Amable lector/a,

Hace un tiempo, un lector de estas notas me comentó su inquietud por la calidad de la educación superior en Colombia, así como la poca o inexistente orientación profesional dada a los aspirantes a una carrera profesional; lo que ha causado un desequilibrio entre las carreras preferidas y las necesidades de nuestra sociedad. Este lector me sugirió tratar este tema, y hoy, con ocasión del proyecto de ley presentado por el gobierno con el fin de reformar la educación superior en nuestro país, reglada en la actualidad por la Ley30/1992, me permito expresar algunos puntos de reflexión.

No se pretende debatir las posiciones y observaciones expresadas por los representantes de círculos académicos, económicos, políticos, sociales y otros, acerca de cómo debe ser la educación superior en Colombia: qué aspectos necesitan modificarse, si debe ser educación pública, privada o mixta, la gratuidad y demás aspectos relevantes de este asunto; sino el de aportar otros, en nuestra opinión, capitales si de verdad se pretende mejorar la educación superior. Algo en lo que sí estamos de acuerdo la mayoría de los colombianos, pues, solo así se avanzaría hacia una sociedad más justa, incluyente y democrática.

Antes de exponer los puntos es pertinente decir que en el debate iniciado se observa un notorio énfasis en cuestiones e intereses económicos y políticos sectoriales, más que en el objetivo principal: la necesidad de una reforma educativa universitaria para proporcionar una educación profesional de calidad y eficiencia a la nación. En efecto, buena parte de las exposiciones y análisis hacen hincapié en que el proyecto gubernamental va en detrimento de la universidad privada, desconociéndola, dicen algunos; sobre la dificultad, por no decir oposición, de la gratuidad del estudio universitario, que no es más que el rechazo a que el Estado lidere la prestación de este servicio público y derecho fundamental. El temor a la estatización de la educación superior es evidente en los círculos económicos y políticos de derecha, hoy en la oposición, que han manejado la educación desde inicios de la república con un carácter estratificado, clasista.

Si bien en teoría los centros educativos privados son “sin ánimo de lucro”, la realidad nos muestra otra cara: la educación superior –como en los demás niveles- más que un servicio público es un negocio, como cualquier otro: algunas instituciones han servido para el enriquecimiento de sus dueños o directivos; es decir que de filantropía o altruismo poco o nada en esos casos, que no son pocos. Aclaro también que no se pretende desconocer la calidad académica y formativa de reconocidos centros privados de estudios superiores, los cuales tienen una característica en común: sus elevados precios de matrículas y demás ítems, los hacen exclusivos, para la élite nacional. En los demás, no pocos, por cierto, la calidad académica no alcanza los estándares nacionales requeridos para cada carrera o profesión, menos los internacionales, o no compensan el esfuerzo y la expectativa que el discente esperaba al ingresar a uno de ellos ni retribuye el costo económico invertido en ello. Los egresados con calidad académica deficiente entran –si es que lo logran – al mercado laboral, con pocas posibilidades de competir con éxito en su campo respectivo. Las universidades e institutos de enseñanza superior denominadas “de garaje” son legión en el país –mis compatriotas saben a qué me refiero con este calificativo.

Además, también es necesario anotar el innegable desbalance actual entre las diversas áreas o campos del conocimiento en los estudios universitarios e incluso con las carreras técnicas: mientras existe un déficit de profesionales en ciencias y tecnología -medicina, ingenierías, biología, arquitectura y otras-, existe una profusión de egresados en otros campos que no se corresponde con las necesidades del país. La abogacía se ha convertido, por ejemplo, en una especie de “paraguas”, “salvavidas” o “comodín” para una buena parte de estudiantes, que por diversas causas no pudieron estudiar la carrera deseada; o para quienes se fueron por la línea del menor esfuerzo para obtener un título profesional. Algunos datos: mientras en Colombia hay inscritos 122.800 médicos, esto es 1.5 x cada 1.000 hab. (2020), 375.580 licenciados en derecho figuran en el Registro de abogados a finales de 2022, esto es, 728 x cada 100.000 hab. Sin prevención o intención de ofender a nadie, observo que las profesiones que llamaré discursivas –otros las denominan humanidades-, como requieren menos recursos económicos para acceder a ellas, priman sobre aquellas basadas en las ciencias puras o aplicadas que implican mayor erogación económica, tiempo y disciplina para lograrlas. También se observa cómo las deficiencias estructurales, formativas en la enseñanza superior desvían en la práctica a egresados que terminan por aportar poco a su profesión. Es frecuente encontrar médicos veterinarios, zootecnistas e ingenieros agrónomos fungiendo como vendedores de catálogo en tiendas agro-veterinarias, mientras el campesino pena por falta de asistencia técnica de parte de los profesionales que deberían proporcionársela. O abogados como maestros de filosofía, humanidades y hasta religión en centros de educación media.

Soy de la opinión que el éxito o fracaso de la educación superior, culminación de un proceso iniciado en la primera infancia –hogar y formación parvularia-, depende del buen o deficiente desarrollo de cada una de las etapas del mismo. También que no se pretende que todo bachiller o egresado de formación media obtenga un título profesional universitario, pues también se necesitan tecnólogos y operarios calificados. No obstante, para mejorar la enseñanza superior se impone ante todo que esta sea democrática en cuanto a:

1. Oportunidad de acceso a la universidad: todo aspirante que lo desee y cumpla las exigencias académicas de la carrera elegida, tenga la real posibilidad de acceso a ella, sin importar el estrato o condición económica al que pertenece; 
2. Calidad y rigor en los planes de estudio: no basta la facilidad de ingreso a la educación superior si ésta no es de alta calidad científica. Esto significa que todo centro de estudio superior debe disponer de un cuerpo profesoral idóneo, competente, con vocación docente, de una parte; y de otra, una infraestructura y logística aptas para una formación adecuada en lo científico y profesional: laboratorios, centros de investigación, bibliotecas, auditorios y aulas de clase y centros de esparcimiento e intercambio con otros centros de estudios nacionales e internacionales;
3. Supervisión permanente de los planes de estudio de cada universidad o facultad: velar por la responsabilidad social y la ética que les incumbe a estos centros de formación superior. Competencias definidas por el ministerio del ramo, secretarías de educación departamentales y municipales cuando la universidad sea del resorte de uno de estos entes públicos –pregunta suelta ¿han oído hablar de la Superintendencia de Educación?
4. Coadministración de los centros de estudios superiores: participación democrática en la gestión de todos los estamentos que la componen, independiente de su calidad de pública o privada: directivos académicos y administrativos, cuerpo académico –profesoral-, estudiantil y trabajadores administrativos ; esto es, un verdadero cogobierno del centro docente.

Estimado/a lector/a, si no se mencionan la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y de crítica es por una razón sencilla: ya están consagradas y garantizadas en la legislación actual, incluidas las normas constitucionales. Hay otros temas tan o más importantes de los aquí enunciados inherentes a la educación superior pero, como se dijo arriba, el propósito de destacar los enunciados es porque los considero vitales para avanzar en el cambio en general, y en el desarrollo científico, tecnológico y competitivo de nuestro país en el concierto internacional.

Esta reforma, como las demás que están en curso pensando en el futuro de los colombianos, sólo es posible si el apoyo al gobierno se mantiene o consolida en las próximas contiendas electorales, comenzando por la del 29 de este mes y año.

¡Usted tiene la palabra!

Hasta pronto,

Tolimeo

San Luis, octubre de 2023

Pese a significativos avances democráticos aún persisten graves vicios políticos y sociales que menguan la democracia en nuestro país.

Amable lector/a,

No es lugar común afirmar que los colombianos estamos convocados a una cita crucial el próximo 29 de octubre: elegir mandatarios locales y regionales –alcaldes, concejales, ediles, gobernadores y diputados departamentales- para los próximos cuatro años. Y no lo es porque a diferencia del pasado cuando el tedio, la apatía y los graves vicios enquistados hicieron de las contiendas electorales “una más de lo mismo”, expresión con que el ciudadano de a pie, escéptico y descreído las calificó. Las elecciones próximas serán distintas: nosotros como nación tendremos que decidir qué país y Estado queremos: si aceptamos y apoyamos el cambio o mantenemos los privilegios de una minoría en detrimento de la mayoría de la población discriminada y desvalida de gran parte de sus derechos fundamentales. Esos son los caminos, no hay términos medios y no se trata de polarización sino de una disyuntiva vital: un Estado formal de derecho o un Estado social de derecho real conforme lo prescribe la Constitución de 1991.

Pese a significativos avances democráticos aún persisten graves vicios políticos y sociales que menguan la democracia en nuestro país. Si bien la Constitución Política del 91 fundó instituciones y mecanismos como la Corte Constitucional, la tutela, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía y otros que han logrado el avance de nuestra Nación, viejos y perversos procedimientos y mecanismos continúan incidiendo de manera notable en la escogencia de gobernantes y legisladores. La razón no es otra, las riendas del Estado siguieron en manos de la dirigencia política tradicional, aun después de la promulgación de la nueva Carta fundamental, hasta julio del pasado año. Dirigencia que no tuvo la voluntad política, ni el interés, para desarrollar todos los postulados contenidos en la Carta Magna, reduciendo las posibilidades de alcanzar la democracia real que la mayoría deseamos.

Los viejos vicios politiqueros enquistados que afectan la transparencia, credibilidad y legitimidad de nuestras elecciones, los resumimos en:

1. La Corrupción. Sin lugar a duda la manera más común de quebrar la voluntad del elector son las artimañas que englobamos en la corrupción.  Según la RAE, corrupción es en “… las organizaciones, especialmente públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores”. Variada gama de procederes desvía la voluntad del elector. Es bien conocido cómo en los municipios las autoridades públicas y los políticos constriñen a sus subalternos para que ellos y sus familiares voten por el o candidatos de su predilección o de su partido, poniéndoles incluso la cuota de sufragantes que debe aportar cada uno. La ecuación es simple: si usted o su familia vota por mi o mis candidatos el puesto se mantiene o está asegurado; de no ser así, saldrá de nómina o de los contratos de prestación de servicios, como es lo “normal”. También es frecuente que funcionarios y contratistas al servicio del Estado participen abiertamente en las campañas electorales: en los municipios es “normal” ver al conductor, el electricista, el almacenista o el mensajero de la municipalidad instalando pasacalles y afiches alusivos a campañas electorales, o al concejal llevando agua o “regalando” bloques de cemento, ladrillos o tejas de zinc a sus eventuales lectores.

En los territorios es habitual decir o escuchar que los particulares contratistas con el Estado, en especial los de obras públicas, son los verdaderos electores: son los que financian con dinero o en especie a su candidato para que éste tenga posibilidad de éxito y ser elegido. La compensación si lo logra es sencilla: devolver el aporte con contratos, es decir con dineros públicos, de los contribuyentes.

La modalidad más degradada de forzar la conciencia electoral es la compra de votos: ya no es la dádiva sutil y difusa del candidato o su partido al ciudadano sino simple y llanamente el de la compra-venta del voto por un monto que depende de las particularidades de cada región o elección. Esto no es suposición o deducción analítica, no, es la cruda realidad como la que se ventila actualmente en la Corte Suprema de Justicia, con amplia difusión mediática contra un expresidente del Senado de la República: tenía una empresa de compra-venta de votos.

2. “Operación avispa”, avales y otras maneras de rencauche electoral. Para los que no lo saben, o no lo recuerdan, la operación avispa consistía en que los caciques electorales regionales inscribían sus propias listas y así un partido tenía varias listas para una misma corporación. De esta manera al encabezar su propia lista casi que aseguraba su elección sin tener que someterse a la decisión de la dirigencia nacional de su partido. El partido liberal fue ducho en este proceder y casi siempre todos sus caciques regionales eran elegidos. El conservatismo no se quedaba atrás. En la actualidad, y so pretexto de ampliar la participación ciudadana en los procesos electorales, las autoridades ídem ampliaron el abanico electoral otorgando personería jurídica a grupúsculos o remedos de partidos políticos. De los cuatro o cinco partidos de los años 90 pasaron a 35 con personería jurídica, según el Consejo Nacional Electoral, CNE. Todo sería bueno y saludable si hubiesen surgido nuevos dirigentes y corrientes de pensamiento político. Pero no, el asunto no es por ahí. Dos ejemplos ilustran la nueva argucia electoral: de un partido han salido otros cuya línea política y dirigencia son iguales a la del partido matriz: del partido Conservador brotaron Nueva Fuerza Democrática y Movimiento de Salvación Nacional. Y ¿cuáles son sus dirigentes? Del primero, el jefe es Andrés Pastrana Arango, jefe natural del partido Conservador; y del segundo los herederos de otro jefe natural del partido Conservador: Álvaro Gómez Hurtado. De esta manera, en San Luis, Tolima, hay dos candidatos a la alcaldía cuyo jefe político es el mismo: Andrés Pastrana Arango. Otro, Dignidad y Compromiso no es más que una escisión del Polo Democrático Alternativo fundado por uno de sus desertores. Se haría larga esta nota si citara esta nueva “operación avispa” disfrazada de pluralidad participativa electoral.

El aval electoral o garantía que un partido político le concede a unos de sus militantes para ser candidato, también se fue convirtiendo en negocio entre un partido político y un aspirante a un cargo de elección popular sin que medie o exista afinidad ideológica o política. Partidos sin incidencia en las corporaciones y la vida nacional resultan dando avales a personajes tan pintorescos como fue el caso del conocido Senador Manguito (2014-2018) que, avalado por un partido de la coalición Colombia Humana, en la práctica fue un senador más del Centro Democrático, en las antípodas de aquella. Estas torcidas maniobras de rencauche electoral distorsionan la autenticidad y transparencia de los procesos electorales.

Apreciado/a lector/a, al momento de escribir estas cuartillas se conmemora el 50 aniversario del cruento golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende dado por el general Augusto Pinochet, con el auspicio de los Estados Unidos. Allende fue el primer presidente de izquierda América Latina elegido por votación popular. Las acciones terroristas y criminales de los militares golpistas en Santiago de Chile el 11 de septiembre de 1973 no fueron súbitas ni obra exclusiva de la bota militar; no, desde antes de la llegada de Allende a la Casa de la Moneda, la oligarquía y las multinacionales habían azuzado sectores económicos vitales de Chile para minar tanto la credibilidad como la capacidad de gobierno de Allende: la negación de la Nestlé del vaso de leche diario a todos los niños entre 0 y 10 años, promesa electoral de Allende, el paro de transportadores, la especulación de productos esenciales para los chilenos, entre otras manifestaciones, abonaron el terreno para que Pinochet y sus esbirros asaltaran la casa presidencial con las consecuencias que aún perduran en la memoria de las generaciones que lo vivieron: cientos de ejecuciones extrajudiciales -3.065 cifra oficial-,  más de treinta mil desaparecidos, según Informe Oficial entregado al presidente Sebastián Piñera, y los miles de exiliados son parte de las graves secuelas de este acto bárbaro hace medio siglo.

¿Por qué esta evocación en estas páginas? Porque si nosotros como sociedad no reflexionamos y reaccionamos ante el constante acoso irracional de la extrema derecha al gobierno actual, si nos dejamos manipular e instrumentalizar por los aviesos propósitos de una clase política hoy huérfana del control político del Estado, nada de extraño sería que se haga realidad lo que se viene denunciando desde la misma presidencia de la República: un golpe blando contra el Estado y sus instituciones.

¿No han bastado 60 años de violencia fratricida para seguir alimentando el odio y la violencia en Colombia?    

¡Nuestro voto decide el camino a seguir! ¡Pensémoslo bien!

Hasta pronto,

Tolimeo

San Luis, Tolima, septiembre de 2023

N.B. Esperemos que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, organismos de control convertidos en medios de oposición política, intervengan en la contienda electoral sólo para defender la transparencia de la misma y no para influir en su resultado. Lo mismo esperamos de los grupos armados ilegales que propugnan por acuerdos de paz, no violentar el proceso electoral.

La oposición política abusa de la libertad de prensa olvidando que esta no es absoluta y que con ello está vulnerando derechos ajenos.

Amable lector/a,

Desde la elección presidencial de Gustavo Petro, hace más de un año, los medios de comunicación en general pusieron de nuevo un tema objeto de discusión de tiempo en tiempo, solo que esta vez el propósito trasciende el ámbito del derecho para convertirlo en el instrumento político predilecto de la oposición política al gobierno del cambio: la libertad de prensa. Acción absolutamente válida siempre y cuando se utilice sin abusar y lesionar derechos que conciernen a todos los ciudadanos de la nación. No es el caso.

En la actualidad es notorio observar que la mayoría de los medios masivos de información, en manos de unos pocos, han tomado un cariz que pone en entredicho este derecho que ellos mismo califican fundamental para la democracia. Por eso es bueno refrescar la memoria a los olvidadizos o para los que desconocen que los derechos humanos tienen un límite en su ejercicio que se corresponde con un deber, el de respetar los de los demás. La libertad de prensa, que con frecuencia se confunde con la de conciencia y la de opinión o expresión, está cobijada por un límite legal, su ejercicio no es absoluto. Además, por causa de la interdependencia o indivisibilidad de los derechos humanos tanto en su aspecto positivo – ejercicio-, como en su negación –violación-, tiene efectos sobre otros derechos y otros titulares de derechos. En síntesis, la extralimitación en el ejercicio de los derechos tiene consecuencias que pueden derivar en responsabilidades éticas y/o jurídicas para quien abusa de su derecho.

He de adelantarme al lector quizá no convencido de la limitación de todos los derechos humanos para decir, sin abordar ciertas precisiones técnicas, que la vida, para unos el más importante de los derechos, no es absoluto pues tiene otro límite diferente al de su extinción natural; que es inalienable, no se puede suprimir a menos que la acción que la produzca constituya un delito, un crimen. No obstante, en algunas circunstancias la ley admite su afectación –supresión o intento de supresión- así esté proscrita la pena de muerte. En algunas circunstancias se suprime la vida humana sin que constituya un delito: quien mata en legítima defensa o en estado de necesidad. Por vía jurisprudencial la Corte Constitucional introdujo el aborto y, más reciente, admitió la muerte asistida o eutanasia. Por tanto, si la vida, para algunos el derecho superior, no es absoluto, no sería coherente que otros, como el de la libertad de expresión, lo fueran.

Para este observador la libertad de prensa es el derecho que le asiste a toda persona para informar o ser informado de manera veraz, objetiva e imparcial, utilizando para ello todo medio escrito, sonoro o audiovisual sin interferencia por parte del Estado o particulares. Este derecho se desprende de la globalidad que hace la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 19 que trata más específicamente de la libertad de opinión y de expresión:

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

El autor de esta nota hace la distinción entre libertad de opinión, expresión y prensa porque, hoy por hoy, nuestra legislación hace expresa separación de la prensa y de los profesionales de este oficio, los periodistas: no todos somos periodistas en el país. Estos comentarios impresos emergen en uso del derecho de opinión y expresión –art. 20 Constitución Política- y no en calidad de periodista que no se tiene. Aunque amparado por la garantía constitucional de no ser interferido o molestado por su contenido, este artículo no constituye una forma periodística por carecer de su esencia y por no tener su autor la calidad anotada antes. Con frecuencia, por no decir diariamente, esto pasa en los medios informativos nacionales: se refunden periodistas con comentaristas o analistas que en estricto sentido no ejercen el periodismo sino que interpretan en un medio de prensa una noticia, acontecer o situación de cualquier naturaleza, amparados ambos por la garantía de la libertad de prensa y de opinión, según condición.

Aclarados grosso modo estos conceptos, volvamos a lo que viene  ocurriendo con la prensa en el país: de un lado, el grueso de los medios periodísticos en todas las modalidades, cuyos dueños son grupos económicos o financieros nacionales –Santodomingo, Ardila Lulle, Aval, Gilinski- o internacional –Grupo PRISA de España-, se han dedicado a hacer abierta y/o soterrada oposición política al gobierno Petro. Por otro, la reacción del presidente Petro a las críticas al gobierno, utilizando ciertas expresiones, como relato periodístico. Según los medios, esta expresión presidencial atenta contra la libertad de prensa porque descalifica la información. Al respecto, el autor de esta epístola no advierte que el presidente Petro, fuera de cierta displicencia – menosprecio, si se quiere- vulnere este derecho, o no le dé garantías a algún medio periodístico, incluidos los más recalcitrantes y faltos de objetividad –y de ética-, en su actividad crítica a la política gubernamental. Tampoco se tiene noticia de denuncia por censura –cierre, sanción o supresión de pauta publicitaria pública- a un medio opositor al Ejecutivo nacional. A lo mejor, el derroche del erario a través de la pauta publicitaria haya disminuido pero, en este caso, es por austeridad y no como retaliación contra un determinado medio de la naturaleza que sea. Incluso, sorprende que el gobierno nacional y sus cuadros ejecutivos sigan privilegiando con entrevistas a la directora de la revista que más más se ha ensañado con el gobierno actual.

Volvamos a los límites de los derechos, en particular las libertades de opinión y expresión, incluida la de prensa. No sólo el Estado a través de sus órganos y agentes –legislativo, ejecutivo, judicial y de control- está obligado a respetar, proteger y garantizar estos derechos, también los titulares tienen el deber de ejercerlos conforme a las normas éticas y jurídicas que los rigen. En ese caso el de opinar y hacer periodismo –en la modalidad que sea- conforme a los límites que les son propios. No se trata de informar lo que se quiera y como se quiera, es preciso que la prensa respete el derecho que tiene todo ciudadano a informarse o ser informado de manera veraz y objetiva, sin esquinces que trastoquen, desvíen o confundan el contenido de la información; esto es que la información se corresponda con la realidad, con lo sucedido objetivamente y no con la presentación e interpretación amañada del difusor periodístico. El periodismo se debe regir por normas legales y deontológicas. No ha sido el caso colombiano, más en tiempos de la presidencia Petro. La gran prensa escrita, sonora y audiovisual se ha valido de su “libertad de prensa” para traspasar los límites legales y éticos que su ejercicio le impone. Variadas son las formas utilizadas por los medios para informar más pensando en hacer oposición al gobierno que de transmitir un mensaje factual e imparcial al destinario natural: el lector, oyente o televidente. La exageración o atenuación en la difusión de una noticia o información relacionada con el presidente o su gobierno, cuando no la omisión de la información, según sirva a los propósitos desestabilizadores de la oposición política que representan; el titular amplificado o disminuido de la noticia en relación con el contenido la misma; la interpretación maliciosa de la información periodística que no constituye editorial o columna de opinión; y la más perversa de todas: la mentira, la calumnia o la injuria, son frecuentes componentes en los medios periodísticos del país para golpear al “enemigo” político –el presidente Petro y su gobierno-, pues así algunos periodistas y medios de comunicación ven y tratan al actual presidente de la República pese a haber sido elegido con las reglas establecidas por el régimen que durante más de doscientos años ostentó el poder público en Colombia. 

Querido/a lector/a, esa es la realidad que hoy observamos al sintonizar una emisora de radio, un canal de televisión privada, o cuando leemos la mayoría de los diarios nacionales controlados por unos pocos conglomerados económicos, poniendo en cuestión la independencia que predican. La oposición política abusa de la libertad de prensa olvidando que esta no es absoluta y que con ello está vulnerando derechos ajenos. Sobra advertir que aunque pocos, existen medios de comunicación alternativos y comunitarios independientes del sector oficial y de los pulpos económicos que, afines o no a las políticas gubernamentales, ejercen en precarias condiciones financieras y de seguridad -muchos han sido víctima letales de la venganza o retaliación de grupos de poder denunciados por ellos en su actividad periodística-. También en la gran prensa quedan algunos comunicadores y comentaristas que ejercen su actividad periodística conforme a sus postulados jurídicos y éticos. Pero son pocos ante la arremetida de la élite que controla los medios masivos de comunicación que a través de estos procedimientos tendenciosos no quieren ni cambio ni democracia ni paz en nuestro país.

El 29 de octubre es una oportunidad más para decirle a los hasta hoy dueños del país ¡basta ya de monopolios, de monopilizar la opinión!

Hasta pronto,

Tolimeo,

Agosto de 2023

Están sólo en la norma porque la realidad nos muestra otra situación.

“Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan.”

Antoine de Saint-Exupéry

“Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad.”

Karl Augustus Menninger 

Amable lector/a,

Una amiga, lectora de estas epístolas, me sugirió hace un tiempo escribir sobre los niños y niñas de la Guajira, en particular su mortalidad por desnutrición y otras enfermedades evitables. Tras pensar el asunto, me di cuenta que este drama lo sufren también, en menor o mayor grado, la niñez y adolescencia de otras regiones del país. Es un problema nacional que afecta no sólo la salud sino otros derechos fundamentales de la generación que será “el futuro de la nación”: a la alimentación, al agua potable, a la educación, a la vivienda, al esparcimiento, al normal desarrollo de la personalidad y demás previstos en nuestro ordenamiento jurídico, incluidos Pactos y Convenios internacionales relativos a los derechos del niño adoptados por el Estado colombiano, incorporados a su legislación interna.

Indagando sobre el asunto, constaté que este problema no sólo pasa en regiones apartadas de los centros de poder económico, político y social, como los medios de comunicación lo suelen mostrar, también lo sufren la infancia y adolescencia habitantes de zonas cercanas a aquéllos. Sin ir más lejos, en la vereda donde resido, sin conflicto armado y a menos de una hora de la capital departamental, algunos niños y niñas de 7, 8 o 10 años caminan a diario cinco kilómetros de ida y cinco de vuelta para asistir al centro escolar cuando el alcalde, por la razón que sea, no contrata el servicio de transporte escolar. Así miles de ejemplos de esta naturaleza a lo largo y ancho de Colombia.

Al consultar la literatura de las entidades que se ocupan de la niñez colombiana  (DANE, ICBF, UNICEF Colombia, OMS/OPS y otras particulares) confirmo que abundan estudios especializados sobre el tema, con cifras, estadísticas, cuadros comparativos, análisis de causas y consecuencias, y soluciones. De la valiosa y vasta información se infiere que si bien en algunos aspectos la situación de la infancia en Colombia ha mejorado respecto de años atrás, las fallas persisten. Por ejemplo, el riesgo de morir en el primer año de vida asociado a la pobreza, la exclusión social y a la dificultad de acceso a los servicios de salud y servicios públicos es alto. En las regiones más pobres (rural, afro e indígena) se agrava la mortalidad infantil (y adulta) por el conflicto armado y actividades de economía ilegal (Determinantes de la mortalidad infantil en Colombia, Revista SciElo Salud Pública 2018). Según Unicef, mientras el promedio de mortalidad nacional de menores de un año es de 17.47 por cada 1.000 nacidos, en el Chocó es más del doble: 41.92, en Amazonía: 38.44 y la Guajira: 36.61 en 2018. La mortalidad materna en el Chocó fue de 224 x 100.000 nacidos vivos, siendo más de tres veces el promedio nacional: 65,89 x 100.000. Entre 2000 y 2018, se registraron 228.942 muertes de menores de cinco años. En 2016, 35 menores murieron por desnutrición y el 47,3% de niños/as indígena sufre de desnutrición crónica.

En el campo de la educación la situación tampoco es mejor, así se haya avanzado un poco: en las zonas urbanas, de cada 100 niños/as que inician la escolarización, 82 la completan; en zonas rurales, de cada 100 sólo 48; la tasa nacional de analfabetismo es de 7,4% mientras que la de la población afrodescendiente es de 11,2% y la indígena de 28,6%. Si bien la cobertura educativa en 2017 fue del 96,4%, la reprobación, deserción escolar, rezago y bajo nivel de aprendizaje son muy altos: el 54% de los estudiantes de escuelas oficiales están en niveles mínimos e insuficientes en las pruebas Saber 11 en 2018 (Unicef). El 40% de los niños/as que no asisten a la escuela viven en zonas de conflicto armado, según la ONG Niñez Ya (Redacción VIVIR, El Espectador, 21/02/2018). En 2016, la tasa de permanencia escolar urbana fue de 82% y en zona rural de 48% (Fundación Compartir y Fedesarrollo).

Los vejámenes más frecuentes contra los menores son el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado y la violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado interno, así se haya firmado un Acuerdo con las extintas FARC en 2016; asimismo la explotación laboral, la prostitución y mendicidad infantiles, el desempleo de los padres de familia, hacen parte de este vergonzoso catálogo de acciones violentas contra la población infantil en nuestro Estado. Y aunque la corrupción es generalizada, ésta toca de manera muy fuerte los derechos de los menores: desvío de recursos de los programas destinados a éstos, como ocurre con el PAE (Programa de Alimentación Escolar), de las madres comunitarias del ICBF, el abandono y elefantes blancos de la infraestructura escolar, sanitaria y recreacional, entre otros.   

Sin embargo, el Estado colombiano, como se dijo arriba, tiene normas jurídicas, instituciones, programas y la jurisdicción de familia para garantizar, proteger, promocionar y facilitar el ejercicio de los derechos de la niñez. Colombia es Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño (la Ley12/1991 la ratificó); la Constitución Política es clara en la garantía de los derechos del menor (Art 45, 46, 50 y otros); existe el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098/2006) y desde 1968 “El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) […] trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, infancia y adolescencia, el fortalecimiento de los jóvenes y las familias en Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos, llegando a cerca de 3 millones de colombianos con sus programas, estrategias y servicios de atención con 33 sedes regionales y 215 centros zonales en todo el país.” (Ley 75/1968 y Ley 7/1979 y su Decreto Reglamentario No. 2388 de 1979, […]).

Mas la intención de esta reflexión no es seguir insistiendo en causas, efectos y posibles soluciones a las múltiples negaciones de los derechos de gran parte de la población infantil del país, sino la de llamar la atención sobre quiénes son (o somos) los responsables de estas violaciones.

En los escándalos recientes sobre prostitución de menores indígenas en San José del Guaviare y la muerte por desnutrición de niños/as Wayuu en la Guajira (enero/febrero 2023), se señaló como único responsable al ICBF, por tener la función de atender esta población específica. En gracia de discusión admitamos la negligencia de este instituto; sin embargo la responsabilidad, creemos, va más allá: según la Constitución Política el bienestar infantil no es tarea exclusiva del ICBF sino del Estado en su conjunto, así como de toda la sociedad colombiana. No podemos descargar toda la responsabilidad (¿irresponsabilidad?) en una sola entidad cuando ésta depende para su gestión de otros organismos oficiales. Responsabilidad que comienza con los presidentes de la República que desde la creación del ICBF no acertaron en el nombramiento de directores/as y staff calificados para que el instituto cumpliera a cabalidad tan sensible y delicada misión. También los ministros cuyas carteras deben asistir y apoyar las demandas del ICBF para cumplir su misión (Minhacienda, Mineducación, Minsalud, Mintic, entre otros y el Departamento de la Presidencia para la Prosperidad Social). Además, la corrupción y desvío de recursos destinados para la atención de la infancia y adolescencia siguen sucediendo sin reacción alguna de parte de éstos. Son responsables los partidos políticos que por lo general recomiendan e imponen funcionarios ineptos y/o corruptos sin importar la suerte del ICBF, menos la de la niñez y adolescencia en su salud, educación y otros aspectos vitales para el desarrollo humano. La corrupción constante en los programas como el PAE (Programa Alimentario Escolar), el transporte escolar, los jardines infantiles y otros destinados al bienestar del menor son claros ejemplo de las fallas del ejecutivo en este asunto. No escapan de esta responsabilidad los gobernadores y alcaldes cuando toleran y/o cohonestan el despilfarro y desvío de estos presupuestos en sus respectivas jurisdicciones.  

También es responsable el Congreso por no ejercer como debe ser el control político a gobiernos e instituciones encargados de trabajar por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Igualmente responsable la rama Judicial por su laxitud, y hasta venalidad, para investigar (Fiscalía General) y juzgar y condenar (la judicatura) a los delincuentes de cuello blanco que han hecho de los presupuestos públicos para la niñez su botín. Incluso, son responsables la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, porque como organismos de control no han vigilado los caudales y bienes y los funcionarios destinados a cumplir las garantías constitucionales y legales.  Desidia fiscal debida quizá a que los dos entes de control son un fortín burocrático en manos de políticos.

No quedan al margen de responsabilidad los empresarios que patrocinan campañas electorales de políticos con el compromiso (deuda) de legislar en pro de sus intereses, como han sido los casos de la fuerte oposición de ciertos legisladores contra la aprobación de la ley contra la comida chatarra y el impuesto a las bebidas azucaradas (por cierto, no es gratuito que la obesidad, el colesterol, la hipertensión y la diabetes sean hoy por hoy graves problemas de salud que comienzan en la infancia).

Nosotros, como sociedad o nación, somos también responsables de la no superación de las pifias en el tratamiento de nuestra niñez: el maestro y el directivo del centro educativo que no interviene para advertir, prevenir y, llegado el caso, denunciar la vulneración de los derechos de sus educandos. El docente no puede limitarse sólo a transmitir conocimientos que a lo mejor el estudiante no esté en condiciones físicas o mentales de asimilar por sus deficiencias cognitivas y/o emocionales. Los padres de familia, en particular los que por formación o condiciones socio-económicas estamos en situación de detectar deficiencias en el desarrollo de los menores y sugerir soluciones, ocuparnos solo de nuestros hijos no es la salida porque las fallas generales afectan todo el conjunto social. También tienen responsabilidad los medios de comunicación que se limitan la más de las veces hacer de un caso de corrupción de esta naturaleza un escándalo pasajero sin seguimiento y el resultado es evidente: a los pocos días del acto delictivo nadie se acuerda, ha dejado de ser noticia porque ya no vende. Fue lo que ocurrió con los niños desnutridos de la Guajira y los prostituidos de la comunidad indígena de San José del Guaviare arriba mencionados.  

Amable lector/a, si de veras los colombianos queremos la reconciliación y la paz debemos comenzar por cambiar la actitud frente a la negación de los derechos de la niñez. Lucirlos en las leyes y normas, no es suficiente: debemos velar por su aplicación, denunciar a los individuos, empresas o funcionarios que los violen y exigir que las autoridades y políticos los respeten y cumplan con su mandato. No es sólo una cuestión de padres, de educadores o autoridades, ¡es nuestra responsabilidad como sociedad!

Hasta pronto,

Tolimeo

San Luis, Tolima, mayo de 2023

Amable lector/a, 

Después de leer que “El presupuesto (…) para escoltas y garantizar la seguridad a algunos personajes no es cualquier bobería: $1’866.441’868.144, moneda legal, para este 2023. Casi $2 billones al año solo en protección de dignatarios y de algunos en alto estado de riesgo” y que el Estado gasta anualmente la no despreciable suma de $20.000.000.0000.oo en la sola seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez (https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/guillermo-zuluaga/escoltas-el-asunto-no-es-colto/), me asaltan de nuevo pensamientos que de tiempo en tiempo rondan por mi cabeza, sin saber si estoy en fuera de juego o, si quizá otros también lo están, o mejor, piensan lo mismo que yo sobre este asunto, pero por temor a ser tratados de chiflados, no se arriesgan a expresarlas en público. 

Pienso en cuánto sería el aporte en bienes y servicios que la mano de obra de los 7.780 escoltas (cifra actual) le produciría en el campo económico al país tan precario en todo; o cuántas escuelas o puestos de salud se podrían mantener con las millonadas de dinero que se van en protección; o si las formas de seguridad y protección que provee el Estado ha servido para disminuir las tasas de violencia en el país y/o compensa en términos de costo/beneficio la relación Estado/protegidos; en otras palabras, si de veras se justifica ese dineral para ese rubro en un país que vive con tanta afugia y penuria. También vale la pena reflexionar si el actual número de personas acogidas en esquemas de protección a cargo del Estado se justifican, o si es verdad que el 20% de ellas no las necesitan, pero son inamovibles de este servicio por razones políticas, como lo aseguran exdirectores de la Unidad Nacional de Protección, UNP.  

Antes de seguir, quede claro que la vida es sagrada y es deber del Estado protegerla, que hay connacionales en riesgo por la intolerancia, el sectarismo o la incomodidad que causa en otros que van por los atajos de la vida ilegal. No se aborda el tema por falta de sensibilidad hacia las personas que están en riesgo ya por ser un desmovilizado, defender derechos, liderar proyectos comunitarios, ora por protestar y denunciar la corrupción y la criminalidad que campean por toda la geografía nacional, o porque un juez falla en derecho o un servidor público cumple la ley afectando intereses particulares y tantas otras actividades convertidas hoy en peligrosas en un medio violento como el nuestro. No es envidia o egoísmo por los “privilegiados” de escoltas y vehículos blindados; es una cuestión de mayor transcendencia a nivel nacional. Por lo que se sabe cada día hay más y más solicitantes (candidatos) de esquemas de protección a la UNP. De seguir esa tendencia salta una pregunta inevitable: ¿cuántas personas más puede asegurar o proteger el Estado a través de este mecanismo de la UNP? ¿Habrá presupuesto que alcance para brindar seguridad en esas condiciones a todas las personas que lo requieran?  

Otras: ¿Es más importante para nuestra sociedad gastar que producir riqueza? ¿La seguridad no es acaso un derecho que tienen todos los componentes de la nación y no solo de unos como que aquí se mata y/o se agrede por igual a líderes que a ciudadanos corrientes o de a pie, estos últimos por menos, por robarle un celular, una bicicleta o una billetera? ¿Los gobiernos han hecho el cálculo de si el gasto en seguridad proporcionado a esas personas compensa con la actividad, producción y beneficio social que el asegurado le retorna al país? La suma arriba citada ¿no es acaso casi una quinta parte de una reforma tributaria que podría servir para reactivar algún sector hoy improductivo por las circunstancias que vive el país, o alguna región deprimida?  

Bueno sería saber si los gobiernos o los encargados de brindar esta protección han explorado otros medios, mecanismos, procedimientos y acciones que sean más efectivos y menos onerosos que los actuales. Da la impresión que el tema se está abordando más por el lado de la consecuencia (protección) que por las causas múltiples que provocan el riesgo y el peligro; y la UNP termina siendo más un “escampadero” para unos, paraguas permanente para otros y, en algunos casos, un medio “seguro” para realizar actividades ilícitas (corrupción en contratos, transporte de estupefacientes, armas) y/o para que ciertos personajes no merecedores de esta protección oficial se muevan a sus anchas por el territorio nacional.  

¿Qué tal si todos, agentes estatales y particulares, damos la cara en nuestro diario acontecer para saber a quién tenemos al frente, quién camina a nuestro lado o llega a nuestro encuentro? Que, por ejemplo, funcionarios de alto nivel y organismos de seguridad e investigación criminal, como el resto de los ciudadanos en Colombia, circulemos en vehículos sin vidrios polarizados u opacos para que se tenga certeza quién va en un vehículo público o privado. Hoy, no es posible distinguir en las ciudades y el campo qué persona o personas se desplaza/n en un auto o camioneta, si autoridad o mafioso, si un comerciante o un sicario, y el resultado es el mismo: desconfianza y temor cuando un vehículo de esas características se nos acerca, sobre todo en los semáforos o nos cruza en una carretera despoblada. Que la ciudadanía y la autoridad puedan distinguir sin mayor dificultad si el conductor de una moto es un trabajador público o privado (mensajero, reparador, notificador,…), de acuerdo a clasificación estricta que se haga de estos vehículos: de trabajo, deportivos, turismo, y en la misma medida circular según sea zona urbana o rural, horario diurno o nocturno, si admite o no el parrillero. En una época en la que la tecnología digital da soluciones a casi todos los problemas ¿no habrá algún dispositivo electrónico de alarma conectado a la autoridad más cercana del portador que la active (CAI, Estación, Subestación de Policía, Gaula, Dijín, Sijín, CTI, Fiscalía, etc.) para que su reacción sea inmediata y efectiva? Es importante, pero sobre todo necesario, que la persona protegida sea consciente que su cooperación es vital para que el Estado pueda en la práctica garantizar su seguridad.  

Amable lector/a, no queda duda que la solución de este grave problema que padece no solo los amenazados debe comenzar por la extirpación de las causas económicas, sociales y políticas, sobre todo estas últimas, que subyacen en este delicado asunto;  pero tal vez los encargados de tan delicado tema han sido laxos, poco exigentes, rigurosos y menos creativos para encontrar mecanismos alternos de protección más efectivos y menos costosos que la que se da en la actualidad: asignar escoltas y vehículos blindados, aumentando la circulación de armas de fuego por las calles y campos del país. No se tiene noticia que el Ejecutivo (ministerio del Interior y el de Defensa) haya buscado otras vías más idóneas para dar seguridad a la sociedad en su conjunto y no a unos cuantos. Lo mismo puede decirse del Congreso de la República. No es una política de gobierno sino de Estado la que está en juego y así dar cumplimiento al mandato constitucional que prescribe:   

“Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” (Art. 2°, inc. 3 de la Constitución Política). 

En fin, consideramos que es más eficaz combatir las causas generadoras de la inseguridad que la protección individual, sin desconocer la necesidad de algunos de una protección particular. 

Hasta pronto, 

Tolimeo, 

San Luis, Tolima,  

Abril de 2023 

El doble rasero con que los medios informan y analizan la situación política nacional no conduce ni a la paz ni a la reconciliación nacional.

Amable lector/a, 

Considerar válidos sólo nuestros conceptos, teorías y opiniones, o las que nos son afines, no es una característica de los colombianos, sino de toda sociedad, de la humanidad. La subjetividad en los juicios siempre prima sobre la objetividad, difícil por tanto encontrar neutralidad e imparcialidad en ellos, más si  estos versan sobre política y otras áreas del conocimiento no regidas por leyes físicas o naturales.  

Los mensajes de los medios de comunicación son un ejemplo claro: sus contenidos y mensajes no tienen como principal objetivo suministrar información veraz a sus oyentes y lectores sino defender los intereses económicos y políticos de sus propietarios o directores. La prensa en general no es independiente como se nos quiere hacer creer, tiene una tendencia determinada. Dos muestras internacionales respaldan esta aserción: el multimillonario Rupert Murdoch controla Fox News (The Sun y The Times) y las cadenas de televisión Fox y Sky. Medios afines a la ideología ultraconservadora del expresidente estadounidense Donald Trump. Jeff Bezos, propietario de Amazon (ventas en línea) y empresas editoriales, es dueño de uno de los diarios más influyentes de Occidente, The Washington Post. 

En Colombia la concentración de los medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión y digital) en pocas manos es evidente: Grupo Ardila Lulle, productor de gaseosas y refrescos, vidrio, azúcar, concesionario automotriz y otros, es propietario de RCN (radio y tv) y el diario La República. Grupo Sarmiento Angulo o Grupo Aval, además de la banca y finanzas, ingeniería civil, industria hotelera, controla la Casa Editorial El Tiempo (El Tiempo)y otros rotativos regionales y revistas y el noticiero City Tv. Grupo Santodomingo, otrora mayor productor de cerveza, interviene entre otras en la industria petroquímica, es dueño de El Espectador, Caracol Tv y Blu radio. El grupo financiero Gilinski, banqueros son propietarios de Publicaciones Semana (Revista Semana, Soho y otros), recién adquirió el diario El País de Cali. Caracol radio, del grupo PRISA de España, es dueño de la cadena radial SER en España, El País y El País América. Algunos medios regionales como El Colombiano de Medellín de la familia Gómez Martínez y El Heraldo de Barranquilla (familia Fernández), son partidarios y defensores del establecimiento.   

Estos medios, unos más sectarios que otros, siempre han defendido el establecimiento o statu quo imperante en Colombia desde el nacimiento de la República hasta nuestros días, fundado en la propiedad privada y la producción capitalista (feudal en gran parte del siglo XIX). Medios refractarios a cualquiera otra alternativa económica, como la economía solidaria o comunal, opuestos a las políticas y planes estatales que garanticen y protejan los derechos fundamentales de todos los colombianos, como la salud y las pensiones, hoy objeto de férrea oposición por parte de empresarios y políticos seguidores del modelo económico aún vigente. En su ideario la libertad individual está por encima de la intervención estatal, éste sirve sólo como garante y custodio de la libre empresa, el Estado gendarme. Esta visión de la economía y la función pública demerita la independencia e imparcialidad de la prensa que, por cierto no constituye el cuarto poder, el de vigilar, puesto que el Poder Público es uno solo; los medios constituyen la caja de resonancia y propagación de los intereses político y económicos de sus propietarios y detentadores.  

Entonces, ¿no hay prensa independiente en Colombia? Sí, si la hay, pero, por ahora, es marginal y trabaja en condiciones adversas y desiguales respecto de aquella. Su precariedad económica por falta de recursos tecnológicos y pauta publicitaria y la inseguridad en el diario vivir de sus promotores (directores y periodistas) perseguidos y amenazados, cuando no asesinados por oscuras estructuras como las “águilas negras” y otras, que hacen el trabajo sucio del establecimiento, determinan que estas pequeñas emisoras de radio y prensa escrita, y ahora portales digitales, por lo general en provincia, no están en condiciones de “competir” con la gran prensa, con los grandes conglomerados económicos del país. Esperamos esta situación entre en los cambios del actual gobierno para bien de la democracia colombiana. 

Las condiciones actuales, se comprende, que no justifica, la información nacional. Por eso no se demanda ni espera cambio ideológico y político alguno en la dirección de los medios de comunicación controlados por el poder económico. Tampoco se pretende dejen la crítica y la oposición al actual gobierno, que, por cierto, lo sienten ajeno y hasta enemigo de sus intereses de clase. Ya verá el Pacto Histórico, en su propósito del cambio político y social cómo revertir el desequilibrio existente en la información pública porque, supongo, es consciente que la opinión pública nacional se forma en gran parte a través de la información. Sin embargo, a esos medios sí se le exige una información ceñida a la verdad y la realidad nacional, análisis basados en los acontecimientos y no en suposiciones, o peor aún, fundados en la mentira, la injuria y la calumnia, marcado por el fanatismo, el odio, el rencor, la exclusión y el racismo, como a diario se oye, se lee y se ve en tribuna nacional. Los micrófonos y las páginas editoriales puestas al servicio de la oposición (la oligarquía), hoy apartada del gobierno luego de la derrota electoral sufrida el año pasado. Muchas cuartillas se pueden llenar con ejemplos de informaciones sesgadas y tendenciosas de la gran prensa en nuestro país sobre el acontecer político nacional bajo la dirección del presidente Petro, pero cuatro situaciones de ese acaecer nacional bastan para demostrar esta aseveración.  

1. El narcotráfico. Presentar al actual presidente como defensor del tráfico de drogas o propiciador de la expansión  de los cultivos de coca es una infamia. Muy pocos los periodistas o comentaristas defensores del statu quo reconocen que Petro ha sido el único presidente colombiano que ha tenido el valor y la sensatez de denunciar ante sus promotores, Estados Unidos, el fracaso de la política internacional contra las drogas y de proponer alternativas para enfrentar e intentar resolver este problema internacional, demostrando además que nuestro país y otros pocos, los productores, son los que han llevado la peor parte en este fracaso mundial. El sectarismo político les ha impedido reconocer la voluntad del gobierno nacional en esta materia. 

2. Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas desde hace 200 años han tenido como sus comandantes en jefe a los presidentes en su respectivo periodo; y éstos, todos, han pertenecido a los partidos políticos Liberal y Conservador y sus derivados. Significa esto que las Fuerzas Armadas, sin ser deliberantes, se forjaron y actuaron bajo postulados y doctrinas dictadas por estos gobernantes. Desde hace ocho meses solamente, su comandante en jefe no pertenece a ninguno de esos partidos. No obstante, la gran prensa pretende mostrar que tanto los cuerpos castrenses como la Policía Nacional, adscrita al ministerio de Defensa, han sido desmoralizadas e ideologizadas por el actual gobierno, cuando la opinión pública nacional sabe, y el periodismo nacional no es ajeno a ello, que el retiro de la cúpula militar y policial se da cada vez que hay cambio de gobierno y que el actual también ha retirado oficiales superiores por actividades relacionadas con el tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos. Y esta contaminación no es de ahora, viene de tiempo atrás sin que los gobernantes anteriores hayan querido cortar el problema de raíz. Lo mismo pasa con la violaciones de los derechos humanos. La prensa nacional como la comunidad internacional sabe que estamos en una transición entre unas Fuerzas Armadas forjadas para la guerra y las que se preparan para la paz y la democracia. No es sano que los medios omitan o tergiversen en sus informes la verdad en este aspecto de la vida nacional. 

3. El tratamiento racista hacia la vicepresidente de Colombia. Si hay un tema de la vida nacional donde el tratamiento periodístico se ha salido de madre, de toda sindéresis, de rigor profesional y ético, ha sido el relacionado con cubrimiento de la vida pública (y privada) de la vicepresidente de todos los colombianos. Cierto es que en unos casos el sesgo y veleidad periodística no se origina directamente en el medio informativo pero éste se presta para la amplificación desmesurada y maliciosa de las opiniones de la oposición política hacia ella; o dicho de otra manera, abriéndole los micrófonos y las páginas de los diarios a los sectores más recalcitrantes y sectarios de la oposición (y del país) para que expresen su odio y racismo hacia Francia Márquez. Esto no excusa a los medios del talante excluyente, homofóbico, discriminatorio y racista en la divulgación de la vida pública y privada de la vicepresidente. Se la vigila y controla con lupa sobre qué hace, qué no hace, si trabaja o no, si se desplaza o no, por qué medio, si derrocha los bienes públicos. Fuera de ser ruin y perverso demuestra que a la gente de bien, incluida su canales periodísticos, no ha superado los prejuicios sociales de la colonia y dejados de tiempo atrás en otras latitudes. No aceptar que una mujer negra y pobre sea su vicepresidente es seguir viviendo en el siglo XIX. En fin, una clase refractaria al cambio y fanática.  

4. Escándalos de la familia presidencial. Como si en Colombia no hubiesen ocurrido otros casos de corrupción en familias presidenciales (Marroquín, su hijo y la separación de Panamá; López Pumarejo, su hijo Alfonso y la Handel; Duque y su hermano y compañero de viajes internacionales), algunos actos del hermano y el hijo adulto del presidente Petro se convirtieron en mácula para éste por decisión de las élites huérfanas del poder y replicadas por sus medios de comunicación. A su hijo lo volvieron delincuente sin haber sido investigado, juzgado y condenado. La prensa escrita y audiovisual vende como gran noticia que el Fiscal General diga que a Nicolás Petro Burgos tiene ya dos expedientes: “uno penal y otro por lavado de activos”. Aquí sí hay “delito de sangre”, condición inaceptable para y por la anterior vicepresidente porque su hermano fue condenado por estupefacientes en EEUU, o porque su esposo es socio de “Memo fantasma”, reconocido paramilitar y narcotraficante. En cuanto a su hermano Juan Fernando, es aún más proterva la maledicencia informativa al endilgarle ser parte de un cártel de abogados de mafiosos que pretendían ser nombrados como gestores de paz. Este paredón periodístico no tiene una sola prueba: nadie hasta ahora ha dicho cuáles los abogados o los presos que le dieron dinero para tal propósito, menos la cantidad. Breve, con un rumor se pretende deshonrar a dos personas: al presidente de la República y a su hermano. 

No se crítica la gran prensa porque al presidente Petro se le vigila “con un grado de escrutinio mayor”  https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/jorge-ivan-cuervo-r-/petro-y-los-medios/ , sino porque magnifica o empequeñece su labor gubernamental según convenga o no a los intereses de clase del patrón o el director del medio; tampoco porque haya incoherencia en el análisis de sucesos y problemas con otros en cuatrienios anteriores. No, el reproche es porque estamos ante una manipulación cínica de la información con el objetivo de crear una opinión colectiva desfavorable para el presidente en funciones y su movimiento político, el Pacto Histórico. ¿De cara a las próximas elecciones regionales y locales de octubre/23 o la presidencial de 2026? No lo sé. Quede claro también que esta nota no pretende ocultar o minimizar los errores, unos graves, otros leves, cometidos por el presidente Petro y su equipo de gobierno, como ya se ha dicho en pasadas epístolas. Denuncio la estrategia de dos pesos, dos medidas de los grandes medios informativos al analizar el pasado y presente político, económico y social del país, o en la actuación de los diferentes adversarios políticos de hoy: la izquierda, por primera vez gobernando, y la derecha, huérfana del poder que sin argumentos para una oposición seria recurre a métodos torticeros y perversos, arrastrando de paso a sus medios de comunicación a actuar de manera parcializada y sesgada. El doble rasero con que se informa y se analiza la situación política nacional no conduce a la paz ni a la reconciliación nacional. Flaco servicio le prestan a la democracia que dicen defender con una estrategia que hace lo contrario, la desvirtúa. Huelga decir que algunos periodistas de la gran prensa hacen su trabajo con mesura, critican lo que tienen que criticar y reconocen lo que se debe reconocer. Pero son tan pocos que se pierden en la maraña urdida desde el poder económico que los hace pasar desapercibidos.

Hasta pronto, 

Tolimeo 

San Luis, Tolima, marzo de 2023 

P.S. 1. En el fútbol las barras bravas perjudican más que benefician a su equipo predilecto. En política sucede lo mismo. 

P.S.2. Mientras los funcionarios del gobierno actual son vigilados con lupa por los órganos de control, la Procuradora General de la Nación y el Fiscal General de la Nación actúan de manera abierta en política partidista de oposición. ¡Qué hipocresía! ¡Qué vergüenza! 

La reforma a la salud ha servido para que algunos políticos y comentaristas vean en ella sólo ideología. ¿Acaso las leyes son neutras, no tienen un contenido ideológico?

Con la presentación por el gobierno del proyecto de ley al Congreso de la República (13/02/23), con el cual pretende reformar –cambiar- el régimen prestacional de la salud en el país, éste llega al espacio natural para ser debatidos sus pro y sus contras políticos, jurídicos, económicos, médicos, sociales, fiscales y administrativos. Sin embargo, desde mucho antes, sin conocerse su contenido, ya se comentaba en diferentes escenarios nacionales, en particular en los medios de comunicación, las redes sociales y ahora, como parece, en la calle y la plaza pública, lugares escogidos tanto por el gobierno como por la oposición para apoyarla o para reprobarla, … en fin, es a partir de ahora que comienza el verdadero debate en el seno del legislativo y es de allí donde saldrán los resultados.

La reforma a la salud ha servido para que algunos políticos y comentaristas vean en ella sólo ideología. ¿Acaso las leyes son neutras, no tienen un contenido ideológico? En efecto, en la crítica los dirigentes políticos huérfanos del poder y los comentaristas partidarios del régimen que se pretende cambiar han recurrido a interpretaciones amañadas, quizá unos por ignorancia, otros de mala fe, para mostrar la inconveniencia o el error del gobierno nacional con el modelo con el que pretende cambiar el sistema de salud actual.

Calificando de ideologizado el proyecto gubernamental, sus detractores quieren vender la idea que el país se encamina hacia un sistema comunista o socialista y, por lo mismo, hacia el fracaso visto en otros países vecinos –Venezuela, por ejemplo-; por tanto, debe detenerse a como dé lugar este riesgo. Mencionemos sólo tres botones de lo que afirmamos: El exvicepresidente Germán Vargas Lleras en una de sus columnas en el diario de mayor circulación nacional arremete desde su título y subtítulo contra la citada reforma: La salud es lo de menos. Lo que tenemos que reconocer nuevamente es que esta reforma está contagiada de ideología. (https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-la-salud-es-lo-de-menos-737618 ). En el artículo expresa cuál es el error del gobierno con la pretendida reforma: Lo que no gusta es que haya empresas privadas involucradas en la prestación de servicios de salud; lo que no les gusta es que pueda derivarse alguna utilidad económica de esta actividad; lo que no gusta, en últimas, es que no sea el Estado el único administrador, gestor y responsable de la salud en el país. (Subrayado fuera de texto).

Por su lado, el exministro Mauricio Cárdenas Santamaría, en el mismo diario y con el mismo sentido de Vargas Lleras, titula su columna del 04/02/23 ¿Evidencia o ideología? (https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-cardenas-santamaria/evidencia-o-ideologia-columna-de-mauricio-cardenas-739264). Este énfasis ideológico de la reforma de la salud desconoce, según él, los aspectos científicos, técnicos, estadísticos, médicos y financieros entre otros de la misma y vaticina que terminará mal esta apuesta gubernamental. Del mismo tenor es la más reciente columna de Juan Lozano en el mismo medio: Ideologizada, arrogante e injusta (https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/juan-lozano/columna-de-juan-lozano-ideologizada-arrogante-e-injusta-743469). Sus  afirmaciones se apoyan en una entrevista del presidente del Senado y miembro del Pacto Histórico –coalición de gobierno- porque éste contradice a la ministra de Salud. Otros comentaristas, el último Álvaro Uribe Vélez, han insistido en lo mismo y en otro tipo de argumentos que no vienen al caso por no entrar en el propósito de esta nota: la ideología en la ley, o la ideologización de las leyes.

Digámoslo sin ambages: toda ley jurídica lleva implícita una ideología, o dicho de otra manera: las normas jurídicas son en su conjunto una expresión de la ideología dominante en determinado momento de la historia: así como en la extinta URSS y demás países del bloque soviético sus leyes correspondían a la ideología comunista o socialista, en Estados Unidos y demás Estados de Occidente, incluido el colombiano, sus legislaciones tienen la impronta de la ideología liberal o neoliberal como corresponde con el capitalismo –conviene aclarar que en la ideología capitalista conviven diversos modelos económicos y políticos, unos más amplios que otros en lo social, y otros más conservadores, de ahí que haya  partidos socialdemócratas, liberales, conservadores y ultraconservadores.

El Estado colombiano desde su nacimiento (¿20 de julio de 1810 o 7 de agosto de 1819?) hasta el presente ha sido capitalista, así en buena parte del siglo XIX haya mantenido instituciones feudales, sus leyes han tenido la marca de una sola ideología: la liberal, basada en principios económicos de la propiedad privada, las leyes del mercado de oferta y demanda y la libre competencia, entre otros. Analícese por el aspecto que se quiera, Colombia se ha regido por esos principios y en consecuencia su normatividad jurídica tiene el sello liberal. Ciertos gobiernos y periodos progresistas como el gobierno de José Hilario López (1849-1853) y la liberación de los esclavos, la Constitución Política de 1863, quizá la más laica de nuestras cartas magnas, el de Alfonso López Pumarejo (1934-1938 y 1942 -1945) con su Revolución en marcha y la Constituyente de 1991, cuya Constitución nos rige actualmente, no le quitan la impronta liberal y capitalista de sus instituciones jurídicas. En síntesis, todos los gobiernos nacionales, unos más progresistas, otros más retrógrados, se han regido por las leyes del mercado, por lo mismo, crearon y dejaron leyes de naturaleza ideológica y política concordantes con un medio de producción capitalista, así Petro sostenga que no porque no hemos llegado siquiera a una revolución industrial capitalista.

En consecuencia, hay ideología en esta reforma como en cualquiera otra que pretenda este u otro gobierno, sea en el campo laboral, pensional, agrario, de la justicia u otro. Este cuño ideológico es independiente de los aspectos científicos, técnicos, financieros, estadísticos, sociales y culturales que requiera cada ley para su viabilidad y aprobación, así la derecha colombiana nos quiera engañar expresando que el sesgo ideológico sólo lo tiene el proyecto que comenzó su curso en el Congreso. Hay hipocresía e ignorancia –más de lo primero- de parte de toda la dirigencia política, empresarial y analistas que omiten la ideología –y origen- de la ley 100 de 1993, actual normativa reguladora de la salud de Colombia. Como tal vez las nuevas generaciones no lo sepan, la Ley 100 de 1993, que regula el sistema de salud y pensional de los colombianos, fue copiada del modelo chileno de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). De corte ultra liberal, con el paso de los años, mostró sus grandes inequidades sociales en Chile, hasta convertirse en la detonante del estallido social de 2019 cuando el pueblo chileno salió a la calle logrando, primero, que el gobierno conservador de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), reconociera el justo reclamo popular; y luego, la necesidad de cambiar la Constitución Política heredada de la dictadura. Breve, la ley 100/1993 es tan ideologizada como el proyecto que pretende cambiarla, hoy en discusión en el Congreso.

La reforma a la salud del gobierno Petro no será comunista ni socialista como lo quieren hacer creer los partidos tradicionales –el liberal y conservador y todos sus derivados- y los gremios económicos, incluidas las empresas promotoras de salud, EPS, que hoy controlan el negocio de la salud en el país; es un proyecto de reforma de corte progresista y humano que dejará de lado el concepto hasta ahora prevalente de la salud como un negocio más para darle paso a lo que debe ser: la atención de un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar y proteger. Pero no será comunista ni socialista por algo tan simple como fundamental: porque se tramitará y regirá por los principios económicos, políticos y jurídicos de la Constitución Política del 91, que corresponden a un Estado capitalista. Cambiará, eso se espera, la atención de las necesidades de la población en materia de salud, con un enfoque preventivo más que curativo, como un verdadero servicio público.  

Es entendible que los críticos de esta reforma omitan comentar el respaldo internacional que ésta y otras reformas recibieron del Fondo Monetario Internacional, FMI, organismo que junto al Banco Mundial son los paladines en la defensa de los sistemas de producción y economías capitalistas (https://elpais.com/america-colombia/2023-02-15/el-fmi-apoya-las-reformas-fiscales-y-economicas-de-petro.html).

Amable lector/a, ya en la vida cotidiana el argumento más contundente para justificar el cambio del modelo actual de la prestación del servicio de salud de la mayoría de colombianos es este: de las cuatrocientos mil tutelas que se instauran cada año en Colombia, la mitad, esto es doscientas mil son contra las EPS por ineficiencia o denegación de los servicios médicos, hospitalarios o de medicamentos a sus pacientes. Así se quiera negar aún se oye hablar de los pasillos de la muerte.

Hasta pronto,

Tolimeo

San Luis, Tolima, febrero de 2023

Cada mala decisión por torpeza, ignorancia o ligereza del gobierno nacional disminuirá el avance del cambio en los territorios nacionales.

Amable lector/a,

En las elecciones legislativas y presidenciales de 2022 la mayoría votó por el cambio, con la esperanza de una vida menos agobiante y frustrante que la que en la actualidad vivimos desde tiempo atrás. Esperanza acentuada el mismo 19 de junio, fecha del triunfo, cuando el presidente electo reiteró los ejes del programa para el cambio, ratificadas luego el 7 de agosto en el acto de posesión como presidente. El entusiasmo era evidente, no sólo de los militantes del Pacto Histórico sino de todos los que, hastiados y cansados de la violencia, el narcotráfico, las injusticias y desigualdades económicas, políticas y sociales y, sobre todo, de la corrupción en todos los niveles de la función y el servicio público del Estado, votamos por el cambio.   

Mas la esperanza que representa el gobierno Petro choca con una serie de obstáculos que impiden una implementación más rápida y concreta del programa de gobierno, provocando cierta desazón en una parte del electorado que considera no se avanza y sí crea polémicas y críticas traducidas en incertidumbre en buena parte de la nación, además del desgaste gubernamental. Son obstáculos de origen y naturaleza diversos que aunados se están convirtiendo en nudo gordiano para la administración nacional mientras las necesidades y problemas siguen apretando.  

El primer gran escollo que encontró el gobierno Petro, aunque previsible, es la precariedad de las finanzas del Estado, debido a factores como la pandemia del coronavirus, la mala gestión, pero sobre todo la corrupción enquistada desde tiempo atrás, dificultado la puesta en marcha de programas y proyectos que el gobierno Petro considera prioritarios para apuntalar el cambio. Tres ejemplos de gran corrupción son dicientes, y contundentes, para comprender la situación nacional: la corrupción en la Unidad Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres, en la Unidad Nacional de Protección y en la Sociedad de Activos Especiales –administra los bienes confiscados a las mafias- que junto al pobre desarrollo y pésimo mantenimiento de la infraestructura vial del país ha dificultado afrontar las crisis provocadas por derrumbes como el de Rosas entre Popayán y Pasto, el de la vía entre Pereira e Itsmina, Chocó, y otros en varias regiones del país, así como las grandes inundaciones, como en La Mojana en el Caribe. Estos fenómenos relacionados de manera directa con el cambio climático se han constituido en el segundo gran obstáculo para la actual administración nacional. Si bien los fenómenos naturales que arrastran carreteras, puentes y otras obras causando tragedias son un problema de vieja data, en la actualidad está siendo más crítico por la falta de recursos materiales y logísticos para abordarlos y mitigar sus consecuencias.

Un tercer impedimento que frena la implementación de las políticas prometidas en campaña por el presidente Petro, tiene origen al interior de sus propias huestes y equipo de gestión. La falta de una estrategia en comunicación del alto gobierno, la discordancia manifiesta entre miembros del gabinete, la sensación de improvisación que deja la ejecución de algunos proyectos -la paz total, por ejemplo-, la impresión de soberbia y amiguismo que transmite el nombramiento de ciertas personas para cargos y funciones de gran  responsabilidad y la catarata de ideas y proyectos que lanza en cada alocución el presidente – frecuentes por cierto – producen un cierto desconcierto en la opinión pública, pues no se sabe a ciencia cierta si es un deseo o un propósito calculado en términos de conveniencia, prioridad y, en especial de viabilidad financiera, para hacerlos realidad. Esto y otros asuntos debatibles están quizás afectando la consolidación de las reformas propuestas por el gobierno del Pacto Histórico. Y si a las dificultades observadas en el Ejecutivo le agregamos las disputas intestinas, discrepancias por causas ajenas a la política, egos, malas mañas, incapacidad e inexperiencia política manifiesta en algunos miembros de la bancada legislativa del presidente, dan la impresión de no estar a altura de los retos asumidos no sólo ante sus electores sino ante la nación. Estas incidencias negativas pueden devenir un obstáculo mayor para la consolidación del proyecto del cambio del presidente y el Pacto Histórico.

Creo que no hay un manual preciso para la buena gobernanza, pero sí unos principios básicos, fundamentales, para administrar no sólo la res publica: coordinación del equipo de gobierno –si no existe puede derivar en dictadura-; agenda, pues sin ella se trabajará de manera espontánea y sin planificación; seguimiento y evaluación periódica de las tareas ordenadas y ejecutadas, transparencia y voluntad política para gobernar bien; además de motivación de la burocracia, porque moverla y lograr cambiar su mentalidad no es tarea fácil.

Estimado/a lector/a, el título de la presente epístola más que la manifestación de un desencanto tiende a advertir que los buenos o malos pasos de este gobierno incidirán en gran medida en las elecciones regionales y locales de octubre próximo. Cada mala decisión por torpeza, ignorancia o ligereza del gobierno nacional disminuirá el avance del cambio en los territorios nacionales. El resto se deduce de manera clara y sin mayor esfuerzo. No podemos permitir que por nuestros propios errores las élites económicas vuelvan a tener el control del Estado para su propio beneficio. Por cierto, la oposición es pobre y torpe en términos políticos, pero…

Estamos ante otro desafío.

Pregunta suelta: ¿No habrá en Colombia un nacional capaz de desempeñarse en la Alta Consejería para la Reconciliación para que la haya asumido una extranjera que hace sólo un año y cuatro meses llegó a nuestro país?

• La lucha contra la pólvora en Navidad: un esfuerzo inútil

Soy consciente que este tema será objeto de campañas institucionales y comentarios dentro de diez u 11 meses, cuando vuelva la navidad; sin embargo, no por ello deja de ser necesario dejar constancia de lo observado en nuestro país, y en el mundo entero, en las celebraciones de fin de año: fuegos pirotécnicos y mucha pólvora y estruendo para regocijo de unos y sufrimiento y tormento de otros, en particular de muchas especies animales que no soportan esas explosiones. Reconozco el esfuerzo de las autoridades públicas nacionales, regionales y locales para diezmar o atenuar los efectos del excesivo uso de la pólvora, conscientes del peligro que conlleva para la integridad y la vida de los humanos, sobre todo de los menores de  edad, su manipulación. Otro tanto hicieron fundaciones y ONG  advirtiendo de los peligros que esta costumbre cada día más criticada,  y hasta obsoleta, teniendo la humanidad otros medios menos odiosos para manifestar sus emociones en esta etapa del año.

Pero el esfuerzo fue inútil, las autoridades registraron mil quemados entre ellos unos 300 niños. Hubo situaciones muy dicientes: en Cali, la Policía creó un programa para buscar y recuperar mascotas que huyeron de su hábitat por el estallido de pólvora y en Antioquia fue noticia la pérdida de 70 gallinas de una pequeña granja familiar: las mató la explosión de un globo caído junto a ellas. Qué decepción.

No sé si será estupidez –para mí lo es- reventar pólvora casi siempre al calor del alcohol, sin pensar en los daños que produce a su alrededor, en humanos y otras especies. Mientras los humanos nos sigamos creyendo los dueños del mundo su destrucción seguirá su curso.

Hasta pronto,

Tolimeo

San Luis, Tolima, enero de 2023

Los grandes apremios que afectan el desarrollo nacional comienzan a desatascarse en la medida que gobierno y nación intervienen con la seriedad y la convicción de que no son eternos y se pueden vencer, avanzamos.

Apreciado(a) lector(a),

2022 poco a poco se termina, un año con más incertidumbre que certeza tanto en el campo internacional como en el nacional. Los medios así lo atestiguan: la guerra Rusia – Ucrania, los alimentos y recursos energéticos afectados por el conflicto bélico, la inflación afligiendo las finanzas públicas y privadas, desaceleración económica, rebrotes del coronavirus y notoria ausencia de liderazgos políticos internacionales y locales, entre otras debilidades, marcan el año que fenece.  

En nuestro país este año se caracterizó por la ruptura, dos semestres claramente diferentes en la conducción y asuntos del Estado: hasta al 6 de agosto los colombianos vimos y soportamos un presidente distante, ajeno a los problemas que de verdad agobian la nación, su staff raspó la olla hasta el último minuto de gobierno, dejando raquíticas las arcas estatales sin conocer aún sus consecuencias a corto y mediano plazo. La corrupción en el cuatrienio anterior todavía ocupa titulares por su gravedad y repercusión en el presente y futuro del país. El segundo semestre ya lo notaremos. En fin, cada ciudadano o colectivo hará su balance de cómo le fue en este año en el que el candidato Gustavo Petro, hoy presidente de la República, triunfó con una bandera fundamental: el cambio. Quizás para algunos, por convicción, oposición, indiferencia, pesimismo o desidia consideren que la realidad nacional no hay cambiado nada, o muy poco: el desempleo, la pobreza, la violencia, la desigualdad, la corrupción y politiquería continúan presentes en la escena nacional. Para otros, los que apoyaron y auparon al poder al hoy presidente, a lo mejor mucho ha cambiado y del pasado ya poco queda. Ni tanto que alumbre al santo, ni tan poco que no lo alumbre, dice el adagio popular.

Desde mi puesto de observación atisbo, alejado del pesimismo de los hoy opositores huérfanos del poder, pero sin el optimismo desbordado de los áulicos del gobierno del cambio, que se ha avanzado en el cumplimiento de las promesas de campañas. Ejemplos tangibles: la reanudación inmediata de relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con el pueblo hermano de Venezuela. La miopía y la torpeza sectaria del gobierno precedente no le permitió entender, o si lo entendió no le importó, que la ruptura de relaciones con el gobierno del vecino país, afectaría, más que al gobernante, a los dos pueblos bolivarianos, en especial a los millones de personas que viviendo al lado y lado de la frontera fueron sometidos a todo de tipo de oprobio y restricción de sus derechos. Un acierto y una política sensata indudable del nuevo gobierno colombiano.

El presidente Petro en escenarios internacionales –Naciones Unidas, Sharm el-Sheij, Egipto, París- ha sido coherente respecto del medio ambiente y la problemática entorno a éste. Es un pensamiento de vieja data que él proclama por doquier. El mensaje de urgencia al Congreso de la República para sacar adelante el Acuerdo de Escazú, prueba que no es demagogia sino convicción que en la agenda gubernamental debe estar presente a toda hora este asunto vital para las generaciones futuras.  Innegable, pues, el tránsito por buena vía de este asunto que concierne a la humanidad entera.

A nivel interno, la reforma tributaria consensuada significó un éxito político para el gobierno, pues se dotó de un instrumento indispensable para obtener los recursos necesarios para la financiación de los cambios que pretende introducir en el Estado, sobre todo, la implementación del Acuerdo de Paz, en particular el Punto 1: Reforma Rural Integral. Cierto es que el gobierno y su bancada cedieron al lobby y presiones de poderosos grupos económicos y políticos y así se aplazó de nuevo la tributación de las iglesias y fundaciones cuyos grandes negocios, so pretexto de ser actividades sin ánimo de lucro o espirituales, acumulan grandes riquezas y beneficios económicos libres de toda carga tributaria.

El presidente Petro ha mostrado hasta ahora un talante conciliador, de escuchar, de permitir la intervención de todos los actores nacionales con el fin de sacar adelante el cambio pretendido. Fue así como una de las primeras y sorprendentes medidas que tomó fue la proponerle al principal gremio ganadero del país, Fedegán, que le vendiera tierras productivas ocupadas en la ganadería para entregárselas a los campesinos sin tierras con el fin de aumentar la producción de alimentos. Nadie esperaba una decisión de esta naturaleza. Así, la oposición comenzaba a ser despojada de argumentos para hacerle contrapeso al gobierno del Pacto Histórico.

En el campo de las reformas políticas el gobierno no las ha tenido todas consigo, pues el Código Electoral fue postergado luego de serios reparos y críticas en el Congreso, su decisión se espera para el año próximo. La reforma política ha seguido su tránsito en el legislativo. En cuanto a la paz total, como el presidente Petro nombró su política de paz, logró en poco tiempo la aprobación de la ley respectiva y con base en ella comenzó la interlocución con los grupos armados, incluidos los que no tienen connotación política, según el gobierno grupos armados multicrimen, narcotráfico y disidencias de las FARC. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, respondió de manera positiva a la propuesta de paz gubernamental, inició interlocución concretada en la Mesa de negociación iniciada en Caracas, Venezuela, retomando las negociaciones como habían quedado cuando el presidente Duque decidió interrumpirlas en 2019. Cuatro acuerdos menores, con cierto simbolismo ya se aprobaron en esta primera ronda de negociaciones en Caracas, Venezuela. Su continuación será en México. Vale destacar de nuevo la audacia política del presidente al nombrar como uno de los negociadores con el ELN al presidente de Fedegán, dirigente situado en las antípodas del pensamiento político del gobernante; además, porque esta organización gremial ha sido vinculada al paramilitarismo y el despojo de tierras durante el conflicto armado. Audacia porque le arrancó un cuadro vital a la derecha reaccionaria del país y un mensaje para los radicales de la izquierda que, con sus posiciones, hacen inviable la paz y la reconciliación nacional. Pero también puede resultar un boomerang.

Mucha falta por hacer del programa de gobierno que Petro sometió a la nación. Y muchas serán las dificultades a remover para cumplirlo. En 2023, al gobierno del cambio le esperan duros desafíos: reforma a la salud, reforma laboral y pensional y la reforma a la justicia, sumada a las ya mencionadas, política y electoral, entre otras. Y para ello es capital que toda la estructura administrativa nacional y la bancada legislativa de la coalición de gobierno funcione con unidad, ponderación y responsabilidad. Cosa que no ha sucedido siempre hasta ahora.

No obstante los avances indiscutibles, no todo ha sido luz en estos cinco meses de gobierno. Entendible que el presidente Petro le haya dado cuota burocrática –ministerios, institutos y otros- a los partidos que apoyan su política gubernamental. Sin embargo, no todas esas fichas políticas han encajado bien en la administración actual por diversas razones –antecedentes, perfil, idoneidad- que han complicado de manera innecesaria un gobierno enmarcado en los ideales de la izquierda democrática. Es el caso del ministro de Transportes, resistido desde antes de su posesión por sectores progresistas y que en el asunto del SOAT para los motociclistas se empantanó y dio bandazos a diestra y siniestra. En cierto momento dijo que el SOAT no se iba a exigir cuando su naturaleza es su obligatoriedad pues significa seguro obligatorio de accidentes de tránsito; esto dio alas a los protestantes para hacer mayores exigencias y el resultado es haber dividido el SOAT. Las consecuencias aún no están tan claras, como la cobertura de los mencionados SOAT. Otra sombra en la administración ha sido el nombramiento de una persona sin el perfil requerido para tomar la dirección el ICBF, esto es la política del Estado en el campo de la niñez y la adolescencia. Ha sido tanta la inercia de la dirección de este instituto que el mismo presidente levantó su voz en plaza pública para reconocer que es un fracaso. La funcionaria en lugar de proceder como debía ser se ha dedicado a justificarse con argumentos pueriles. De no corregirse este asunto, la infancia de los estratos bajos la seguirá pasando mal. También pierde enteros el actual gobierno al no respetar la carrera diplomática nombrando fichas políticas y amigos personales en las más importantes embajadas y consulados de Colombia; y no haber proveído ciertos cargos importantísimos como el director de la Aeronáutica Civil, en RTVV y unas superintendencias. El interinato no es un buen signo en una dirección. Y vicio feo, fuera de ser un irrespeto para el invitado o interlocutor, el incumplimiento del presidente, el principal obligado a dar ejemplo.     

Termino diciendo que no obstante los avances del gobierno Petro, para este observador el personaje colombiano del año es Francia Elena Márquez Mina, quien con su valentía, sinceridad y carisma logró en unos cuantos meses irrumpir en la escena nacional de manera arrolladora y para quedarse; además de darle lumbre a los nadies de este país que son millones.

A todos y todas, felices fiestas sin pólvora y un año nuevo para el cambio.

Tolimeo,

San Luis, Tolima, diciembre de 2022

Mientras el balón rueda en Qatar, la FIFA y sus satélites, siguen sus negocios del futbol y a los pueblos, más circo que pan.

Cuando ya hay más de la mitad de selecciones fuera del mundial, escasos nuevos talentos y sí algunas decepciones nacionales, seguimos viendo – cual emperador romano o jeque árabe – al señor Gianni Infantino sentado en su trono. Presidente de la FIFA, aislado, quizás pensando no el match que tiene ante sus ojos sino en el próximo negocio alrededor del fútbol, deporte que tan buenos réditos produce para unos pocos, comprendidos unos pocos futbolistas privilegiados por su dotes naturales para jugar el más popular de los deportes. Y a medida que el torneo llega a sus fases decisivas y más emocionantes, se supone, las denuncias, críticas y comentarios acerca de las graves violaciones de los derechos humanos que éste, como otros eventos, provocan o provocaron, con el silencio cómplice de los señores de la FIFA, las confederaciones continentales y las federaciones nacionales y -¡cómo no!- de gobernantes y jefes de Estado que las han prohijado con su silencio respecto de estos abusos, se fueron apagando con contadas excepciones. Lo importante ahora es la esencia del mundial: los goles, las atajadas, las estrellas. Lo demás no importa, o poco, así se trate de derechos humanos fundamentales y universales.

Bien sabido es que el deporte en general, y el fútbol en particular, dejó de ser y guiarse hace ya mucho tiempo por principios demodés como el que reza que lo importante no es ganar sino competir, proclamado por Pierre Fredy de Coubertin, padre de los juegos olímpicos modernos, para convertirse en el lucrativo negocio bajo el paraguas del entretenimiento para todos a través de la televisión. También es conocido que bajo el abrigo de ser el deporte un asunto privado es independiente de los Estados y gobiernos; así las organizaciones deportivas –asociaciones, ligas, federaciones, confederaciones- se rigen por sus propios y particulares estatutos y reglamentos impidiendo en principio toda injerencia estatal o de otra índole que no sean las meras “deportivas”. Dicho en otras palabras, el deporte mundial está bajo la dirección del Comité Olímpico Internacional, COI, y demás federaciones deportivas –no todas adscritas al COI-, sin más control que los suyos; están por encima del bien, del mal y de los Estados. Fue en esas condiciones que siempre que un Estado o gobierno quiso intervenir en asunto deportivo dentro del territorio nacional recibió la advertencia que de hacerlo la federación concernida o el comité olímpico nacional sería sancionado, incluso expulsado de los organismos internacionales a los que pertenece.

Hasta ahí todo es aceptable en aras de la discusión, pero el asunto toma otro cariz cuando las autoridades deportivas, o en los entornos deportivos, se violan de manera clara leyes estatales, como prohibir o restringir a deportistas y directores técnicos disentir y denunciar prácticas lesivas de derechos individuales y colectivos que les son propios por estar consagrados en normas estatales nacionales e internacionales, como los convenios de la Organización del Trabajo, OIT, o como ocurre con ocasión del actual mundial en que

la FIFA ha forzado de manera evidente tanto a jugadores como federaciones a guardar silencio o mantenerse al margen de las denuncias sobre la oprobiosa forma como se construyeron los estadios y demás escenarios para hacerlo posible: callar ante la tragedia que significa los más de 6.000 trabajadores que dejaron sus vidas en los estadios construidos por Qatar para albergar este mundial atípico en todos los sentidos. Mas no sólo ha sido la vida de esos miles de extranjeros llegados de países subdesarrollados a trabajar en condiciones extremas en la construcción, una suerte de esclavitud moderna: retención de sus pasaportes por parte del país “contratante”, horarios desmedidos y condiciones de vida inhumanas. Ante todo esto jugadores, federaciones e incluso gobernantes han debido silenciarse. Es decir, a los futbolistas y algunas federaciones se les prohibió los derechos a opinar, a expresar libremente su pensamiento, a protestar por unas conductas consideradas violatorias de normas legales, o a mostrar su apoyo a colectivos humanos discriminados, entre otros. Esta situación es la más reciente pero no la única que se conoce, pues abundan muchos ejemplos de condicionamientos lesivos de los derechos humanos bajo el escudo de los reglamentos deportivos; son millones los deportistas que enfrentan estas restricciones en todo el planeta: prohibición de jugar o “fichar” para X o Y equipo o club, interdicción de acudir a instancias judiciales para demandar justicia, contratación de menores de edad por fuera de las disposiciones legales, entre otras.

Y este asunto del deporte mundial, con acento en el fútbol, se mantiene oculto. Se hace necesario situaciones extremas o muy evidentes para que se descubran las trapisondas, actuaciones turbias y corruptelas que envuelven a dirigentes nacionales e internacionales que manejan el negocio fútbol. Si bien, el Caso Bosman -Jean-Marc, futbolista belga que demandó a su club ante la negativa de dejarlo ir para otra liga nacional. La demanda cobijó también a la Federación belga; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor de Bosman y contra los demandados por violación al derecho comunitario de libre circulación y de trabajo entre Estados miembros mediante sentencia de 15/12/1995; fallo que obligó a las federaciones nacionales de la UE a modificar sus reglamentos-. Digo, si este antecedente fundamental para que el Estado intervenga ante las organizaciones y competiciones deportivas cuando violan sus disposiciones, fue necesario, sin embargo, que una potencia, el imperio, los Estados Unidos, investigara los casos de corrupción para que saliera a la luz pública internacional la ratonera que florecía en la sede misma de la FIFA con su presidente, Joseph Blatter y su cohorte –miembros del Comité Ejecutivo-, a la cabeza, así como los presidentes de algunas confederaciones como la UEFA y la CONMEBOL para intentar limpiar el estercolero enclavado en la dirección del rey de los deportes, el futbol. No obstante, la mayoría de los gobernantes estatales siguen permitiendo, so pretexto de la independencia del deporte y sus organismos y reglamentos, se sigan cometiendo toda clase de abusos contra los más vulnerables en la cadena del negocio deporte: los atletas.

Muchas cuartillas más podrían escribirse sobre la corrupción del deporte mundial, en especial del fútbol, pero quiero destacar otro aspecto que poco o nada se comenta en las páginas y espacios deportivos o de otra naturaleza: el referido a la ley del embudo que aplica la dirigencia del deporte mientras actúan de manera independiente de los asuntos del Estado: que las construcciones de los escenarios deportivos –estadios, coliseos, hospedajes y demás- sea obra del Estado. En otras palabras, son con impuestos de los ciudadanos de cada país que se levanta la logística de un gran evento deportivo, pero las mieses, los réditos, sobre todo los derechos televisivos, sí van a parar a las arcas ya del COI, la FIFA u otra organización deportiva que realice el respectivo torneo o competición. Ahí sí es indispensable contar con el apoyo de gobiernos nacionales.

Se dirá que estas obras monumentales quedan en los inventarios públicos, del Estado. Cierto, pero en la mayoría de los casos, sobre todo, en los países subdesarrollados o en vía de desarrollo terminan siendo otro elefante blanco en el país respectivo porque luego del evento para el cual se hicieron no habrán otros que los justifiquen en el tiempo. Ejemplos de esta naturaleza abundan. Baste con mirar dentro de nuestras fronteras para ver qué fueron de las instalaciones deportivas en ciudades como Ibagué, Santa Marta, Neiva y otras: fuera de líos judiciales y reproches políticos nada más pasa con ellas.

En conclusión, amable lector(a), la independencia del gobierno deportivo de los asuntos del Estado puede aceptarse siempre y cuando no exceda los límites y vulnere las leyes estatales. En el caso de Qatar, se trata de graves violaciones de derechos humanos fundamentales, asunto que trasciende las competencias del deporte y, por lo tanto, es obligación de los Estados, como principales responsables de su ejercicio y protección, intervenir para que se reestablezcan los que aún se puedan –indemnizaciones por horas extras de trabajo, por las condiciones infrahumanas de labor- e investigar los abusos cometidos por el Estado organizador a través de los organismos competentes internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es lo mínimo que se puede demandar en esta tropelía ante la mirada cómplice de la mayoría de los gobernantes del planeta tierra.

NB. La Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y demás organismos relacionados con el fútbol colombiano, deben rendir cuentas a la nación por sus lesivos actos y omisiones cometidas en uso de sus funciones y prerrogativas.

10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos.

Tolimeo,

San Luis, diciembre de 2022