El oficio de político en Colombia

¿Quién es político en Colombia?, ¿el político en ejercicio actúa de verdad en pro del bien común o por su interés particular? 

Amable lector(a),

Ha pasado un semestre no más de las últimas elecciones legislativas y un trimestre de la presidencial y ya comenzaron las renuncias a granel de políticos que hoy fungen en cargos públicos de todos los niveles para no inhabilitarse para las próxima elecciones regionales y locales del año próximo. Comportamientos que no son nuevos pues se dan desde hace tiempo e incluye a legisladores que dejan su función en el Congreso para aspirar también a otros cargos de elección popular, como gobernador o alcalde de ciudad importante. Esto me lleva a reflexionar sobre el oficio político en Colombia; para ello me formulo estas preguntas: ¿quién es político en Colombia?, ¿el político en ejercicio actúa de verdad en pro del bien común o por su interés particular? 

Aceptemos que aquí, como en casi todo el mundo, cualquier ciudadano puede actuar en política con las excepciones establecidas por la ley de cada Estado. En nuestro ordenamiento constitucional es un derecho fundamental indiscutible que toda persona, sin importar su género, situación económica, académica, social, religiosa, cultural u otra, puede hacer política, entendida esta en el campo que nos interesa, el Estado, como la actividad tendiente a obtener el poder público, esto es gobernar, o a mantenerlo en caso de detentarlo. La misma normatividad nacional ha establecido los impedimentos para participar en el juego político -elegir y ser elegido-, o para fungir como funcionario del Estado. Dicho de otra manera, en teoría, para participar en política en Colombia no se requiere ninguna condición o formación académica específica distinta a la de ser ciudadano para aspirar a ser gobernante o legislador, o miembro y dirigente de un partido o movimiento político. Desde luego existen unos requisitos taxativos para la mayoría de cargos administrativos, no así para los cargos de elección popular puesto que un ciudadano en ejercicio puede ser presidente, senador, representante a la Cámara, gobernador, diputado departamental, alcalde municipal, concejal o edil de Junta Administradora Local, los requisitos para acceder son mínimos: ser ciudadano en ejercicio y cierta edad, según el cargo. La Constitución Política y las leyes han previstos otros requisitos específicos para la elección o participación en política electoral que no interesan por ahora al propósito de esta reflexión.

En síntesis y teoría, toda persona con liderazgo social que quiera participar en política lo puede hacer. Es cuestión de voluntad e interés por el bien común que alguien deviene político o líder político. En esas condiciones y desde tiempos inmemoriales han existido líderes que han conducido y conducen sus comunidades hacia el éxito o el fracaso, al progreso o al estancamiento económico, político y social. En nuestro país desde antes de la conquista europea cada tribu o pueblo indígena tenía sus dirigentes –caciques-, como hoy. Pero el desarrollo político-social de los pueblos nos dice que no basta la vocación por el servicio comunitario para ser un político con reales probabilidades de acceder al poder político, al gobierno del Estado. Nuestra historia nos revela que, por lo general, los dirigentes que han conducido, primero a la independencia del yugo colonial y luego la consolidación del Estado republicano hasta hoy, han sido personas con recursos económicos y preparación académica, porque el pueblo llano, el de a pie, se ha visto impedido, por estas y otras poderosas barreras, para ejercer con éxito la política, esto es acceder al poder público. Los pocos humildes que lo han logrado, fuera de ser la excepción, no siempre terminaron bien, como fue el caso de Marco Fidel Suárez (1918 – 1921), obligado a renunciar a la presidencia del Estado por indigno, por haber solicitado por adelantado su salario para poder repatriar el cadáver de su hijo fallecido en Estados Unidos-. Quizá el lector piense en otros que, sin descender de familias adineradas o de abolengo, obtuvieron poder y algunos llegaron a la cúspide, a la presidencia de la República. Sí, siempre los ha habido aquí y en el exterior: por lo general personas inteligentes, capaces y astutas que han logrado colarse en los círculos de poder para defender los intereses, no de sus pares, el pueblo, sino los personales y el de la élite que los dejan ascender; porque no ponen en peligro el statu quo, el establecimiento. Basta repasar nuestra historia para encontrar los pocos ejemplos.

Es evidente que la humanidad avanza en todos los aspectos y el Estado y la política no podían ser la excepción. El ente político-jurídico se hace cada vez más complejo, más exigente, demanda mayor conocimiento y especialización para entender y dirigir con éxito la res publica -cosa pública-; por eso se ha generado una variedad de estudios y formaciones relacionadas con la política y el Estado, especializaciones, posgrados y otros estudios en derecho público, procesos electorales, liderazgo y gestión pública, ciencia política, democracia y gobierno, planificación urbana y rural, demografía entre otros que se ofertan para mejorar el quehacer político y la conducción del complejo Estado moderno. A estos se han aplicado unos cuantos de nuestros políticos.

Sin embargo, a la par de la forma tradicional para acceder al poder público otras maneras menos ortodoxas, pero quizá más efectivas, han ido filtrando la política nacional: procederes que no requieren formación siquiera, menos especializada, para hacer política y gobernar en cualquiera de los tres niveles de la administración: nacional, regional y local. Aunque casi siempre se empieza a la inversa, de lo local –alcaldías, concejos municipales- para llegar a lo nacional – congreso, presidencia- pasando por gobernaciones y asambleas departamentales. El uso de dinero sucio es una de estas maneras, convertido en palanca principal para actuar y tener réditos en política: compra de votos, capacidad propagandística, patrocinio de candidatos y otras actuaciones; es el trampolín habitual para comenzar a escalar en la larga escalinata hacia el poder central. Este elemento, además de degradar el quehacer político y la administración pública, ha incidido en el aumento de la corrupción que permea hoy todos los ámbitos del Estado. El vale todo se volvió costumbre porque lo importante es alcanzar el objetivo: el poder y el botín burocrático, éste para arreglar las cuentas de los costos que significó llegar allí.

La otra modalidad hecha costumbre en el país que, sin ser reciente en la escena política nacional, sí ha aumentado en los últimos tiempos: la herencia política, el legado de cargos de representación popular y en la administración pública entre miembros de una misma familia. No es menos indecorosa, grosera y lesiva para la democracia que los dineros sucios, esta manera de acceder y detentar el poder político y prolongarlo del padre –o madre- que deja instalado en su reemplazo al retoño –hijo o hija, sobrino o nieto- para que continúe su democrática labor en pro de su apellido o clan, mas no de la comunidad, como debería ser. Páginas se podrían llenar con ejemplos de estas dos maneras de ejercer la política en Colombia, mas no es necesario, cada lector sabe cuál o cuáles son el o los que en su ciudad o departamento, ejerce o ejercen la política de esta manera.  

Estos dos vicios dañan el ejercicio de la política colombiana. Al menos tres nocivas consecuencias observamos: i) empobrece aún más la de por sí frágil democracia nacional; ii) limita y pervierte el ejercicio democrático y justo de la política y el poder; y iii) viola de manera flagrante y permanente derechos fundamentales de la mayoría de ciudadanos, entre ellos el derecho a la igualdad frente a la ley y de oportunidades, como que así es muy difícil competir en igualdad de condiciones frente a los traficantes de la política.

En síntesis, hasta hace poco, el ejercicio político en Colombia combinaba las viejas prácticas tradicionales de las élites económicas y políticas con las dos modalidades antes descritas; y de una manera casi marginal los partidos de oposición al sistema imperante. Escenario que fue cambiando desde 2018, cuando las fuerzas alternativas y progresistas compitieron de igual a igual con las viejas castas políticas, hasta obtener el poder político este año. Es indudable que existen políticos íntegros que dignifican el quehacer político, mas ello no significa que la corrupción haya desaparecido de la escena política nacional.   

Volvamos al principio de la nota: ¿Cree usted que el secretario municipal o departamental, la gerente de la empresa pública, el director del ente descentralizado oficial, o el miembro del órgano colegial que renuncia para aspirar a otro cargo público, estuvo en su cargo por vocación por el servicio público y deseo de solventar las necesidades y problemas comunales que le eran propias de su competencia? ¿Cree usted que ese mismo exfuncionario aspira a un nuevo cargo de elección popular pensando en el bien común, en el desarrollo y beneficio de su comunidad? ¿Puede decirse que ese funcionario o ex, supo y fue consciente de la responsabilidad social y política que le es inherente al cargo que ostentaba? ¿Cómo explicar el aumento significativo del patrimonio de políticos y funcionarios en cargos de poca remuneración y en poco tiempo? Ni la Contraloría ni la Fiscalía dan cuenta a la nación de estos incrementos patrimoniales injustificados.

Querido(a) lector(a), esta es una invitación a reflexionar sobre la alternativa real que hoy tenemos en nuestro país para que el cambio se consolide lo más pronto posible y nuestra democracia lo sea de verdad. Perder esta oportunidad es permitir que las viejas y nocivas prácticas en la conducción del Estado vuelvan y se entronicen de nuevo. Las elecciones locales -alcaldías y concejos municipales- y regionales -gobernadores y diputados departamentales- de octubre de 2023 serán la gran prueba para saber si avanzamos o no.

¡Piénselo!

Hasta pronto,

Tolimeo

Noviembre de 2022