Sin desconocer las reformas legales necesarias para mejorar la situación del campesinado colombiano, urge la ejecución de programas que no requieren de aquellas para avanzar en los objetivos gubernamentales.
Amable lector/a,
Como en nuestro país se hizo costumbre que todo asunto, desde el más importante hasta el más frívolo, debe ser legislado para que funcione o se cumpla, o dicho en otras palabras, vivimos convencidos que sin una ley específica no se podrán impulsar X o Y política o programa gubernamental -discutible y que no pasa por lo observado en otros países, sean del primer o del tercer mundo-, tal vez por eso la apuesta del presidente Petro de la política de desarrollo rural y la seguridad alimentaria por el campo comenzó con dos iniciativas del gobierno y el Pacto Histórico presentadas al Congreso de la República: una, el proyecto de acto legislativo número 19 de 2022 con el cual se propone modificar el artículo 64 de la Constitución Política de 1991 en relación con el campesino “el Estado velará en forma especial por la protección y garantía de sus derechos individuales y colectivos”[1]; y dos, el proyecto de ley 115 de 2022, que “contribuye a garantizar el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas de la población colombiana, a través de la creación y puesta en marcha del programa de emergencia de lucha contra el hambre”.
Sería necio discutir el urgente tratamiento que requiere el campo colombiano si de verdad como nación queremos la senda del desarrollo acorde con nuestras necesidades y potencialidades. Además, porque la cuestión agraria es pilar fundamental para la implementación del Punto 1 del Acuerdo de Paz de La Habana –o el Teatro Colón- que, como bien es sabido, el anterior gobierno no quiso adelantar. Estas son razones de peso para que el campo sea una prioridad nacional, pues, arreglar el problema agrario en Colombia es caminar hacia la paz y, de paso, achicar la notable brecha hoy existente entre la vida rural y la urbana, entre campesinos y citadinos. Sin embargo, es bueno advertir desde ya que la cuestión agraria no depende de manera exclusiva de la buena o mala voluntad política y gestión gubernamental, como quiera que sin el concurso decidido y armónico del legislador y la administración de justicia y los entes de control –Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo- todo intento será vano porque encontrará innumerables obstáculos para llegar a buen puerto. De ahí que estos dos proyectos radicados en el Congreso, junto a otras medidas con el mismo objetivo se constituyan en breve tiempo en el motor del cambio del campo. Ojalá estas iniciativas sean aprobadas luego de discusiones serias y responsables por parte del Congreso y de esta manera el Estado posea bases sólidas hacia el futuro, como también para no repetir experiencias recientes de reformas importantes que no pasaron la prueba ante la Corte Constitucional –dos a la justicia, la electoral, entre otras-; sin olvidar que las élites económicas del país a través de sus partidos de derecha están al acecho del mínimo error gubernamental para sustentar su oposición de cara a 2026.
Sin desconocer las reformas legales necesarias para mejorar la situación del campesinado colombiano, urge la ejecución de programas que no requieren de aquellas para avanzar en los objetivos gubernamentales, como tampoco otros problemas de gran envergadura –distribución de la tierra, Tratados de Libre Comercio, entre otros-. Es posible llevar a cabo programas para el campo y el campesinado sin tener que esperar la aprobación de los proyectos antes enunciados: construcción y rehabilitación de vías terciarias y secundarias para que los costos del transporte y distribución de los productos agropecuarios disminuyan –un modo de atacar la inflación actual-; suministro de insumos, semillas y herramientas agrícolas a bajo costo; asistencia técnica gratuita o a bajo precio para pequeños y medianos productores agropecuarios; créditos blandos a los campesinos, en particular a los pequeños y medianos productores; instalación de centrales de acopio que faciliten el suministro de alimentos a las ciudades sin intermediarios que hoy encarecen el precio de los productos del campo; la construcción de acueductos veredales que provean de agua potable a la población campesina; vincular de manera categórica a los organismos competentes de todos los niveles -ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Minas y Energía, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Agencia Nacional de Minería, ICA, Corporaciones Autónomas regionales, Secretarías departamentales y municipales relacionadas, en particular las que su objetivo es prevenir riesgos por desastres naturales, en campañas pedagógicas y de conservación y vigilancia del medio ambiente, en especial del recurso hídrico; medidas tendientes para que la agroindustria invierta en la conservación del suelo, el agua y la biodiversidad, estableciendo corredores ecológicos, incentivar el policultivo y reducir al máximo el uso de agroquímicos; construcción y rehabilitación, dotación de recursos humanos –docentes- y didácticos –laboratorios, bibliotecas y salas multifuncionales- y presupuestos adecuados para funcionamiento de centros educativos de todos los niveles para que los campesinos en edad escolar puedan acceder en igualdad de condiciones que sus pares de la ciudad a este derecho fundamental; construcción de centros de salud provistos de personal médico, paramédico y administrativo suficientes, así como de material sanitario según necesidades y censo poblacional; conectividad a Internet para que la población rural tenga acceso a toda la información nacional e internacional y como herramienta de investigación y conocimiento.
Creemos que estas y otros programas pueden implementarse o adicionar los existentes sin necesidad de esperar la aprobación por el Congreso de los proyectos gubernamentales para mejorar la actual situación del campo colombiano. El reto es enorme pero hay que asumirlo si se quiere ir en la dirección correcta de la distribución de la tierra con equidad y justicia social.
Inquietudes
Apreciado/a lector/a, este observador votó, como supongo algunos de sus lectores, por el candidato del cambio y ese candidato ganó y en su discurso de posesión como presidente dejó claro qué y cómo pretende hacer posible el trasformación política e institucional de la sociedad y el Estado colombianos. Asimismo, este observador, como supongo algunos de ustedes, es consciente de la alianza del Pacto Histórico con otras fuerzas políticas para hacer posible la gobernabilidad en este cuatrienio y fue así como parte de la prensa tradicional y las redes sociales registraron el acierto del presidente Petro en la escogencia de los primeros ministros ya por sus conocimientos, ya por su seriedad y servicios prestados al país. Sin embargo, la porfía del presidente en el nombramiento de ciertas personas pese a la resistencia política y social por inhabilidades jurídicas o éticas, inclusive en sus propias huestes, dejaron un sinsabor que, quiérase o no, afectan la credibilidad del gobernante. Si a ello agregamos la impuntualidad recurrente del señor presidente con su agenda y la discordancia del gabinete ministerial en algunos temas clave para el país –caso de la paz total y toma de tierras- han dejado la impresión de que al actual gobierno le falta una política de comunicación unívoca que transmita seguridad y confianza a la ciudadanía y que muestre que el cuerpo ministerial trabaja en una sola dirección y no como se deja entrever hoy con posiciones encontradas en las distintas carteras y consejerías nacionales sobre un mismo asunto.
Por otro lado, el populismo barato del presidente del Senado en el ejercicio de su función, como que el Congreso será Pet-Friendly y la respuesta ridícula del senador Barrera del CD de entrar al Capitolio en su caballo, y la zalamería extrema de petristas de nuevo cuño, como el embajador que excusa la impuntualidad del presidente con argumentos pueriles, hasta el extremo de afirmar que al presidente se le tiene que esperar porque al fin y al cabo él es el importante, contrariando lo dicho por el mismo Petro que primero el pueblo; y el último Lío de sábanas, como tituló Vladdo (El Tiempo, 05/10/2022) el escándalo por la compra de ajuares para las casas de la presidencia y la vicepresidencia con sobreprecios, sientan un mal precedente y mal ejemplos para la burocracia nacional. Cierto es que son temas menores frente a los más graves y urgentes que demandan atención y soluciones –la paz, la corrupción, el desempleo, el régimen de salud y el pensional, entre otros-, no dejan de ser incoherentes con la política de austeridad que el hoy presidente Petro siempre reclamó a los gobernantes desde su tribuna como senador y en la plaza pública como candidato. Qué bueno sería que los asesores de Petro le dieran un vistazo a la presidencia de Pepe Mujica en la República Oriental del Uruguay.
Más coherencia entre la teoría y la práctica, sin olvidar que este cuatrienio es el comienzo del cambio.
Hasta pronto,
Tolimeo
Octubre de 2022
[1] La “especial protección” al campesino que pretende esta reforma constitucional merece un análisis más amplio porque anteriores regulaciones con el fin de garantizar derechos fundamentales de minorías y sectores vulnerables hasta ahora se han quedado en el papel sin lograr el resultado esperado, a criterio de este observador.
Epístola de Tolimeo 