Inquietudes y opiniones sobre Locombia

La reforma a la salud ha servido para que algunos políticos y comentaristas vean en ella sólo ideología. ¿Acaso las leyes son neutras, no tienen un contenido ideológico?

Con la presentación por el gobierno del proyecto de ley al Congreso de la República (13/02/23), con el cual pretende reformar –cambiar- el régimen prestacional de la salud en el país, éste llega al espacio natural para ser debatidos sus pro y sus contras políticos, jurídicos, económicos, médicos, sociales, fiscales y administrativos. Sin embargo, desde mucho antes, sin conocerse su contenido, ya se comentaba en diferentes escenarios nacionales, en particular en los medios de comunicación, las redes sociales y ahora, como parece, en la calle y la plaza pública, lugares escogidos tanto por el gobierno como por la oposición para apoyarla o para reprobarla, … en fin, es a partir de ahora que comienza el verdadero debate en el seno del legislativo y es de allí donde saldrán los resultados.

La reforma a la salud ha servido para que algunos políticos y comentaristas vean en ella sólo ideología. ¿Acaso las leyes son neutras, no tienen un contenido ideológico? En efecto, en la crítica los dirigentes políticos huérfanos del poder y los comentaristas partidarios del régimen que se pretende cambiar han recurrido a interpretaciones amañadas, quizá unos por ignorancia, otros de mala fe, para mostrar la inconveniencia o el error del gobierno nacional con el modelo con el que pretende cambiar el sistema de salud actual.

Calificando de ideologizado el proyecto gubernamental, sus detractores quieren vender la idea que el país se encamina hacia un sistema comunista o socialista y, por lo mismo, hacia el fracaso visto en otros países vecinos –Venezuela, por ejemplo-; por tanto, debe detenerse a como dé lugar este riesgo. Mencionemos sólo tres botones de lo que afirmamos: El exvicepresidente Germán Vargas Lleras en una de sus columnas en el diario de mayor circulación nacional arremete desde su título y subtítulo contra la citada reforma: La salud es lo de menos. Lo que tenemos que reconocer nuevamente es que esta reforma está contagiada de ideología. (https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-la-salud-es-lo-de-menos-737618 ). En el artículo expresa cuál es el error del gobierno con la pretendida reforma: Lo que no gusta es que haya empresas privadas involucradas en la prestación de servicios de salud; lo que no les gusta es que pueda derivarse alguna utilidad económica de esta actividad; lo que no gusta, en últimas, es que no sea el Estado el único administrador, gestor y responsable de la salud en el país. (Subrayado fuera de texto).

Por su lado, el exministro Mauricio Cárdenas Santamaría, en el mismo diario y con el mismo sentido de Vargas Lleras, titula su columna del 04/02/23 ¿Evidencia o ideología? (https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-cardenas-santamaria/evidencia-o-ideologia-columna-de-mauricio-cardenas-739264). Este énfasis ideológico de la reforma de la salud desconoce, según él, los aspectos científicos, técnicos, estadísticos, médicos y financieros entre otros de la misma y vaticina que terminará mal esta apuesta gubernamental. Del mismo tenor es la más reciente columna de Juan Lozano en el mismo medio: Ideologizada, arrogante e injusta (https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/juan-lozano/columna-de-juan-lozano-ideologizada-arrogante-e-injusta-743469). Sus  afirmaciones se apoyan en una entrevista del presidente del Senado y miembro del Pacto Histórico –coalición de gobierno- porque éste contradice a la ministra de Salud. Otros comentaristas, el último Álvaro Uribe Vélez, han insistido en lo mismo y en otro tipo de argumentos que no vienen al caso por no entrar en el propósito de esta nota: la ideología en la ley, o la ideologización de las leyes.

Digámoslo sin ambages: toda ley jurídica lleva implícita una ideología, o dicho de otra manera: las normas jurídicas son en su conjunto una expresión de la ideología dominante en determinado momento de la historia: así como en la extinta URSS y demás países del bloque soviético sus leyes correspondían a la ideología comunista o socialista, en Estados Unidos y demás Estados de Occidente, incluido el colombiano, sus legislaciones tienen la impronta de la ideología liberal o neoliberal como corresponde con el capitalismo –conviene aclarar que en la ideología capitalista conviven diversos modelos económicos y políticos, unos más amplios que otros en lo social, y otros más conservadores, de ahí que haya  partidos socialdemócratas, liberales, conservadores y ultraconservadores.

El Estado colombiano desde su nacimiento (¿20 de julio de 1810 o 7 de agosto de 1819?) hasta el presente ha sido capitalista, así en buena parte del siglo XIX haya mantenido instituciones feudales, sus leyes han tenido la marca de una sola ideología: la liberal, basada en principios económicos de la propiedad privada, las leyes del mercado de oferta y demanda y la libre competencia, entre otros. Analícese por el aspecto que se quiera, Colombia se ha regido por esos principios y en consecuencia su normatividad jurídica tiene el sello liberal. Ciertos gobiernos y periodos progresistas como el gobierno de José Hilario López (1849-1853) y la liberación de los esclavos, la Constitución Política de 1863, quizá la más laica de nuestras cartas magnas, el de Alfonso López Pumarejo (1934-1938 y 1942 -1945) con su Revolución en marcha y la Constituyente de 1991, cuya Constitución nos rige actualmente, no le quitan la impronta liberal y capitalista de sus instituciones jurídicas. En síntesis, todos los gobiernos nacionales, unos más progresistas, otros más retrógrados, se han regido por las leyes del mercado, por lo mismo, crearon y dejaron leyes de naturaleza ideológica y política concordantes con un medio de producción capitalista, así Petro sostenga que no porque no hemos llegado siquiera a una revolución industrial capitalista.

En consecuencia, hay ideología en esta reforma como en cualquiera otra que pretenda este u otro gobierno, sea en el campo laboral, pensional, agrario, de la justicia u otro. Este cuño ideológico es independiente de los aspectos científicos, técnicos, financieros, estadísticos, sociales y culturales que requiera cada ley para su viabilidad y aprobación, así la derecha colombiana nos quiera engañar expresando que el sesgo ideológico sólo lo tiene el proyecto que comenzó su curso en el Congreso. Hay hipocresía e ignorancia –más de lo primero- de parte de toda la dirigencia política, empresarial y analistas que omiten la ideología –y origen- de la ley 100 de 1993, actual normativa reguladora de la salud de Colombia. Como tal vez las nuevas generaciones no lo sepan, la Ley 100 de 1993, que regula el sistema de salud y pensional de los colombianos, fue copiada del modelo chileno de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). De corte ultra liberal, con el paso de los años, mostró sus grandes inequidades sociales en Chile, hasta convertirse en la detonante del estallido social de 2019 cuando el pueblo chileno salió a la calle logrando, primero, que el gobierno conservador de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), reconociera el justo reclamo popular; y luego, la necesidad de cambiar la Constitución Política heredada de la dictadura. Breve, la ley 100/1993 es tan ideologizada como el proyecto que pretende cambiarla, hoy en discusión en el Congreso.

La reforma a la salud del gobierno Petro no será comunista ni socialista como lo quieren hacer creer los partidos tradicionales –el liberal y conservador y todos sus derivados- y los gremios económicos, incluidas las empresas promotoras de salud, EPS, que hoy controlan el negocio de la salud en el país; es un proyecto de reforma de corte progresista y humano que dejará de lado el concepto hasta ahora prevalente de la salud como un negocio más para darle paso a lo que debe ser: la atención de un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar y proteger. Pero no será comunista ni socialista por algo tan simple como fundamental: porque se tramitará y regirá por los principios económicos, políticos y jurídicos de la Constitución Política del 91, que corresponden a un Estado capitalista. Cambiará, eso se espera, la atención de las necesidades de la población en materia de salud, con un enfoque preventivo más que curativo, como un verdadero servicio público.  

Es entendible que los críticos de esta reforma omitan comentar el respaldo internacional que ésta y otras reformas recibieron del Fondo Monetario Internacional, FMI, organismo que junto al Banco Mundial son los paladines en la defensa de los sistemas de producción y economías capitalistas (https://elpais.com/america-colombia/2023-02-15/el-fmi-apoya-las-reformas-fiscales-y-economicas-de-petro.html).

Amable lector/a, ya en la vida cotidiana el argumento más contundente para justificar el cambio del modelo actual de la prestación del servicio de salud de la mayoría de colombianos es este: de las cuatrocientos mil tutelas que se instauran cada año en Colombia, la mitad, esto es doscientas mil son contra las EPS por ineficiencia o denegación de los servicios médicos, hospitalarios o de medicamentos a sus pacientes. Así se quiera negar aún se oye hablar de los pasillos de la muerte.

Hasta pronto,

Tolimeo

San Luis, Tolima, febrero de 2023

Cada mala decisión por torpeza, ignorancia o ligereza del gobierno nacional disminuirá el avance del cambio en los territorios nacionales.

Amable lector/a,

En las elecciones legislativas y presidenciales de 2022 la mayoría votó por el cambio, con la esperanza de una vida menos agobiante y frustrante que la que en la actualidad vivimos desde tiempo atrás. Esperanza acentuada el mismo 19 de junio, fecha del triunfo, cuando el presidente electo reiteró los ejes del programa para el cambio, ratificadas luego el 7 de agosto en el acto de posesión como presidente. El entusiasmo era evidente, no sólo de los militantes del Pacto Histórico sino de todos los que, hastiados y cansados de la violencia, el narcotráfico, las injusticias y desigualdades económicas, políticas y sociales y, sobre todo, de la corrupción en todos los niveles de la función y el servicio público del Estado, votamos por el cambio.   

Mas la esperanza que representa el gobierno Petro choca con una serie de obstáculos que impiden una implementación más rápida y concreta del programa de gobierno, provocando cierta desazón en una parte del electorado que considera no se avanza y sí crea polémicas y críticas traducidas en incertidumbre en buena parte de la nación, además del desgaste gubernamental. Son obstáculos de origen y naturaleza diversos que aunados se están convirtiendo en nudo gordiano para la administración nacional mientras las necesidades y problemas siguen apretando.  

El primer gran escollo que encontró el gobierno Petro, aunque previsible, es la precariedad de las finanzas del Estado, debido a factores como la pandemia del coronavirus, la mala gestión, pero sobre todo la corrupción enquistada desde tiempo atrás, dificultado la puesta en marcha de programas y proyectos que el gobierno Petro considera prioritarios para apuntalar el cambio. Tres ejemplos de gran corrupción son dicientes, y contundentes, para comprender la situación nacional: la corrupción en la Unidad Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres, en la Unidad Nacional de Protección y en la Sociedad de Activos Especiales –administra los bienes confiscados a las mafias- que junto al pobre desarrollo y pésimo mantenimiento de la infraestructura vial del país ha dificultado afrontar las crisis provocadas por derrumbes como el de Rosas entre Popayán y Pasto, el de la vía entre Pereira e Itsmina, Chocó, y otros en varias regiones del país, así como las grandes inundaciones, como en La Mojana en el Caribe. Estos fenómenos relacionados de manera directa con el cambio climático se han constituido en el segundo gran obstáculo para la actual administración nacional. Si bien los fenómenos naturales que arrastran carreteras, puentes y otras obras causando tragedias son un problema de vieja data, en la actualidad está siendo más crítico por la falta de recursos materiales y logísticos para abordarlos y mitigar sus consecuencias.

Un tercer impedimento que frena la implementación de las políticas prometidas en campaña por el presidente Petro, tiene origen al interior de sus propias huestes y equipo de gestión. La falta de una estrategia en comunicación del alto gobierno, la discordancia manifiesta entre miembros del gabinete, la sensación de improvisación que deja la ejecución de algunos proyectos -la paz total, por ejemplo-, la impresión de soberbia y amiguismo que transmite el nombramiento de ciertas personas para cargos y funciones de gran  responsabilidad y la catarata de ideas y proyectos que lanza en cada alocución el presidente – frecuentes por cierto – producen un cierto desconcierto en la opinión pública, pues no se sabe a ciencia cierta si es un deseo o un propósito calculado en términos de conveniencia, prioridad y, en especial de viabilidad financiera, para hacerlos realidad. Esto y otros asuntos debatibles están quizás afectando la consolidación de las reformas propuestas por el gobierno del Pacto Histórico. Y si a las dificultades observadas en el Ejecutivo le agregamos las disputas intestinas, discrepancias por causas ajenas a la política, egos, malas mañas, incapacidad e inexperiencia política manifiesta en algunos miembros de la bancada legislativa del presidente, dan la impresión de no estar a altura de los retos asumidos no sólo ante sus electores sino ante la nación. Estas incidencias negativas pueden devenir un obstáculo mayor para la consolidación del proyecto del cambio del presidente y el Pacto Histórico.

Creo que no hay un manual preciso para la buena gobernanza, pero sí unos principios básicos, fundamentales, para administrar no sólo la res publica: coordinación del equipo de gobierno –si no existe puede derivar en dictadura-; agenda, pues sin ella se trabajará de manera espontánea y sin planificación; seguimiento y evaluación periódica de las tareas ordenadas y ejecutadas, transparencia y voluntad política para gobernar bien; además de motivación de la burocracia, porque moverla y lograr cambiar su mentalidad no es tarea fácil.

Estimado/a lector/a, el título de la presente epístola más que la manifestación de un desencanto tiende a advertir que los buenos o malos pasos de este gobierno incidirán en gran medida en las elecciones regionales y locales de octubre próximo. Cada mala decisión por torpeza, ignorancia o ligereza del gobierno nacional disminuirá el avance del cambio en los territorios nacionales. El resto se deduce de manera clara y sin mayor esfuerzo. No podemos permitir que por nuestros propios errores las élites económicas vuelvan a tener el control del Estado para su propio beneficio. Por cierto, la oposición es pobre y torpe en términos políticos, pero…

Estamos ante otro desafío.

Pregunta suelta: ¿No habrá en Colombia un nacional capaz de desempeñarse en la Alta Consejería para la Reconciliación para que la haya asumido una extranjera que hace sólo un año y cuatro meses llegó a nuestro país?

• La lucha contra la pólvora en Navidad: un esfuerzo inútil

Soy consciente que este tema será objeto de campañas institucionales y comentarios dentro de diez u 11 meses, cuando vuelva la navidad; sin embargo, no por ello deja de ser necesario dejar constancia de lo observado en nuestro país, y en el mundo entero, en las celebraciones de fin de año: fuegos pirotécnicos y mucha pólvora y estruendo para regocijo de unos y sufrimiento y tormento de otros, en particular de muchas especies animales que no soportan esas explosiones. Reconozco el esfuerzo de las autoridades públicas nacionales, regionales y locales para diezmar o atenuar los efectos del excesivo uso de la pólvora, conscientes del peligro que conlleva para la integridad y la vida de los humanos, sobre todo de los menores de  edad, su manipulación. Otro tanto hicieron fundaciones y ONG  advirtiendo de los peligros que esta costumbre cada día más criticada,  y hasta obsoleta, teniendo la humanidad otros medios menos odiosos para manifestar sus emociones en esta etapa del año.

Pero el esfuerzo fue inútil, las autoridades registraron mil quemados entre ellos unos 300 niños. Hubo situaciones muy dicientes: en Cali, la Policía creó un programa para buscar y recuperar mascotas que huyeron de su hábitat por el estallido de pólvora y en Antioquia fue noticia la pérdida de 70 gallinas de una pequeña granja familiar: las mató la explosión de un globo caído junto a ellas. Qué decepción.

No sé si será estupidez –para mí lo es- reventar pólvora casi siempre al calor del alcohol, sin pensar en los daños que produce a su alrededor, en humanos y otras especies. Mientras los humanos nos sigamos creyendo los dueños del mundo su destrucción seguirá su curso.

Hasta pronto,

Tolimeo

San Luis, Tolima, enero de 2023

Los grandes apremios que afectan el desarrollo nacional comienzan a desatascarse en la medida que gobierno y nación intervienen con la seriedad y la convicción de que no son eternos y se pueden vencer, avanzamos.

Apreciado(a) lector(a),

2022 poco a poco se termina, un año con más incertidumbre que certeza tanto en el campo internacional como en el nacional. Los medios así lo atestiguan: la guerra Rusia – Ucrania, los alimentos y recursos energéticos afectados por el conflicto bélico, la inflación afligiendo las finanzas públicas y privadas, desaceleración económica, rebrotes del coronavirus y notoria ausencia de liderazgos políticos internacionales y locales, entre otras debilidades, marcan el año que fenece.  

En nuestro país este año se caracterizó por la ruptura, dos semestres claramente diferentes en la conducción y asuntos del Estado: hasta al 6 de agosto los colombianos vimos y soportamos un presidente distante, ajeno a los problemas que de verdad agobian la nación, su staff raspó la olla hasta el último minuto de gobierno, dejando raquíticas las arcas estatales sin conocer aún sus consecuencias a corto y mediano plazo. La corrupción en el cuatrienio anterior todavía ocupa titulares por su gravedad y repercusión en el presente y futuro del país. El segundo semestre ya lo notaremos. En fin, cada ciudadano o colectivo hará su balance de cómo le fue en este año en el que el candidato Gustavo Petro, hoy presidente de la República, triunfó con una bandera fundamental: el cambio. Quizás para algunos, por convicción, oposición, indiferencia, pesimismo o desidia consideren que la realidad nacional no hay cambiado nada, o muy poco: el desempleo, la pobreza, la violencia, la desigualdad, la corrupción y politiquería continúan presentes en la escena nacional. Para otros, los que apoyaron y auparon al poder al hoy presidente, a lo mejor mucho ha cambiado y del pasado ya poco queda. Ni tanto que alumbre al santo, ni tan poco que no lo alumbre, dice el adagio popular.

Desde mi puesto de observación atisbo, alejado del pesimismo de los hoy opositores huérfanos del poder, pero sin el optimismo desbordado de los áulicos del gobierno del cambio, que se ha avanzado en el cumplimiento de las promesas de campañas. Ejemplos tangibles: la reanudación inmediata de relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con el pueblo hermano de Venezuela. La miopía y la torpeza sectaria del gobierno precedente no le permitió entender, o si lo entendió no le importó, que la ruptura de relaciones con el gobierno del vecino país, afectaría, más que al gobernante, a los dos pueblos bolivarianos, en especial a los millones de personas que viviendo al lado y lado de la frontera fueron sometidos a todo de tipo de oprobio y restricción de sus derechos. Un acierto y una política sensata indudable del nuevo gobierno colombiano.

El presidente Petro en escenarios internacionales –Naciones Unidas, Sharm el-Sheij, Egipto, París- ha sido coherente respecto del medio ambiente y la problemática entorno a éste. Es un pensamiento de vieja data que él proclama por doquier. El mensaje de urgencia al Congreso de la República para sacar adelante el Acuerdo de Escazú, prueba que no es demagogia sino convicción que en la agenda gubernamental debe estar presente a toda hora este asunto vital para las generaciones futuras.  Innegable, pues, el tránsito por buena vía de este asunto que concierne a la humanidad entera.

A nivel interno, la reforma tributaria consensuada significó un éxito político para el gobierno, pues se dotó de un instrumento indispensable para obtener los recursos necesarios para la financiación de los cambios que pretende introducir en el Estado, sobre todo, la implementación del Acuerdo de Paz, en particular el Punto 1: Reforma Rural Integral. Cierto es que el gobierno y su bancada cedieron al lobby y presiones de poderosos grupos económicos y políticos y así se aplazó de nuevo la tributación de las iglesias y fundaciones cuyos grandes negocios, so pretexto de ser actividades sin ánimo de lucro o espirituales, acumulan grandes riquezas y beneficios económicos libres de toda carga tributaria.

El presidente Petro ha mostrado hasta ahora un talante conciliador, de escuchar, de permitir la intervención de todos los actores nacionales con el fin de sacar adelante el cambio pretendido. Fue así como una de las primeras y sorprendentes medidas que tomó fue la proponerle al principal gremio ganadero del país, Fedegán, que le vendiera tierras productivas ocupadas en la ganadería para entregárselas a los campesinos sin tierras con el fin de aumentar la producción de alimentos. Nadie esperaba una decisión de esta naturaleza. Así, la oposición comenzaba a ser despojada de argumentos para hacerle contrapeso al gobierno del Pacto Histórico.

En el campo de las reformas políticas el gobierno no las ha tenido todas consigo, pues el Código Electoral fue postergado luego de serios reparos y críticas en el Congreso, su decisión se espera para el año próximo. La reforma política ha seguido su tránsito en el legislativo. En cuanto a la paz total, como el presidente Petro nombró su política de paz, logró en poco tiempo la aprobación de la ley respectiva y con base en ella comenzó la interlocución con los grupos armados, incluidos los que no tienen connotación política, según el gobierno grupos armados multicrimen, narcotráfico y disidencias de las FARC. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, respondió de manera positiva a la propuesta de paz gubernamental, inició interlocución concretada en la Mesa de negociación iniciada en Caracas, Venezuela, retomando las negociaciones como habían quedado cuando el presidente Duque decidió interrumpirlas en 2019. Cuatro acuerdos menores, con cierto simbolismo ya se aprobaron en esta primera ronda de negociaciones en Caracas, Venezuela. Su continuación será en México. Vale destacar de nuevo la audacia política del presidente al nombrar como uno de los negociadores con el ELN al presidente de Fedegán, dirigente situado en las antípodas del pensamiento político del gobernante; además, porque esta organización gremial ha sido vinculada al paramilitarismo y el despojo de tierras durante el conflicto armado. Audacia porque le arrancó un cuadro vital a la derecha reaccionaria del país y un mensaje para los radicales de la izquierda que, con sus posiciones, hacen inviable la paz y la reconciliación nacional. Pero también puede resultar un boomerang.

Mucha falta por hacer del programa de gobierno que Petro sometió a la nación. Y muchas serán las dificultades a remover para cumplirlo. En 2023, al gobierno del cambio le esperan duros desafíos: reforma a la salud, reforma laboral y pensional y la reforma a la justicia, sumada a las ya mencionadas, política y electoral, entre otras. Y para ello es capital que toda la estructura administrativa nacional y la bancada legislativa de la coalición de gobierno funcione con unidad, ponderación y responsabilidad. Cosa que no ha sucedido siempre hasta ahora.

No obstante los avances indiscutibles, no todo ha sido luz en estos cinco meses de gobierno. Entendible que el presidente Petro le haya dado cuota burocrática –ministerios, institutos y otros- a los partidos que apoyan su política gubernamental. Sin embargo, no todas esas fichas políticas han encajado bien en la administración actual por diversas razones –antecedentes, perfil, idoneidad- que han complicado de manera innecesaria un gobierno enmarcado en los ideales de la izquierda democrática. Es el caso del ministro de Transportes, resistido desde antes de su posesión por sectores progresistas y que en el asunto del SOAT para los motociclistas se empantanó y dio bandazos a diestra y siniestra. En cierto momento dijo que el SOAT no se iba a exigir cuando su naturaleza es su obligatoriedad pues significa seguro obligatorio de accidentes de tránsito; esto dio alas a los protestantes para hacer mayores exigencias y el resultado es haber dividido el SOAT. Las consecuencias aún no están tan claras, como la cobertura de los mencionados SOAT. Otra sombra en la administración ha sido el nombramiento de una persona sin el perfil requerido para tomar la dirección el ICBF, esto es la política del Estado en el campo de la niñez y la adolescencia. Ha sido tanta la inercia de la dirección de este instituto que el mismo presidente levantó su voz en plaza pública para reconocer que es un fracaso. La funcionaria en lugar de proceder como debía ser se ha dedicado a justificarse con argumentos pueriles. De no corregirse este asunto, la infancia de los estratos bajos la seguirá pasando mal. También pierde enteros el actual gobierno al no respetar la carrera diplomática nombrando fichas políticas y amigos personales en las más importantes embajadas y consulados de Colombia; y no haber proveído ciertos cargos importantísimos como el director de la Aeronáutica Civil, en RTVV y unas superintendencias. El interinato no es un buen signo en una dirección. Y vicio feo, fuera de ser un irrespeto para el invitado o interlocutor, el incumplimiento del presidente, el principal obligado a dar ejemplo.     

Termino diciendo que no obstante los avances del gobierno Petro, para este observador el personaje colombiano del año es Francia Elena Márquez Mina, quien con su valentía, sinceridad y carisma logró en unos cuantos meses irrumpir en la escena nacional de manera arrolladora y para quedarse; además de darle lumbre a los nadies de este país que son millones.

A todos y todas, felices fiestas sin pólvora y un año nuevo para el cambio.

Tolimeo,

San Luis, Tolima, diciembre de 2022

Mientras el balón rueda en Qatar, la FIFA y sus satélites, siguen sus negocios del futbol y a los pueblos, más circo que pan.

Cuando ya hay más de la mitad de selecciones fuera del mundial, escasos nuevos talentos y sí algunas decepciones nacionales, seguimos viendo – cual emperador romano o jeque árabe – al señor Gianni Infantino sentado en su trono. Presidente de la FIFA, aislado, quizás pensando no el match que tiene ante sus ojos sino en el próximo negocio alrededor del fútbol, deporte que tan buenos réditos produce para unos pocos, comprendidos unos pocos futbolistas privilegiados por su dotes naturales para jugar el más popular de los deportes. Y a medida que el torneo llega a sus fases decisivas y más emocionantes, se supone, las denuncias, críticas y comentarios acerca de las graves violaciones de los derechos humanos que éste, como otros eventos, provocan o provocaron, con el silencio cómplice de los señores de la FIFA, las confederaciones continentales y las federaciones nacionales y -¡cómo no!- de gobernantes y jefes de Estado que las han prohijado con su silencio respecto de estos abusos, se fueron apagando con contadas excepciones. Lo importante ahora es la esencia del mundial: los goles, las atajadas, las estrellas. Lo demás no importa, o poco, así se trate de derechos humanos fundamentales y universales.

Bien sabido es que el deporte en general, y el fútbol en particular, dejó de ser y guiarse hace ya mucho tiempo por principios demodés como el que reza que lo importante no es ganar sino competir, proclamado por Pierre Fredy de Coubertin, padre de los juegos olímpicos modernos, para convertirse en el lucrativo negocio bajo el paraguas del entretenimiento para todos a través de la televisión. También es conocido que bajo el abrigo de ser el deporte un asunto privado es independiente de los Estados y gobiernos; así las organizaciones deportivas –asociaciones, ligas, federaciones, confederaciones- se rigen por sus propios y particulares estatutos y reglamentos impidiendo en principio toda injerencia estatal o de otra índole que no sean las meras “deportivas”. Dicho en otras palabras, el deporte mundial está bajo la dirección del Comité Olímpico Internacional, COI, y demás federaciones deportivas –no todas adscritas al COI-, sin más control que los suyos; están por encima del bien, del mal y de los Estados. Fue en esas condiciones que siempre que un Estado o gobierno quiso intervenir en asunto deportivo dentro del territorio nacional recibió la advertencia que de hacerlo la federación concernida o el comité olímpico nacional sería sancionado, incluso expulsado de los organismos internacionales a los que pertenece.

Hasta ahí todo es aceptable en aras de la discusión, pero el asunto toma otro cariz cuando las autoridades deportivas, o en los entornos deportivos, se violan de manera clara leyes estatales, como prohibir o restringir a deportistas y directores técnicos disentir y denunciar prácticas lesivas de derechos individuales y colectivos que les son propios por estar consagrados en normas estatales nacionales e internacionales, como los convenios de la Organización del Trabajo, OIT, o como ocurre con ocasión del actual mundial en que

la FIFA ha forzado de manera evidente tanto a jugadores como federaciones a guardar silencio o mantenerse al margen de las denuncias sobre la oprobiosa forma como se construyeron los estadios y demás escenarios para hacerlo posible: callar ante la tragedia que significa los más de 6.000 trabajadores que dejaron sus vidas en los estadios construidos por Qatar para albergar este mundial atípico en todos los sentidos. Mas no sólo ha sido la vida de esos miles de extranjeros llegados de países subdesarrollados a trabajar en condiciones extremas en la construcción, una suerte de esclavitud moderna: retención de sus pasaportes por parte del país “contratante”, horarios desmedidos y condiciones de vida inhumanas. Ante todo esto jugadores, federaciones e incluso gobernantes han debido silenciarse. Es decir, a los futbolistas y algunas federaciones se les prohibió los derechos a opinar, a expresar libremente su pensamiento, a protestar por unas conductas consideradas violatorias de normas legales, o a mostrar su apoyo a colectivos humanos discriminados, entre otros. Esta situación es la más reciente pero no la única que se conoce, pues abundan muchos ejemplos de condicionamientos lesivos de los derechos humanos bajo el escudo de los reglamentos deportivos; son millones los deportistas que enfrentan estas restricciones en todo el planeta: prohibición de jugar o “fichar” para X o Y equipo o club, interdicción de acudir a instancias judiciales para demandar justicia, contratación de menores de edad por fuera de las disposiciones legales, entre otras.

Y este asunto del deporte mundial, con acento en el fútbol, se mantiene oculto. Se hace necesario situaciones extremas o muy evidentes para que se descubran las trapisondas, actuaciones turbias y corruptelas que envuelven a dirigentes nacionales e internacionales que manejan el negocio fútbol. Si bien, el Caso Bosman -Jean-Marc, futbolista belga que demandó a su club ante la negativa de dejarlo ir para otra liga nacional. La demanda cobijó también a la Federación belga; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor de Bosman y contra los demandados por violación al derecho comunitario de libre circulación y de trabajo entre Estados miembros mediante sentencia de 15/12/1995; fallo que obligó a las federaciones nacionales de la UE a modificar sus reglamentos-. Digo, si este antecedente fundamental para que el Estado intervenga ante las organizaciones y competiciones deportivas cuando violan sus disposiciones, fue necesario, sin embargo, que una potencia, el imperio, los Estados Unidos, investigara los casos de corrupción para que saliera a la luz pública internacional la ratonera que florecía en la sede misma de la FIFA con su presidente, Joseph Blatter y su cohorte –miembros del Comité Ejecutivo-, a la cabeza, así como los presidentes de algunas confederaciones como la UEFA y la CONMEBOL para intentar limpiar el estercolero enclavado en la dirección del rey de los deportes, el futbol. No obstante, la mayoría de los gobernantes estatales siguen permitiendo, so pretexto de la independencia del deporte y sus organismos y reglamentos, se sigan cometiendo toda clase de abusos contra los más vulnerables en la cadena del negocio deporte: los atletas.

Muchas cuartillas más podrían escribirse sobre la corrupción del deporte mundial, en especial del fútbol, pero quiero destacar otro aspecto que poco o nada se comenta en las páginas y espacios deportivos o de otra naturaleza: el referido a la ley del embudo que aplica la dirigencia del deporte mientras actúan de manera independiente de los asuntos del Estado: que las construcciones de los escenarios deportivos –estadios, coliseos, hospedajes y demás- sea obra del Estado. En otras palabras, son con impuestos de los ciudadanos de cada país que se levanta la logística de un gran evento deportivo, pero las mieses, los réditos, sobre todo los derechos televisivos, sí van a parar a las arcas ya del COI, la FIFA u otra organización deportiva que realice el respectivo torneo o competición. Ahí sí es indispensable contar con el apoyo de gobiernos nacionales.

Se dirá que estas obras monumentales quedan en los inventarios públicos, del Estado. Cierto, pero en la mayoría de los casos, sobre todo, en los países subdesarrollados o en vía de desarrollo terminan siendo otro elefante blanco en el país respectivo porque luego del evento para el cual se hicieron no habrán otros que los justifiquen en el tiempo. Ejemplos de esta naturaleza abundan. Baste con mirar dentro de nuestras fronteras para ver qué fueron de las instalaciones deportivas en ciudades como Ibagué, Santa Marta, Neiva y otras: fuera de líos judiciales y reproches políticos nada más pasa con ellas.

En conclusión, amable lector(a), la independencia del gobierno deportivo de los asuntos del Estado puede aceptarse siempre y cuando no exceda los límites y vulnere las leyes estatales. En el caso de Qatar, se trata de graves violaciones de derechos humanos fundamentales, asunto que trasciende las competencias del deporte y, por lo tanto, es obligación de los Estados, como principales responsables de su ejercicio y protección, intervenir para que se reestablezcan los que aún se puedan –indemnizaciones por horas extras de trabajo, por las condiciones infrahumanas de labor- e investigar los abusos cometidos por el Estado organizador a través de los organismos competentes internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es lo mínimo que se puede demandar en esta tropelía ante la mirada cómplice de la mayoría de los gobernantes del planeta tierra.

NB. La Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y demás organismos relacionados con el fútbol colombiano, deben rendir cuentas a la nación por sus lesivos actos y omisiones cometidas en uso de sus funciones y prerrogativas.

10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos.

Tolimeo,

San Luis, diciembre de 2022

¿Quién es político en Colombia?, ¿el político en ejercicio actúa de verdad en pro del bien común o por su interés particular? 

Amable lector(a),

Ha pasado un semestre no más de las últimas elecciones legislativas y un trimestre de la presidencial y ya comenzaron las renuncias a granel de políticos que hoy fungen en cargos públicos de todos los niveles para no inhabilitarse para las próxima elecciones regionales y locales del año próximo. Comportamientos que no son nuevos pues se dan desde hace tiempo e incluye a legisladores que dejan su función en el Congreso para aspirar también a otros cargos de elección popular, como gobernador o alcalde de ciudad importante. Esto me lleva a reflexionar sobre el oficio político en Colombia; para ello me formulo estas preguntas: ¿quién es político en Colombia?, ¿el político en ejercicio actúa de verdad en pro del bien común o por su interés particular? 

Aceptemos que aquí, como en casi todo el mundo, cualquier ciudadano puede actuar en política con las excepciones establecidas por la ley de cada Estado. En nuestro ordenamiento constitucional es un derecho fundamental indiscutible que toda persona, sin importar su género, situación económica, académica, social, religiosa, cultural u otra, puede hacer política, entendida esta en el campo que nos interesa, el Estado, como la actividad tendiente a obtener el poder público, esto es gobernar, o a mantenerlo en caso de detentarlo. La misma normatividad nacional ha establecido los impedimentos para participar en el juego político -elegir y ser elegido-, o para fungir como funcionario del Estado. Dicho de otra manera, en teoría, para participar en política en Colombia no se requiere ninguna condición o formación académica específica distinta a la de ser ciudadano para aspirar a ser gobernante o legislador, o miembro y dirigente de un partido o movimiento político. Desde luego existen unos requisitos taxativos para la mayoría de cargos administrativos, no así para los cargos de elección popular puesto que un ciudadano en ejercicio puede ser presidente, senador, representante a la Cámara, gobernador, diputado departamental, alcalde municipal, concejal o edil de Junta Administradora Local, los requisitos para acceder son mínimos: ser ciudadano en ejercicio y cierta edad, según el cargo. La Constitución Política y las leyes han previstos otros requisitos específicos para la elección o participación en política electoral que no interesan por ahora al propósito de esta reflexión.

En síntesis y teoría, toda persona con liderazgo social que quiera participar en política lo puede hacer. Es cuestión de voluntad e interés por el bien común que alguien deviene político o líder político. En esas condiciones y desde tiempos inmemoriales han existido líderes que han conducido y conducen sus comunidades hacia el éxito o el fracaso, al progreso o al estancamiento económico, político y social. En nuestro país desde antes de la conquista europea cada tribu o pueblo indígena tenía sus dirigentes –caciques-, como hoy. Pero el desarrollo político-social de los pueblos nos dice que no basta la vocación por el servicio comunitario para ser un político con reales probabilidades de acceder al poder político, al gobierno del Estado. Nuestra historia nos revela que, por lo general, los dirigentes que han conducido, primero a la independencia del yugo colonial y luego la consolidación del Estado republicano hasta hoy, han sido personas con recursos económicos y preparación académica, porque el pueblo llano, el de a pie, se ha visto impedido, por estas y otras poderosas barreras, para ejercer con éxito la política, esto es acceder al poder público. Los pocos humildes que lo han logrado, fuera de ser la excepción, no siempre terminaron bien, como fue el caso de Marco Fidel Suárez (1918 – 1921), obligado a renunciar a la presidencia del Estado por indigno, por haber solicitado por adelantado su salario para poder repatriar el cadáver de su hijo fallecido en Estados Unidos-. Quizá el lector piense en otros que, sin descender de familias adineradas o de abolengo, obtuvieron poder y algunos llegaron a la cúspide, a la presidencia de la República. Sí, siempre los ha habido aquí y en el exterior: por lo general personas inteligentes, capaces y astutas que han logrado colarse en los círculos de poder para defender los intereses, no de sus pares, el pueblo, sino los personales y el de la élite que los dejan ascender; porque no ponen en peligro el statu quo, el establecimiento. Basta repasar nuestra historia para encontrar los pocos ejemplos.

Es evidente que la humanidad avanza en todos los aspectos y el Estado y la política no podían ser la excepción. El ente político-jurídico se hace cada vez más complejo, más exigente, demanda mayor conocimiento y especialización para entender y dirigir con éxito la res publica -cosa pública-; por eso se ha generado una variedad de estudios y formaciones relacionadas con la política y el Estado, especializaciones, posgrados y otros estudios en derecho público, procesos electorales, liderazgo y gestión pública, ciencia política, democracia y gobierno, planificación urbana y rural, demografía entre otros que se ofertan para mejorar el quehacer político y la conducción del complejo Estado moderno. A estos se han aplicado unos cuantos de nuestros políticos.

Sin embargo, a la par de la forma tradicional para acceder al poder público otras maneras menos ortodoxas, pero quizá más efectivas, han ido filtrando la política nacional: procederes que no requieren formación siquiera, menos especializada, para hacer política y gobernar en cualquiera de los tres niveles de la administración: nacional, regional y local. Aunque casi siempre se empieza a la inversa, de lo local –alcaldías, concejos municipales- para llegar a lo nacional – congreso, presidencia- pasando por gobernaciones y asambleas departamentales. El uso de dinero sucio es una de estas maneras, convertido en palanca principal para actuar y tener réditos en política: compra de votos, capacidad propagandística, patrocinio de candidatos y otras actuaciones; es el trampolín habitual para comenzar a escalar en la larga escalinata hacia el poder central. Este elemento, además de degradar el quehacer político y la administración pública, ha incidido en el aumento de la corrupción que permea hoy todos los ámbitos del Estado. El vale todo se volvió costumbre porque lo importante es alcanzar el objetivo: el poder y el botín burocrático, éste para arreglar las cuentas de los costos que significó llegar allí.

La otra modalidad hecha costumbre en el país que, sin ser reciente en la escena política nacional, sí ha aumentado en los últimos tiempos: la herencia política, el legado de cargos de representación popular y en la administración pública entre miembros de una misma familia. No es menos indecorosa, grosera y lesiva para la democracia que los dineros sucios, esta manera de acceder y detentar el poder político y prolongarlo del padre –o madre- que deja instalado en su reemplazo al retoño –hijo o hija, sobrino o nieto- para que continúe su democrática labor en pro de su apellido o clan, mas no de la comunidad, como debería ser. Páginas se podrían llenar con ejemplos de estas dos maneras de ejercer la política en Colombia, mas no es necesario, cada lector sabe cuál o cuáles son el o los que en su ciudad o departamento, ejerce o ejercen la política de esta manera.  

Estos dos vicios dañan el ejercicio de la política colombiana. Al menos tres nocivas consecuencias observamos: i) empobrece aún más la de por sí frágil democracia nacional; ii) limita y pervierte el ejercicio democrático y justo de la política y el poder; y iii) viola de manera flagrante y permanente derechos fundamentales de la mayoría de ciudadanos, entre ellos el derecho a la igualdad frente a la ley y de oportunidades, como que así es muy difícil competir en igualdad de condiciones frente a los traficantes de la política.

En síntesis, hasta hace poco, el ejercicio político en Colombia combinaba las viejas prácticas tradicionales de las élites económicas y políticas con las dos modalidades antes descritas; y de una manera casi marginal los partidos de oposición al sistema imperante. Escenario que fue cambiando desde 2018, cuando las fuerzas alternativas y progresistas compitieron de igual a igual con las viejas castas políticas, hasta obtener el poder político este año. Es indudable que existen políticos íntegros que dignifican el quehacer político, mas ello no significa que la corrupción haya desaparecido de la escena política nacional.   

Volvamos al principio de la nota: ¿Cree usted que el secretario municipal o departamental, la gerente de la empresa pública, el director del ente descentralizado oficial, o el miembro del órgano colegial que renuncia para aspirar a otro cargo público, estuvo en su cargo por vocación por el servicio público y deseo de solventar las necesidades y problemas comunales que le eran propias de su competencia? ¿Cree usted que ese mismo exfuncionario aspira a un nuevo cargo de elección popular pensando en el bien común, en el desarrollo y beneficio de su comunidad? ¿Puede decirse que ese funcionario o ex, supo y fue consciente de la responsabilidad social y política que le es inherente al cargo que ostentaba? ¿Cómo explicar el aumento significativo del patrimonio de políticos y funcionarios en cargos de poca remuneración y en poco tiempo? Ni la Contraloría ni la Fiscalía dan cuenta a la nación de estos incrementos patrimoniales injustificados.

Querido(a) lector(a), esta es una invitación a reflexionar sobre la alternativa real que hoy tenemos en nuestro país para que el cambio se consolide lo más pronto posible y nuestra democracia lo sea de verdad. Perder esta oportunidad es permitir que las viejas y nocivas prácticas en la conducción del Estado vuelvan y se entronicen de nuevo. Las elecciones locales -alcaldías y concejos municipales- y regionales -gobernadores y diputados departamentales- de octubre de 2023 serán la gran prueba para saber si avanzamos o no.

¡Piénselo!

Hasta pronto,

Tolimeo

Noviembre de 2022 

Estamos ante la perspectiva de una manera diferente de actuar desde el poder y el gobierno, es una carta que nos jugamos de cara al futuro.

Amable lector(a),

Consigno aquí horas, semanas, meses y hasta años de cavilación sobre qué nos pasa, por qué los colombianos somos así: envidiosos, odiosos, intolerantes, racistas, pendencieros, violentos y no sé cuántos calificativos negativos más. En esas reflexiones incluyo otro interrogante: los padres de la patria  -los constructores de la república, no los que la disfrutan ahora-, Nariño, Caldas, Acevedo y Gómez, Camilo Torres, Bolívar, Santander y otros que en épocas distintas pero cercanas en el tiempo, lucharon, entregando unos sus vidas, por la emancipación del colonizador y expoliador extranjero y que los aduladores llaman madre patria; digo, si esos ilustres compatriotas ya lejanos en el tiempo, a lo mejor borrados de las mentes juveniles con la desaparición de la historia del pensum escolar, llegaron a imaginar el país que dejarían luego de la independencia. Mis nociones de historia nacional me indican que Simón Bolívar fue quizá el único que en su famosa frase “…Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro” -sin la certeza de que “…cesen los partidos…” fuera su deseo de que se acabaran o se tranquilizaran-, deja entrever su consciencia sobre lo que su pensamiento y actuación públicas influyeron en la discordia y fricción entre los políticos y la sociedad de su época, que aún reina en nuestro país.

Si bien tanto encono, tanta ira y tanta violencia no es exclusiva de la clase política, pues la oligarquía criolla ha rivalizado y puesto siempre a los pobres a matarse entre ellos por ellos  – ¿qué fueron las guerras civiles del siglo XIX?-, la dirigencia económica, social y religiosa desde los tiempos del 20 de julio han azuzado y predicado el sectarismo y el fanatismo, los regionalismos que, a lo mejor, aún no dejan al Libertador tranquilo en el sepulcro. El diario vivir, en la calle, el bus o Transmilenio, la plaza de mercado, el estadio de futbol, la discoteca o el parque dispuesto para la recreación y el esparcimiento sano, son escenarios frecuentes de disputas, riñas, agresiones, a veces letales y absurdas. Sucesos que alimentan las noticias radiales, televisivas e impresas las 24 horas del día y los siete días de la semana porque –de paso- venden. Y el veneno que destilamos y expandimos a toda hora encontró en la nueva tecnología un camino más expedito para un propósito enfermizo: las redes sociales sirven para la emboscada, el matoneo, la amenaza, la difamación y la calumnia.

Volvamos un poco atrás. Mucho se ha discutido, escrito y predicado sobre cuándo comenzó nuestra violencia. Para muchos fue el 9 de abril de 1948, cuando asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, quien para las mayorías de la época era el indiscutible futuro presidente de Colombia. Sin embargo, al líder político lo asesinaron porque venía denunciando la violencia que de tiempo atrás eran víctima los miembros de su partido tanto en ciudades como en el campo. La “Marcha del silencio” (07/02/1948) y su “Oración por la paz” son prueba de ello, así haya sido un esfuerzo inútil del líder para que cesara los ataques contra la población civil por parte de la fuerza pública –el gobierno-, en especial la policía política. Y si retrocedemos un poco más encontramos la violencia contra los partidos y movimientos de izquierda, los sindicatos y el movimiento indígena liderado, entre otros, por Manuel Quintín Lame (1880 – 1967), así como la Masacre de las bananeras (Ciénaga, 1928) hasta llegar al cobarde asesinato de Rafael Uribe Uribe (1859 – 1914) en las mismas escalinatas del Capitolio Nacional, una década después de haber firmado la paz que puso fin a la Guerra de los mil días  -10 años no fueron suficientes para sanar heridas de una confrontación dolorosa y prolongada-. La violencia, así genérica, ha ido a la par del desenvolvimiento económico, social y cultural de Colombia. No es necesario reseñar el siglo XIX y sus frecuentes guerras civiles para pensar que la violencia política-social no ha tenido tregua en la República de Colombia desde su fundación.

Mas la pendencia, la vindicta y la confrontación violenta político-social no es la única que agobia el diario transcurrir de nuestra sociedad. No, asimismo se observa sin mucho esfuerzo otras expresiones violentas, unas quizá derivadas de aquella, otras por causas diversas que han minado el tejido social y sin siquiera notarlo fueron copando cuanto escenario exista, por más inocente que parezca: la pluralidad de violencias se tomaron escuelas y liceos, especialmente los públicos: el matoneo entre alumnos, contra profesores, persecución de docentes contra discípulos o padres de familia, sectarismo, intolerancia, discriminación por la condición diversa de la víctima, violencia sexual y otras conductas antisociales ponen en entredicho nuestra educación de base. Qué decir de la violencia en los medios deportivos: agresiones a árbitros, a rivales en el juego, entre hinchas o barras bravas de X o Y equipo de fútbol. Las aberrantes y morbosas rupturas amorosas que terminan en feminicidios, lesiones en el rostro con ácidos, sicariato o la más cruel de todas las venganzas: el homicidio de menores nacidos de la unión que se ha roto. La limpieza social, otra lacra con auge probado en el paramilitarismo: persecución letal a personas indigentes, miembros de la comunidad LGTBI+, drogadictos. Ni hablar del reguero de muertos que por doquier deja el narcotráfico. En fin, por donde asomemos la cabeza vemos -no pocas veces en vivo y en directo a través de las “cámaras de seguridad”-, homicidios en cualquier rincón de cualquier ciudad, y, a veces, ni nos enteramos del nuevo caso de violencia por cuanto a las horas quedó opacado por uno nuevo en otro punto de la misma ciudad o en otra. Además, poco a poco se confirma la sospecha de vieja data: la violencia sexual de parte importante del clero católico siendo la mayoría de víctimas menores de edad. Hoy la justicia de transición se ocupa de la violencia sexual relacionada con el conflicto armado aunque se extraña en los procedimientos cursados o en curso por la ley de Justicia y Paz –para los paramilitares- en la cual no ha tenido mayor relevancia este oprobioso crimen.   

¿Desde cuándo entramos en la cultura de la violencia? ¿Para qué tanto estudio, comisión de evaluación y diagnóstico sobre la violencia si no encontramos la salida? ¿La dirigencia nacional en todos los órdenes y niveles, públicas y privadas, civiles y militares, eclesiásticas y laicas ha tenido la voluntad política para caminar hacia una cultura diferente a la que hoy tenemos, sin orden y sin ética? ¿De verdad estamos interesados la mayoría de ciudadanos en poner coto a esta aberrante situación? O, más simple, ¿somos realmente conscientes de que esta degradación moral puede ser la causa principal de nuestro anquilosamiento como país, como sociedad?  ¿Cómo explicar que se reniegue de la inseguridad y la violencia y al mismo tiempo se rechace el derecho a la paz previsto en nuestro ordenamiento constitucional? Tantas contradicciones deben tener una explicación de la sociología, la psicología social y otras disciplinas sociales, pero más que ello necesitamos salidas justas y democráticas; a lo mejor se han formulado sin que nadie las haya aplicado pues la indiferencia ante la tragedia que nos desangra continúa y nos hunde al punto de admitir que ya no somos el pueblo más feliz del mundo, como antaño se decía.

Se preguntará, estimado(a) lector(a), que en otras latitudes hay violencia, también ocurren masacres sin sentido, violencia sexual, homicidios racistas y otras conductas contrarias al orden establecido, como aquí. Respondo, cierto, en sociedades desarrolladas o en vía de desarrollo existen fobias y se producen actos lesivos y absurdos como en nuestro país; sin embargo, ni son tan recurrentes ni sus motivaciones tan perversas como aquí. En ciertas sociedades los atentados contra las mujeres son motivados por creencias religiosas generalizadas, situaciones con gran aceptación en los medios donde se causan, en nuestro país poco importa que sea católico, evangélico, adventista, o ateo para violar, mutilar o matar a una mujer; en otras regiones ocurren atentados a los derechos humanos por rivalidades étnicas o culturales y la violencia de género, es arma de guerra en los conflictos armados así éstos sean por la tierra o por el poder económico. En Colombia, la violencia de género no tuvo ni tiene esa connotación sino causada por el apetito desbordado y ruin de sus autores; en otras partes se roba o saquea por hambre, por necesidad, aquí también pero no siempre tiene esta motivación, aquí se mata luego de despojar a la víctima del reloj o el celular, o porque es un testigo involuntario del  crimen. El ataque con ácido no lo he sabido en país diferente al nuestro. Pero eso no es lo más grave, lo es más la indiferencia, la fatalidad que se apoderó de nosotros, el qué podemos hacer, lo mismo de siempre, no se cuidó, dio papaya y otras tantas frases lacónicas y de cajón que sirven para enterrar un caso que en dos horas ya es historia, olvidada porque otro evento similar, o peor, o más cruel o macabro, lo desbancó de los titulares noticiosos. En algunos países, un homicidio, uno solo, es motivo de escándalo, indignación, miedo y preocupación, incluso de renuncia del funcionario negligente que debía ocuparse de la seguridad, en nuestro país, nada, es un caso más, mañana olvidado o casi.

Apreciado(a) lector(a), no hay desconocimiento ni descuido en esta nota al no recalcar sobre un sinnúmero de otras causas que hacen la nuestra una sociedad injusta y desigual en todos los frentes: económico, político, social y cultural, donde las cifras del desempleo, la pobreza y el hambre aumentan, lo mismo que la concentración de la riqueza en pocas manos. No, somos conscientes que esos factores inciden en el desarrollo, o más bien subdesarrollo, de nuestro país; mas estos tampoco justifican todas las situaciones arriba descritas, pues, si estas fuesen las únicas causas, quizá otros países más pobres y atrasados ya hubiesen desaparecido o casi por luchas intestinas por la sobrevivencia individual o del clan, etnia o grupo político, social, religioso. No, queremos reflexionar sobre comportamientos sociales con consecuencias graves cuyas causas por lo general son baladíes o absurdas que, en otras sociedades no suceden o se resuelven por medios civilizados. 

La descomposición social que a muchos no aterra ni conmueve o se observa con indiferencia se produce, qué ironía, a la par de grandes logros de colombianos en las ciencias y las tecnologías, en las artes plásticas, las letras y el séptimo arte, en el deporte y demás potenciales humanos. Científicos nacionales triunfando en investigaciones notables en universidades extranjeras, en la NASA, cineastas que obtienen reconocimientos internacionales, ciclistas, patinadores y otros atletas que levantan en alto la bandera nacional; sin embargo-hay que decirlo-, la mayoría de esos talentos triunfan en el extranjero o con apoyo internacional porque tuvieron que pasar las fronteras para realizar sus sueños y anhelos porque en nuestro medio no tuvieron, o muy poco, la oportunidad para obtenerlos. Logros que no alcanzan para atenuar la tragedia y, menos, responder a ¿por qué somos así?, o tal vez sí, para confirmar que es fuera del país donde existen las oportunidades para el progreso. En esto juega también la solidaridad, ¿la tenemos?, ¿observamos los colombianos los principios y normas acordados en los pactos sociales que hemos dado?, o ¿tenemos conciencia de lo que significa la dignidad? ¿Soy yo el problema?

Ahora estamos ante la perspectiva de una manera diferente de actuar desde el poder y el gobierno, es una carta que nos jugamos de cara al futuro, ya no para los que tenemos el sol a la espalda sino para las generaciones que nos sucederán y esperan que la luz les brille en su camino. Ojalá no la echemos a perder por la mezquindad de no aceptar los cambios que requiere con urgencia nuestra maltratada Colombia sólo porque la propuesta surgió en la otra orilla de la que estábamos acostumbrados.

Hasta la próxima,

Tolimeo

Octubre de 2022

Sin desconocer las reformas legales necesarias para mejorar la situación del campesinado colombiano, urge la ejecución de programas que no requieren de aquellas para avanzar en los objetivos gubernamentales.

Amable lector/a,

Como en nuestro país se hizo costumbre que todo asunto, desde el más importante hasta el más frívolo, debe ser legislado para que funcione o se cumpla, o dicho en otras palabras, vivimos convencidos que sin una ley específica no se podrán impulsar X o Y política o programa gubernamental -discutible y que no pasa por lo observado en otros países, sean del primer o del tercer mundo-, tal vez por eso la apuesta del presidente Petro de la política de desarrollo rural y la seguridad alimentaria por el campo comenzó con dos iniciativas del gobierno y el Pacto Histórico presentadas al Congreso de la República: una, el proyecto de acto legislativo número 19 de 2022 con el cual se propone modificar el artículo 64 de la Constitución Política de 1991 en relación con el campesino “el Estado velará en forma especial por la protección y garantía de sus derechos individuales y colectivos”[1]; y dos, el proyecto de ley 115 de 2022, que “contribuye a garantizar el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas de la población colombiana, a través de la creación y puesta en marcha del programa de emergencia de lucha contra el hambre”.  

Sería necio discutir el urgente tratamiento que requiere el campo colombiano si de verdad como nación queremos la senda del desarrollo acorde con nuestras necesidades y potencialidades. Además, porque la cuestión agraria es pilar fundamental para la implementación del Punto 1 del Acuerdo de Paz de La Habana –o el Teatro Colón- que, como bien es sabido, el anterior gobierno no quiso adelantar. Estas son razones de peso para que el campo sea una prioridad nacional, pues,  arreglar el problema agrario en Colombia es caminar hacia la paz y, de paso, achicar la notable brecha hoy existente entre la vida rural y la urbana, entre campesinos y citadinos. Sin embargo, es bueno advertir desde ya que la cuestión agraria no depende de manera exclusiva de la buena o mala voluntad política y gestión gubernamental, como quiera que sin el concurso decidido y armónico del legislador y la administración de justicia y los entes de control –Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo- todo intento será vano porque encontrará innumerables obstáculos para llegar a buen puerto. De ahí que estos dos proyectos radicados en el Congreso, junto a otras medidas con el mismo objetivo se constituyan en breve tiempo en el motor del cambio del campo. Ojalá estas iniciativas sean aprobadas luego de discusiones serias y responsables por parte del Congreso y de esta manera el Estado posea bases sólidas hacia el futuro, como también para no repetir experiencias recientes de reformas importantes que no pasaron la prueba ante la Corte Constitucional –dos a la justicia, la electoral, entre otras-; sin olvidar que las élites económicas del país a través de sus partidos de derecha están al acecho del mínimo error gubernamental para sustentar su oposición de cara a 2026.

Sin desconocer las reformas legales necesarias para mejorar la situación del campesinado colombiano, urge la ejecución de programas que no requieren de aquellas para avanzar en los objetivos gubernamentales, como tampoco otros problemas de gran envergadura –distribución de la tierra, Tratados de Libre Comercio, entre otros-. Es posible llevar a cabo programas para el campo y el campesinado sin tener que esperar la aprobación de los proyectos antes enunciados: construcción y rehabilitación de vías terciarias y secundarias para que los costos del transporte y distribución de los productos agropecuarios disminuyan –un modo de atacar la inflación actual-; suministro de insumos, semillas y herramientas agrícolas a bajo costo; asistencia técnica gratuita o a bajo precio para pequeños y medianos productores agropecuarios; créditos blandos a los campesinos, en particular a los pequeños y medianos productores; instalación de centrales de acopio que faciliten el suministro de alimentos a las ciudades sin intermediarios que hoy encarecen el precio de los productos del campo; la construcción de acueductos veredales que provean de agua potable a la población campesina; vincular de manera categórica a los organismos competentes de todos los niveles -ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Minas y Energía, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Agencia Nacional de Minería, ICA, Corporaciones Autónomas regionales, Secretarías departamentales y municipales relacionadas, en particular las que su objetivo es prevenir riesgos por desastres naturales, en campañas pedagógicas y de conservación y vigilancia del medio ambiente, en especial del recurso hídrico; medidas tendientes para que la agroindustria invierta en la conservación del suelo, el agua y la biodiversidad, estableciendo corredores ecológicos, incentivar el policultivo y reducir al máximo el uso de agroquímicos; construcción y rehabilitación, dotación de recursos humanos –docentes- y didácticos –laboratorios, bibliotecas y salas multifuncionales- y presupuestos adecuados para funcionamiento de centros educativos de todos los niveles para que los campesinos en edad escolar puedan acceder en igualdad de condiciones que sus pares de la ciudad a este derecho fundamental; construcción de centros de salud provistos de personal médico, paramédico y administrativo suficientes, así como de material sanitario según necesidades y censo poblacional; conectividad a Internet para que la población rural tenga acceso a toda la información nacional e internacional y como herramienta de investigación y conocimiento.

Creemos que estas y otros programas pueden implementarse o adicionar los existentes sin necesidad de esperar la aprobación por el Congreso de los proyectos gubernamentales para mejorar la actual situación del campo colombiano. El reto es enorme pero hay que asumirlo si se quiere ir en la dirección correcta de la distribución de la tierra con equidad y justicia social.

Inquietudes

Apreciado/a lector/a, este observador votó, como supongo algunos de sus lectores, por el candidato del cambio y ese candidato ganó y en su discurso de posesión como presidente dejó claro qué y cómo pretende hacer posible el trasformación política e institucional de la sociedad y el Estado colombianos. Asimismo, este observador, como supongo algunos de ustedes, es consciente de la alianza del Pacto Histórico con otras fuerzas políticas para hacer posible la gobernabilidad en este cuatrienio y fue así como parte de la prensa tradicional y las redes sociales registraron el acierto del presidente Petro en la escogencia de los primeros ministros ya por sus conocimientos, ya por su seriedad y servicios prestados al país. Sin embargo, la porfía del presidente en el nombramiento de ciertas personas pese a la resistencia política y social por inhabilidades jurídicas o éticas, inclusive en sus propias huestes, dejaron un sinsabor que, quiérase o no, afectan la credibilidad del gobernante. Si a ello agregamos la impuntualidad recurrente del señor presidente con su agenda y la discordancia del gabinete ministerial en algunos temas clave para el país –caso de la paz total y toma de tierras- han dejado la impresión de que al actual gobierno le falta una política de comunicación unívoca que transmita seguridad y confianza a la ciudadanía y que muestre que el cuerpo ministerial trabaja en una sola dirección y no como se deja entrever hoy con posiciones encontradas en las distintas carteras y consejerías nacionales sobre un mismo asunto.

Por otro lado, el populismo barato del presidente del Senado en el ejercicio de su función, como que el Congreso será Pet-Friendly y la respuesta ridícula del senador Barrera del CD de entrar al Capitolio en su caballo, y la zalamería extrema de petristas de nuevo cuño, como el embajador que excusa la impuntualidad del presidente con argumentos pueriles, hasta el extremo de afirmar que al presidente se le tiene que esperar porque al fin y al cabo él es el importante, contrariando lo dicho por el mismo Petro que primero el pueblo; y el último Lío de sábanas, como tituló Vladdo (El Tiempo, 05/10/2022) el escándalo por la compra de ajuares para las casas de la presidencia y la vicepresidencia con sobreprecios, sientan un mal precedente y mal ejemplos para la burocracia nacional. Cierto es que son temas menores frente a los más graves y urgentes que demandan atención y soluciones –la paz, la corrupción, el desempleo, el régimen de salud y el pensional, entre otros-, no dejan de ser incoherentes con la política de austeridad que el hoy presidente Petro siempre reclamó a los gobernantes desde su tribuna como senador y en la plaza pública como candidato. Qué bueno sería que los asesores de Petro le dieran un vistazo a la presidencia de Pepe Mujica en la República Oriental del Uruguay.

Más coherencia entre la teoría y la práctica, sin olvidar que este cuatrienio es el comienzo del cambio.

Hasta pronto,

Tolimeo

Octubre de 2022

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[1] La “especial protección” al campesino que pretende esta reforma constitucional merece un análisis más amplio porque anteriores regulaciones con el fin de garantizar derechos fundamentales de minorías y sectores vulnerables hasta ahora se han quedado en el papel sin lograr el resultado esperado, a criterio de este observador.

La comicidad de algunos actos políticos no le quita su impronta política y la responsabilidad política o jurídica que de ellos emanan.

Amable lector(a),

Mi intención era parar, ojalá de manera definitiva, en los comentarios sobre el gobierno Duque pero no, no es posible porque algunos de sus desempeños con visos de comicidad –y hasta cursis- fueron, además de manifestaciones pueriles, actos propios de la soberbia, la arrogancia y la perversidad, tan frecuentes en su mandato, que no pueden ser calificadas como simples anécdotas que pronto abandonemos en un rincón de la memoria histórica del país, sino observadas como acciones con connotaciones políticas, y hasta jurídicas, inéditas en nuestro país –al menos en su historia reciente- a pesar de su apariencia inane. Sabrá excusar, paciente lector(a) esta nota pasado ya un mes del final de cuatro años incalificables en nuestra vida republicana.

Supongo que algunos de ustedes recuerdan las escenas de El Chavo del 8 en las que Quico, el niño mimado y malcriado, con juguetes y madre alcahueta que todo se lo justificaba, incluidas sus pataletas, humillaba al pobre Chavo quien, al final, se salía con la suya con la ayuda ya de la Chilindrina ya de don Ramón con la consecuente rabieta de Quico. El asunto Duque, Petro y la espada de Bolívar a mí me las recordó pues vi en ese episodio la escenificación real de esas pilatunas infantiles, solo que con protagonistas adultos. Como lo narraron, comentaron, justificaron y polemizaron en los medios de comunicación quizá volver sobre este episodio resulte pesado; sin embargo, por su repercusión se justifica hacerlo. Durante la visita de Petro al Palacio de Nariño por invitación de Duque al día siguiente de su victoria electoral (20/06) al final del encuentro el anfitrión invitó al presidente electo a ver la espada de Bolívar -supongo que él sabía del simbolismo que representaba para su visitante-. “Te la muestro pero no te la presto”, le hubiese dicho Quico al Chavo. Llegado el momento y previa solicitud de Petro a la Casa de Nariño de facilitar la espada del Libertador para el acto de su posesión el 7 de agosto -repito, fecha y acto cargados de simbolismo para el nuevo presidente: Bolívar, el M19, el robo y devolución de la espada…-, Quico, digo Duque no se la iba a poner fácil al Chavo, digo a Petro y su “chusma”, poniendo una serie de trabas administrativas –que el seguro, la seguridad-, … en fin, “no se la presto, ya la vio”. Lo que pasó ese día de la posesión también es de sobra conocido: el Chavo, digo Petro, respaldado en el poder de su nueva función  -también por la “chusma” que lo aclamaba-, dio la orden de llevar la espada a la plaza de la posesión, razones suficientes para que Quico, digo Duque, autorizara el desplazamiento del arma hasta allí y así continuar la ceremonia de posesión. Pero la manifestación típica del mal perdedor, de las elecciones y el poder en este caso, Quico, digo Duque, en lugar de seguir la tradición de esperar en la puerta al nuevo huésped de la Casa de Nariño y acompañarlo al interior del recinto y presentarle al personal de la casa presidencial calmó su rabieta con el saludo apresurado en la puerta principal del nuevo mandatario y su “chusma” que lo rodeaba para salir rumbo al vecino municipio de Chía a tocar rock como bálsamo para su rabieta y la nostalgia que tal vez le comenzaba por  haber dejado el poder en manos de la “chusma”.  La comicidad de algunos actos políticos no le quita su impronta política y la responsabilidad política o jurídica que de ellos emanan.

Si bien este episodio fue el colofón de cuatro años de un gobierno incalificable, algunos otros actos, que no pueden calificarse como pilatunas ni “jugaditas” infantiles, sucedidos horas antes de entregar el mando mostraron sin lugar a duda el talante infantil, o de inmadurez, -o ¿de mala fe?-, del señor Iván Duque Márquez que desdicen y desdoran su paso por la primera magistratura del Estado colombiano.

No había transcurrido una semana siquiera del final de su mandato cuando salió a la luz pública los nombramientos a dedo de notarios, como los últimos pagos de favores políticos realizados por el presidente Duque. 150 notarios nombrados de manera interina, sin respetar el concurso de méritos ni la carrera notarial, llegando incluso a crear notarías para dejar a “su gente” instalada como quistes en el nuevo gobierno. Lo mismo puede decirse de los cientos de contratos firmados a las carreras la primera semana de agosto  -la última de su gobierno-, por el ministro del Interior para unas obras en la policía nacional, llegando al extremo de que la viceministra encargada –la compañera sentimental del ministro del Interior- forzara a los funcionarios del ministerio que debían elaborar dichos contratos aún en días feriados o no hábiles. Otro tanto sucedió con las becas y comisión de estudios que el presidente Duque repartió también como agradecimiento y no por méritos a policías que prestaron servicios de seguridad –escoltas- a sus familiares y otros funcionarios de su gobierno. 37 fueron los agraciados con esta «generosidad” de Duque que, de no reversarse por el nuevo gobierno, serán pagadas con el dinero de todos, esto es de los impuestos nacionales.

Y para que no quede atisbo de duda del fraude que resultaron ser los cuatro años de gobierno de Iván Duque Márquez, la restauración de la isla de Providencia, destrozada por el huracán Iota –reconstrucción prometida para hacerse en 100 días-, constituyó otro monumento a la corrupción gubernamental. El sobrecosto de las obras de la restauración de las casas para los damnificados fue tan abultado que ni siquiera respetó la máxima del expresidente Turbay Ayala (1978-1982) de que sea en “sus justas proporciones”: casas cuyo valor sería de 150 millones de pesos tuvieron un costo de 690 millones de pesos o más. Valga decir que este desfalco al tesoro nacional no fue comprobado solo por los medios de comunicación, ONG, o grupos de raizales víctimas del desastre natural, no, fue la misma Contraloría General de la República que dictaminó estos hallazgos fiscales en detrimento del Estado. También es preciso decir que las excusas dadas por los equipos responsables de las obras fueron desmontadas una a una: el incremento del precio por el alto valor del transporte de materiales desde el continente a la isla, desde Cartagena para ser más precisos, se fue al piso con lo expresado por el presidente Petro luego de su visita a Providencia: el material fue transportado por la Armada Nacional. El incremento en los costos por el uso de material especial antisísmico y antihuracanes, resultó ser el mortero y la electromalla, dos productos tan frecuentes como corrientes en la industria de la construcción en el país: el mortero un aditamento para el concreto se utiliza desde hace tiempo en la construcción de vivienda popular y la electromalla, es una malla de hierro calibre 18, 19, entre otros, que sirve para reforzar pisos y paredes, una especie de amarre del concreto u hormigón, materiales cuyos precios elevan el costo de cada casa reparada o hecha en Providencia pero nunca en el exorbitante porcentaje que dijeron los encargados de las obras y, por tanto, no justifican las cifras presentadas por el gobierno responsable de la rehabilitación de la isla caribeña. Este observador, como supongo la mayoría de los colombianos asaltados en su buena fe con estas y otras actuaciones del gobierno que recién dejó su funciones, espera sean investigadas y se apliquen las sanciones de la índole que sean –penales, administrativas, disciplinarias y políticas- por estas y otras costosas desviaciones y apropiaciones de los recursos nacionales.

Querido(a) lector(a), ha transcurrido un mes desde que el gobierno del Pacto Histórico comenzó sus funciones, por tanto, es hora de dejar de ir dejando constancias del rumbo que ha tomado hasta ahora, si es coherente con el programa y promesas hechas en la campaña electoral y si de veras estamos frente a un gobierno distinto a los que los antecedieron en los 200 años de vida republicana de nuestro país. Temas como la educación y el agro llaman de manera poderosa mi atención y por eso desde la próxima epístola abordaremos estos temas desde la perspectiva de los derechos humanos fundamentales que nos garantiza la Constitución Política.

Hasta pronto,

Tolimeo,

Septiembre de 2022

El Informe Hay Futuro si hay verdad de la Comisión de la Verdad nos recuerda que existe una dura realidad desconocida u olvidada en el país: la de los exiliados, La Colombia fuera de Colombia.

Amable lector(a),

Tal vez las palabras exilio, exiliado, refugiado, no signifiquen nada, o muy poco, para la mayoría de colombianos, pero si escuchamos la voces testimoniales de quienes viven en esa condición el significado toma otra dimensión, o mejor, su verdadera dimensión: una realidad que vive oculta, olvidada o desconocida para esa mayoría nacional. Esta razón es más que suficiente para una reflexión y, por qué no, una acción sobre este fenómeno político-social que es una consecuencia más de la violencia política colombiana.

El 14 de julio pasado, en Ginebra, Suiza, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, CEV, presentó su Informe Hay Futuro, si hay verdad, con énfasis en el capítulo El exilio: La Colombia fuera de Colombia. Luego de 2.048 entrevistas, la CEV analizó y consignó en su Informe final el testimonio de las circunstancias en que viven los miles de colombianos –la CEV estima que más de un millón salieron del país entre 1958 y 2016 por razones políticas-, que desperdigados por los cinco continentes hacen parte de los ocho millones de víctimas de la violencia política en nuestro país. El Informe presentado en Ginebra por tres Comisionados de esta institución, que hace parte de las tres que conforman el Sistema Integral para la Paz, creada por el Acuerdo de La Habana (o del teatro Colón) firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP., también llamada justicia transicional, fue el mismo presentado a la nación colombiana el 28 de junio de este año por su presidente Francisco de Roux, SJ, en Bogotá.

En acto sencillo, lleno de esperanza en la paz y la reconciliación nacional, luego de la presentación de varios videos frutos del trabajo y conclusiones de la CEV, de las explicaciones de los tres Comisionados sobre el Informe mismo y la metodología empleada, el trabajo de campo –visitas y entrevistas a los afectados en diversos países- se adentraron en la dura realidad de los colombianos que se vieron forzados a salir del país contra su voluntad por razones políticas, las particularidades y los patrones comunes que las causaron y los efectos de esta condición. A continuación se escucharon las voces, femeninas y masculinas, de varios de los nacionales que forman la diáspora político-social en los cinco continentes que expusieron su personal situación, preguntando o comentando acerca de su drama, de su historia, historia que va quedando grabada en nuestra mente que, a su vez, piensa en el sinnúmero de inquietudes y cuestiones que afloran, quizás muchas sin respuestas, sobre este fenómeno que desconocido o lejano para la nación colombiana hace parte de nuestra nación herida. Sí, a pesar de haber conocido de primera de mano y desde hace tiempo algunas de esas historias, no deja de conmover volver a escuchar el desastre, silencioso por lo general, de cada una de estas víctimas del conflicto armado nacional que marca la condición de exiliado o refugiado. No saber para dónde se va ni hacer qué, tener solo la certeza que la salida abrupta contra su voluntad salvó la existencia personal y/o familiar, que la vida queda suspendida como el péndulo de un reloj en el país de acogida; oír en medio de lágrimas o sollozos de la víctima que cuenta su destierro –porque lo es-, el recuerdo de la impotencia de tener que dejar seres queridos –en ciertos casos sin poder hacerle el duelo al o los muertos violentos o indagar sobre sus desaparecidos-, allegados, bienes, el trabajo, .. en fin, dejarlo todo, o casi, porque su labor y, a veces su sola presencia, incomodaba a unos o a muchos, por lo general a los detentadores del poder del Estado, porque su testimonio o su denuncia constituyen –sí, aún en presente- una prueba más de cargo contra los perpetradores de cientos de graves violaciones de derechos humanos o del derecho humanitario en el contexto de una violencia que la mayoría queremos apagar y unos pocos mantener. Conmovedor y doloroso escuchar de un exiliado decir que por momentos se siente culpable de su exilio, o de jóvenes de la segunda generación de refugiados que no saben por qué están o nacieron fuera de Colombia, o el silencio de todos, o de casi, de su sufrimiento que guardan como si de un secreto se tratase para no mostrar debilidad ante propios y extraños, para que nadie se entere de su dolor, el conflicto familiar que con cierta frecuencia se presenta en el hogar del exiliado y muchas veces con consecuencias que empeoran aún más su situación: separaciones impensadas, alcoholismo, adicción a las drogas e, inclusive, suicidios. Pero, ¿quiénes son los exiliados colombianos? El líder político o cívico, el abogado defensor de derechos humanos, el miembro de una ONG local defensor de minorías étnicas, el campesino reclamante de restitución de tierras, el estudiante, el sindicalista y hasta el fiscal o el juez que a nombre del Estado investiga o condena a los victimarios de horrendos crímenes, o el simple testigo de un crimen atroz porque su sola presencia, denuncia o testimonio no deja duda acerca de la responsabilidad de los autores de esos vejámenes en el contexto del conflicto armado que aún se vive en Colombia.

Volvamos a todas las arandelas que el exilio conlleva. El ser y no ser de aquí ni de allá, sentirse agradecido y al mismo tiempo extraño y desconfiado en el país de acogida, la integración y el aprendizaje de otro idioma, arte u oficio para volver a empezar de cero aumentan la angustia de aquel que se vio abocado a una salida súbita del país –insisto- como única alternativa para seguir vivo. La cuestión del regreso como solución a un problema que se prolonga en el tiempo –a veces nunca se soluciona-, son dilemas, debates interiores que no siempre ven la luz pública pero sí los destrozos o deterioros que van dejando con el paso del tiempo. Este silencioso proceso del exilio que fuera de sus propias víctimas y sus familias pocos conocen, excepto los abogados defensores de derechos humanos, las entidades nacionales y extranjeras que se ocupan de esta problemática y los funcionarios del Estado receptor u otorgante del refugio. Razón no le falta al Comisionado de la CEV, Carlos Martín Beristaín cuando afirma: “Hay una parte de la verdad de Colombia que solo se puede conocer fuera de Colombia.”.

 Amable lector(a), esta no es más que una apretada reseña del exilio y la condición que viven los exiliados –por cierto, no solo de nuestro país sino de todo el mundo-. Se estarán preguntando si no hay un aspecto positivo en esta situación, o en otras palabras, ¿fuera de haber protegido su vida y la de los suyos qué más ganó quien salió en estas circunstancias del país? Sí, algunos exiliados han logrado integrarse y restablecerse en los aspectos materiales, en lo económico y profesional, llegando incluso algunos a descollar en el país de acogida. Sin embargo, ¿estos logros compensan los daños internos, morales, que sufren estas personas desarraigadas forzosas que han perdido incluso sus ancestros? ¿Se puede recomponer el tejido familiar roto cuando una parte de la estirpe está en el país y la otra partió con él o ella al exterior? Cada quien tendrá su propia respuesta.

Termino diciendo que en el acto del 14 de julio en el Consejo Ecuménico de Iglesias de Ginebra se respiraba un ambiente de esperanza por el cambio político y social que prometió el nuevo presidente, Gustavo Petro, quien declaró al recibir el Informe final de manos del presidente de la CEV que su gobierno acogía las conclusiones y recomendaciones del mismo y las pondría en práctica.

Ojalá así sea.

Hasta pronto,

Tolimeo,

Mies, CH, agosto de 2022

No es la zalamería ni la adulación la mejor manera de contribuir a la gestión del  gobernante: es la sana y constructiva crítica de parte de sus adeptos y amigos.

Señor Presidente,

Antes que nada permítame felicitarlo a Usted y a la señora Francia Márquez por el trascendental logro obtenido: llegar a los más altos cargos de la República por mandato de las mayorías nacionales; es un triunfo personal y colectivo sin precedentes y de grandes consecuencias para el futuro de nuestro país. Entendido que es un honor tan alta dignidad, con sinceridad le digo, señor Presidente, me parece más alta aún la responsabilidad que Usted asumió para llevar a cabo los anhelos de nuestra nación, hartada de décadas de desgreño, indiferencia e incumplimiento de sus predecesores, algunos habiendo tomado el cargo como si de hacienda propia se tratase y no de un Estado conformado por cincuenta millones de personas que delegan en sus autoridades la conducción y gestión de un cúmulo importante de asuntos públicos y, sobre todo, una larga lista de necesidades insatisfechas desde hace muchos años y que, yo, ciudadano de a pie, tal vez interpretando los deseos de las mayorías de nuestro país, quisiera comenzaran a solventarse en su cuatrienio gubernamental.

Dando por sentado que entre los asuntos, problemas y necesidades del orden nacional para abordar y resolver habrá una escala de prioridades en su programa de gobierno, hay algunos inaplazables y fundamentales porque sin una pronta intervención gubernamental en ellos el cambio que Usted y los que votamos por su propuesta no sería  posible. Espero se encuentren incluidos entre ellos: La implementación del Acuerdo de Paz, comenzando con la Reforma Rural Integral para así dar cumplimiento al Punto 1 del Acuerdo de Paz de La Habana o el Teatro Colón. Reforma a la Justicia, porque sus antecesores fueron incapaces de llevar a término una que tanto reclama la nación colombiana; incapacidad porque pretendieron que primaran los intereses  mezquinos de las élites ante el sagrado derecho que tiene toda sociedad a la pronta y cumplida justicia. Reforma tributaria: Consciente de que los fines del Estado no serán posibles sin recursos adecuados y suficientes, que gran parte de ellos provienen de la tributación de los ciudadanos y extranjeros que tienen renta y utilidades en el país, que año tras año los últimos gobernantes han fracasado en este propósito, porque se preocuparon más en recaudar para tapar huecos fiscales que para prestar un servicio público equitativo para todas las clases sociales de la nación. Reforma política porque la democracia colombiana seguirá coja mientras no haya un verdadero mecanismo que haga posible y garantice el ejercicio de la política en todas sus manifestaciones y el juego democrático gobierno y oposición; para hacer de los partidos políticos organizaciones que de verdad representen los intereses ideológicos y políticos de sus seguidores y dejen de ser lo que hoy son: grupos de personas bajo la dirección de unos pocos líderes políticos que actúan saltándose sus propios estatutos y reglamentos y a espaldas de sus militantes de base y, peor aún, con desconocimiento de lo que es la función pública. Reforma que debe cobijar el sistema electoral, incluido el Consejo Nacional Electoral para que sea un verdadero tribunal, con magistrados probos e independientes que representen los intereses más altos de la nación y el Estado y no como en la actualidad que cada consejero representa y defiende los intereses políticos e ideológicos del respectivo partido al que pertenece. Reforma al régimen pensional: Bien sabido es que en la actualidad la población pensionada en nuestro país es muy baja (4.3%) y las expectativas de mejorar la cobertura con el actual régimen son nulas o casi; por tanto es un imperativo la reforma en este campo que sea justa y equitativa, que de verdad haga realidad el predicado constitucional de “El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.” (Art.53 C.P.). Y será democrática si cuenta con la participación decisiva de los productores de riqueza, los trabajadores -activos y pensionados-, y sus organizaciones representativas; y los dueños del capital, los empresarios y sus respectivas agremiaciones. La incentivación de la economía colombiana: Las miserias socioeconómicas acumuladas durante tantos años de desatención gubernamental, agravadas por la crisis de la pandemia, han llevado al hambre a millones de ciudadanos, como Usted mismo lo ha venido diciendo desde tiempo atrás. Estas y otras reformas no dan espera, por tanto deben ser objeto de acción inmediata.   

Señor Presidente,

Si los anteriores temas pueden considerare la médula del Estado, existen otros asuntos de la República que hoy por hoy, por razones similares, desdibujan el Estado social de derecho que preconiza nuestra Carta Magna. Por ello apremia también meterle mano a:

El empleo, cumpliendo a cabalidad con nuestro Código del Trabajo y las convenciones de la O.I.T. suscritas por el Estado colombiano, en especial las relacionadas con el contrato de trabajo. Es necesario abolir lo más pronto posible los contratos por prestación de servicios que hoy sustituyen de manera maliciosa el contrato de trabajo, negándole derechos consagrados en la Constitución Política y las leyes a los trabajadores vinculados mediante este tipo de contratos civiles, no laborales. Asimismo, se debe estimular de manera cierta a los pequeños y medianos empresarios -los mayores empleadores del país-, facilitar la preparación y calificación de los trabajadores de la base salarial y otras medidas tendientes a mejorar la producción y productividad, intervenciones gubernamentales que no requieren reformas constitucionales, solo  legales y/o administrativas.

Reforma a la carrera administrativa, al igual que el punto anterior, eliminando los contratos por prestación de servicio o nómina paralela en el Estado en todos sus niveles –nacional, departamental y local-, debiendo ser el concurso de mérito la regla general para el ingreso de la mayoría de los servidores públicos a la carrera administrativa y la función pública, de donde sólo se pueda ser excluido por causas previstas en la ley y no por las conveniencias políticas de los gobernantes de turno como ocurre en la actualidad.

Reforma a la carrera diplomática y consular, la representación de nuestro Estado en el exterior no puede seguir siendo escampadero o premio de consolación de políticos derrotados en contienda electoral, o una forma más de pagar favores políticos, en especial de carácter electoral. Largo sería la exposición de ejemplos de cómo el mal proceder de muchos funcionarios en el exterior se debe a su falta de preparación en los asuntos diplomáticos y consulares. En este aspecto no se requiere siquiera de una reforma, basta aplicar con rigor las normas existentes para cambiar la vergonzosa política exterior colombiana.

Señor Presidente,

Como ya es de público conocimiento, Usted ya anunció algunas reformas estatales, como en la Policía Nacional y por ende del ministerio de Defensa y otros ministerios, no es menester considerarlas de mi parte; sin embargo, sí sería útil considerar modificar o reforzar algunas instituciones que hoy no cumplen con las funciones a ellas consagradas por la Constitución y la ley: Intervención en las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR. Estos entes regionales son la base del Estado en la vigilancia y protección de los ecosistemas, el medio ambiente y la naturaleza en general, así como gestoras del uso racional de los recursos naturales, en particular el agua. Sin embargo, las CAR están convertidas hoy en fortín burocrático de políticos departamentales y sus consejos directivos lo conforman alcaldes municipales, muchos sin el conocimiento y, menos, la vocación de defensor del medio ambiente. Los resultados saltan a la vista por todo el territorio nacional: deforestación, minería ilegal, extracción irracional de material de arrastre de los lechos de ríos y quebradas y licencias ambientales y concesiones de dudosa legalidad. El presidente Santos habló en su primer mandato de meterle mano a estas entidades territoriales pero tal parece pudo más la presión de los interesados para que no cambien y al final nada cambió.

Reforma de la Contraloría General de la República: Si hay en Colombia una entidad que sirva para pagar favores políticos y cobrar cuentas de cobro a los adversarios políticos, la Contraloría General de la República, junto con la Procuraduría General de la Nación, es la predilecta. Usted mismo, señor Presidente, sabe lo que es estar bajo la férula implacable de este organismo de control fiscal utilizado como arma política. La Contraloría, pese a los retoques que se le han hecho, no cumple a cabalidad su mandato constitucional y legal de custodiar los bienes y recursos del Estado. Además, también se ha visto, sus decisiones finales casi siempre no se cumplen por diferentes razones. Las Contralorías departamentales son iguales. Por ello, sería importante considerar reemplazarla por un Tribunal de Cuentas con capacidad jurisdiccional para vigilar, investigar y sancionar los desvíos de los recursos del Estado –los llamados hallazgos fiscales-. Si se pretende eliminar o reformar la Procuraduría General de la Nación, sería la oportunidad para modificar tanto el control fiscal y funcional del Estado y ponerlos a cargo de una judicatura independiente de los vaivenes político partidistas.

Señor Presidente,

No pretende este ciudadano que en su cuatrienio se logre reformar o enderezar todos los entuertos causados durante años de políticas inequitativas y excluyentes, que han favorecido las élites de este país y unos cuantos áulicos que viniendo de abajo treparon en las esferas del Estado convertidos en los peores enemigos del pueblo raso; no, se trata, y eso entiendo, de dejar apuntalados las bases sobre las cuales se ha de edificar la nueva Colombia para todos los residentes en su territorio. Si esas bases logran instalarse de tal manera que apuntale el nuevo edificio que ha de alojar nuestra sociedad, seguro estoy, su sucesor será el continuador de su obra porque saldrá de las mismas bases sociales que a Usted lo auparon en el poder: el pueblo, los nadies, como tan atinadamente los describe su compañera de equipo presidencial, doña Francia Márquez. Para ello es menester rodearse de equipos capaces, honestos y con vocación de servicio público. Hoy evoco la respuesta que Franklin Delano Roosevelt dio cuando fue preguntado sobre cuál el secreto para su éxito político y gobernante reelegido dos veces a la presidencia de los Estado Unidos: “Siempre me rodeo de los mejores”.

Señor Presidente,

Tanto Usted como millones de conciudadanos sabemos que la transformación económica, política y social de nuestro país es de una envergadura a veces inimaginable porque los problemas asoman por todas las grietas que dejan los descosidos de los malos gobiernos que hemos tenido, que se requieren políticas duras y quizás austeras pero siempre con rostro humano; que sin el concurso de todos los que le apostamos al cambio, a la paz, a la reconciliación y a la vida no es posible el cambio que Usted y el Pacto Histórico prometieron en la campaña electoral que le llevó al solio de Bolívar. Tampoco desconocemos las trabas y palos en la rueda que le atravesarán en el camino los desalojados del poder para tratar de reconquistarlo, que toda arma arrojadiza será válida para ese empeño, máxime si ven que sus privilegios se irán eliminando para redistribuir los recursos, bienes y servicios del Estado entre todos los colombianos. Pero, sepa Usted, que su gobierno no estará solo, que los millones de ciudadanos que lo eligieron estarán presentes para impedir que el cambio iniciado por Usted sea revertido.

Seguro estoy que su gobierno no nos fallará, que avizoramos de verdad con esperanza un futuro halagüeño para los que hoy nada tienen, o tienen muy poco. A ninguna pretensión personal aspiro de su gobierno, me bastará constatar que su política volcada hacia el campo para mejorar las condiciones de vida de los que producen nuestra comida, a los pequeños y medianos empresarios agropecuarios, los olvidados de siempre, se pone en marcha con las primeras medidas de su administración. Mas ello no es óbice para manifestarle, señor Presidente, que también estoy dispuesto a disentir y señalar si llegase a producir una desviación del programa que le aprobamos en las urnas porque considero que no es la zalamería ni la adulación la mejor manera de contribuir a la gestión del  gobernante: es la sana y constructiva crítica de parte de sus adeptos y amigos.

Del señor Presidente, sin otra consideración,

Tolimeo

P.S. A propósito de las jugaditas que el actual mandatario está realizando en materia de nombramientos y mantenimiento de privilegios de sus áulicos, es bueno recordar que en derecho un decreto se revoca con otro decreto, que existe la institución del libre nombramiento y remoción de cargos de confianza y que, además de la ley, la conveniencia pública por necesidades del servicio público también es una herramienta válida para gobernar.

San Luis, Tolima, julio de 2022