Inquietudes y opiniones sobre Locombia

Dos fenómenos naturales coetáneos en el tiempo nos han puesto al desnudo nuestra preparación para enfrentar accidentes y sus consecuencias.

Amable lector/a,

Cierto es que ningún país o sociedad por poderosa y preparada que sea está con condiciones de dominar desastres provocados por advenimientos naturales. Desastres causados por huracanes en EE. UU., tsunamis en Japón, incendios forestales de grandes proporciones en Europa, entre otros, son ejemplos de la vulnerabilidad del ser humano frente al coloso tierra o planeta cuando este le da por saltarnos por los aires o inundarnos con miles de toneladas de agua, … Sería necio de nuestra parte esperar que nuestro país estuviera en capacidad de afrontarlos y controlarlos. Por tanto, ese no es el objeto de esta reflexión sino de si estamos preparados o no para paliar, mitigar, los daños que por lo general provocan estos movimientos de la naturaleza que terminan en tragedia y dolor.

El 10 de agosto de 2026 será recordado por los colombianos y colombianas como un día aciago en su historia: un terremoto de 7.4° en la escala de Richter ha provocado destrucción y muerte en la región pacífica de Colombia. Los medios de comunicación y las redes sociales han dado cuenta de la tragedia en todas sus dimensiones y facetas. Por eso no nos detenemos en este aspecto. Hacia futuro, como una nueva lección –otra más-, las preguntas que han quedado en la mente, supongo, de millones de compatriotas son ¿estábamos preparados para una respuesta inmediata a ese movimiento telúrico?, ¿están los municipios cumpliendo a cabalidad las disposiciones de los POT y EOT, esto es la destinación del suelo?, ¿son rigurosas las secretarías de planificación municipal concediendo licencias de construcción?, ¿se están cumpliendo las normas estatales que regulan la construcción –ubicación, permisos de curadurías, utilización de elementos sismoresistentes, …?, ¿por qué tanto barrio de tugurio en zonas deleznables?, ¿hay vigilancia sobre personas y aun empresas constructoras inescrupulosas que venden a gente necesitada de vivienda, como ocurrió hace unos años con los “tierreros” en Soacha?

Si a las anteriores y otras interrogantes relativas a la construcción y vivienda agregamos algunas relativas a la preparación física y mental de la población para reaccionar de inmediato a esta clase de accidentes y a los posteriores momentos del suceso, como la ayuda a personas vulnerables, el rescate de las atrapadas bajo escombros u otros obstáculos que impidan su salida o movilidad, para auxiliar a heridos, etc.?, ¿se prepara a la población desde la escuela para este tipo de emergencias?, ¿son los simulacros de evacuación que de tiempo en tiempo se hacen en algunas entidades oficiales y privadas una verdadera enseñanza o una rutina más para cumplir con algún reglamento?, ¿las autoridades locales, regionales y nacionales realizan verdaderas campañas de sensibilización sobre estos acontecimientos y otros que ponen en riesgo la vida y la integridad de sectores poblacionales vulnerables?

Estas y otras cuestiones más son válidas para el segundo desastre natural que están padeciendo varios departamentos, en especial el Tolima, el más afectado por ahora: los incendios forestales que desde principios de agosto han quemado miles de hectáreas de cultivos, potreros y bosques, dejando en la penuria a miles de personas, en su mayoría campesinos, pequeños y medianos productores, algunos de ellos lo han perdido todo.

Quien esto escribe, directo afectado por el fuego el mismo día del terremoto, es testigo de la inmensa solidaridad de la población para arrimar el hombro y arriesgar su integridad física y la vida para intentar extinguir el fuego que se llevaba tanta vegetación por delante, pero también de la impotencia de los mismos vecinos ante el tamaño de las bolas de fuego que impulsadas por los fuertes vientos arrasaban todo lo que tenían al frente. Y aquí se pone de presente la falta de preparación en todos los aspectos de la población, incluso de ciertas autoridades, para coordinar y actuar en una emergencia que, como se dijo, ha sido enfrentada con esfuerzos titánicos de vecinos de las veredas y otros rincones para apagar ese monstruo en que se han convertido estas conflagraciones que, sin embargo, dichas acciones heroicas han sido más espontáneas que basadas en un conocimiento técnico para actuar en estas emergencias.

Los tres lustros de vivir en el campo, hoy arrasado por las llamas, me permiten afirmar sin duda que, en el Tolima, al menos en lo que constituye el valle o gran cuenca del río Magdalena, en nuestra cultura no está el agua y su conservación como un objetivo prioritario en el proyecto de vida de la mayoría de las familias. Se reclama, se demanda la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, pero poco, por no decir nada, hacemos por conservar el agua, pues se cree que la única que sirve para el consumo humano es la suministrada por un ducto y no las aguas lluvias y las fuentes naturales superficiales que poco a poco las han ido secando. Aquí no cosechamos aguas lluvias. La contaminación de las fuentes hídricas son una constante, la tala de bosques y en cabeceras de quebradas son rutinas de todo tipo de población, de los vecinos y de los citadinos y extraños que por diversos motivos vienen al campo, con contadas excepciones, poco les importa un nacedero de agua, una playa de un río y la conservación de un bosque, por pequeño que este sea.

Mas no es cuestión de la sociedad, también es, en primer lugar, la falla del Estado por falta de compromiso y obligación del servidor público cuyo accionar la mayor de las veces no se refleja en un verdadero acompañamiento y asistencia técnica al poblador rural. Es avis rara el funcionario municipal o departamental que visite las veredas informando, enseñando, sensibilizando a sus moradores con campañas de prevención sobre estos y otros asuntos vitales para mejorar la calidad de vida del campesino, hoy sujeto especial de derechos. La corporación ambiental se está limitando a sacar de tiempo en tiempo algún aviso o disposición sin que tenga la divulgación necesaria, dona a los campesinos plantas nativas y algunos insumos, pero no se le ve en el trabajo de campo de vigilancia, prevención y control para que el medio ambiente sea de verdad centro de la vida humana.

Amable lector/a, no es reproche lo que se ha consignado en esta nota, es un relato de una realidad, dura en estos momentos, pero cierta, con el único propósito de llamar la atención tanto de las autoridades como de la ciudadanía a tomar conciencia de que la única manera de paliar, mitigar los efectos devastadores de estos episodios naturales es la preparación técnica y la educación en todo el sentido de la palabra.

La solidaridad.

Si bien no conocemos los perjuicios materiales –los morales serán invaluables-, las dos tragedias han dejado dolor y sufrimiento por pérdidas humanas y destrucción de viviendas, hospitales, centros educativos, causados por el terremoto, y miles de hectáreas de vegetación y un número indeterminado de animales domésticos y silvestres muertos o fuera de su hábitat natural, en cambio sí conocemos una de las facetas más esperanzadores para nuestra nación y la humanidad misma: la solidaridad. La reacción inmediata de miles de ciudadanos sin distingo de etnias, clases y edades, empleados y desempleados que acudieron sin otro propósito que no fuera ayudar a evacuar, rescatar, auxiliar, transportar víctimas, humanos y mascotas, de los edificios destruidos por el sismo, aportando lo que estuviese a su alcance que sirviera para mitigar un dolor, un sufrimiento, una donación de alimentos o vitualla para los que quedaron en la calle, siendo voluntarios en los centros de acopio del material aportado para los necesitados, es de admiración absoluta, de pensar que si hay conciencia hay voluntad para esto y mucho más.

En la actuación en los incendios del Tolima, han sido las comunidades campesinas, los vecinos que aunando esfuerzos y voluntades y las pocas herramientas en su haber han luchado día y noche para intentar apagar las conflagraciones que los fuertes vientos, las altas temperaturas y la sequía extrema trasladan en cuestión de minutos de un lugar ya controlado a otro, provocando más angustia, desespero, desazón y fatiga, aun así, estas comunidades en su afán por salvar lo poco que les queda continúan su labor.

Este observador entiende que en la solidaridad el único protagonista es el que la necesita y no el que hace una donación en cualquiera de las modalidades que se pueda hacer. La solidaridad no puede ser un instrumento para protagonizar liderazgos, despertar admiración o revelar la opulencia del donador ni una puja para mostrar quién puede aportar más. Cierto es que la solidaridad no se agradece, sino que se corresponde. Dicho esto, supongo que las tres familias más poderosas se desprendieron de manera generosa de cerca de Quinientos mil millones de pesos –USD 160.000.000.000- lo hicieron porque no les hacía falta ese dinero ahorrado ya como ganancia ya como reserva de capital. Surgen algunas inquietudes, volverán esos dineros, o parte, a las cuentas de los donantes como pago o descuento de impuestos, o lo que es para este observador más curioso: con esa fabulosa suma cuántos empleos se hubieran podido crear en el país por esos tres conglomerados económicos. Ojalá estas donaciones como las demás que han superado los dos (2) billones de pesos llegue a todos, en especial a los más necesitados, a aquellas familias que perdieron sus viviendas o quedaron inhabitables y no cuentan con seguros de riesgos y no se quede solo en las urbanizaciones y unidades residenciales de estratos 4, 5 y 6. vienen

Amable lector/a, mientras los dolorosos efectos del terremoto comienzan a ser historia del país, los damnificados de los devastadores incendios forestales todavía no se pueden contar porque estos no han terminado.

Hasta pronto,

Tolimeo,

San Luis, Tolima, agosto de 2026

A propósito del genocidio de Gaza y otras agresiones internacionales:

«Ya era tiempo que cayera aquel hombre. Su excesivo peso en el destino humano turbaba el equilibrio. Toda la vitalidad concentrada en una sola persona, el mundo pendiente del cerebro de un solo ser, habría sido mortal para la civilización.» (Victor Hugo, Los miserables) ¿Se repetirápronto esta sentencia?

Amable lector/a:

Los colombianos y las colombianas hemos asistido —y sufrido— una campaña electoral cuyos calificativos, sin lugar a dudas, son más negativos que positivos. Fue una contienda que de cívica tuvo muy poco y de crispación y malas maneras, mucho. Tanto los candidatos como una buena parte de los electores incurrieron en agravios, injurias, calumnias e infamias; los discursos agresivos, pero vanos, suplantaron las propuestas programáticas de gobierno y se alejaron de objetivos como la paz, la reconciliación nacional, la democracia y el Estado social de derecho, hoy más que nunca imperativos para la nación si de verdad aspiramos a construir un mejor país. Esos principios debieron constituir la prioridad de quienes aspiran a solucionar, ya desde el Legislativo, ya desde el Ejecutivo, los problemas y necesidades que aquejan a nuestra nación y al Estado. Pero no fue así. Hubo poca, muy poca sindéresis y seriedad política, y abundaron el histrionismo y la parafernalia por parte de los candidatos, en particular de la oposición, que apeló más a las emociones que a la razón de los electores, quienes finalmente decidieron el sucesor de Gustavo Petro en el solio de Bolívar.

Resulta difícil reseñar en esta nota todas las repercusiones que dejó esta confrontación electoral. Por ello, nos limitaremos a resumir aquellas que, a nuestro juicio, tuvieron el mayor impacto en la escena nacional. Veamos:

• Ecos de la campaña electoral

Fraude electoral. El Gobierno nacional y la campaña del Pacto Histórico —partido de gobierno— denunciaron, y aún lo hacen, un supuesto fraude en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nos apartamos de este alegato por considerar que el meollo del asunto no radica en el software de la Registraduría, como lo afirma el presidente Petro, sino en la estructura del actual sistema político-electoral del Estado, a todas luces cuestionable y poco acorde con la realidad político-social del país.

En efecto, la autoridad político-electoral de Colombia está conformada por dos entidades, actualmente controladas por los partidos del viejo establecimiento: i) el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por nueve magistrados elegidos por el Congreso de la República de acuerdo con la composición política de este; y ii) la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuyo director, el Registrador Nacional, es elegido mediante concurso de méritos por los presidentes de las tres altas cortes.

El CNE carece de la independencia que se le atribuye, pues sus integrantes representan cuotas políticas de los partidos que los postulan y eligen. En la práctica, la mayoría de sus miembros —por no decir todos— son políticos “quemados” en campañas electorales. El actual Registrador Nacional, por ejemplo, fue designado después de “quemarse” en su reelección al Congreso en 2018.

Durante la campaña que acaba de concluir fueron numerosas las actuaciones y decisiones cuestionables, tanto de la Registraduría como del CNE. La primera, por ejemplo, no denunció oportunamente, como era su obligación, la presunta falsificación de firmas presentadas por algunos candidatos —entre ellos el presidente electo— para inscribirse como aspirantes a la Presidencia de la República. Por su parte, algunas decisiones del CNE contra los intereses del candidato del Pacto Histórico —como impedir su participación en la consulta interpartidista del 8 de marzo, entre otras— evidencian, a nuestro juicio, que el sistema electoral colombiano puede prestarse para maniobras fraudulentas o, cuando menos, no garantiza plenamente la transparencia que debería caracterizar su funcionamiento.

La opacidad no logra ocultar la realidad. Sin embargo, estas son las reglas de juego que el presidente Petro aceptó desde el momento en que se desmovilizó y se reincorporó a la vida civil y política; bajo ellas ha participado en el escenario electoral impuesto desde hace décadas por la clase económica y política que ha dominado la vida nacional. Unas reglas que el actual presidente y su partido, el Pacto Histórico, no han logrado modificar por razones que no corresponde abordar en esta nota.

– Intervención extranjera. El candidato de la derecha que, a la postre, fue el elegido fue sostenido no sólo por la élite nacional sino por el imperio norteamericano de manera abierta y cínica: Trump dijo que De la Espriella había ganado por él. No hay duda al respecto, aunque además de los EE.UU., la derecha internacional de España, EE. UU. y toda América Latina también intervinieron de manera directa para el triunfo del ultramontano abogado de mafiosos y paramilitares.

– El revés de la izquierda en el gobierno. Consideramos, como otros observadores, que la izquierda se confió mucho de las encuestas y le faltó trabajar un poco más para asegurar el resultado y el electorado la castigó. Cierto es que hubo errores notorios de Petro y su candidato que pudieron influir en la derrota –para algunos inesperada-, como alejar o menospreciar el aporte de otras corrientes políticas de izquierda, de centro o independientes que sumaban para enfrentar la maquinaria financiera y logística de los candidatos de la derecha. Asimismo, el gobierno menospreció e insultó a la clase media del país a través de sus cuatro años de gobierno, olvidando que es la que sostiene el Estado con impuestos y trabajo. A ello se suman los actos de corrupción en la administración pública que Petro minimizó o no quiso corregir a tiempo, pues la soberbia no le permite ese tipo de actuaciones. Algunos sectores del Pacto Histórico no aceptaron –ni aceptan- corruptelas, por pequeñas que sean. Se requería y necesitaba un cambio en la institucionalidad del Estado, en lo legal y lo político, pero, sobre todo, en lo ético: había que dar ejemplo con actos y comportamientos. La verdad es que quedó gran parte de esta tarea pendiente. En fin, queda la interrogante de si Petro terminó por perjudicar más a Iván Cepeda que favorecerlo, como lo afirmó derecha durante la campaña. Serán las evaluaciones futuras las que nos despejen esta y otras incógnitas en el campo de la izquierda que hoy representa la mitad de la fuerza política del país.

– ¿Es posible una fractura en el Pacto Histórico?  Ante algunos reproches y críticas en las huestes del hoy partido de gobierno y oposición a partir del 7 de agosto próximo, se podría pensar en una fractura entre los dos bloques que conforman el Pacto Histórico, uno liderado por Petro, el otro por Iván Cepeda que, como candidato derrotado será por mandato constitucional el jefe la oposición en el Congreso de la República. Pensamos que una fisura de estas dos tendencias podría suceder, mas no creemos que vaya afectar el futuro y la consolidación del Pacto Histórico, convertido hoy como el partido político más robusto y determinante de la vida nacional.

Un paréntesis para señalar que este tipo de divisiones es propio de la izquierda universal, al menos de Occidente: desde la Revolución soviética [incluso de la Revolución Francesa] hasta nuestros días las fracturas entre facciones de coaliciones o partidos políticos nacidos de la fusión de otros son “normales”. Quizá la explicación esté en el origen de los partidos o movimientos que forman el nuevo proyecto: unos son marxistas, otros trotskistas, otros maoístas, de tendencias cristianas, incluso liberales, que no logran limar del todo sus diferencias y estas estallan luego de un resultado adverso. En el ámbito latinoamericano reciente es quizá el Frente Amplio de Uruguay la excepción, sin que ello signifique que no haya tenido divergencias y puntos de ruptura, pero sus líderes han tenido la suficiente inteligencia, madurez y sentido colectivo para mantenerlo hoy en el poder.

Volvamos al caso colombiano. Actualmente circulan videos y artículos de tono ofensivo contra Iván Cepeda provenientes del petrismo y sus “barras bravas”. A partir del 20 de julio, fecha de instalación del nuevo Congreso de la República, tendremos mejor información sobre cómo será el comportamiento de la izquierda como oposición. Por el momento, Iván Cepeda, en declaración de 12 puntos explica que, si estos no se cumplen por parte del nuevo presidente, en particular renunciar a su nacionalidad gringa, pues la considera incompatible con el ejercicio de la presidencia de la República de Colombia, se declarará en desobediencia civil pacífica.  Es evidente el conflicto de intereses del presidente De la Espriella, porque a partir del 07/08/2026 será portador de intereses nacionales de dos Estados que, en determinado momento, podrían estar en total oposición, con riesgo para nuestra soberanía nacional.

-Presencia testimonial del centro político. Se ha dicho con frecuencia que la polarización opacó y hasta anuló de la escena nacional el movimiento político denominado de centro. No lo creemos así. Los dos principales candidatos de esta corriente del pensamiento político, por razones que no podemos exponer por falta de espacio, decidió motu proprio esconderse, o mejor ceder su plaza a las dos tendencias mayoritarias so pretexto de no contaminarse del fuego cruzado que se producía en entre aquellas. Orgullo, soberbia, civismo mal entendido, son los calificativos que podemos darle a las dos campañas que representaban esta tendencia nacional, la de Sergio Fajardo y la de Claudia López que, si hubiesen tenido menos escrúpulos, egos y prejuicios políticos a lo mejor hubiesen permitido un más claro y nítido resultado electoral y haber evitado lo que nos tememos: cuatro largos y agrios años de confrontación en perjuicio del desarrollo humano nacional. No fue así y mucho deploramos las estrategias de estos dos políticos nacionales.     

• Expectativas sobre el gobierno que llega.

Durante la campaña y luego del triunfo del 21 de junio, Abelardo de la Espriella, no ha dejado dudas respecto de cómo será su gobierno. De manera que no son suposiciones sino certezas los rasgos – perfil-, del próximo mandatario colombiano y lo que nos espera como gobierno.

– Un presidente fantoche. No se necesita mucho análisis para calificar el nuevo gobernante así, puesto que desde la campaña manifestó su incondicionalidad a los intereses de los EE. UU. La justicia, la política sobre narcotráfico, las relaciones internacionales de Colombia, entre otros temas capitales estarán sometidos a los dictados del imperio del norte y el obedecimiento inmediato del gobernante colombiano. Demás está decir que el presidente electo ya le pidió al gobierno Trump que Colombia sea incluida en el Escudo de las Américas, una manera sutil para designar los gobiernos latinoamericanos de derecha que serán los replicadores de la doctrina DONROE (Monroe) de EE.UU. en el continente. Asimismo, sin apenas haber tenido la credencial de nuevo presidente manifestó su voluntad de restablecer las relaciones diplomáticas con Israel, comprarle armas para su política de seguridad nacional. De manera implícita, pero evidente, De la Espriella aprueba el genocidio de Gaza. Un poco de memoria: fueron militares israelitas, con el coronel Klein a la cabeza, los primeros instructores de los paramilitares del Magdalena Medio en la década de los 80 del siglo pasado.

– ¿Un gobierno de todos para todos? Según las diferentes manifestaciones de De la Espriella, no tendrá la intención ni el talante para hacer realidad la frase que pronunció la noche del 21 de junio: “seré el presidente de todos los colombianos”. Como si aún estuviera en campaña no ha cesado en agredir, injuriar y menospreciar al bando perdedor, evidencia que estaremos frente a un gobierno sectario y reaccionario incapaz de aceptar que no obstante tener en la oposición la mitad del país político, fue elegido para gobernar para todos, como líder de la unidad nacional, algo que parece no será objetivo principal para él. 

– El gobierno de los nunca resultó ser de los de siempre. Se jactaba el presidente electo en decir que no aceptaba las estructuras políticas tradicionales para gobernar, pues lo haría con los que nunca han vivido de la teta del Estado. ¡Qué falacia! Tan pronto ganador procedió a reciclar y nombrar personas de familias que toda la vida, han usufructuado el poder y el botín del tesoro nacional: un heredero de Laureano Gómez, allegados de la familia Char que maneja la clientela política de todo el Caribe desde Barranquilla, hermana del alcalde de Fico Gutiérrez de Medellín, el alcalde destituido de Bucaramanga, el premio para los partidos cristianos el ministerio de Educación, son entre otros, las “nuevas” caras en ministerios y dependencias de la administración nacional.

Desde que la candidata Paloma Valencia del Centro Democrático (CD) quedó al margen de la segunda vuelta, ella y su partido aceleraron su adhesión a la candidatura a la postre ganadora; desde antes, Cambio Radical de Vargas Lleras (+) y los Char, habían apostado a la misma, luego le siguieron el partido Conservador, el Liberal y el partido de la U, ya antes lo habían hecho los partidos confesionales MIRA y Colombia Justa Libres. Es decir, el nuevo gobierno contará con el respaldo de todo el espectro político de la derecha, incluido el que le dio su aval, Salvación Nacional, de la familia Gómez Hurtado. No tendrá mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas, pero está muy cerca. De manera que si el Pacto Histórico, como partido mayoritario de oposición, no logra buenas coaliciones permanentes, puntuales o coyunturales en la próxima legislatura le será difícil defender los “adquiridos” de su mandato.

-Un gobierno de corte militarista antes que civilista. Tampoco deja duda el nuevo presidente que así será. Desde la obcecación de querer posesionarse en una guarnición militar, pasando por la prioridad de la seguridad y el orden sobre la paz, el desconocimiento de obligaciones constitucionales del Estado, como la implementación del Proceso de Paz (2016) y la Jurisdicción Especial derivada de éste, la JEP, la supresión de las Consejerías para las paz y la de derechos Humanos y DIH, nos revelan que los colombianos y colombianas no tendremos las garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales, que las minorías étnicas, de género y de condición sexual diversa (LGTBI+), que la oposición política será perseguida y combatida –el intento de hacer del empalme entre gobierno saliente y entrante una auditoría de aquel, es una muestra de lo que decimos-, que el medio ambiente, en particular el cambio climático, para seguir los dictados del amo del norte, no agenda prioritaria en el nuevo gobierno. La intención de suplantar los organismos de control –Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República, mediante investigaciones que no le son de su competencia, también nos muestra que estaremos ante un gobierno autoritario y egocéntrico.

Siempre hemos creído que, en tiempos revueltos, de tensiones políticas y sociales, es al ganador quien debe tender la mano, dar el primer paso hacia la concordia y la conciliación. No ha sido el caso, el señor Abelardo de la Espriella continúa aceitando el fuego de la discordia y la confrontación nacional, como tan acertadamente lo dijera la periodista Yolanda Ruiz: “…más allá de los caprichos presidenciales, lo triste es que los símbolos de la guerra siguen marcando la política y eso no es bueno para la democracia”.        

Amable lector/a, en conclusión, los colombianos estamos expuestos a cuatro años de incertidumbre y desconfianza, de confrontación política porque este nuevo presidente no ha dado señas serias de una reconciliación nacional. Breve, tendremos un gobierno Milei, Bukele (lo piensa imitar con 10 mega cárceles) y el mismísimo Trump, pero sin el poder de éste, sino bajo el poder de éste.

Hasta pronto,

Tolimeo

San Luis, Tolima, agosto de 2026

P.S. Gustavo, el destino quiso que no tuvieras que vivir y sufrir cuatro años que quizá nos retrocedan cuarenta años y nos pongan en el punto de tu partida en la lucha tenaz y decidida por los derechos humanos de los colombianos y colombianas, en particular de las víctimas del conflicto armado interno a las que tanto aportaste desde las diversas instancias nacionales e internacionales donde actuaste y en donde siempre dejaste en alto el valor del derecho, la justicia y la dignidad. Te has ido justo en el culmen de tu producción jurídica, intelectual y humana representando nuestra Nación ante el principal foro para la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, las Naciones Unidas.

¡Hasta siempre!

México 1970 (junio-julio) fue un Mundial irrepetible. El primero celebrado en tierras aztecas; el primero en introducir las tarjetas amarilla (amonestación) y roja (expulsión); el primero transmitido por televisión a color. Fue también el torneo que consagró a Brasil como tricampeón del mundo y le permitió quedarse definitivamente con la Copa Jules Rimet; el que convirtió a Pelé en el único futbolista en conquistar tres títulos mundiales; el que albergó lo que muchos consideran el mejor partido de la historia de los Mundiales, la semifinal entre Italia y Alemania; y el que dejó para la posteridad una de las atajadas más extraordinarias jamás vistas, cuando Gordon Banks desvió el legendario cabezazo de Pelé. Aquel Mundial tuvo además a Jairzinho marcando al menos un gol en cada uno de los siete partidos que disputó y presentó, para muchos, a la mejor selección de todos los tiempos: la inolvidable canarinha brasileña.

México 1970 marcó un antes y un después en la historia de las Copas del Mundo. Más de medio siglo después, su fútbol sigue vivo en archivos audiovisuales, fotografías teñidas de sepia y, sobre todo, en la memoria colectiva de quienes lo consideran la expresión más bella que ha alcanzado este deporte.

No hay discusión, el fútbol es el indiscutible rey de los deportes. Algunos factores influyen para que así sea: se practica en cualquier espacio por reducido que sea, aunque su práctica haya aumentado sus costos siguen siendo barato jugarlo, en comparación con otros deportes, pues basta un balón, unas zapatillas (inclusive descalzo) y el deseo de disfrutarlo; por esa razón lo juega y disfruta el pobre, el rico y el de clase media, lo que no ocurre con casi todos los demás, exceptuando ciertas especialidades del atletismo, porque demandan implementos costosos y pistas o campos especiales, como el tenis, el ciclismo, el golf, entre muchos más. Y por ser así, muchos, si no la mayoría de las estrellas del firmamento fútbol, surgieron de la nada, de la barriada, de la gabela, del barrio miseria, unos pobres de solemnidad o de hogares humildes, jugaron en polvorientas y antirreglamentarias canchas de pueblo o aldea (Pelé, Garrincha, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi, Mané y otros). Quizá por esta misma razón la creatividad, la elasticidad, la estética y la magia de los grandes exponentes del balompié son fruto de un don especial y no de las escuelas como las que existen hoy en día. Es la intuición, la espontaneidad, la agilidad mental, la malicia y la habilidad del jugador para deleitar al espectador y él mismo; el futbol era un juego, una diversión, pero, sin perder su esencia, intereses ajenos al juego mismo lo convirtieron en lo que es hoy: una industria y un factor de poder económico y político.

Aunque el fútbol es, por definición, un deporte colectivo, un juego de 11 contra 11, la historia ha tendido a privilegiar a las individualidades sobresalientes, a los cracks capaces de desequilibrar un partido con una sola acción. Sin embargo, pocas experiencias futbolísticas han reivindicado tanto la fuerza del colectivo como la selección neerlandesa de Alemania 1974, la célebre «Naranja Mecánica» concebida por Rinus Michels. La sincronización de los movimientos, la rotación constante de posiciones, la velocidad y la ocupación inteligente de los espacios dieron forma a un estilo de juego que convirtió al equipo en protagonista y al colectivo en la verdadera estrella.

Johan Cruyff, figura emblemática de aquella selección, y más tarde Pep Guardiola, especialmente desde el FC Barcelona, llevaron esa concepción del fútbol a nuevas cotas de perfección. Sus equipos demostraron que la precisión, la movilidad, la creatividad y la inteligencia táctica podían imponerse desde el trabajo conjunto, recordando que el fútbol sigue siendo, ante todo, un juego de once contra once.

Y, sin embargo, la historia de este deporte también ha sido escrita por individualidades extraordinarias que han elevado el juego a una forma de expresión cercana al arte. Dribles, gambetas, cambios de ritmo, controles imposibles, bicicletas, chilenas, rabonas, tiros libres magistrales y otras acciones de genialidad han quedado grabadas en la memoria colectiva. Son destellos de creatividad que trascienden el resultado y convierten al fútbol en un espectáculo de plasticidad y belleza singular.

Gracias a los registros audiovisuales, esas jugadas memorables continúan asombrando y deleitando a generaciones de aficionados alrededor del mundo, confirmando que el fútbol, más que un simple deporte, es también una de las manifestaciones culturales y emocionales más universales de nuestro tiempo.

Si bien la esencia del balompié no ha cambiado —hacer más goles que el rival— y los ídolos se suceden generación tras generación, mucho ha mutado desde 1970 hasta nuestros días.

En el pasado, las plantillas de los clubes profesionales en las ligas nacionales estaban compuestas mayoritariamente por jugadores del propio país. Hoy, en cambio, los grandes equipos se han convertido en auténticos crisol de nacionalidades. Clubes como el Real Madrid, el Manchester City, el Bayern Múnich o el Paris Saint-Germain suelen alinear uno o dos futbolistas locales, mientras que el resto proviene del extranjero. Incluso casos recientes como la victoria del PSG en la Champions League —con 8 extranjeros y 3 franceses en el once titular— ilustran esta tendencia. En el extremo opuesto, pocos clubes como el Athletic Club de Bilbao mantienen una política estricta de jugadores locales.

Esta transformación no es exclusiva de las grandes ligas europeas. En muchos campeonatos de América, África y Asia, la ausencia de jugadores extranjeros responde, en gran medida, a la falta de recursos económicos para retener talento propio o atraer estrellas internacionales. En este contexto, la idea tradicional de “defender una camiseta” asociada a la ciudad o al país de origen ha ido cediendo terreno frente a una lógica profesional regida por el contrato. A ello se suma la creciente práctica de la naturalización exprés de futbolistas para su incorporación a selecciones nacionales o clubes. No resulta extraño encontrar jugadores que no dominan el idioma del país al que representan, un fenómeno que, sin embargo, no altera las prioridades del sistema, donde pesan más otros intereses deportivos, económicos y estratégicos. Cabe señalar que esta dinámica no es exclusiva del fútbol, sino que se extiende a otras disciplinas, entre ellas al atletismo.

En definitiva, aunque el fútbol en su esencia sigue siendo el mismo de antaño, con cambios reglamentarios relativamente menores, lo que sí ha cambiado de forma profunda es el entorno en el que se desarrolla: un ecosistema globalizado en el que el fútbol ha pasado a ser una industria pujante, con nuevas lógicas, actores y finalidades.

En la actualidad, los equipos deportivos no solo se valoran por su rendimiento en el campo, sino también por su capacidad de generar ingresos, vender imagen y atraer grandes contratos de patrocinio. En la medida en que un club adquiere mayor prestigio deportivo, también incrementa su atractivo comercial, hasta el punto de convertirse en objeto de inversión para fondos financieros internacionales, como ha ocurrido con clubes como el Paris Saint-Germain o el Chelsea.

El concepto tradicional de club —entendido, según la RAE, como una “sociedad fundada por un grupo de personas con intereses comunes y dedicada a actividades de distinta especie, principalmente recreativas, deportivas o culturales”— ha sufrido una profunda transformación. En muchos casos, ha dejado de funcionar como una asociación de socios para convertirse en una empresa comercial, frecuentemente vinculada a capitales extranjeros: rusos, árabes, estadounidenses, entre otros. En este proceso, el antiguo socio o miembro ha ido perdiendo su papel activo en la toma de decisiones, pasando gradualmente a ser un simple hincha o seguidor. Este fenómeno no es exclusivo del fútbol europeo. En América Latina, por ejemplo, los llamados clubes del fútbol profesional colombiano operan en la práctica como sociedades comerciales, bajo la supervisión de entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio.

Toda actividad organizada bajo un modelo de libre empresa tiende, en distintos grados, a generar procesos de concentración y, en ocasiones, estructuras de tipo monopólico. El fútbol no es una excepción a esta dinámica.

El balompié profesional a escala global está ordenado y regulado por la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), una entidad que ejerce un poder normativo y organizativo que trasciende, en muchos aspectos, a los propios Estados en lo relativo a la gobernanza del deporte. En la actualidad, la FIFA agrupa a más de 200 federaciones nacionales, superando incluso el número de Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (193).

Durante décadas, el sistema futbolístico internacional se rigió casi exclusivamente por las disposiciones de la FIFA y de sus confederaciones continentales, en ocasiones en tensión con legislaciones nacionales e internacionales. En ese contexto, una intervención estatal sobre una federación nacional podía derivar en sanciones, suspensiones o incluso la exclusión de la estructura FIFA.

Este modelo comenzó a resquebrajarse con la progresiva consolidación del derecho internacional y la expansión de los derechos laborales. Un punto de inflexión fundamental fue la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Bosman (15 de diciembre de 1995), que reconoció el derecho al trabajo del futbolista belga Jean-Marc Bosman y reafirmó el principio de libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea. Este fallo transformó de manera profunda el mercado de transferencias y el estatuto jurídico de los futbolistas profesionales.

Años más tarde, diversas investigaciones y procesos judiciales relacionados con prácticas de corrupción en el seno de la FIFA y de varias confederaciones —conocidos mediáticamente como el “FIFAgate” o “Blattergate”— evidenciaron la vulnerabilidad de un sistema que durante mucho tiempo había operado con escasa supervisión externa. Estos casos derivaron en procesos penales en Estados Unidos y otros países, afectando a dirigentes de distintas nacionalidades y organismos, entre ellos la Federación Colombiana de Fútbol, así como figuras de alto perfil como Michel Platini.

En conjunto, estos procesos contribuyeron a erosionar la idea de un sistema futbolístico cerrado e impenetrable, sometiéndolo progresivamente a mayores niveles de control jurídico, económico y político.

Sin que el hincha o seguidor fuera plenamente consciente de ello, el universo del fútbol continuó su expansión comercial e industrial de manera constante. A los tradicionales campeonatos continentales de selecciones, al Mundial de fútbol y a unos pocos torneos históricos —como la Liga de Campeones en Europa o la Copa Libertadores en América— se han ido sumando progresivamente nuevas competiciones, tanto en el ámbito profesional como aficionado, masculino y femenino, así como torneos recientes como el Mundial de Clubes en su nuevo formato. Este proceso se replica en distintas regiones del planeta.

La consecuencia más inmediata de esta expansión es evidente: más partidos, más calendarios, más exigencia competitiva. Y con ello, la necesidad de adaptar al actor principal del espectáculo: el jugador.

Si se compara la constitución física de un futbolista actual con la de uno de hace cincuenta años, la diferencia es notoria. No hace falta ser especialista en preparación física para advertir que el jugador contemporáneo es un atleta de alto rendimiento, un verdadero portento capaz de sostener esfuerzos intensos durante noventa minutos —o más— con una exigencia que dista mucho de la de décadas anteriores. En contraste, figuras como Garrincha encarnaban otro tipo de fútbol: un jugador aparentemente frágil, incluso desgarbado, cuya potencia no residía en la preparación física moderna, sino en la intuición, la creatividad y una forma de jugar profundamente ligada a la alegría y a la improvisación.

En este contexto de aceleración competitiva, mayor número de torneos, viajes constantes y una creciente espectacularización del deporte, surgieron también voces críticas. Entre ellas, la de Diego Armando Maradona, quien denunció reiteradamente que los protagonistas del juego —los futbolistas— no eran suficientemente escuchados ni considerados en las decisiones que afectaban directamente su profesión. Su reclamo, centrado en la carga de partidos y en la lógica del negocio, quedó en gran medida sin respuesta. Maradona falleció sin ver atendidas plenamente aquellas advertencias.

De las modificaciones directamente vinculadas a la práctica del balompié, quizá las más significativas han sido la prohibición de que el portero pueda tomar con la mano un pase cedido por un compañero, la introducción del tiempo añadido para compensar la pérdida deliberada de minutos y, más recientemente, la incorporación del VAR (video assistant referee). Estas reformas reflejan la evolución de un deporte cada vez más regulado, tecnificado y sometido a exigencias externas.

En paralelo a estos cambios, la FIFA ha ido respondiendo —no sin tensiones— a presiones provenientes de gobiernos, actores económicos y grandes intereses empresariales, en ocasiones en detrimento de principios éticos fundamentales. Un ejemplo ampliamente discutido fue el Mundial de Qatar 2022, en el que diversas organizaciones internacionales denunciaron vulneraciones de derechos laborales de trabajadores migrantes involucrados en la construcción de estadios e infraestructuras. Informes de entidades como Amnistía Internacional o Human Rights Watch señalaron condiciones de explotación y precariedad que generaron un amplio debate global, aunque con escaso impacto en la organización del evento.

¡Pero el negocio espectáculo debe continuar! Como preámbulo de lo que será el Mundial que debuta el 11 de junio de 2026 en los tres países de América del Norte, la FIFA designó a EE. UU. como la sede del nuevo campeonato mundial de clubes, evento desarrollado en junio-julio del año anterior; y de la noche a la mañana el presidente Trump se apropió del mismo ante la complacencia (¿sumisión?) del señor Infantino, presidente de la FIFA. Si acaso sabrá el presidente Trump de futbol americano, el deporte nacional de su país, ¿sabrá lo que es el fútbol soccer del resto del mundo? Lo dudamos, pero ello no fue óbice para hacer que la copa que obtendría el campeón del novísimo torneo se la quedara y luciera durante los tres meses precedentes al campeonato en la oficina Oval de la Casa Blanca. ¡Una jugada política!

Los tiempos han cambiado, y las reglas también: la FIFA, históricamente reacia a la intervención política directa, se desenvuelve hoy en un escenario donde el deporte, la economía y la política aparecen cada vez más entrelazados. Hasta una Copa de la Paz de la FIFA se inventó el señor Infantino para “premiar” y satisfacer al nuevo The King del mundo.

La voracidad es una de las características del poder, cualquiera que este sea. La FIFA no ha sido ajena a esta tendencia. A la multiplicación de torneos locales, regionales e internacionales se suma una creciente densificación del calendario, cuyo impacto sobre los principales protagonistas del espectáculo —los futbolistas— es motivo de debate. Diversos especialistas en medicina deportiva y preparación física han advertido que el aumento sostenido del número de partidos podría estar relacionado con la mayor frecuencia de lesiones y con el desgaste acumulado de los jugadores.

En esa misma dirección se inscribe la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA. Si en México 1970 participaron 16 selecciones y en los últimos mundiales lo hicieron 32, la edición de 2026 reunirá por primera vez a 48 equipos nacionales. Como consecuencia, el torneo pasará a disputarse en 104 partidos, una cifra sin precedentes en la historia de la competición.

Los defensores de esta reforma sostienen que permitirá una representación más amplia de las distintas confederaciones y brindará oportunidades a países que tradicionalmente han quedado excluidos de la fase final. Sus críticos, en cambio, temen que la ampliación reduzca el nivel competitivo de algunos encuentros y produzca marcadas diferencias entre selecciones, con el riesgo de que las goleadas se conviertan en una constante durante la fase inicial.

Lo que parece indiscutible es que un Mundial más extenso generará mayores ingresos por derechos de televisión, publicidad, patrocinios, turismo y servicios asociados al evento. En ese sentido, la ampliación beneficiará no solo a la FIFA, sino también a los países organizadores, particularmente a Estados Unidos, principal escenario de una competición concebida a una escala nunca antes vista.

Hoy parece indudable que el fútbol ha ido desplazando progresivamente su centro de gravedad: del deporte al negocio y, de este, a la esfera de la política y del poder. Ya sabemos que la Federación Rusa de Fútbol y otras tantas por decisiones políticas están fuera de los circuitos deportivos internacionales so pretexto de la intervención armada de la Federación de Rusia en Ucrania. Pero también por decisiones políticas, la Federación israelí de fútbol y otras, siguen participando en cuanto torneo haya, sin reparo alguno al genocidio de Gaza… en fin, muy pronto al menos la mitad de la población mundial se detendrá ante las pantallas de la televisión para consumir fútbol olvidándose de los dramas que muchos pueblos del mundo están padeciendo (Gaza, Sudán, RD Congo, Cuba y otros).

A los que les guste el balompié disfrútenlo sin olvidar todos los dramas que nos rodean y que gane el mejor y no el que más businnes le produzca a la FIFA y países organizadores.

Hasta pronto,

Tolimeo

San Luis, Tolima, junio de 2026

P.S. Al suscrito le encanta el fútbol mas no lo consume como fanático sino como aficionado.

Amable lectora/a,

El escándalo salido a la luz pública hace unos días sobre acoso laboral y sexual en el canal Caracol Televisión, sirve de pretexto para fijar mi posición respecto de una situación que no por lo grave deja de ser compleja y con divergentes enfoques, según sea quien la aborde.

A riesgo de exponerme a críticas de todo tipo lo haré por la intención de contribuir de alguna manera en la búsqueda de salidas que alivien –o reduzcan- estos graves atentados contra los derechos y la dignidad de las personas, en particular las mujeres. De paso, se responde a la interpelación formulada por una reconocida periodista nacional en su columna, en la que reprocha el silencio de los varones frente a estos hechos, así como ante casos estremecedores como los crímenes en serie del millonario estadounidense Jeffrey Epstein y el no menos horroroso episodio ocurrido en Francia, donde Nicole Pelicot fue víctima de violaciones reiteradas orquestadas por su propio esposo ( https://www.claudiapalacios.net/es-con-ustedes-senores/ ).

Aclaro, finalmente, que utilizo el sustantivo “hombre” como sinónimo de ser humano (homo, hominis), y no como referencia al género masculino, al que denominaré “varón”.

Reclama un sector femenino –no necesariamente feminista-, incluida la periodista citada, que los varones guarden silencio frente a los abusos laborales y sexuales que ellas sufren en distintos ámbitos de la vida social (hogar, trabajo, academia, política…). Estos reclamos son legítimos y atendibles. Sin embargo, conviene señalar que este fenómeno, que sacude tanto la vida nacional como la internacional, no puede abordarse en términos simplistas o maniqueos. Se trata de una realidad compleja, con múltiples aristas y matices, que deben considerarse para lograr una comprensión más integral.

Veamos:

1. Se trata de un problema de larga data que, junto con otros graves atentados contra las mujeres —como la violencia de género, la misoginia, la trata de personas o la pederastia—, se inscribe en el marco de un sistema patriarcal que, a su vez, ha dado lugar a una construcción social complementaria: el machismo.

Un breve repaso histórico muestra que las grandes civilizaciones han estado mayoritariamente dominadas por el género masculino. Desde China, Japón y Mongolia hasta Asiria, Persia, Egipto, Grecia y Roma, entre otras, el poder fue ejercido por reyes y emperadores, en muchos casos pertenecientes a dinastías que se mantuvieron durante siglos. Rara vez se encuentra a una mujer al frente de un Estado o de un pueblo, siendo Cleopatra una de las excepciones más citadas, aunque difícilmente pueda hablarse en su caso de un sistema matriarcal.

Esta hegemonía masculina ha contribuido a definir los roles sociales asignados a cada género. Históricamente, a las mujeres se les ha reservado principalmente la procreación, el ámbito doméstico y el acompañamiento de los varones en la vida social, pero no en las esferas políticas y económicas, pese a su papel fundamental —ayer y hoy— en la producción agrícola, las artes manuales, la confección y otras actividades. Estas prácticas consolidaron un modelo educativo y social acorde con dicho ordenamiento.

En la época moderna, incluso en monarquías como la británica, los largos reinados de Victoria (1837–1901) o Isabel II (1952–2022) no pueden considerarse matriarcados, ya que, en un sistema constitucional, el poder efectivo recae en el Parlamento y en el Primer Ministro, cargos históricamente ocupados por varones. Se trató de reinas reinantes, pero no de gobernantes en sentido pleno. De este entramado patriarcal se desprende, de forma tanto sutil como evidente, el machismo: una jerarquización social en la que el varón ocupa una posición superior, ejerce la autoridad y la mujer queda asociada a roles subordinados. Este esquema se reproduce socialmente desde el nacimiento, a través de la transmisión de normas y expectativas diferenciadas según el sexo asignado.

2. No es posible generalizar el comportamiento antisocial —e incluso delictivo en algunos casos— asociado a las conductas abusivas de carácter laboral y/o sexual a todos los individuos del género masculino. Existen varones íntegros que han transitado y transitan por la vida sin incurrir en este tipo de comportamientos.

Tampoco resulta adecuado atribuirles, de manera generalizada, la condición de cómplices por el hecho de haber guardado o guardar silencio ante situaciones que vulneran los derechos y la dignidad de las mujeres, como sugiere la periodista mencionada. Esto por una razón fundamental: la gran mayoría de los varones en el mundo también viven, en distintos niveles, formas de silenciamiento, ya que los espacios de tribuna, difusión e información están concentrados en manos de una minoría que detenta el poder económico y político. Son numerosas las denuncias que nunca alcanzan visibilidad pública precisamente porque no son recogidas ni difundidas por los medios de comunicación, hoy controlados en gran medida por grandes conglomerados económicos vinculados a un reducido número de multimillonarios. No se trata de una realidad exclusiva de un país. Baste un ejemplo: el propietario del Washington Post, Jeff Bezos —también propietario de Amazon—, ha sido señalado por modificar no sólo la línea editorial del diario sino gran parte de la plantilla de periodistas para congraciarse con el nuevo amo de su país. Si ello ocurre en el ámbito del periodismo, cuya función es informar a la sociedad, cabe preguntarse qué puede esperarse —o exigirse— de trabajadores, campesinos o empleados que no tienen acceso directo a los medios y, en el mejor de los casos, solo reciben la información que estos deciden transmitir.

Por estas y otras razones, no es correcto afirmar que todos los varones guardan silencio ante los vejámenes que históricamente han sufrido las mujeres. Dicho silencio no siempre responde a falta de conciencia o a complicidad. Existen silencios distintos: no es lo mismo quien calla para no incomodar a su entorno, que quien lo hace por temor a represalias, por falta de medios para denunciar, por falta de credibilidad o por riesgo de perder su empleo o enfrentar consecuencias legales u otras formas de represalia.

El machismo y sus nocivas consecuencias —entre ellas los abusos de diversa índole contra las mujeres— constituyen un tema complejo, delicado y con múltiples aristas, que puede abordarse desde distintos enfoques según quien lo analice.

Un sector del feminismo más radical no admite, sin embargo, que un varón sea considerado interlocutor válido, negándole legitimidad para intervenir en el debate, bajo la premisa de que las únicas llamadas a liderar esta lucha son las propias mujeres, en tanto principales afectadas. Incluso, en algunos casos, se parte de la ecuación “varón igual a machista”, lo que lleva a excluir la participación masculina en encuentros, sesiones o debates sobre esta problemática.

Cuando el otro género es percibido como adversario en lugar de potencial aliado en la lucha contra esta realidad, el margen de acción conjunta se reduce considerablemente. Además, esta lógica puede terminar reproduciendo formas de exclusión que, en su estructura, se asemejan a aquellas que precisamente se busca superar.

En mi opinión, el patriarcado, como se ha señalado, es un sistema político y social que, articulado con el poder económico, político y social, contribuye a la subordinación de las mujeres, al relegarlas a tareas y funciones de menor reconocimiento e incidencia en la conducción de la vida política y social. Sin embargo, ello no implica que todos los varones detenten poder dentro de dicho sistema, ya que este se sustenta también en relaciones de clase: por un lado, quienes poseen la propiedad y el capital; por otro, quienes carecen de ellos. Esta dinámica fue descrita por Karl Marx como lucha de clases, quien no la “inventa”, sino que la analiza y caracteriza a partir de la realidad social de su tiempo. En esta estructura de clases se encuentran tanto hombres como mujeres, en posiciones de privilegio o de desventaja económica. He ahí un punto central del problema. Es esta brecha económica y social la que resulta fundamental reducir si se pretende avanzar no solo en la superación del patriarcado y el machismo, sino también en la eliminación de otras formas de discriminación y exclusión, como aquellas basadas en la etnia, la religión o la pertenencia a diversos colectivos.

Solo en la medida en que la acción colectiva se oriente hacia la reducción de estas injusticias estructurales será posible avanzar en la lucha contra el machismo, que tanto daño ha causado —y sigue causando— a las mujeres y a otros grupos. En este sentido, resulta indispensable que los varones tomen conciencia de que la división de géneros —femenino y masculino, con sus diversas expresiones— no puede ser comprendida como un elemento aislado, sino en relación con las estructuras sociales más amplias. Solo así será posible avanzar hacia niveles superiores de bienestar social e individual, en el marco de un desarrollo humano entendido como el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos, presentes y futuros.

Volviendo al tema específico que da origen a esta nota —el acoso laboral y/o sexual en distintos ámbitos de la vida social— considero necesario que tanto mujeres como hombres nos apoyemos en la lucha legítima por la defensa de los derechos y la dignidad de las mujeres. En este sentido, resulta indispensable interpelar a los propietarios, directivos y ejecutivos de las empresas donde se han denunciado estos abusos, como en el caso de Caracol Televisión. No basta con comunicados genéricos, sin responsables identificados, expresando pesar por lo ocurrido e informando sobre eventuales investigaciones internas, sin avanzar en medidas concretas destinadas a proteger efectivamente a las trabajadoras y asumir las responsabilidades que correspondan. Otros medios de comunicación también se han pronunciado de forma tímida, sin reconocer plenamente que este tipo de conductas puede producirse igualmente en su propio seno.

Por otra parte, este observador —lector habitual de prensa nacional e internacional— no tiene conocimiento de intervenciones de colegas masculinos de la periodista que cuestionen el silencio de los varones; no han repudiado o reprochado ese comportamiento abusivo, lo que da motivo también a la queja de Claudia Palacios. La mayoría de los artículos y columnas sobre este tema han sido escritos por autoras mujeres.

Quedan aún en el tintero algunos temas o subtemas vinculados a la problemática aquí abordada, como el fenómeno de la “cancelación” u ostracismo social de presuntos autores de acoso o abuso. Es necesario subrayar el término “presuntos”, en la medida en que, en muchos casos, no se conocen aún condenas penales ni sanciones disciplinarias —en el caso de funcionarios públicos— que acrediten formalmente dichos comportamientos. Asimismo, merece atención la situación inversa: la de varones que pueden ser víctimas de acoso o abuso laboral y/o sexual por parte de mujeres en posiciones jerárquicas superiores dentro de las organizaciones. Esta última realidad resulta especialmente paradójica, ya que precisamente las lógicas asociadas al machismo pueden contribuir a que muchos hombres se sientan inhibidos o cohibidos a la hora de denunciar este tipo de situaciones, incluso cuando son víctimas de ellas.

En conclusión, sin desconocer la gravedad de los vejámenes que a diario sufren las mujeres de todos los estratos y condiciones, considero que es a través de la unión y de una lucha mancomunada entre mujeres y varones como se puede abordar con mayor eficacia este comportamiento antisocial. Ello exige tomar conciencia de que el cambio debe darse en todos los ámbitos de la vida social, comenzando por la crianza y la educación en el seno familiar y en la escuela, donde tanto padres como madres, así como educadores, de manera consciente o inconsciente, pueden reproducir lógicas que fomentan el machismo al asignar roles rígidos desde la infancia.

Si bien la mujer ha logrado importantes avances en su larga lucha por la igualdad, aún queda un camino significativo por recorrer. Este será menos empedrado si se continúa juntos, esto es por el Hombre.

Hasta pronto,

Tolimeo

San Luis, Tolima, abril de 2026 

Amable lector(a),

La campaña electoral en curso pone al desnudo, una vez más y con mayor énfasis, la decadencia de los partidos políticos en Colombia y su indudable impacto negativo en nuestra frágil democracia.

Colombia es una sociedad de contrastes, donde, al parecer, el término medio no tiene cabida. Casi sin percatarnos, pasamos de la estrecha tenaza de dos partidos políticos excluyentes a la proliferación de partidos y movimientos cuya cantidad hoy nadie sabe precisar con certeza. Mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorga personerías jurídicas de manera profusa, el Consejo de Estado las revoca con una frecuencia inusitada. En efecto, la Constitución de 1991, al liquidar el arbitrario y excluyente régimen bipartidista liberal-conservador que estrangulaba la democracia, abrió el abanico político para que nuevas fuerzas y movimientos entraran a disputar el gobierno y la dirección del Estado.

Hoy existen partidos y movimientos de todas las ideologías y tendencias: de origen étnico, con vocación nacional o regional, vinculados a confesiones religiosas e incluso de carácter familiar —como Nuevo Liberalismo, Renovación Nacional u Oxígeno—. Pero entonces, ¿de dónde surgió el carrusel de partidos que hoy copan la escena política nacional?

No nos digamos mentiras: en Colombia no ha habido una verdadera renovación del pensamiento político en sentido estricto. Corrientes como el socialismo o la socialdemocracia, por ejemplo, apenas tienen presencia real en la disputa por la dirección del Estado. En la práctica, casi todo se reduce a escisiones de los viejos partidos, cuando tradicionales barones electorales —o caciques— “parten cobijas” y crean nuevas organizaciones sin una diferencia ideológica sustantiva respecto de la matriz de la que provienen.

Así, del Partido Liberal —que en distintos momentos de su historia centenaria representó ideas de progreso con figuras como Rafael Uribe Uribe, Benjamín Herrera, Alfonso López Pumarejo o Jorge Eliécer Gaitán— surgieron varias de las principales fuerzas actuales. De allí proviene Cambio Radical, liderado por Germán Vargas Lleras; también el Partido de la U, creado en su momento para respaldar el proyecto político de Álvaro Uribe Vélez; e incluso el llamado Nuevo Liberalismo, que en los años ochenta fue más bien una disidencia interna impulsada por Luis Carlos Galán para depurar el partido y que luego regresó a su seno, pero que hoy reaparece como partido gracias a una nueva personería jurídica.

A este cuadro se suma el Centro Democrático, partido de carácter personalista fundado por el expresidente Uribe tras su ruptura con el “santismo”, que se quedó con el control del Partido de la U.

En conjunto, muchas de estas organizaciones nacidas del tronco liberal han terminado ubicándose en posiciones de derecha o centroderecha dentro del espectro político nacional. En lo esencial, siguen defendiendo intereses económicos y sociales similares a los del partido del que se desprendieron.

En síntesis, más que una renovación ideológica, lo que se observa es una recomposición de élites políticas bajo nuevas siglas, sin propuestas verdaderamente innovadoras para la democracia ni para el Estado social de derecho que consagra la Constitución de 1991.

El partido alternante del Liberal en el poder, el Conservador -gobernó largos periodos de nuestra historia-, se convirtió en un partido burocrático –cargos en la burocracia pública- y sus dos grandes facciones del siglo pasado pasaron a mejor vida: el laureanismo muere con la muerte de Álvaro Gómez Hurtado y la casa Ospina languideció por sustracción de materia y dejación del expresidente Andrés Pastrana, hoy dedicado a otros menesteres más que a la política nacional, pese a haber constituido su partido Nueva Fuerza Democrática.

El Pacto Histórico es la confluencia de diversos partidos y movimientos de la izquierda civil —en contraste con la armada— que durante décadas enfrentaron dos grandes obstáculos. El primero fue la represión y persecución física y política ejercida por agentes estatales y paraestatales, cuyo episodio más dramático fue el exterminio de la Unión Patriótica; a ello se suma la proscripción prolongada de organizaciones como el Partido Comunista. El segundo obstáculo fue la fragmentación interna: muchas de estas fuerzas se guiaban por doctrinas y orientaciones de corrientes internacionales —comunistas o socialistas— provenientes de Moscú, Pekín e incluso Albania, lo que dificultó su convergencia.

Este sector atravesó un largo proceso de transición organizativa, que incluyó experiencias como el Polo Alternativo Independiente y el Polo Democrático Alternativo, hasta desembocar en la coalición Pacto Histórico, con la cual Gustavo Petro llegó a la Presidencia. Posteriormente, dicha coalición obtuvo personería jurídica como partido. Sin embargo, en una paradoja propia de la política colombiana, Colombia Humana —el movimiento del propio presidente Petro— hoy no forma parte legal del Pacto Histórico.

La transición hacia la unión tuvo un escollo adicional: muchos de los partidos que confluyeron en el Polo Democrático Alternativo —como el MOIR, el Partido Comunista o la ANAPO— lo hicieron sin abandonar plenamente sus antiguas banderas y consignas, lo que durante largo tiempo dificultó la consolidación de un proyecto común.

La Alianza Verde sí es un partido relativamente nuevo, aunque no en cuanto a sus fundadores; y en su trayectoria ha tenido mutaciones en su trasegar. Si a los anteriores añadimos otros 21 partidos y movimientos hoy con personería jurídica – que por razones de espacio no podemos mencionar-, y unos cuantos que están a la espera de su reconocimiento, sin lugar a equívocos podríamos pensar que, si la democracia se midiera por el número de partidos que participan en la disputa por el poder político, Colombia sería sin duda alguna una democracia pletórica y consolidada.

¡La realidad es otra!

Con contadas excepciones, la vida política y los partidos en Colombia se caracterizan hoy por el transfuguismo —abierto o disimulado—; por la desconexión entre partidos, dirigentes y ciudadanía, que solo se atenúa en periodos electorales; por la sucesión hereditaria de familias y clanes que controlan las organizaciones; por la ausencia de programas de gobierno consistentes y por la opacidad en su funcionamiento interno. A ello se suma la falta de mecanismos democráticos —convenciones o congresos— para la selección de directivas y candidatos, así como la venal relación de muchos dirigentes con prácticas de corrupción que atraviesan la administración pública.

No es menos grave la ligereza con la que se otorgan avales a aspirantes a cargos de elección popular, muchas veces sin un examen serio de su idoneidad ética, política o profesional, ni el desinterés para atender los problemas urgentes de la nación.

Estas falencias enturbian el sistema político colombiano y tienen una consecuencia visible: cada vez más aspirantes a la Presidencia, a las gobernaciones y a las alcaldías, aun perteneciendo a un partido, optan por inscribirse mediante la recolección de firmas, el mecanismo previsto por la ley para candidaturas independientes.

¿Es este un buen síntoma de nuestra democracia? Claramente, no.

Candidatos a la presidencia de la república. En un desborde sin precedentes, la actual campaña electoral comenzó con más de cien aspirantes a la primera magistratura del Estado: políticos y personajes, conocidos y desconocidos, militantes de partidos e independientes que irrumpieron en la escena pública con propósitos no siempre claros.

Con el avance del proceso, la lista se fue depurando; sin embargo, al momento de escribir esta nota, aún permanecen veintidós candidatos y precandidatos con aspiraciones de llegar a la Casa de Nariño. Algunos buscan su nominación a través de las consultas interpartidistas que coinciden con las elecciones al Congreso (8 de marzo), mientras otros —ya escogidos por sus partidos o autoproclamados— se encaminan directamente hacia la primera vuelta presidencial (31 de mayo).

Tal es la crisis de los partidos nacionales que apenas dos candidaturas surgieron de procesos internos formales. De un lado, el Centro Democrático seleccionó a su candidata mediante un mecanismo interno controvertido; de otro, el Pacto Histórico se constituyó en el único caso en el que no solo se escogió la candidatura presidencial, sino también las listas al Congreso a través de un procedimiento participativo, consultando a sus bases y simpatizantes mediante voto popular.

La mayoría de los aspirantes al solio de Bolívar optó por inscribirse mediante la recolección de firmas, a pesar de pertenecer a partidos tradicionales —como Mauricio Cárdenas, David Luna o Gaviria—. Algunos buscaron respaldo ofreciendo sus propuestas como si fueran mercancía a los partidos para obtener su aval, como ocurrió con Juan Carlos Pinzón. En un caso particular, Enrique Peñalosa tuvo que acogerse al partido Verde Oxígeno, que ya contaba con candidato propio, justamente Pinzón, para poder aspirar.

Entre los grandes partidos —en términos de número de electores— cinco no participan directamente en la disputa presidencial por no tener candidato propio: Liberal, Conservador, Cambio Radical, Partido de la U y Alianza Verde. Esto confirma lo dicho anteriormente: la decadencia de estas estructuras políticas es evidente, y sobreviven principalmente gracias a la suma de votos que sus barones electorales logran en sus territorios, con la aprobación de las directivas.

Son partidos sin verdadera vocación de servicio público, pero con un marcado interés en asegurar curules en Senado y Cámara, donde se reparte gran parte del “botín” electoral: cargos, contratos, presupuestos y otras prebendas que el sistema político colombiano destina a la rama legislativa.

Consejo Nacional Electoral (CNE) y Registraduría del Estado civil. Son las dos autoridades rectoras del sistema electoral colombiano. El CNE ha mostrado desde hace tiempo serias debilidades que cuestionan su confiabilidad como árbitro en procesos de gran magnitud e importancia estatal.

Sus fallas comienzan en su misma constitución: está conformado por nueve “magistrados” con más vocación política partidista que independencia profesional. Son postulados por los partidos con mayor representación en el Congreso, y este los elige. Con frecuencia se trata de políticos que han quedado “quemados” en campañas anteriores y que son ubicados allí por sus jefes para defender intereses partidistas más que los de la Nación y el Estado.

Durante el presente proceso electoral, se han registrado numerosas actuaciones confusas, decisiones contradictorias y, lo más grave, faltas claras a la ética y al derecho. Algunos magistrados y conjueces, que debieron declararse impedidos por animadversión manifiesta hacia determinados candidatos o por conflictos de interés, actuaron de manera que perjudicó a los afectados. La dilación en la toma de decisiones ha sido otro sello de ineficiencia y falta de profesionalismo dentro del organismo.

La Registraduría del Estado Civil, aunque es un organismo eminentemente técnico, también ha sido objeto de denuncias por parte de partidos, candidatos e incluso del propio presidente de la República. No obstante, a nuestro juicio, es una institución más fácil de supervisar y controlar, gracias a la presencia de testigos electorales de todos los partidos participantes en las elecciones

Conclusión: Esta apretada síntesis de nuestro sistema electoral evidencia, una vez más, la urgente necesidad de revisar y reformar tanto el sistema electoral como el estatuto de los partidos en Colombia. Sin embargo, dado que este tema no interesa a los representantes del viejo establecimiento ni a la institucionalidad vigente, difícilmente encontrará mayorías en las cámaras legislativas para su aprobación, salvo que la izquierda logre obtener el control legislativo. Por ello, surge una razón de peso para considerar que solo a través de una Asamblea Constituyente sería posible abordar y corregir esta grave falla institucional que amenaza la democracia y el Estado de derecho en nuestro país.

Por eso, ¡tu voto cuenta el 8 de marzo de 2026!

Tolimeo

N.B. Esta epístola ha vuelto a ver la luz pública por petición de unos cuantos fieles lectores. ¡Gracias por la lealtad y paciencia!

Amable lector/a,

En esta época de despedidas y saludos de nuevo año, pienso que no estamos para celebraciones, sino más bien para reflexionar sobre lo que vivimos y viviremos en el futuro inmediato si no tomamos conciencia y actuamos para enderezar el rumbo errático que ha tomado la humanidad por voluntad del nuevo monarca del planeta tierra y su equipo imperial. No es tiempo de fiestas, sino de actuar de los hombres de buena voluntad en busca de salidas al desorden mundial que nos tiene presenciando en vivo y en directo escenas dantescas y de horror en algunos puntos en los cinco continentes.

Ese horror lo sintetizo en algunas cuestiones que, seguro estoy, en las circunstancias actuales no encontrarán respuestas prácticas que alivien tanto dolor y sufrimiento.

¿Cómo calificar este caos mundial en medio del desarrollo extraordinario de la ciencia y la tecnología?

¿Están la ciencia y la tecnología al servicio y beneficio de la humanidad, o son sólo otro medio más de poder y control económico, político y geopolítico de un minúsculo grupo de potentados?   

Cierto es que los imperios son sinónimo de hegemonía económica, política y social –incluida la cultura y la religión-, pero ¿éstos se rigen sólo por el capricho, la egolatría, la arbitrariedad y el interés personal del monarca que los lidera?

¿Puede un monarca en tiempos modernos arrogarse el derecho de desconocer otros que la humanidad ha logrado a base de luchas durante años –siglos- afectando el disfrute de los mismos a determinados sectores de la población mundial?

¿En dónde quedó el derecho positivo que hasta hoy regulaba las relaciones internacionales en el llamado concierto de las Naciones, y el sagrado derecho consuetudinario -parte sustancial del jus cogens– tan importantes y decisivos en momentos históricos de la antigüedad, la edad media y la modernidad?

¿Estamos ante un retroceso de los Derechos Humanos que, con no pocas luchas, héroes y heroínas, lograron avanzar para poner freno a la arbitrariedad y hacer las sociedades más incluyentes y justas, donde la diversidad étnica, de género, de cultura y credo, estrechaban vínculos de convivencia y confraternidad?

¿Dónde queda esa rama del Derecho Internacional Público que con tantas barreras y dificultades dio un paso de gigante en Río de Janeiro en 1992 –La cumbre de la tierra- para que todo lo relacionado con el medio ambiente y la naturaleza fuera clasificado y codificado como una parte vital de los Derechos Humanos?

¿Tiene hoy sentido, y contenido, tribunales como el Tribunal Internacional de Justicia (La Haya) y la Corte Penal Internacional (La Haya), creados por convenciones y tratados en el marco de las Naciones Unidas, si sus fallos poco o nada significan a los ojos del imperio y los Estados amparados por éste?

Estas son algunas de las preguntas mínimas y relevantes surgidas desde el 20 de enero del año que expira, con el segundo mandato presidencial de Donald Trump. Con su llegada al poder, el imperio norteamericano reactivó viejas doctrinas como la de Monroe —“América para los americanos”— y promovió otras teorías igualmente disparatadas y lesivas de derechos, tanto de sus propios ciudadanos —comunidades afrodescendientes, LGTB+ y otras— como de extranjeros, en particular los migrantes.

Asimismo, estas políticas han afectado incluso a Estados soberanos, según la afinidad o distancia ideológica de sus regímenes políticos con la Casa Blanca. Un ejemplo de ello son los infames y arbitrarios aranceles aduaneros, impuestos sin más fundamento que el capricho del presidente imperial.

Tan arbitrarias han sido algunas de las medidas adoptadas por el actual gobierno de Trump que, aunque no sirva de consuelo, sí ayuda a comprender su carácter inicuo: no solo el presidente colombiano ha sido víctima de su animadversión y perversidad. También lo han sido once magistrados y tres fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), quienes fueron incluidos en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿La razón? Haber iniciado una investigación y emitido órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por las atrocidades cometidas en la Franja de Gaza. Como consecuencia, estos magistrados y fiscales han sido condenados a una suerte de ostracismo moderno: se les ha impedido llevar una vida económica y social normal, al negárseles el acceso al sistema bancario, a Internet, a los viajes en avión y a otras condiciones básicas, en una serie de medidas tan absurdas como represivas.

¿Su único “delito”? Haber actuado conforme a la ley —el Estatuto de Roma—, una norma que no cuenta con el beneplácito del señor Trump. Esta sanción, dictada paradójicamente por quien sí ha sido procesado y condenado, podría incluso extenderse a toda la Corte Penal Internacional (véase El calvario de los sancionados por Donald Trump, El País digital, 21/12/2025).

Si la ignominia y el sufrimiento de miles de ciudadanos en el mundo provienen hoy del norte, de una potencia arrogante conducida por un empresario ególatra y soberbio, reciclado en político, cuyo único interés es el dinero y el beneficio —no para su país, como proclama, sino para el reducido grupo de multimillonarios que controla la economía y las finanzas del imperio y de buena parte del planeta—, no es menos grave la ignominia que emana de la pusilanimidad y/o indiferencia de la mayoría de los jefes de Estado y de gobierno de Europa.

Estos dirigentes se autoproclaman defensores de la democracia y de los derechos humanos, pero, tristemente, actúan a la sombra del soberano mayor, a quien temen y ante quien se inclinan incluso frente a las medidas más descabelladas y absurdas que adopta. El sufrimiento y la miseria del pueblo de Gaza, la tragedia de Yemen, de Ucrania, de Sudán del Sur y de otros pueblos oprimidos apenas generan, cuando mucho, discursos insulsos y vacíos de contenido.

Resulta igualmente doloroso constatar que el concierto de naciones, representado por organismos multilaterales como las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Liga de los Estados Árabes, entre otros, se ha convertido en mero espectador —cuando no en un séquito de aplaudidores— del amo y señor del mundo en que se ha erigido el presidente Trump.

Nadie reclama, y quien osa hacerlo queda expuesto a la férula imperial. Mucho menos se intenta hacer justicia frente a las ejecuciones extrajudiciales —que ya suman 104 víctimas— cometidas por el ejército estadounidense en el Caribe, frente a las costas venezolanas, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico de fentanilo, con el objetivo real de encubrir la verdadera ambición imperial: el control de las fuentes de energía que yacen en el vecino país bolivariano.

¿Es tiempo para celebrar? ¿Celebrar qué? ¿La intromisión e imposición del coloso del norte en las políticas internas de los países que son considerados de su órbita o su patio trasero? Entramos en un terreno que quizá muy pocos en nuestro país lo han considerado, o si lo han hecho ha preferido callar para no meterse en situaciones enojosas. Si Trump les ha metido la mano a las elecciones políticas en varios países latinoamericanos, el último Honduras donde fue declarado vencedor de los comicios el que dijo Trump, ¿acaso no podrá ocurrir los mismo en las nuestras de marzo, mayo y junio de 2026? 

Las fuerzas progresistas y democráticas de Colombia deberán prepararse, más temprano que tarde, para el ataque que llegará desde el norte, recurriendo al macartismo y a la instigación directa en la campaña presidencial de Iván Cepeda, hoy el candidato más sólido de la izquierda para la contienda de mayo en primera vuelta.

Pero la preparación deberá ser aún mayor si la izquierda logra repetir en el gobierno nacional. En ese escenario, será inevitable enfrentar los desaires, ataques e injerencias del reaccionario presidente republicano de Estados Unidos y de su adlátere Marco Rubio, sin descartar la imposición de sanciones de diversa índole.

Este panorama no es una ilusión ni una exageración. Es la deducción lógica de un conjunto de circunstancias reales que ya hemos vivido y frente a las cuales muchos de nuestros dirigentes prefieren actuar como el avestruz: esconder la cabeza para evadir el problema, en lugar de afrontarlo con lucidez y determinación.

Pero la situación puede ser aún peor si a la Casa de Nariño llega, por ejemplo, un ejemplar como el tigre que lidera a los patriotas del país, o la que dijo Uribe: las puertas del palacio presidencial y del resto del Estado le serán abiertas al amo del norte para que disponga a su guisa de los recursos y riquezas nacionales a cambio de alguna lisonja o asesoría para combatir el narcotráfico. No sería extraño ver a funcionarios de la DEA, la US Army y otras instituciones gringas despachar abiertamente en nuestro país y entrometerse en, por ejemplo, en la administración de justicia –la Fiscalía- ante la complacencia y beneplácito de las tres ramas del Poder Público.

Esa es la alternativa que nos espera si no tomamos las previsiones necesarias para evitarla. ¡Horroroso y conmovedor panorama nos espera a la humanidad!

El balance de la situación nacional, de este cuatrienio gubernamental se lo dejo al veredicto de las urnas, que sea el pueblo el que determine si valió la pena la experiencia primípara de la izquierda gobernando, o si, por el contrario, fue un fracaso y no debe repetirse. Como dice el presidente Petro: el pueblo es el soberano.

Amables lectores, esta Epístola de Tolimeo llega a su fin. Una conjunción de circunstancias han conducido a decidir suspenderla, no sé si de manera temporal o definitiva. Gracias a todas y todos los que durante este lustro de publicación tuvieron la paciencia de leerla y algunos aportar comentarios valiosos que siempre se recibieron con agrado de mi parte.

No obstante, el panorama horroroso y asombroso descrito en esta última epístola, les deseo lo mejor en 2026 y que mis pronósticos no pasen de ser la impresión de un pesimista que no se cansa de observar la dura realidad que atraviesa la humanidad.

Hasta siempre,

Tolimeo

La Flor, San Luis, Tolima

Diciembre 2025

P.S. A los amantes del llamado rey de los deportes, el fútbol, les corresponderá intentar disfrutar del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, con subsedes en Canadá y México, un torneo en el que el negocio y el espectáculo primarán sobre el juego mismo y sobre los campos deportivos. En este evento ya ha puesto su mano el nuevo amo del planeta, ante la genuflexión del señor Gianni Infantino, amo de la FIFA, más preocupado por el poder y el lucro que por el espíritu deportivo.

La indiferencia ante el genocidio del pueblo de Gaza es complicidad.

Amable lector/a,

Digámoslo claramente desde el inicio: el narcotráfico se ha convertido hoy en el argumento central que utilizan los gobiernos de los Estados Unidos para justificar su injerencia en los países productores de hoja de coca o de cocaína, así como en aquellos que, por su posición geográfica, sirven de puente en el tráfico internacional de este alcaloide ilegal. Ayer fueron las guerrillas, antes el llamado “comunismo internacional”; hoy, la bandera es la lucha contra las drogas.

Sin embargo, es evidente que se trata de un pretexto, más que de una verdadera política de seguridad nacional, como suele afirmarse desde Washington. La intervención se aplica o se omite según convenga a los intereses del gobierno de turno en ese país, o según los objetivos estratégicos de Estados Unidos en su llamado “patio trasero”, es decir, América Latina.

Si ayer fue Venezuela —y aún continúa siéndolo—, pese a no producir hoja de coca ni cocaína, y sin que exista evidencia concluyente de que sea un eje fundamental del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, pero sí poseedora de inmensas reservas de petróleo y gas hoy aprovechadas por China, ahora el turno ha recaído sobre nuestro país. Es cierto que en Colombia existen cultivos de coca y que somos el principal productor de cocaína en el mundo; sin embargo, detrás de esta acusación se oculta un trasfondo político y geopolítico de enorme importancia para el poder imperial.

A escala internacional ya se ha reconocido el fracaso de la llamada “guerra contra las drogas”, iniciada hace más de medio siglo por Richard Nixon. Esa guerra ha sido, y seguirá siendo, un pretexto, no un asunto genuinamente relacionado con la tan mencionada “seguridad nacional” de los Estados Unidos, como alegan sus gobiernos. Se trata más bien de un instrumento de presión para castigar o disciplinar al presidente de Colombia —o a cualquier mandatario latinoamericano— que se atreva a apartarse de las directrices del imperio, dejando de ser uno más entre los gobernantes sumisos que históricamente han aceptado la tutela de Washington.

Si la seguridad nacional de Estados Unidos hubiera estado realmente amenazada por el narcotráfico, en estos cincuenta años de importación y consumo de cocaína su orden político, jurídico, social o económico ya habría colapsado. (No mencionamos la ética, pues es evidente que no ocupa un lugar relevante en la política exterior del coloso del norte.)

Hoy, lo que sí está resquebrajando la democracia y la vida política de Estados Unidos es el autoritarismo y la arbitrariedad del actual ocupante de la Casa Blanca, y no las acciones u omisiones del gobierno colombiano. Y si el comercio de drogas ilegales fuese verdaderamente un problema prioritario para Washington, ya habría actuado con igual severidad contra Ecuador, que desde hace al menos cinco años se ha convertido en un corredor clave para el tráfico aprovechando su acceso al océano Pacífico compartido con Colombia.

¿Por qué no interviene allí? La respuesta es simple: porque su actual presidente es políticamente afín a sus intereses y orientación ideológica. Es decir, es de derecha.

En la actualidad, Donald Trump no actúa en defensa de los intereses del Estado norteamericano, sino movido por impulsos de carácter egocéntrico y megalómano. Con ello desconoce abiertamente el derecho internacional, el multilateralismo y los principios de convivencia pacífica entre las naciones. Su arbitrariedad y su sentido desmesurado de poder parecen llevarlo a creer que se encuentra por encima del bien y del mal y, lo más grave, por encima de la ley, incluida la de su propio país.

Esta actitud de soberbia le impide concebir la posibilidad de que alguien contraríe sus decisiones; y cuando esto ocurre, su reacción es la imposición, intentado someter a quienes él considera adversarios bajo su férula de poder. No es este el espacio para profundizar en los elementos psicológicos o históricos que podrían explicar tal conducta. Sin embargo, es inevitable advertir que comportamientos de esta naturaleza, en otros momentos de la historia, han conducido a graves amenazas para la humanidad, cuando líderes convencidos de su propia infalibilidad arrastraron a sus pueblos —y al mundo— hacia episodios de violencia y destrucción.

Este, y no otro, es el riesgo real que enfrentamos hoy: el peligro de que el personalismo autoritario sustituya los principios del derecho y la diplomacia, poniendo en entredicho la estabilidad y la paz internacionales.

Las medidas agresivas, represivas y arbitrarias adoptadas por la Casa Blanca y los Departamentos de Estado, Justicia y Tesoro contra el presidente Gustavo Petro deben entenderse en este marco. Bajo el pretexto de la defensa de la seguridad nacional frente al avance del narcotráfico, lo que realmente está en juego es el castigo a un mandatario que ha decidido no someterse a los dictados del poder imperial. La acusación de delincuencia y liderazgo del narcotráfico, y su inclusión en la lista OFAC (también conocida como lista Clinton), no constituyen más que un acto de represalia política y personal por parte de Trump contra el presidente colombiano.

Dicha medida, desproporcionada y carente de sustento, se explica porque Gustavo Petro ha cuestionado abiertamente políticas norteamericanas que afectan la dignidad humana: el apoyo al genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, la criminalización de la migración, la imposición arbitraria de aranceles a otros Estados y, en general, el ejercicio de una diplomacia basada en la imposición y no en el diálogo.

Nada de esto ha tomado en consideración que Gustavo Petro fue elegido democráticamente —su triunfo en junio de 2022 jamás ha sido puesto en duda— y que, por tanto, es el legítimo representante del Estado colombiano ante la comunidad internacional. Como tal, goza de la inmunidad que el derecho internacional reconoce a los jefes de Estado y de gobierno de países soberanos. En consecuencia, cualquier acción —especialmente si es ilegal— dirigida contra el presidente Petro afecta directamente al Estado colombiano y, por extensión, a toda su sociedad.

Como lo expresó el diario El Espectador en su editorial del 26 de octubre de 2025: “Estamos presenciando una agresión contra un país entero por decisiones tomadas democráticamente”.

Cuando Trump califica al presidente colombiano como “líder del narcotráfico”, además de incurrir en un exabrupto inadmisible, lanza una acusación que no resiste el menor análisis. Gustavo Petro ha sido, a lo largo de su trayectoria política, una de las voces que más abiertamente ha denunciado el narcotráfico en Colombia, así como los vínculos entre las mafias y ciertos sectores políticos, articulados a través del paramilitarismo. Su vida pública ha estado marcada precisamente por la confrontación de ese fenómeno, que tanta violencia y dolor ha causado en nuestro país.

Si revisamos su acción de gobierno, su política frente a las drogas ilícitas, aunque introdujo cambios en relación con administraciones anteriores, se sigue basando en la prohibición y en la represión de cultivos, producción y comercio. Su propuesta de “paz total” busca abordar el problema desde vías no violentas y con una visión integral, pero siempre dentro del marco del combate al narcotráfico. Podrá discutirse si esta política ha sido efectiva o no, y es legítimo disentir o criticar sus resultados; sin embargo, una cosa es considerar que no se han alcanzado plenamente sus objetivos y otra muy distinta es afirmar que exista connivencia con el negocio ilegal.

Confundir el debate sobre la eficacia de una política pública con una acusación de participación en el delito constituye una manipulación grave. No es lo mismo cuestionar un programa de gobierno que convertir al jefe de Estado en cómplice o promotor del tráfico de drogas. Lo primero forma parte del debate democrático; lo segundo es una falsedad deliberada que busca deslegitimarlo y castigarlo políticamente.

No se trata aquí de suavizar ni de ocultar la relación abiertamente tensa y confrontativa entre los presidentes Trump y Petro. Es cierto que nuestro presidente, en algunas ocasiones, ha sobrepasado las formas que se esperan de un jefe de Estado; sin embargo, esto no le resta legitimidad ni validez a sus denuncias frente al poder imperial. Sus señalamientos cuentan con respaldo histórico, político y jurídico. Su “falta” no es la insolencia, sino la dignidad: la solidaridad con un pueblo sometido a uno de los peores atropellos de nuestro tiempo —el genocidio contra el pueblo palestino— y la defensa de la dignidad de la nación colombiana frente a la imposición externa.

Todo lo dicho hasta aquí puede parecer evidente para quien observe con atención los hechos. Pero lo verdaderamente preocupante —y doloroso— es la actitud de un sector minoritario de compatriotas que, contando con gran poder económico y mediático, actúan en contra de los intereses nacionales y se alinean sin reservas con el poder estadounidense. Su postura, en palabras de una columnista, no es simplemente oposición política: constituye un acto de franca deslealtad hacia su propio país. De ahí el término que se les ha atribuido: Anticolombianos. https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cristina-nicholls/anticolombianos/

Resulta sombrío y vergonzoso constatar que aquellos personajes que hoy se muestran obsecuentes y alineados con la política imperial son los mismos que durante décadas gobernaron este país. Pretenden volver a hacerlo como siempre: tratando a Colombia como una hacienda propia, donde la población no es más que mano de obra destinada a garantizar el incremento de sus privilegios, sin importar el destino de la mayoría de los colombianos y colombianas.

Cabe preguntarse: ¿puede considerarse colombiano alguien como Bernardo (Bernie) Moreno, senador republicano en los Estados Unidos – conservador de línea ultramontana – que impulsa iniciativas para castigar al país del cual proviene? ¿Puede llamarse patriotas a quienes, como algunos aspirantes presidenciales – De la Espriella, Pinzón, Cabal y otros – afirman sin reparo que, de llegar al poder, se plegarían a las órdenes de Trump y su gobierno? Si quienes aspiran a dirigir la nación se comprometen abiertamente a servir intereses extranjeros en detrimento de los propios, ¿qué proyecto de país representan?

No exageramos al decir que, de prolongarse esta actitud de subordinación, el futuro de Colombia quedaría en manos de quienes actúan como servidores de intereses ajenos. Llamarlos cipayos o lacayos —términos recogidos en los diccionarios para designar a quienes sirven a un poder extranjero en contra de su propio pueblo— no es una metáfora, sino una descripción.

Nuestro compromiso con una sociedad más justa y verdaderamente democrática, o nuestra indiferencia, se reflejará en las elecciones de 2026. Del discernimiento y responsabilidad de cada ciudadano dependerá el rumbo de la Nación.

Lección de democracia

La consulta realizada el pasado 26 de octubre por el Pacto Histórico —presentada bajo el nombre del Polo Democrático por razones estratégicas—, además de su resultado exitoso con la elección de Iván Cepeda Castro como candidato presidencial, dejó una enseñanza inédita y valiosa para la vida política nacional. Por primera vez en la historia del país, fue la ciudadanía quien eligió de manera directa a las y los candidatos que conformarán las listas paritarias al Congreso —Senado y Cámara de Representantes—, y no el “bolígrafo” de los jefes tradicionales de los partidos.

Esta práctica contrasta abiertamente con los procedimientos utilizados durante décadas por sectores del viejo establecimiento, donde líderes como Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras, César Gaviria y otros dirigentes de la derecha y la oligarquía colombiana, han decidido a dedo las candidaturas, llegando incluso a avalar personajes con antecedentes criminales, como ocurrió con Kiko Gómez en La Guajira, avalado por Cambio Radical.

La izquierda democrática del país ha demostrado, una vez más, su vocación participativa, plural y abierta. Mientras tanto, los partidos tradicionales parecen aferrarse a prácticas que privilegian intereses particulares sobre la voluntad popular.

Esta consulta representa, sin duda, una lección de democracia: la política puede construirse desde abajo, con la participación real del pueblo y no desde las cúpulas del poder.

Hasta pronto,

Tolimeo

San Luis, Tolima, noviembre 2025

P. S. Era previsible que el acuerdo de los veinte puntos “alcanzado” entre Trump y Netanyahu para detener el genocidio contra el pueblo palestino no respondiera realmente a la intención de poner fin al sufrimiento de una población indefensa. Para Trump, dicho acuerdo buscaba más bien proyectar su imagen y acercarse al Premio Nobel de la Paz; y, por su parte, el primer ministro israelí jamás tuvo la voluntad de cumplirlo. La reciente ofensiva militar, que dejó más de cien muertos en la última semana de octubre, es una prueba contundente de ello.

¡Mucha hipocresía!

Álvaro y Miguel son dos hermanos campesinos que conozco desde su adolescencia. De entonces ha transcurrido medio siglo dedicado a labores agropecuarias, en especial la producción de piña -de un sabor sin igual- y a tener unas cuatro o cinco vacas de leche. Esta semana, Miguel vino a mi casa para pesar un toro que piensa vender, como hace cada tres años, para pagar —ya sea al capital o a los intereses— el crédito que mantiene desde los tiempos de la desaparecida Caja Agraria, hoy con el Banco Agrario. Sí, siempre lo mismo: cincuenta años trabajando de sol a sol para pagar un crédito eterno que nunca los ha sacado de la vida modesta que llevan, apenas mejorada un poco gracias a la ayuda de sus hijos…

Amable lector/a, esta historia podría multiplicarse por miles: hombres y mujeres del campo colombiano que trabajan la tierra con más dificultades que satisfacciones, cargando sobre sus hombros un esfuerzo que se repite desde hace generaciones en todo el país. Es como una sierra sin fin.

Hace ya tres lustros decidí irme a vivir al campo, por razones de salud. Esa experiencia me ha permitido conocer de cerca la vida campesina, con sus preocupaciones y desvelos —éstos más visibles que las alegrías y el bienestar—, en hogares rurales de escasos recursos. Hoy puedo dar testimonio directo de la producción agropecuaria y alimentaria, al menos en la región donde resido. Este conocimiento, fruto de la observación cotidiana del entorno, me ha llevado a la convicción de que, por ahora, el futuro del campesino de base —de los hombres y mujeres pobres que apenas logran producir para subsistir— no se presenta nada promisorio, ni a corto ni a mediano plazo.

Quisiera ser optimista respecto a los beneficios reales que las nuevas disposiciones constitucionales y legislativas —como la que reconoce al campesino como “sujeto especial de derechos”— puedan aportar de manera efectiva a la población rural. Sin embargo, hasta ahora, la cotidianidad de este sector poco o nada ha cambiado.

Esta nueva condición de “sujeto especial de derechos”, con el perdón de los expertos en la materia, podría incluso convertirse en un bumerán, pues corre el riesgo de dividir más que unir al pueblo colombiano y de generar diferencias más perjudiciales que alentadoras para quienes ya viven en condiciones difíciles. Surgen preguntas inevitables: ¿quién y qué criterios determinan que una persona tenga la condición de campesino? ¿Qué beneficios directos —sin trámites burocráticos ni intermediarios— recibirá el paisano común? Recordemos que la Constitución de 1991 otorgó el reconocimiento que merecían las minorías étnicas indígenas, afrodescendientes y raizales. No obstante, la llamada discriminación positiva y la representación política de estas comunidades en el Congreso se han degradado con el tiempo: se convirtieron, en muchos casos, en un modus vivendi para ciertas organizaciones y líderes que han negociado —vendido o manipulado— este privilegio en beneficio de personas ajenas a los pueblos que dicen representar. Con el nuevo estatus del campesino como “sujeto especial de derechos”, cabe preguntarse: ¿cuántos “Polo Polo” surgirán ahora, elegidos para representar comunidades que poco o nada conocen? Porque, aunque poco se hable de ello, la compra y venta de curules afrodescendientes ha existido desde el mismo día en que fueron creadas.

Las organizaciones gremiales que afirman representar y defender los intereses del campesinado —como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), entre otras—, en realidad no vinculan ni mucho menos defienden a los campesinos pobres, a los pequeños productores agropecuarios.

De los acuerdos y convenios que estos gremios suelen celebrar con los gobiernos tras los paros —como los de los últimos años protagonizados por los pequeños (¿?) y medianos arroceros, o por los cultivadores de papa—, nada o casi nada ha llegado en beneficio del pequeño aparcero. La realidad es que este sigue sometido al intermediario, que le paga veinte mil pesos por un bulto de 70 kilos de limón Tahití, mientras en el supermercado se vende a dos mil quinientos o tres mil pesos la libra; o le compra la ahuyama a doscientos cincuenta o trescientos pesos el kilo, cuando en el comercio se ofrece a mil doscientos la libra.

Para colmo, Postobón —la gran empresa nacional de bebidas gaseosas y refrescos— pagó en la región la cosecha de mango del pasado diciembre a cuatro mil pesos el guacal de 30 kilos. Deprimente, por no decir indignante. Lo mismo ocurre con el aguacate, el plátano cachaco o popocho y otras frutas.

¿Y qué decir del precio que se paga al campesino por la leche directamente en la finca? ¿Qué fue del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema, que en otros tiempos garantizaba la sustentación de los precios al productor? ¿Qué gobierno decidió suprimirlo?

Sí, estimado/a lector/a, quizá este texto parezca un memorial de agravios, pero no hay otra forma de describir la realidad —o sí, podría haberla, pero sería aún peor. La pandemia del coronavirus, por ejemplo, dejó al descubierto la dura situación del campesino pobre en Colombia: las ayudas y auxilios del gobierno nacional, así como de las autoridades locales y regionales, fueron tan exiguos como ineficientes. Al menos así ocurrió en la vereda donde este observador reside: no llegó siquiera una botella del gel antibacterial que tanto se publicitó, ni un mercado o algún tipo de ayuda para los hogares con niños y ancianos, que debieron soportar con estoicismo esa dura experiencia mundial. Ni siquiera los llamados “días sin IVA” beneficiaron al campesino humilde, pues la exención no incluyó productos hoy indispensables para las labores cotidianas del campo, como las guadañadoras —reemplazo indiscutible del azadón y el barretón—.

Conviene recordar que, durante aquel periodo aciago e incierto para la humanidad, el campesino nunca dejó de servir la mesa de los citadinos. Sin embargo, se perdió una valiosa oportunidad para que él, que vive en condiciones precarias, pudiera beneficiarse con descuentos reales en insumos esenciales para la labranza, como abonos, productos fitosanitarios o incluso simples grapas, tan necesarias para el mantenimiento diario de las cercas en potreros y huertas.

¿Será posible que en un futuro cercano el campesino cuente con un documento que lo acredite como tal y le permita acceder a un comercio más justo y equitativo? ¿Llegará el día en que la tan anhelada reforma agraria se materialice como debe ser, y no como hasta ahora, obstaculizada por los intereses egoístas de los grandes propietarios de tierra —una minoría ínfima en número, pero poderosa en lo económico y en lo político— que la han frenado desde 1936?

Si al menos, mientras eso ocurre, el campesino pobre tuviera acceso a un mecanismo público que garantizara precios de sustentación durante las cosechas; si existieran verdaderas centrales de acopio donde pudiera depositar sus productos perecederos —pues hoy él es el único que asume las pérdidas cuando las cosechas se arruinan por sequías o inundaciones—; si las vías terciarias fueran realmente vías y no trochas intransitables para sacar sus productos al mercado…

Basta ya de campañas coyunturales de corte populista, como los esporádicos “mercados campesinos” en las ciudades o la llamada “naranjetón” que promueven las autoridades de mi departamento y su capital. Estas iniciativas, por bienintencionadas que parezcan, no garantizan una mejora real ni sostenible en la vida de los productores del campo.

Las condiciones de vida del campesino pobre son, en general, deplorables en casi todos los aspectos: materiales y espirituales. Las carencias en educación, salud, esparcimiento y cultura son profundas y persistentes.

Lo que aquí se describe no corresponde a una población rural atrapada actualmente en medio del conflicto armado, sino a una región que, hace ya dos décadas, logró dejar atrás la angustia provocada por la breve pero devastadora presencia del paramilitarismo, importado de otras zonas con la complicidad de ciertos políticos locales.

El lector podrá imaginar lo que sucede, entonces, en aquellas regiones que siguen hoy atravesadas por toda clase de violencias, ante la mirada impotente o indiferente de los representantes del Estado —no sólo del poder Ejecutivo—, cuya ausencia histórica ha sido casi absoluta. Y cuando por fin hacen presencia, suele ser a través del aparato represivo, no mediante el apoyo técnico, científico o social que necesita esta población que, aunque muchos no lo reconozcan, constituye el soporte vital de la nación.

Es hora de que en las ciudades se tome conciencia de esta dura realidad que viven nuestros hermanos y hermanas campesinos.

….

Breves: Preguntas sin respuestas y crímenes sin condena ni sanción

• ¿Qué autoridad jurídica o moral tienen los Estados Unidos para certificar o descertificar a otro Estado en materia de lucha contra el narcotráfico, cuando ese país es, precisamente, una de las principales causas del problema por ser el mayor consumidor de estupefacientes del mundo?
• ¿Sobre qué base jurídica –convención o tratado bilateral o multilateral- los Estados Unidos condena otros Estados por violaciones a los derechos humanos cuando éste no es Parte de ningún instrumento internacional sobre la materia?
• ¿Cómo Donald Trump pretende aspirar al Premio Nobel de la Paz suprimiendo el aporte de los Estados Unidos al Departamento de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas y quita la ayuda humanitaria de la potencia americana a los países pobres del mundo?
• ¿Cómo pretende Donald Trump ser Nobel de la Paz auspiciando el genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino?
• ¿Acaso no es una ejecución extrajudicial la que cometió el presidente de los Estados Unidos ordenando bombardear una lancha en aguas del Caribe, pues lo lícito hubiese sido la detención de los presuntos narcotraficantes que iban en la mencionada lancha para investigarlos y juzgarlos y, dado el caso, condenarlos con base en una ley penal previamente establecida?
• ¿Acaso el apoyo y financiación incondicional de Donald Trump al gobierno genocida de Israel no lo hace coautor del genocidio que aquél está cometiendo contra el pueblo palestino?
• ¿No podría considerarse traición a la patria que el expresidente de Colombia Andrés Pastrana le solicite a una potencia extrajera sancionar a su propio país?

Tolimeo

San Luis, Tolima,

El ataque a la Global Sumud Flotilla perpetrado en aguas internacionales constituye un nuevo acto de piratería por parte del Estado de Israel, una enésima violación del derecho marítimo y del derecho internacional. El silencio cómplice de la comunidad internacional alimenta esta impunidad insoportable y consagra el desprecio de un Estado hacia el derecho, la justicia y la humanidad en su conjunto.

Amable lector/a,

Vivimos en un país frenético y convulsionado, sobre todo en lo relacionado con la seguridad, el orden público y la crónica roja. Lo que ayer parecía un hecho extraordinario, hoy deja de sorprender, y lo que hoy conmociona, mañana será historia.

En Colombia ocurren a diario situaciones que uno piensa son el colmo, imposibles de superar; sin embargo, para desgracia nuestra, siempre aparece algo peor. Los sucesos que ayer causaron sorpresa, indignación, risa o tristeza, pronto se olvidan. Esto sucede aún más cuando las conveniencias políticas y sociales de algunos sectores de poder atenúan el impacto social y político que han producido.

Cuando me disponía a abordar tres temas que considero fundamentales para la vida nacional —la salud de los colombianos, los herederos del poder político (los llamados delfinazgos) y el control fiscal de los recursos que ingresan al Estado en sus tres niveles (nacional, regional y local) por concepto de condenas, multas y otras imposiciones derivadas de la justicia y de la administración pública—, dos acontecimientos acapararon y aún mantienen la atención nacional: la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez (AUV) y el atentado, seguido del fallecimiento, del político y senador del Centro Democrático (CD), Miguel Uribe Turbay.

Ambos hechos merecen comentario por su indudable impacto político y porque sería un error permanecer indiferente ante sucesos que pueden marcar el rumbo de nuestra nación en el corto plazo.

– Juicio y condena del expresidente AUV. Sobre este caso judicial ya se ha dicho y escrito mucho. Los expertos lo han abordado con argumentos jurídicos, mientras que la mayoría de las opiniones provienen más bien de simpatías o antipatías hacia el expresidente, figura central en la vida política del país durante los últimos veinticinco años.

Como hemos señalado en otras notas, poco hay que añadir al juicio y a la condena en primera instancia, pues se presume la legalidad, idoneidad, probidad e imparcialidad de la jueza que lo dirigió y decidió. Corresponderá ahora a jueces de mayor jerarquía dar la última palabra en este proceso.

Lo que sí vale la pena destacar es que, por ignorancia o mala fe, algunos han descontextualizado el caso judicial, dándole fines ajenos a la buena marcha de la justicia en Colombia.

i) El Centro Democrático (CD) ha construido un escenario político-electoral sobre la idea de que a su jefe fundador se le realizó un juicio político, una persecución orquestada por el “neo comunismo” —en palabras de AUV— y por una rama judicial supuestamente controlada por la izquierda. Un argumento tan peregrino como descabellado.

Es cierto que el proceso penal tuvo un origen político, pues nació del debate de control en el Senado promovido por Iván Cepeda sobre el paramilitarismo en Antioquia durante la gobernación de AUV. Y, sin duda, todo lo que rodea a un líder de semejante influencia nacional tiene inevitablemente connotaciones políticas, aunque hoy su figura esté en declive.

Pero de ahí no se desprende que se trate de un juicio político ni de una persecución política. Lo que hay es un proceso de derecho penal ordinario contra un ciudadano, acusado y condenado por dos delitos comunes tipificados en el Código Penal, sin relación alguna con delitos políticos como la rebelión o la sedición.

Se trata de delitos graves, pues constituyen un atentado directo contra la administración de justicia. Lo demás es falacia: estamos ante una persecución judicial, sí, pero entendida como la acción propia y necesaria de la justicia cuando alguien comete un delito.

ii)  No nos llamemos a engaño: aunque AUV fue condenado en primera instancia —sentencia que el Tribunal Superior de Bogotá puede ratificar o revocar en apelación—, todo indica que el caso terminará por prescripción de los delitos, con la consecuente libertad del condenado. Así lo prevé la ley de procedimiento penal.

En efecto, si en octubre el proceso no ha alcanzado la calidad de cosa juzgada, los términos legales se habrán vencido y los delitos se extinguirán. De ocurrir esta eventualidad, lo único que quedará será la convicción, mayoritaria en la sociedad, de que el expresidente sí es responsable penalmente. Y no solo de estos dos delitos, sino también —según muchos— de otros aún más graves, aunque la ley lo “blanquee”.

La certeza de su culpabilidad permanecerá en la memoria del pueblo, porque al menos en una, y quizás en dos instancias judiciales, se habrá demostrado su responsabilidad como autor de esos delitos.

iii) Este caso judicial dejó en evidencia la doble moral y el doble rasero de la élite de derecha en Colombia. Cuando la justicia les favorece, hay que defenderla; pero cuando les resulta adversa, dejan de considerarla válida y la tildan de corrupta, persecutoria o de simple arma política en manos de sus adversarios.

Hasta aquí, podría decirse, la reacción no sorprende demasiado: casi cualquiera responde así ante un fallo en contra. Pero el asunto adquiere otra dimensión cuando se trata de un expresidente de la República y de sus conmilitones en el Congreso —senadores y representantes, entre ellos cuatro aspirantes a la presidencia— que no han parado de atacar a la justicia y de descalificar a la jueza que, con valentía, actuó conforme a derecho frente a la presión del poder político y económico.

Lo más insólito y degradante, sin embargo, fue su comportamiento en el escenario internacional. Un exmagistrado de la Corte Constitucional lo resumió con toda claridad: “¿Cómo es posible que, por cuenta de la polarización y contra la soberanía del Estado colombiano, algunos compatriotas acudan a ministros, congresistas y funcionarios extranjeros para que desconozcan sentencias judiciales colombianas y propongan o adopten medidas contra el país?” —José Gregorio Hernández, Pensemos en Colombia, El Tiempo, 16/08/2025 (énfasis añadido).

-El atentado y muerte del senador Miguel Uribe Turbay. El atentado que costó la vida a este político y precandidato presidencial del CD —un hecho lamentable que, hay que decirlo con contundencia, no beneficia a nadie y solo genera más zozobra y desconfianza en el país— dejó en evidencia la actitud de la élite colombiana.

En cada comunicado y entrevista, los políticos de los partidos del establecimiento, ese que se resiste a desaparecer, llamaron a la paz y a bajar el tono de la confrontación política. Paradójicamente, muchos de ellos fueron los mismos que se opusieron al acuerdo de paz en el plebiscito de 2016. Y, como si fuera poco, tras esos llamados a la concordia terminaban responsabilizando a la “otra orilla” de la polarización y del odio, como si no hubieran sido ellos mismos quienes han intoxicado durante años el ambiente nacional.

Como en otros episodios similares de tiempos recientes, la élite mostró su talante excluyente y convirtió las honras fúnebres en una tribuna política. En lugar de duelo, se desplegó la más eficaz arma de estos tiempos: el odio y la descalificación del adversario. Incluso el padre del senador asesinado dejó de lado el dolor filial para ofrecer las banderas de su hijo caído como plataforma electoral.

El discurso más agresivo lo protagonizó, cómo no, el jefe del partido del senador abatido. Sin prueba alguna —muy propio de su estilo—, acusó directamente al presidente Petro de ser el determinador del crimen. Y, para que no quedara duda de su encono, desconoció en plena ceremonia religiosa el genocidio político de la Unión Patriótica, con el cinismo de afirmar que en sus gobiernos había protegido a ese partido y a los derechos humanos.

De los tres días de homenajes y duelo, quizá lo más notorio fue la hipocresía de las clases dominantes. El ejemplo más grotesco lo dio nuevamente el expresidente AUV, quien llegó al extremo de llamar “hipócrita” al expresidente JMS solo por asistir al velorio y presentar condolencias a la familia. En contraste, las palabras más sinceras fueron las de la viuda, que con cordura pidió justicia, pero rechazó que la muerte de su esposo sirviera de pretexto para nuevos actos de violencia.

Pese a ello, resultó desconcertante que la propia familia de Miguel Uribe Turbay pidiera al presidente de la República y a su gabinete no asistir al funeral. Se proclama paz, pero no con todos. Somos, aún, dos Colombias.

En este, como en tantos episodios de nuestra historia, abundan los discursos que culpan a la violencia de todos los males. Pero casi nadie se pregunta por qué surge esa violencia, de dónde viene, quién la alimenta o cómo erradicarla.

Tampoco se osa —aunque muchos lo sepan— asociar la violencia con sus verdaderas raíces: la desigualdad y la exclusión, los privilegios de unos frente a las carencias de otros, la opulencia de pocos junto al hambre de muchos, la riqueza concentrada frente a la falta de oportunidades en educación, salud y empleo para las mayorías nacionales.

Se habla para la tribuna, para la ocasión, para aparentar que se cumple con un deber. Pero en el fondo, el orador sabe que no convence a nadie. Mucho menos a los nadies.

Nota aparte: los grandes medios de comunicación

El comportamiento de los grandes medios también merece comentario. Durante tres días —desde la noticia del deceso del senador hasta su funeral— dedicaron la mayor parte de sus páginas y emisiones a este suceso. Se volcaron a enaltecer las calidades humanas y cívicas del difunto, a magnificar su trayectoria y a presentarlo como un líder de talla histórica. Poco o nada se dijo de que era, en realidad, un delfín político, catapultado por un exalcalde de Bogotá y luego convertido en el senador más votado de la legislatura gracias a ocupar el primer renglón de la lista cerrada del CD, por imposición directa de su jefe-fundador.

Algunos comentaristas llegaron al extremo de compararlo con Luis Carlos Galán e incluso con Jorge Eliécer Gaitán. Mientras tanto, otras noticias y problemas de interés nacional fueron relegados a un segundo plano. Ejemplo claro: RCN y Caracol transmitieron sus noticieros desde el Capitolio Nacional, donde reposaba en cámara ardiente el féretro del senador asesinado. No hubo disimulo: primero está la noticia que beneficia al poder económico y a la élite; lo demás, si queda tiempo o espacio.

Esa cobertura es otra muestra del sesgo y la falta de imparcialidad de la gran prensa colombiana. Aun así, el periodismo de élite no duda en quejarse del presidente Petro porque éste los critica y señala justamente por esa parcialidad.

Para que no se interprete como un sesgo del autor de estas líneas, invito al lector a revisar la columna del caricaturista y periodista Vladdo: “Más sensatez, menos veneno” (El Tiempo, 13/08/2025).

Hasta pronto,

Tolimeo,

San Luis, Tolima, agosto de 2025

La indiferencia ante el genocidio del pueblo palestino también es complicidad