FIFA, Estado y Derechos humanos

Mientras el balón rueda en Qatar, la FIFA y sus satélites, siguen sus negocios del futbol y a los pueblos, más circo que pan.

Cuando ya hay más de la mitad de selecciones fuera del mundial, escasos nuevos talentos y sí algunas decepciones nacionales, seguimos viendo – cual emperador romano o jeque árabe – al señor Gianni Infantino sentado en su trono. Presidente de la FIFA, aislado, quizás pensando no el match que tiene ante sus ojos sino en el próximo negocio alrededor del fútbol, deporte que tan buenos réditos produce para unos pocos, comprendidos unos pocos futbolistas privilegiados por su dotes naturales para jugar el más popular de los deportes. Y a medida que el torneo llega a sus fases decisivas y más emocionantes, se supone, las denuncias, críticas y comentarios acerca de las graves violaciones de los derechos humanos que éste, como otros eventos, provocan o provocaron, con el silencio cómplice de los señores de la FIFA, las confederaciones continentales y las federaciones nacionales y -¡cómo no!- de gobernantes y jefes de Estado que las han prohijado con su silencio respecto de estos abusos, se fueron apagando con contadas excepciones. Lo importante ahora es la esencia del mundial: los goles, las atajadas, las estrellas. Lo demás no importa, o poco, así se trate de derechos humanos fundamentales y universales.

Bien sabido es que el deporte en general, y el fútbol en particular, dejó de ser y guiarse hace ya mucho tiempo por principios demodés como el que reza que lo importante no es ganar sino competir, proclamado por Pierre Fredy de Coubertin, padre de los juegos olímpicos modernos, para convertirse en el lucrativo negocio bajo el paraguas del entretenimiento para todos a través de la televisión. También es conocido que bajo el abrigo de ser el deporte un asunto privado es independiente de los Estados y gobiernos; así las organizaciones deportivas –asociaciones, ligas, federaciones, confederaciones- se rigen por sus propios y particulares estatutos y reglamentos impidiendo en principio toda injerencia estatal o de otra índole que no sean las meras “deportivas”. Dicho en otras palabras, el deporte mundial está bajo la dirección del Comité Olímpico Internacional, COI, y demás federaciones deportivas –no todas adscritas al COI-, sin más control que los suyos; están por encima del bien, del mal y de los Estados. Fue en esas condiciones que siempre que un Estado o gobierno quiso intervenir en asunto deportivo dentro del territorio nacional recibió la advertencia que de hacerlo la federación concernida o el comité olímpico nacional sería sancionado, incluso expulsado de los organismos internacionales a los que pertenece.

Hasta ahí todo es aceptable en aras de la discusión, pero el asunto toma otro cariz cuando las autoridades deportivas, o en los entornos deportivos, se violan de manera clara leyes estatales, como prohibir o restringir a deportistas y directores técnicos disentir y denunciar prácticas lesivas de derechos individuales y colectivos que les son propios por estar consagrados en normas estatales nacionales e internacionales, como los convenios de la Organización del Trabajo, OIT, o como ocurre con ocasión del actual mundial en que

la FIFA ha forzado de manera evidente tanto a jugadores como federaciones a guardar silencio o mantenerse al margen de las denuncias sobre la oprobiosa forma como se construyeron los estadios y demás escenarios para hacerlo posible: callar ante la tragedia que significa los más de 6.000 trabajadores que dejaron sus vidas en los estadios construidos por Qatar para albergar este mundial atípico en todos los sentidos. Mas no sólo ha sido la vida de esos miles de extranjeros llegados de países subdesarrollados a trabajar en condiciones extremas en la construcción, una suerte de esclavitud moderna: retención de sus pasaportes por parte del país “contratante”, horarios desmedidos y condiciones de vida inhumanas. Ante todo esto jugadores, federaciones e incluso gobernantes han debido silenciarse. Es decir, a los futbolistas y algunas federaciones se les prohibió los derechos a opinar, a expresar libremente su pensamiento, a protestar por unas conductas consideradas violatorias de normas legales, o a mostrar su apoyo a colectivos humanos discriminados, entre otros. Esta situación es la más reciente pero no la única que se conoce, pues abundan muchos ejemplos de condicionamientos lesivos de los derechos humanos bajo el escudo de los reglamentos deportivos; son millones los deportistas que enfrentan estas restricciones en todo el planeta: prohibición de jugar o “fichar” para X o Y equipo o club, interdicción de acudir a instancias judiciales para demandar justicia, contratación de menores de edad por fuera de las disposiciones legales, entre otras.

Y este asunto del deporte mundial, con acento en el fútbol, se mantiene oculto. Se hace necesario situaciones extremas o muy evidentes para que se descubran las trapisondas, actuaciones turbias y corruptelas que envuelven a dirigentes nacionales e internacionales que manejan el negocio fútbol. Si bien, el Caso Bosman -Jean-Marc, futbolista belga que demandó a su club ante la negativa de dejarlo ir para otra liga nacional. La demanda cobijó también a la Federación belga; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor de Bosman y contra los demandados por violación al derecho comunitario de libre circulación y de trabajo entre Estados miembros mediante sentencia de 15/12/1995; fallo que obligó a las federaciones nacionales de la UE a modificar sus reglamentos-. Digo, si este antecedente fundamental para que el Estado intervenga ante las organizaciones y competiciones deportivas cuando violan sus disposiciones, fue necesario, sin embargo, que una potencia, el imperio, los Estados Unidos, investigara los casos de corrupción para que saliera a la luz pública internacional la ratonera que florecía en la sede misma de la FIFA con su presidente, Joseph Blatter y su cohorte –miembros del Comité Ejecutivo-, a la cabeza, así como los presidentes de algunas confederaciones como la UEFA y la CONMEBOL para intentar limpiar el estercolero enclavado en la dirección del rey de los deportes, el futbol. No obstante, la mayoría de los gobernantes estatales siguen permitiendo, so pretexto de la independencia del deporte y sus organismos y reglamentos, se sigan cometiendo toda clase de abusos contra los más vulnerables en la cadena del negocio deporte: los atletas.

Muchas cuartillas más podrían escribirse sobre la corrupción del deporte mundial, en especial del fútbol, pero quiero destacar otro aspecto que poco o nada se comenta en las páginas y espacios deportivos o de otra naturaleza: el referido a la ley del embudo que aplica la dirigencia del deporte mientras actúan de manera independiente de los asuntos del Estado: que las construcciones de los escenarios deportivos –estadios, coliseos, hospedajes y demás- sea obra del Estado. En otras palabras, son con impuestos de los ciudadanos de cada país que se levanta la logística de un gran evento deportivo, pero las mieses, los réditos, sobre todo los derechos televisivos, sí van a parar a las arcas ya del COI, la FIFA u otra organización deportiva que realice el respectivo torneo o competición. Ahí sí es indispensable contar con el apoyo de gobiernos nacionales.

Se dirá que estas obras monumentales quedan en los inventarios públicos, del Estado. Cierto, pero en la mayoría de los casos, sobre todo, en los países subdesarrollados o en vía de desarrollo terminan siendo otro elefante blanco en el país respectivo porque luego del evento para el cual se hicieron no habrán otros que los justifiquen en el tiempo. Ejemplos de esta naturaleza abundan. Baste con mirar dentro de nuestras fronteras para ver qué fueron de las instalaciones deportivas en ciudades como Ibagué, Santa Marta, Neiva y otras: fuera de líos judiciales y reproches políticos nada más pasa con ellas.

En conclusión, amable lector(a), la independencia del gobierno deportivo de los asuntos del Estado puede aceptarse siempre y cuando no exceda los límites y vulnere las leyes estatales. En el caso de Qatar, se trata de graves violaciones de derechos humanos fundamentales, asunto que trasciende las competencias del deporte y, por lo tanto, es obligación de los Estados, como principales responsables de su ejercicio y protección, intervenir para que se reestablezcan los que aún se puedan –indemnizaciones por horas extras de trabajo, por las condiciones infrahumanas de labor- e investigar los abusos cometidos por el Estado organizador a través de los organismos competentes internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es lo mínimo que se puede demandar en esta tropelía ante la mirada cómplice de la mayoría de los gobernantes del planeta tierra.

NB. La Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y demás organismos relacionados con el fútbol colombiano, deben rendir cuentas a la nación por sus lesivos actos y omisiones cometidas en uso de sus funciones y prerrogativas.

10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos.

Tolimeo,

San Luis, diciembre de 2022