniciativas sean aprobadas luego de discusiones serias y responsables por parte del Congreso y de esta manera el Estado posea bases sólidas hacia el futuro, como también para no repetir experiencias recientes de reformas importantes que no pasaron la prueba ante la Corte Constitucional –dos a la justicia, la electoral, entre otras-; sin olvidar que las élites económicas del país a través de sus partidos de derecha están al acecho del mínimo error gubernamental para sustentar su oposición de cara a 2026.

Sin desconocer las reformas legales necesarias para mejorar la situación del campesinado colombiano, urge la ejecución de programas que no requieren de aquellas para avanzar en los objetivos gubernamentales, como tampoco otros problemas de gran envergadura –distribución de la tierra, Tratados de Libre Comercio, entre otros-. Es posible llevar a cabo programas para el campo y el campesinado sin tener que esperar la aprobación de los proyectos antes enunciados: construcción y rehabilitación de vías terciarias y secundarias para que los costos del transporte y distribución de los productos agropecuarios disminuyan –un modo de atacar la inflación actual-; suministro de insumos, semillas y herramientas agrícolas a bajo costo; asistencia técnica gratuita o a bajo precio para pequeños y medianos productores agropecuarios; créditos blandos a los campesinos, en particular a los pequeños y medianos productores; instalación de centrales de acopio que faciliten el suministro de alimentos a las ciudades sin intermediarios que hoy encarecen el precio de los productos del campo; la construcción de acueductos veredales que provean de agua potable a la población campesina; vincular de manera categórica a los organismos competentes de todos los niveles -ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Minas y Energía, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Agencia Nacional de Minería, ICA, Corporaciones Autónomas regionales, Secretarías departamentales y municipales relacionadas, en particular las que su objetivo es prevenir riesgos por desastres naturales, en campañas pedagógicas y de conservación y vigilancia del medio ambiente, en especial del recurso hídrico; medidas tendientes para que la agroindustria invierta en la conservación del suelo, el agua y la biodiversidad, estableciendo corredores ecológicos, incentivar el policultivo y reducir al máximo el uso de agroquímicos; construcción y rehabilitación, dotación de recursos humanos –docentes- y didácticos –laboratorios, bibliotecas y salas multifuncionales- y presupuestos adecuados para funcionamiento de centros educativos de todos los niveles para que los campesinos en edad escolar puedan acceder en igualdad de condiciones que sus pares de la ciudad a este derecho fundamental; construcción de centros de salud provistos de personal médico, paramédico y administrativo suficientes, así como de material sanitario según necesidades y censo poblacional; conectividad a Internet para que la población rural tenga acceso a toda la información nacional e internacional y como herramienta de investigación y conocimiento.

Creemos que estas y otros programas pueden implementarse o adicionar los existentes sin necesidad de esperar la aprobación por el Congreso de los proyectos gubernamentales para mejorar la actual situación del campo colombiano. El reto es enorme pero hay que asumirlo si se quiere ir en la dirección correcta de la distribución de la tierra con equidad y justicia social.

Inquietudes

Apreciado/a lector/a, este observador votó, como supongo algunos de sus lectores, por el candidato del cambio y ese candidato ganó y en su discurso de posesión como presidente dejó claro qué y cómo pretende hacer posible el trasformación política e institucional de la sociedad y el Estado colombianos. Asimismo, este observador, como supongo algunos de ustedes, es consciente de la alianza del Pacto Histórico con otras fuerzas políticas para hacer posible la gobernabilidad en este cuatrienio y fue así como parte de la prensa tradicional y las redes sociales registraron el acierto del presidente Petro en la escogencia de los primeros ministros ya por sus conocimientos, ya por su seriedad y servicios prestados al país. Sin embargo, la porfía del presidente en el nombramiento de ciertas personas pese a la resistencia política y social por inhabilidades jurídicas o éticas, inclusive en sus propias huestes, dejaron un sinsabor que, quiérase o no, afectan la credibilidad del gobernante. Si a ello agregamos la impuntualidad recurrente del señor presidente con su agenda y la discordancia del gabinete ministerial en algunos temas clave para el país –caso de la paz total y toma de tierras- han dejado la impresión de que al actual gobierno le falta una política de comunicación unívoca que transmita seguridad y confianza a la ciudadanía y que muestre que el cuerpo ministerial trabaja en una sola dirección y no como se deja entrever hoy con posiciones encontradas en las distintas carteras y consejerías nacionales sobre un mismo asunto.

Por otro lado, el populismo barato del presidente del Senado en el ejercicio de su función, como que el Congreso será Pet-Friendly y la respuesta ridícula del senador Barrera del CD de entrar al Capitolio en su caballo, y la zalamería extrema de petristas de nuevo cuño, como el embajador que excusa la impuntualidad del presidente con argumentos pueriles, hasta el extremo de afirmar que al presidente se le tiene que esperar porque al fin y al cabo él es el importante, contrariando lo dicho por el mismo Petro que primero el pueblo; y el último Lío de sábanas, como tituló Vladdo (El Tiempo, 05/10/2022) el escándalo por la compra de ajuares para las casas de la presidencia y la vicepresidencia con sobreprecios, sientan un mal precedente y mal ejemplos para la burocracia nacional. Cierto es que son temas menores frente a los más graves y urgentes que demandan atención y soluciones –la paz, la corrupción, el desempleo, el régimen de salud y el pensional, entre otros-, no dejan de ser incoherentes con la política de austeridad que el hoy presidente Petro siempre reclamó a los gobernantes desde su tribuna como senador y en la plaza pública como candidato. Qué bueno sería que los asesores de Petro le dieran un vistazo a la presidencia de Pepe Mujica en la República Oriental del Uruguay.

Más coherencia entre la teoría y la práctica, sin olvidar que este cuatrienio es el comienzo del cambio.

Hasta pronto,

Tolimeo

Octubre de 2022

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[1] La “especial protección” al campesino que pretende esta reforma constitucional merece un análisis más amplio porque anteriores regulaciones con el fin de garantizar derechos fundamentales de minorías y sectores vulnerables hasta ahora se han quedado en el papel sin lograr el resultado esperado, a criterio de este observador.

La comicidad de algunos actos políticos no le quita su impronta política y la responsabilidad política o jurídica que de ellos emanan.

Amable lector(a),

Mi intención era parar, ojalá de manera definitiva, en los comentarios sobre el gobierno Duque pero no, no es posible porque algunos de sus desempeños con visos de comicidad –y hasta cursis- fueron, además de manifestaciones pueriles, actos propios de la soberbia, la arrogancia y la perversidad, tan frecuentes en su mandato, que no pueden ser calificadas como simples anécdotas que pronto abandonemos en un rincón de la memoria histórica del país, sino observadas como acciones con connotaciones políticas, y hasta jurídicas, inéditas en nuestro país –al menos en su historia reciente- a pesar de su apariencia inane. Sabrá excusar, paciente lector(a) esta nota pasado ya un mes del final de cuatro años incalificables en nuestra vida republicana.

Supongo que algunos de ustedes recuerdan las escenas de El Chavo del 8 en las que Quico, el niño mimado y malcriado, con juguetes y madre alcahueta que todo se lo justificaba, incluidas sus pataletas, humillaba al pobre Chavo quien, al final, se salía con la suya con la ayuda ya de la Chilindrina ya de don Ramón con la consecuente rabieta de Quico. El asunto Duque, Petro y la espada de Bolívar a mí me las recordó pues vi en ese episodio la escenificación real de esas pilatunas infantiles, solo que con protagonistas adultos. Como lo narraron, comentaron, justificaron y polemizaron en los medios de comunicación quizá volver sobre este episodio resulte pesado; sin embargo, por su repercusión se justifica hacerlo. Durante la visita de Petro al Palacio de Nariño por invitación de Duque al día siguiente de su victoria electoral (20/06) al final del encuentro el anfitrión invitó al presidente electo a ver la espada de Bolívar -supongo que él sabía del simbolismo que representaba para su visitante-. “Te la muestro pero no te la presto”, le hubiese dicho Quico al Chavo. Llegado el momento y previa solicitud de Petro a la Casa de Nariño de facilitar la espada del Libertador para el acto de su posesión el 7 de agosto -repito, fecha y acto cargados de simbolismo para el nuevo presidente: Bolívar, el M19, el robo y devolución de la espada…-, Quico, digo Duque no se la iba a poner fácil al Chavo, digo a Petro y su “chusma”, poniendo una serie de trabas administrativas –que el seguro, la seguridad-, … en fin, “no se la presto, ya la vio”. Lo que pasó ese día de la posesión también es de sobra conocido: el Chavo, digo Petro, respaldado en el poder de su nueva función  -también por la “chusma” que lo aclamaba-, dio la orden de llevar la espada a la plaza de la posesión, razones suficientes para que Quico, digo Duque, autorizara el desplazamiento del arma hasta allí y así continuar la ceremonia de posesión. Pero la manifestación típica del mal perdedor, de las elecciones y el poder en este caso, Quico, digo Duque, en lugar de seguir la tradición de esperar en la puerta al nuevo huésped de la Casa de Nariño y acompañarlo al interior del recinto y presentarle al personal de la casa presidencial calmó su rabieta con el saludo apresurado en la puerta principal del nuevo mandatario y su “chusma” que lo rodeaba para salir rumbo al vecino municipio de Chía a tocar rock como bálsamo para su rabieta y la nostalgia que tal vez le comenzaba por  haber dejado el poder en manos de la “chusma”.  La comicidad de algunos actos políticos no le quita su impronta política y la responsabilidad política o jurídica que de ellos emanan.

Si bien este episodio fue el colofón de cuatro años de un gobierno incalificable, algunos otros actos, que no pueden calificarse como pilatunas ni “jugaditas” infantiles, sucedidos horas antes de entregar el mando mostraron sin lugar a duda el talante infantil, o de inmadurez, -o ¿de mala fe?-, del señor Iván Duque Márquez que desdicen y desdoran su paso por la primera magistratura del Estado colombiano.

No había transcurrido una semana siquiera del final de su mandato cuando salió a la luz pública los nombramientos a dedo de notarios, como los últimos pagos de favores políticos realizados por el presidente Duque. 150 notarios nombrados de manera interina, sin respetar el concurso de méritos ni la carrera notarial, llegando incluso a crear notarías para dejar a “su gente” instalada como quistes en el nuevo gobierno. Lo mismo puede decirse de los cientos de contratos firmados a las carreras la primera semana de agosto  -la última de su gobierno-, por el ministro del Interior para unas obras en la policía nacional, llegando al extremo de que la viceministra encargada –la compañera sentimental del ministro del Interior- forzara a los funcionarios del ministerio que debían elaborar dichos contratos aún en días feriados o no hábiles. Otro tanto sucedió con las becas y comisión de estudios que el presidente Duque repartió también como agradecimiento y no por méritos a policías que prestaron servicios de seguridad –escoltas- a sus familiares y otros funcionarios de su gobierno. 37 fueron los agraciados con esta «generosidad” de Duque que, de no reversarse por el nuevo gobierno, serán pagadas con el dinero de todos, esto es de los impuestos nacionales.

Y para que no quede atisbo de duda del fraude que resultaron ser los cuatro años de gobierno de Iván Duque Márquez, la restauración de la isla de Providencia, destrozada por el huracán Iota –reconstrucción prometida para hacerse en 100 días-, constituyó otro monumento a la corrupción gubernamental. El sobrecosto de las obras de la restauración de las casas para los damnificados fue tan abultado que ni siquiera respetó la máxima del expresidente Turbay Ayala (1978-1982) de que sea en “sus justas proporciones”: casas cuyo valor sería de 150 millones de pesos tuvieron un costo de 690 millones de pesos o más. Valga decir que este desfalco al tesoro nacional no fue comprobado solo por los medios de comunicación, ONG, o grupos de raizales víctimas del desastre natural, no, fue la misma Contraloría General de la República que dictaminó estos hallazgos fiscales en detrimento del Estado. También es preciso decir que las excusas dadas por los equipos responsables de las obras fueron desmontadas una a una: el incremento del precio por el alto valor del transporte de materiales desde el continente a la isla, desde Cartagena para ser más precisos, se fue al piso con lo expresado por el presidente Petro luego de su visita a Providencia: el material fue transportado por la Armada Nacional. El incremento en los costos por el uso de material especial antisísmico y antihuracanes, resultó ser el mortero y la electromalla, dos productos tan frecuentes como corrientes en la industria de la construcción en el país: el mortero un aditamento para el concreto se utiliza desde hace tiempo en la construcción de vivienda popular y la electromalla, es una malla de hierro calibre 18, 19, entre otros, que sirve para reforzar pisos y paredes, una especie de amarre del concreto u hormigón, materiales cuyos precios elevan el costo de cada casa reparada o hecha en Providencia pero nunca en el exorbitante porcentaje que dijeron los encargados de las obras y, por tanto, no justifican las cifras presentadas por el gobierno responsable de la rehabilitación de la isla caribeña. Este observador, como supongo la mayoría de los colombianos asaltados en su buena fe con estas y otras actuaciones del gobierno que recién dejó su funciones, espera sean investigadas y se apliquen las sanciones de la índole que sean –penales, administrativas, disciplinarias y políticas- por estas y otras costosas desviaciones y apropiaciones de los recursos nacionales.

Querido(a) lector(a), ha transcurrido un mes desde que el gobierno del Pacto Histórico comenzó sus funciones, por tanto, es hora de dejar de ir dejando constancias del rumbo que ha tomado hasta ahora, si es coherente con el programa y promesas hechas en la campaña electoral y si de veras estamos frente a un gobierno distinto a los que los antecedieron en los 200 años de vida republicana de nuestro país. Temas como la educación y el agro llaman de manera poderosa mi atención y por eso desde la próxima epístola abordaremos estos temas desde la perspectiva de los derechos humanos fundamentales que nos garantiza la Constitución Política.

Hasta pronto,

Tolimeo,

Septiembre de 2022

El Informe Hay Futuro si hay verdad de la Comisión de la Verdad nos recuerda que existe una dura realidad desconocida u olvidada en el país: la de los exiliados, La Colombia fuera de Colombia.

Amable lector(a),

Tal vez las palabras exilio, exiliado, refugiado, no signifiquen nada, o muy poco, para la mayoría de colombianos, pero si escuchamos la voces testimoniales de quienes viven en esa condición el significado toma otra dimensión, o mejor, su verdadera dimensión: una realidad que vive oculta, olvidada o desconocida para esa mayoría nacional. Esta razón es más que suficiente para una reflexión y, por qué no, una acción sobre este fenómeno político-social que es una consecuencia más de la violencia política colombiana.

El 14 de julio pasado, en Ginebra, Suiza, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, CEV, presentó su Informe Hay Futuro, si hay verdad, con énfasis en el capítulo El exilio: La Colombia fuera de Colombia. Luego de 2.048 entrevistas, la CEV analizó y consignó en su Informe final el testimonio de las circunstancias en que viven los miles de colombianos –la CEV estima que más de un millón salieron del país entre 1958 y 2016 por razones políticas-, que desperdigados por los cinco continentes hacen parte de los ocho millones de víctimas de la violencia política en nuestro país. El Informe presentado en Ginebra por tres Comisionados de esta institución, que hace parte de las tres que conforman el Sistema Integral para la Paz, creada por el Acuerdo de La Habana (o del teatro Colón) firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP., también llamada justicia transicional, fue el mismo presentado a la nación colombiana el 28 de junio de este año por su presidente Francisco de Roux, SJ, en Bogotá.

En acto sencillo, lleno de esperanza en la paz y la reconciliación nacional, luego de la presentación de varios videos frutos del trabajo y conclusiones de la CEV, de las explicaciones de los tres Comisionados sobre el Informe mismo y la metodología empleada, el trabajo de campo –visitas y entrevistas a los afectados en diversos países- se adentraron en la dura realidad de los colombianos que se vieron forzados a salir del país contra su voluntad por razones políticas, las particularidades y los patrones comunes que las causaron y los efectos de esta condición. A continuación se escucharon las voces, femeninas y masculinas, de varios de los nacionales que forman la diáspora político-social en los cinco continentes que expusieron su personal situación, preguntando o comentando acerca de su drama, de su historia, historia que va quedando grabada en nuestra mente que, a su vez, piensa en el sinnúmero de inquietudes y cuestiones que afloran, quizás muchas sin respuestas, sobre este fenómeno que desconocido o lejano para la nación colombiana hace parte de nuestra nación herida. Sí, a pesar de haber conocido de primera de mano y desde hace tiempo algunas de esas historias, no deja de conmover volver a escuchar el desastre, silencioso por lo general, de cada una de estas víctimas del conflicto armado nacional que marca la condición de exiliado o refugiado. No saber para dónde se va ni hacer qué, tener solo la certeza que la salida abrupta contra su voluntad salvó la existencia personal y/o familiar, que la vida queda suspendida como el péndulo de un reloj en el país de acogida; oír en medio de lágrimas o sollozos de la víctima que cuenta su destierro –porque lo es-, el recuerdo de la impotencia de tener que dejar seres queridos –en ciertos casos sin poder hacerle el duelo al o los muertos violentos o indagar sobre sus desaparecidos-, allegados, bienes, el trabajo, .. en fin, dejarlo todo, o casi, porque su labor y, a veces su sola presencia, incomodaba a unos o a muchos, por lo general a los detentadores del poder del Estado, porque su testimonio o su denuncia constituyen –sí, aún en presente- una prueba más de cargo contra los perpetradores de cientos de graves violaciones de derechos humanos o del derecho humanitario en el contexto de una violencia que la mayoría queremos apagar y unos pocos mantener. Conmovedor y doloroso escuchar de un exiliado decir que por momentos se siente culpable de su exilio, o de jóvenes de la segunda generación de refugiados que no saben por qué están o nacieron fuera de Colombia, o el silencio de todos, o de casi, de su sufrimiento que guardan como si de un secreto se tratase para no mostrar debilidad ante propios y extraños, para que nadie se entere de su dolor, el conflicto familiar que con cierta frecuencia se presenta en el hogar del exiliado y muchas veces con consecuencias que empeoran aún más su situación: separaciones impensadas, alcoholismo, adicción a las drogas e, inclusive, suicidios. Pero, ¿quiénes son los exiliados colombianos? El líder político o cívico, el abogado defensor de derechos humanos, el miembro de una ONG local defensor de minorías étnicas, el campesino reclamante de restitución de tierras, el estudiante, el sindicalista y hasta el fiscal o el juez que a nombre del Estado investiga o condena a los victimarios de horrendos crímenes, o el simple testigo de un crimen atroz porque su sola presencia, denuncia o testimonio no deja duda acerca de la responsabilidad de los autores de esos vejámenes en el contexto del conflicto armado que aún se vive en Colombia.

Volvamos a todas las arandelas que el exilio conlleva. El ser y no ser de aquí ni de allá, sentirse agradecido y al mismo tiempo extraño y desconfiado en el país de acogida, la integración y el aprendizaje de otro idioma, arte u oficio para volver a empezar de cero aumentan la angustia de aquel que se vio abocado a una salida súbita del país –insisto- como única alternativa para seguir vivo. La cuestión del regreso como solución a un problema que se prolonga en el tiempo –a veces nunca se soluciona-, son dilemas, debates interiores que no siempre ven la luz pública pero sí los destrozos o deterioros que van dejando con el paso del tiempo. Este silencioso proceso del exilio que fuera de sus propias víctimas y sus familias pocos conocen, excepto los abogados defensores de derechos humanos, las entidades nacionales y extranjeras que se ocupan de esta problemática y los funcionarios del Estado receptor u otorgante del refugio. Razón no le falta al Comisionado de la CEV, Carlos Martín Beristaín cuando afirma: “Hay una parte de la verdad de Colombia que solo se puede conocer fuera de Colombia.”.

 Amable lector(a), esta no es más que una apretada reseña del exilio y la condición que viven los exiliados –por cierto, no solo de nuestro país sino de todo el mundo-. Se estarán preguntando si no hay un aspecto positivo en esta situación, o en otras palabras, ¿fuera de haber protegido su vida y la de los suyos qué más ganó quien salió en estas circunstancias del país? Sí, algunos exiliados han logrado integrarse y restablecerse en los aspectos materiales, en lo económico y profesional, llegando incluso algunos a descollar en el país de acogida. Sin embargo, ¿estos logros compensan los daños internos, morales, que sufren estas personas desarraigadas forzosas que han perdido incluso sus ancestros? ¿Se puede recomponer el tejido familiar roto cuando una parte de la estirpe está en el país y la otra partió con él o ella al exterior? Cada quien tendrá su propia respuesta.

Termino diciendo que en el acto del 14 de julio en el Consejo Ecuménico de Iglesias de Ginebra se respiraba un ambiente de esperanza por el cambio político y social que prometió el nuevo presidente, Gustavo Petro, quien declaró al recibir el Informe final de manos del presidente de la CEV que su gobierno acogía las conclusiones y recomendaciones del mismo y las pondría en práctica.

Ojalá así sea.

Hasta pronto,

Tolimeo,

Mies, CH, agosto de 2022

No es la zalamería ni la adulación la mejor manera de contribuir a la gestión del  gobernante: es la sana y constructiva crítica de parte de sus adeptos y amigos.

Señor Presidente,

Antes que nada permítame felicitarlo a Usted y a la señora Francia Márquez por el trascendental logro obtenido: llegar a los más altos cargos de la República por mandato de las mayorías nacionales; es un triunfo personal y colectivo sin precedentes y de grandes consecuencias para el futuro de nuestro país. Entendido que es un honor tan alta dignidad, con sinceridad le digo, señor Presidente, me parece más alta aún la responsabilidad que Usted asumió para llevar a cabo los anhelos de nuestra nación, hartada de décadas de desgreño, indiferencia e incumplimiento de sus predecesores, algunos habiendo tomado el cargo como si de hacienda propia se tratase y no de un Estado conformado por cincuenta millones de personas que delegan en sus autoridades la conducción y gestión de un cúmulo importante de asuntos públicos y, sobre todo, una larga lista de necesidades insatisfechas desde hace muchos años y que, yo, ciudadano de a pie, tal vez interpretando los deseos de las mayorías de nuestro país, quisiera comenzaran a solventarse en su cuatrienio gubernamental.

Dando por sentado que entre los asuntos, problemas y necesidades del orden nacional para abordar y resolver habrá una escala de prioridades en su programa de gobierno, hay algunos inaplazables y fundamentales porque sin una pronta intervención gubernamental en ellos el cambio que Usted y los que votamos por su propuesta no sería  posible. Espero se encuentren incluidos entre ellos: La implementación del Acuerdo de Paz, comenzando con la Reforma Rural Integral para así dar cumplimiento al Punto 1 del Acuerdo de Paz de La Habana o el Teatro Colón. Reforma a la Justicia, porque sus antecesores fueron incapaces de llevar a término una que tanto reclama la nación colombiana; incapacidad porque pretendieron que primaran los intereses  mezquinos de las élites ante el sagrado derecho que tiene toda sociedad a la pronta y cumplida justicia. Reforma tributaria: Consciente de que los fines del Estado no serán posibles sin recursos adecuados y suficientes, que gran parte de ellos provienen de la tributación de los ciudadanos y extranjeros que tienen renta y utilidades en el país, que año tras año los últimos gobernantes han fracasado en este propósito, porque se preocuparon más en recaudar para tapar huecos fiscales que para prestar un servicio público equitativo para todas las clases sociales de la nación. Reforma política porque la democracia colombiana seguirá coja mientras no haya un verdadero mecanismo que haga posible y garantice el ejercicio de la política en todas sus manifestaciones y el juego democrático gobierno y oposición; para hacer de los partidos políticos organizaciones que de verdad representen los intereses ideológicos y políticos de sus seguidores y dejen de ser lo que hoy son: grupos de personas bajo la dirección de unos pocos líderes políticos que actúan saltándose sus propios estatutos y reglamentos y a espaldas de sus militantes de base y, peor aún, con desconocimiento de lo que es la función pública. Reforma que debe cobijar el sistema electoral, incluido el Consejo Nacional Electoral para que sea un verdadero tribunal, con magistrados probos e independientes que representen los intereses más altos de la nación y el Estado y no como en la actualidad que cada consejero representa y defiende los intereses políticos e ideológicos del respectivo partido al que pertenece. Reforma al régimen pensional: Bien sabido es que en la actualidad la población pensionada en nuestro país es muy baja (4.3%) y las expectativas de mejorar la cobertura con el actual régimen son nulas o casi; por tanto es un imperativo la reforma en este campo que sea justa y equitativa, que de verdad haga realidad el predicado constitucional de “El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.” (Art.53 C.P.). Y será democrática si cuenta con la participación decisiva de los productores de riqueza, los trabajadores -activos y pensionados-, y sus organizaciones representativas; y los dueños del capital, los empresarios y sus respectivas agremiaciones. La incentivación de la economía colombiana: Las miserias socioeconómicas acumuladas durante tantos años de desatención gubernamental, agravadas por la crisis de la pandemia, han llevado al hambre a millones de ciudadanos, como Usted mismo lo ha venido diciendo desde tiempo atrás. Estas y otras reformas no dan espera, por tanto deben ser objeto de acción inmediata.   

Señor Presidente,

Si los anteriores temas pueden considerare la médula del Estado, existen otros asuntos de la República que hoy por hoy, por razones similares, desdibujan el Estado social de derecho que preconiza nuestra Carta Magna. Por ello apremia también meterle mano a:

El empleo, cumpliendo a cabalidad con nuestro Código del Trabajo y las convenciones de la O.I.T. suscritas por el Estado colombiano, en especial las relacionadas con el contrato de trabajo. Es necesario abolir lo más pronto posible los contratos por prestación de servicios que hoy sustituyen de manera maliciosa el contrato de trabajo, negándole derechos consagrados en la Constitución Política y las leyes a los trabajadores vinculados mediante este tipo de contratos civiles, no laborales. Asimismo, se debe estimular de manera cierta a los pequeños y medianos empresarios -los mayores empleadores del país-, facilitar la preparación y calificación de los trabajadores de la base salarial y otras medidas tendientes a mejorar la producción y productividad, intervenciones gubernamentales que no requieren reformas constitucionales, solo  legales y/o administrativas.

Reforma a la carrera administrativa, al igual que el punto anterior, eliminando los contratos por prestación de servicio o nómina paralela en el Estado en todos sus niveles –nacional, departamental y local-, debiendo ser el concurso de mérito la regla general para el ingreso de la mayoría de los servidores públicos a la carrera administrativa y la función pública, de donde sólo se pueda ser excluido por causas previstas en la ley y no por las conveniencias políticas de los gobernantes de turno como ocurre en la actualidad.

Reforma a la carrera diplomática y consular, la representación de nuestro Estado en el exterior no puede seguir siendo escampadero o premio de consolación de políticos derrotados en contienda electoral, o una forma más de pagar favores políticos, en especial de carácter electoral. Largo sería la exposición de ejemplos de cómo el mal proceder de muchos funcionarios en el exterior se debe a su falta de preparación en los asuntos diplomáticos y consulares. En este aspecto no se requiere siquiera de una reforma, basta aplicar con rigor las normas existentes para cambiar la vergonzosa política exterior colombiana.

Señor Presidente,

Como ya es de público conocimiento, Usted ya anunció algunas reformas estatales, como en la Policía Nacional y por ende del ministerio de Defensa y otros ministerios, no es menester considerarlas de mi parte; sin embargo, sí sería útil considerar modificar o reforzar algunas instituciones que hoy no cumplen con las funciones a ellas consagradas por la Constitución y la ley: Intervención en las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR. Estos entes regionales son la base del Estado en la vigilancia y protección de los ecosistemas, el medio ambiente y la naturaleza en general, así como gestoras del uso racional de los recursos naturales, en particular el agua. Sin embargo, las CAR están convertidas hoy en fortín burocrático de políticos departamentales y sus consejos directivos lo conforman alcaldes municipales, muchos sin el conocimiento y, menos, la vocación de defensor del medio ambiente. Los resultados saltan a la vista por todo el territorio nacional: deforestación, minería ilegal, extracción irracional de material de arrastre de los lechos de ríos y quebradas y licencias ambientales y concesiones de dudosa legalidad. El presidente Santos habló en su primer mandato de meterle mano a estas entidades territoriales pero tal parece pudo más la presión de los interesados para que no cambien y al final nada cambió.

Reforma de la Contraloría General de la República: Si hay en Colombia una entidad que sirva para pagar favores políticos y cobrar cuentas de cobro a los adversarios políticos, la Contraloría General de la República, junto con la Procuraduría General de la Nación, es la predilecta. Usted mismo, señor Presidente, sabe lo que es estar bajo la férula implacable de este organismo de control fiscal utilizado como arma política. La Contraloría, pese a los retoques que se le han hecho, no cumple a cabalidad su mandato constitucional y legal de custodiar los bienes y recursos del Estado. Además, también se ha visto, sus decisiones finales casi siempre no se cumplen por diferentes razones. Las Contralorías departamentales son iguales. Por ello, sería importante considerar reemplazarla por un Tribunal de Cuentas con capacidad jurisdiccional para vigilar, investigar y sancionar los desvíos de los recursos del Estado –los llamados hallazgos fiscales-. Si se pretende eliminar o reformar la Procuraduría General de la Nación, sería la oportunidad para modificar tanto el control fiscal y funcional del Estado y ponerlos a cargo de una judicatura independiente de los vaivenes político partidistas.

Señor Presidente,

No pretende este ciudadano que en su cuatrienio se logre reformar o enderezar todos los entuertos causados durante años de políticas inequitativas y excluyentes, que han favorecido las élites de este país y unos cuantos áulicos que viniendo de abajo treparon en las esferas del Estado convertidos en los peores enemigos del pueblo raso; no, se trata, y eso entiendo, de dejar apuntalados las bases sobre las cuales se ha de edificar la nueva Colombia para todos los residentes en su territorio. Si esas bases logran instalarse de tal manera que apuntale el nuevo edificio que ha de alojar nuestra sociedad, seguro estoy, su sucesor será el continuador de su obra porque saldrá de las mismas bases sociales que a Usted lo auparon en el poder: el pueblo, los nadies, como tan atinadamente los describe su compañera de equipo presidencial, doña Francia Márquez. Para ello es menester rodearse de equipos capaces, honestos y con vocación de servicio público. Hoy evoco la respuesta que Franklin Delano Roosevelt dio cuando fue preguntado sobre cuál el secreto para su éxito político y gobernante reelegido dos veces a la presidencia de los Estado Unidos: “Siempre me rodeo de los mejores”.

Señor Presidente,

Tanto Usted como millones de conciudadanos sabemos que la transformación económica, política y social de nuestro país es de una envergadura a veces inimaginable porque los problemas asoman por todas las grietas que dejan los descosidos de los malos gobiernos que hemos tenido, que se requieren políticas duras y quizás austeras pero siempre con rostro humano; que sin el concurso de todos los que le apostamos al cambio, a la paz, a la reconciliación y a la vida no es posible el cambio que Usted y el Pacto Histórico prometieron en la campaña electoral que le llevó al solio de Bolívar. Tampoco desconocemos las trabas y palos en la rueda que le atravesarán en el camino los desalojados del poder para tratar de reconquistarlo, que toda arma arrojadiza será válida para ese empeño, máxime si ven que sus privilegios se irán eliminando para redistribuir los recursos, bienes y servicios del Estado entre todos los colombianos. Pero, sepa Usted, que su gobierno no estará solo, que los millones de ciudadanos que lo eligieron estarán presentes para impedir que el cambio iniciado por Usted sea revertido.

Seguro estoy que su gobierno no nos fallará, que avizoramos de verdad con esperanza un futuro halagüeño para los que hoy nada tienen, o tienen muy poco. A ninguna pretensión personal aspiro de su gobierno, me bastará constatar que su política volcada hacia el campo para mejorar las condiciones de vida de los que producen nuestra comida, a los pequeños y medianos empresarios agropecuarios, los olvidados de siempre, se pone en marcha con las primeras medidas de su administración. Mas ello no es óbice para manifestarle, señor Presidente, que también estoy dispuesto a disentir y señalar si llegase a producir una desviación del programa que le aprobamos en las urnas porque considero que no es la zalamería ni la adulación la mejor manera de contribuir a la gestión del  gobernante: es la sana y constructiva crítica de parte de sus adeptos y amigos.

Del señor Presidente, sin otra consideración,

Tolimeo

P.S. A propósito de las jugaditas que el actual mandatario está realizando en materia de nombramientos y mantenimiento de privilegios de sus áulicos, es bueno recordar que en derecho un decreto se revoca con otro decreto, que existe la institución del libre nombramiento y remoción de cargos de confianza y que, además de la ley, la conveniencia pública por necesidades del servicio público también es una herramienta válida para gobernar.

San Luis, Tolima, julio de 2022

Un dilema que debemos resolver los colombianos(as) no con la emoción sino con argumentos razonados el 19 de junio de 2022.

Antes de hacer un pronóstico del futuro próximo de la sociedad y el Estado colombianos, es preciso presentar algunas conclusiones de la jornada electoral de la primera vuelta presidencial este 29 de mayo: i) El triunfo de Petro es relativo, pero sobre todo incierto, si nos atenemos a dos indicadores: uno, aspiraba a ser presidente en primera vuelta y aunque ganó quedó lejos de la mitad más uno que se requería; y dos, el contendor, Rodolfo Hernández, si bien repuntaba en las encuestas nadie apostaba por un respaldo tan alto en las urnas, constituyendo en sí mismo este resultado en un estímulo para aumentar su votación en segunda vuelta, sobre todo por la adhesión –ya anunciada- de políticos y partidos tradicionales que acompañaron a Federico Gutiérrez. ii) La mayoría de la población, en especial la juventud, le ha dicho no más -¡basta ya!- a la clase política, que representa el establecimiento, incluido el actual gobierno. Es la primera vez que los partidos tradicionales Liberal y Conservador y sus derivados CD, la U y CR quedan por fuera de la votación definitiva; y si bien el uribismo, como los demás partidos de la derecha, fueron los grandes derrotados, no han desaparecido de la escena política nacional, como se verá más adelante. iii)  Disminuyó la abstención al 45%. iv) Por más cábalas que hagamos, es indudable que el resultado de la segunda vuelta hoy, más que ayer, es incierto.

Estas conclusiones como premisas nos permiten ver lo que se juega el 19 de junio. Dos propuestas de gobierno inéditas en el escenario nacional con un denominador común: el cambio. La de Gustavo Petro y Francia Márquez y el Pacto Histórico: un cambio hacia una sociedad y Estado más justos, equitativos y democráticos, o dicho en otras palabras, intentando hacer realidad un principio constitucional inobservado desde 1991: el del Estado social de derecho. La de Rodolfo Hernández y Marelen Castillo, de La liga de gobernantes anticorrupción (¿?), con una sola consigna como programa de gobierno, o dos para ser más precisos: acabar con la corrupción –robadera dice él- y con la politiquería, sin más, o talvez sí, con algunas frases sueltas como “quitarle la chequera” a los corruptos, una “mega cárcel” lejos de las ciudades para poner a trabajar la tierra a los presos, la supresión de embajadas y consulados y pare de contar. Ante estas dos propuestas, o mejor, el programa de gobierno, el de Petro, y el eslogan de Hernández, la nación debe decidir. Es evidente que la derecha colombiana no quiere a Petro, lo considera su enemigo y nunca dará su voto por él. Así lo expresó el candidato derrotado en su discurso luego de conocerse los resultados del 29 de mayo, lo mismo dijo el presidente del Senado, del partido Conservador y otros políticos de Cambio Radical, el partido de la U y el CD. Pero así como la casta política derrotada tiene claro su apoyo a una de las opciones, no sabemos si Hernández la aceptará para asegurar la victoria. Si Rodolfo Hernández, un candidato antisistema es coherente y cumple su palabra –y le creemos- de no aceptar en sus filas ni trabajar con la “gavilla” de politiqueros que se han robado la nación, tendría que rechazar esa adhesión oportunista pues les sería perjudicial porque muchos de su votos  –quizá la mayoría- que votaron por él son antisistema. Es decir, una aceptación ligera de esos votos de la derecha podría ser un boomerang que afecte su pretensión presidencial. Algo que deberán sopesar el candidato y sus asesores.    

El candidato Petro tampoco las tiene todas consigo. En votos obtuvo una buena ventaja, pero no suficientes para estar convencidos de su triunfo en la segunda vuelta. A una buena parte del país él no la ha conquistado o, simplemente, lo rechaza, con argumentos  válidos o imaginados, emotivos o razonados; lo cierto es que aún le faltan 10 puntos para obtener la tan anhelada mayoría de la mitad más uno. Porcentaje que deberá buscarlos en aquellas regiones y sectores del país donde no le fue bien, sobre todo, en la juventud que, en nuestra opinión, si votara haría posible el comienzo verdadero del cambio que tanto ellos, como las demás clases populares, reclaman. Sabido es que algunos intelectuales que votaron en primera vuelta por Fajardo, ya derrotado éste, le darán el voto en segunda a Petro y con su pluma e ideas podrían convocar los indecisos y abstencionistas para el objetivo de un cambio de verdad en la conducción y gerencia del Estado colombiano se haga realidad.

Un aspecto de vital importancia a la hora de elegir que, por lo general, pasa desapercibido para la mayoría de ciudadanos, es la relación Presidente – Congreso de la República, pues de esta depende  en gran parte la buena o mala marcha del Estado. Hoy, más que en el pasado, es indispensable pensar qué puede pasar con la llegada de uno u otro candidato a la jefatura del Estado y de gobierno siendo los dos anti establecimiento. Si Gustavo Petro obtiene la primera magistratura del Estado, cuenta con un buen número de legisladores en las dos cámaras legislativas; sin embargo, no es garantía suficiente para la aprobación decisiva de los proyectos que su gobierno considere prioritarios e indispensables para comenzar el cambio que predica hoy en campaña. Requerirá de alianzas con otros partidos afines al Pacto Histórico para obtener mayorías en cada situación concreta. Y aun así no es claro para la buena gobernanza teniendo en cuenta que los partidos derrotados en la presidencial conforman un gran bloque que hará difícil la gobernabilidad a Petro y su equipo de gobierno.

 Si es así con el candidato del Pacto Histórico ¿qué decir entonces si el triunfador es Hernández que no cuenta con partido? De nuevo la incertidumbre: si la clase tradicional logra ser aceptada por aquél en la elección del próximo 19 de junio, le habrá torcido el brazo férreo contra la “gavilla” que siempre, según él, ha creído que el poder es eterno, y quedará sujeto a las condiciones que esos legisladores le impongan para hacer pasar sus proyectos en Cámara y Senado. En otras palabras, la mermelada no desaparecería. Lo contrario, si el ingeniero Hernández no “suelta prenda” y se mantiene en su promesa de acabar con la corrupción no es difícil predecir un desgobierno por la puja entre ejecutivo y legislativo, todo, claro está, en perjuicio de los intereses nacionales.

Y como no ha de faltar el aspecto folclórico o pintoresco en todas las situaciones de la vida nacional, esta campaña electoral no fue la excepción y las mayores salidas de tono ha tenido como protagonista al aspirante Rodolfo Hernández. De no estar en juego el futuro de una nación, de 50 millones de colombianos, no pasaría de ser anecdóticas las altisonancias del candidato Hernández, corriendo el riesgo de prolongarse durante el próximo cuatrienio en caso de ser electo, lo que no sería positivo para el país si ello ocurriese y nos pasemos cuatro años en plan de chiste o broma tipo Sábado Felices. ¿Se imagina usted un discurso del presidente Rodolfo Hernández ante un organismo internacional, pongamos por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo mes de septiembre? ¿Cómo será el saludo de año nuevo del presidente Hernández al Cuerpo Diplomático acreditado en el país en enero de 2023? No, no osemos comparar las salidas de tono del ingeniero Hernández con el genial Cantinflas que con sus enrevesados discursos decía verdades en medio del humor. Entendido que es el contenido y no la forma es lo importante, máxime tratándose de un gobierno nacional, pero ello no exonera al mandatario dejar de observar los protocolos diplomáticos, nacionales e internacionales, previstos en tratados y convenios que rigen las relaciones políticas interestatales. Ya vivimos tuvimos suficiente con el exabrupto y sus consecuencias del actual presidente de romper toda relación consular –no decimos diplomática- con el gobierno de Venezuela por razones ideológicas sectarias y fanáticas perjudicando  millones de connacionales que viven en el vecino y hermano país desde el siglo pasado, sin ningún vínculo con el régimen de Venezuela, para caer en un periodo de sainete y circo de un personaje al que no le hemos podido desentrañar su programa de gobierno, pero sí sus arranques de ira o rabia, sus actos temperamentales. El eventual presidente Hernández podría provocarle más de un enojoso impasse al Estado colombiano en el concierto internacional. Valen más los estados racionales que los emocionales en la conducción del Estado.

¡He ahí el dilema!Un dilema que debemos resolver los colombianos(as) no con la emoción sino con argumentos razonados el 19 de junio de 2022, si de veras votamos a conciencia por el cambio y un nuevo país.

Hasta pronto,

Tolimeo

30 de mayo de 2022

Interesante  sería que estas cuestiones se resolvieran de manera clara en las urnas.

Paciente lector/a

Un candidato a la presidencia de la República ha centrado su campaña en la consigna de que es el momento de defender la democracia y la libertad. He meditado sobre esta consigna electoral, esto es el modelo de Estado que debemos defender. Sin embargo, como me asalta la duda sobre cuáles son la democracia y libertad a las que se refiere el candidato y su equipo, me tomo la licencia de trasladársela a Usted, paciente lector(a), para ver si me ayuda a resolver el dilema.

¿Será la democracia donde se birlan de las arcas del Estado setenta mil millones de pesos destinados a la educación de cientos de miles de niños del campo, quedando éstos sin acceso al estudio?

¿Será la libertad que tienen los delincuentes de cuello blanco para robarle cada año cincuenta billones de pesos (el recaudo de tres reformas tributarias) al Estado y luego se pasean en total libertad e impunidad por el mundo, mientras las víctimas claman justicia?

¿Será la democracia donde se han cometido más de 300 masacres en lo que va del siglo XXI, la última ocurrida el 28 de marzo, donde niños y mujeres embarazadas incluidos han sido asesinados, sin atisbo de justicia, verdad, reparación y no repetición para las víctimas de tan criminales conductas?

¿Será la libertad con que actúan ciertas asociaciones delictivas de funcionarios y particulares para apropiarse los dineros del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en todos los departamentos de Colombia?

¿Será la democracia en un país, Colombia, donde más de 21 millones de personas, de las 48 que conforman su población, viven en condición de pobreza; de los cuales 7,5 millones en condiciones de pobreza extrema?

¿Será la libertad de ciertos funcionarios del Estado, el Jefe del Estado a la cabeza, para violar disposiciones constitucionales y legales que les prohíben intervenir en campañas políticas sin ser siquiera amonestados, menos investigados, por la Fiscalía General y Procuraduría General de la Nación, órganos de control nacional competentes para hacerlo?

¿Será la democracia donde la independencia del Fiscal General de la Nación y la Procuradora General de la Nación y Defensor del Pueblo es dudosa por haber sido miembros del gobierno que los ternó para los cargos que hoy desempeñan?

¿Será la libertad que tiene el sector financiero de triplicar sus beneficios durante la crisis de la pandemia mientras el 50% de la población colombiana sobrevive de la economía informal, del rebusque?

¿Será la democracia donde 6.402 civiles inocentes fueron víctimas de los llamados falsos positivos, donde líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz son asesinados en total impunidad ante la indiferencia del gobierno nacional?

¿Será la libertad de la que gozan, por disposición gubernamental, los propietarios de las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías para invertir los ahorros de los trabajadores en empresas de sus respectivos holdings, casos el Porvenir S.A. del Grupo Aval (Luis Carlos Sarmiento Angulo) y Protección S.A. del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA?

¿Será la democracia en donde el poder político se convierte en hereditario a nivel local, regional y nacional?

¿Será la libertad de los funcionarios para hacer turismo por el mundo con pago de los contribuyentes como sucede al momento de escribir esta nota con la Procuradora General de la Nación y cinco de sus procuradoras delegadas en la Feria de Sevilla, España, y de 10 alcaldes municipales de Cundinamarca de gira por Europa, ante la indiferencia de sus superiores?

¿Será la democracia donde, so pretexto de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno nacional, el Congreso y la Procuraduría General de la Nación, convierten en jueces a personal administrativo y facultan a la Procuradora para duplicar el presupuesto y planta de personal del ente de control?

¿Será la libertad de las autoridades locales, regionales y nacionales de aumentar o disminuir las nóminas oficiales con las nóminas paralelas (contratos servicios), según conveniencias políticas en detrimento de la carrera administrativa y el contrato de trabajo?

¿Será la democracia donde el presidente descalifica públicamente los fallos de las altas Cortes de justicia cuando les son adversos o no concuerdan con sus creencias religiosas y políticas personales?

¿Será la libertad del alto mando de las Fuerzas Armadas de participar de manera abierta en política violando las disposiciones taxativas de la Constitución Política de Colombia y su comandante en jefe (el Jefe de Estado) en lugar de reconvenirlo o desautorizarlo le da su pleno respaldo?

¿Será la democracia donde el Jefe del Estado (presidente de la República), símbolo de la unidad nacional, interviene en política apoyando de manera expresa un candidato presidencial y descalificando a otro?

Amable lector(a), mucho me gustaría conocer su opinión, pero más interesante sería que estas cuestiones se resolvieran de manera clara en las urnas el próximo 29 de mayo.

Hasta pronto,

Tolimeo

Abril de 2022

Al ritmo que vamos pronto nuestra Justicia investigará y juzgará solo los casos que los Estados Unidos le determinen.

Las tensiones y escándalos causados por la corrupción, el barullo electoral provocado más por los ataques bajos, chismes y calumnias de unos candidatos contra otros que por las propuestas de éstos, o de sus barras bravas, nos atropellan sin cesar, día tras días, haciendo de nuestro país un escenario convulsionado, agitado, que no da respiro para pensar en otros sucesos que observados de cerca nos deberían producir alarma o, al menos,  inquietud sobre lo que somos como sociedad, Estado y democracia.

Sé de antemano que me meto en un tema latente y caliente que nadie, o pocos, se atreve o le interesa escudriñar por las consecuencias que de ahí pueden derivar en su contra. Sin embargo, tarde o temprano se tendrá que replantear por el bienestar, la democracia y el Estado de derecho que la mayoría de ciudadanos queremos vivir. Me refiero a la extradición de colombianos, la mas de las veces por nacotráfico a Estados Unidos. La captura de Otoniel, el temido jefe del Clan del Golfo, o Autodefensas Gaitanistas (¡qué ironía!), ha servido para vender titulares, especular sobre su extradición lo más pronto posible a los Estados Unidos, sin pensar en serio el afecto sobre dos ejes capitales del Estado: la Soberanía y la Justicia, sin importar tampoco el derecho que le asiste a la nación entera y, en particular a las víctimas a saber la verdad sobre qué pasó con sus seres queridos desaparecidos, o asesinados, o reclutados por ese clan criminal, y el desplazamiento forzado y consiguiente despojo de sus tierras que quedaron en manos de ciertos receptadores muy particulares que ayudaron a cambiar la demografía y el mapa rural de Colombia.

La fuga de la Picota de alias Matamba, otro temido jefe del narcotráfico, nos mostró que se volvió “normal” la fuga de presos de las cárceles del país, como también la presencia casi inmediata de agentes de la Drug Enforcement Administration, DEA, en las instalaciones del penal, como si de investigadores colombianos se tratase. Días después supimos que los Estados Unidos solicitarán la extradición del personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, implicado en esta evasión. La respuesta sumisa del ministro de Justicia fue inmediata y solícita para decir en los medios que así se procederá.

Estos dos casos, sumados a otros miles que en el pasado, desde los años 90 para ser más precisos, ponen en entredicho la integridad del Estado colombiano, como quiera que ha renunciado (¿imposición o temor?), a ejercer la potestad soberana de administrar justicia a sus nacionales y a todo extranjero que cometa un delito en su territorio, exceptuando los casos de inmunidad diplomática contemplados por el derecho internacional.

¿Son conscientes las autoridades nacionales que el derecho a la libre determinación de los pueblos, consagrado en el artículo 1º común del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, lleva implícito la potestad de la soberanía de los Estados, que Colombia los suscribió y ratificó, por ende es Parte de los mismos y, por lo mismo, las obliga a su estricto cumplimiento?

¿Comprenden las autoridades nacionales que la majestad de la justicia es una facultad inalienable del ejercicio de la soberanía nacional?

¿Saben las autoridades colombianas cuántos Estados de los 193 miembros de las Naciones Unidas han renunciado a juzgar sus propios nacionales?

¿La extradición de connacionales no significa acaso renunciar a una de las más altas y caras manifestaciones de la soberanía de un Estado como es la de hacer justicia?

¿Hay reciprocidad y simetría en el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y Estados Unidos, cuando éste no extradita a sus nacionales y Colombia sí?

¿Con la renuncia a hacerle justicia a sus nacionales el Estado colombiano está reconociendo su incapacidad para cumplir con su deber de hacer justicia?

¿Con la extradición de sus nacionales el Estado colombiano, que se pudren en las cárceles de Estados Unidos, no les está infligiendo una especie de pena de destierro, abolida en Colombia desde el siglo XIX?

¿Por qué mientras el Estado colombiano extradita nacionales por narcotráfico a los Estados Unidos aboga por nacionales condenados por narcotráfico en China y otros países orientales? ¿No es una gran contradicción en la política de protección de sus nacionales?

Como se dijo, la mayoría de colombianos extraditados a los Estados Unidos es por narcotráfico y delitos conexos con éste, al revisar nuestra Carta Política su artículo 35, modificado por el Acto Legislativo 01/1997, estableció que los colombianos nacidos en territorio nacional sólo podrán ser extraditados por delitos cometidos en el exterior que estén previstos como tales en nuestra legislación. El último tratado sobre la materia entre los dos Estados es de 1980, ratificado por la Ley27/80, ley declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia en 1986 por vicios de procedimiento; la Ley 68/86 lo ratificó de nuevo pero la C.S.J. la declaró otra vez inexequible en 1987 por lo mismo: vicios de procedimiento. Desde ese año se puede decir que ese tratado permanece en el limbo pues si bien está vigente (ninguna de las Partes lo ha denunciado), no es aplicable en estricto sentido por falta de ratificación por el Congreso colombiano. No obstante, gobiernos, legisladores y jueces se las han ingeniado para aplicarlo: decretos de estado de sitio, resoluciones administrativas, siempre con el fin de cumplir las peticiones (¿órdenes?) de la potencia del norte.   

Volvamos a los casos Otoniel y Matamba, ambos cometieron delitos en Colombia y contra bienes jurídicos colombianos, ¿por qué nuestras autoridades gubernamentales y judiciales priorizan la extradición del primero en lugar de proceder a procesarlo, juzgarlo y condenarlo si resulta responsable penalmente de los crímenes que se le imputan? ¿Quién tiene el derecho soberano primigenio para juzgarlo: Colombia o Estados Unidos, siendo hecho notorio todas sus tropelías y crímenes cometidos aquí? ¿Cuál la razón y urgencia del gobierno Duque para extraditarlo lo más pronto posible? ¿Qué pasa o pasará con los procesos adelantados por la Fiscalía General y juzgados de la nación cuando ya no esté aquí? La malicia indígena me lleva a pensar que Otoniel es temible por todos los secretos que guarda y que algunos en el país no quieren que revele. No otra deducción se puede hacer al conocer los obstáculos que la Dijín de la Policía Nacional ha puesto para que Otoniel declare como testigo ante la JEP y la Comisión de la verdad. No olvidemos que el recorrido armado de este sujeto es de décadas y en varios grupos ilícitos: EPL, AUC, Autodefensas Gaitanistas y clan del Golfo. Si lo extraditan, como va a ocurrir, ni el país ni las víctimas sabrán la verdad que guarda esta camaleónica persona y, de paso, aliviará a funcionarios, militares y civiles, y otros civiles implicados en nefastos episodios de la violencia política nacional.

De Matamba se puede predicar lo mismo; pero llama la atención la eventual solicitud de extradición de los facilitadores de la fuga por parte de EEUU: ¿Qué delito cometieron éstos contra los intereses del país del norte? ¿Cuál es el Estado competente en derecho para investigar esta fuga, delitos que fueron cometidos en Colombia contra su administración pública? ¿Será razonable aceptar como causa de extradición poner en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos?

La habilidad de los gobiernos colombianos para justificar sus dudosas actuaciones, revelan que las autoridades procederán en estos casos como los precedentes: obedecerá la orden, digo petición de la potencia. Quizá a nuestra élite poco les importa la soberanía, la dignidad y la ética, valores devaluados en nuestro medio, y les importará menos el derecho de los de abajo. Lo crítico de todo es que la sociedad se ha contagiado y la indiferencia es su respuesta. Un estatus quo degradado, donde lo que importa es el pragmatismo, esto es las medios de apropiarse de los bienes y caudales públicos y, de paso, no molestar al amo que desde tiempo atrás impone sus designios y sus manos en nuestro país.

La justicia es, quizá con la política exterior, la mayor expresión de la soberanía de un Estado. Cuando nuestro Estado renuncia a hacer justicia, siento que no vivo en un Estado soberano; que las autoridades colombianas, se convirtieron en el cuerpo investigativo (Fiscalía, CTI) y sustanciador de la justicia estadounidense en nuestro propio país; que nos encontramos sin más en un sistema de vasallaje judicial disfrazado de eufemismos como la cooperación judicial internacional o el tratado de extradición que existe pero no debería aplicar por lo antes dicho, no está ratificado. Aún dudo de si esa renuncia al soberano derecho de investigar, juzgar y castigar a nacionales por delitos cometidos en nuestro territorio se deba a imposición imperial o a la comodidad que le genera a la élite, en particular a la rama judicial de desentenderse de asuntos considerados delicados o de alto riesgo. Al ritmo que vamos pronto nuestra Justicia investigará y juzgará solo los casos que los Estados Unidos le determinen. Y si nuestro Estado es incapaz de hacer justicia se debería pensar también en la Corte Penal Internacional, C.P.I.

Como lo esperamos la mayoría de ciudadanos, lleguen nuevos vientos y si así será, nuestra demanda para que nuevo Poder Público que salga de las urnas, aúne esfuerzos con actores vitales del país como la academia, el foro, los sindicatos, los gremios económicos, las ONG y otros para comenzar a enderezar el rumbo de nuestro país, incluyendo el de la Justicia, si de verdad se quiere cambiar el modelo de Estado actual por uno donde impere la solidaridad, la justicia social, la democracia,  la paz y la concordia nacional.  

Amable lector/a lo/a invito a reflexionar un poco sobre este asunto y sacar su propia conclusión.

Hasta la próxima,

Tolimeo

Abril de 2022

En marzo y mayo, quizás en junio, Colombia decidirá si cambia el rumbo errático que hoy lleva por uno donde el Estado de derecho y la democracia previstos en  la Constitución de 1991 sean una realidad, pero ¿estamos preparados para afrontar el cambio, en especial en cuanto a la reconciliación y la paz duradera se refiere?

Estimado(a) lector(a),

A lo mejor es una frase de cajón o un lugar común el título de esta epístola si repasamos la historia reciente de nuestro país, puesto que lo mismo se habrá dicho en 1930 con el fin de la hegemonía conservadora y la llegada del liberalismo al poder; o en 1936 con la revolución en marcha; o en 1958 con el inicio del Frente Nacional y el fin (¿?) de la violencia partidista; o en 1974 con la alternancia de los dos partidos tradicionales hegemónicos; o en 1991 con la nueva Constitución Política: en todos se jugaba el futuro del Estado colombiano. Sí, fueron sin duda momentos históricos en la vida republicana de nuestra nación que se ha movido siempre en medio de vacilaciones: cuando se cree que ha dado un paso gigante hacia el desarrollo, la justicia y la equidad le sobreviene una turbulencia económica, política o social que la hace trastabillar y perder de nuevo el norte y sumirse, como ahora, en la zozobra y contradicciones que nadie puede o quiere explicar, como la paradoja del crecimiento de la economía a la par con el aumento del desempleo, la informalidad laboral y la pobreza, absurdos y sinrazones que ya habíamos esbozados en anterior epístola al hablar del “extraño mundo de subuso” (Miscelánea Locombia, junio de 2021).

Hoy en día Colombia es un navío que boga sin brújula, sin timonel –o éste no se halla- y cada día son más los agujeros por donde hace agua y lo tiene a la deriva, claro, para la inmensa mayoría de sus pasajeros (ciudadanos), algunos ya sin esperanza de llegar a puerto. Pilares fundamentales para el Estado y la sociedad se fueron al garete o están a punto de perderse en la inmensidad: la debida y pronta justicia, el respeto por la ley, la escrupulosidad ante lo público y privado, pero sobre todo, la pérdida de la ética. En esas condiciones, cada quien se conduce como quiere o puede: en un extremo, el poderoso utilizando los recursos, riquezas y la infraestructura del Estado y la nación para enriquecerse más y más; en el otro, el pobre buscando entre los vericuetos de la vida un mendrugo de pan para mitigar su hambre y el de su familia y una lata o pedazo de madera para hacer o reparar el cambuche que lo proteja de las inclemencias del clima. Y en entre ellos una clase media que a pesar de su lucha por ascender siente cómo día a día el agobio por sus obligaciones y el costo de la vida la conduce más hacia la pobreza que a subir en la escala social.

Ante este panorama, nada de alarmista como que muchos defensores del establecimiento lo reconocen y denuncian, está la posibilidad (o probabilidad) de un cambio sustancial en la conducción del Estado, sobre todo en aspectos esenciales para el desarrollo humano: economía y distribución de la riqueza nacional equitativa, aplicación y cumplimiento de la ley para y por todos, justicia ídem, reforma rural integral que permita la producción agropecuaria sostenible para pequeños y medianos productores, mayor cobertura efectiva (no teórica) de la educación y salud públicas, igualdad de oportunidades para todas las personas residentes en nuestro país sin distinción de género, etnia, edad u otra condición, pero sobre todo, la oportunidad, tal vez única, de consolidar el proceso de paz acordado entre el gobierno Santos con las FARC-EP (2016), que el actual gobierno no quiso implementar como las circunstancias y el acuerdo lo exigían y exigen aún, proceso que debe ser ampliado a través de negociación con otros actores armados que dicen querer la paz y la reconciliación nacional. Este es el momento para comenzar a enderezar el rumbo de nuestro barco nacional.

Mi convicción personal es que sí es factible y necesario.

No soy tan ingenuo para creer que los cambios sustanciales que necesita el país se harán en cuatro años o que no habrá obstáculos en el camino para lograrlos; no, todo es complejo: tanto las reformas económicas, sociales y jurídicas (producción y distribución de bienes y servicios, reforma tributaria) como la consolidación del proceso de paz. De ahí la urgencia de comenzar desde ahora, desde este año que nos indica sin lugar a dudas las fallas y debilidades de los detentadores del poder político, hoy desconectados de las mayorías y muy baja aceptación popular luego de 20 años de exclusión de los más vulnerables y de privilegios para los ricos y entrega de la riqueza a productores, mejor extractores, y mercados extranjeros. 

Lo dicho antes no significa que no me asalten temores que plasmo en preguntas:¿Estamos preparados para afrontar el cambio, en especial en cuanto a la reconciliación y la paz duradera se refiere? ¿Aceptaremos trabajar hombro a hombro con el que fue nuestro contradictor en el pasado y el presente para constituir un nuevo país, una nueva nación? El hecho de que la inmensa mayoría de nacionales aspiremos a la paz y la reconciliación, no nos puede hacer perder de vista que existe una minoría que no las quieren ya porque la violencia se convirtió en modus vivendi para unos ya porque es una fuente de riqueza y de poder para otros. Este sector  social minoritario existe, es real, de carne y hueso; sabemos también que no quiere ni va a cambiar su pensamiento y praxis aun perdiendo el poder político que hoy ostenta. Debemos ser conscientes que no se acabará por ello; por tanto se debe contar con él y reconocerlo como nueva oposición política y respetarlo en sus derechos como tal.

La inquietud va más allá, también por cuanto en ciertos momentos algunos que proclaman la concordia y la convivencia pacífica y fraterna les cuesta, o peor aún, son incapaces de despojarse del sectarismo, el fanatismo y el rencor para tenderle la mano al que ayer fue su enemigo. ¿Cómo será después de vencerlo en la contienda democrática, en la victoria? Esta aprensión no es espontánea sino la conclusión a que llego luego de conocer o escuchar expresiones de ciertos líderes políticos nacionales proclives a la paz, los cuales han manifestado que con excombatientes del conflicto armado no cuentan. Experiencias en otros países donde se han llevado a cabo procesos similares al nuestro, tuvieron frecuentes obstáculos y palos en la rueda, algunas veces con saldo fatal, durante las negociaciones de paz, habiendo sido el riesgo evidente, cuando no en peligro su continuidad. Todos los procesos, incluido el nuestro, costaron, y cuestan, mucho tiempo, diálogo, recursos, sacrificios y pérdida de vidas humanas de lado y lado de la negociación. Fanáticos y extremistas ha habido y habrán siempre  en todas partes. La grandeza y la miseria humana no son una frase más sino una realidad de nuestra especie. Nuestro país no tiene por qué ser la excepción.

Sea lo que sea, llegó la hora de definiciones: de nosotros, colombianas y colombianos, depende que sigamos postrados en las lacras de las injusticias socioeconómicas, la discriminación, la corrupción y la soberbia de quienes ostentan el poder político del Estado y la riqueza de la nación (el pueblo), o de iniciar un nuevo camino que vaya eliminando ese estado pútrido y reemplazarlo por el ejercicio pleno de la democracia y el Estado de derecho. Esa es la alternativa: o mantenemos el obsoleto y nocivo statu quo o transformamos nuestro Estado. No es hora del titubeo ni de la indiferencia y, cuidado con pensar que nos vale sólo el cambio en la presidencia, no, el legislativo, el Congreso de la República es pilar fundamental de la democracia, pues en él se delega la representación de las mayorías y las minorías sociales, aunque hoy para nuestra desgracia no sea así; por lo mismo se requiere renovar de verdad, que sea capaz no sólo de aceptar el anhelo popular sino de plasmarlo en leyes ecuménicas, laicas y justas para beneficio de todos y cada uno de los miembros de esta nación en la que nacimos o nos criamos, Colombia.

No es el momento de dar al traste con el anhelo de paz de toda una nación o país, todo lo contrario.

Yo tomé ya mi decisión para el 13 de marzo y 19 de mayo, ¿Usted? ¡Piénselo!

Hasta pronto,

Tolimeo

Febrero de 2022

Nota Bene. Después de escuchar la lamentable descalificación del presidente Duque a la Corte Constitucional con ocasión de su histórico fallo sobre la despenalización del aborto, se confirma, una vez más, que hoy por hoy en Colombia tenemos es un remedo de democracia, donde el Ejecutivo se considera por encima de la Constitución y la ley y la separación de las ramas del Poder poco le importa. Una razón más para el cambio en nuestro país.