Además de injusto viola varios derechos fundamentales, en especial el derecho a la igualdad frente a la ley.

Estimado lector,

Si bien toda la atención de nuestro país está volcada hoy en día hacia la pandemia del coronavirus, no podemos olvidar otros graves problemas pendientes de resolver y que, de no hacerlo, más temprano que tarde provocará un estallido social con graves consecuencias en todos los campos de la vida nacional, se sumaría a los que motivaron el paro nacional del 21N y los derivados de la consolidación del proceso de paz entre el gobierno Santos, a nombre del Estado colombiano, y las FARC. Acuerdo de paz ratificado por el Congreso nacional y avalado por la Corte Constitucional.

En este aislamiento he pensado en uno que, insisto, de no ser resuelto pronto, con sensatez y equidad por el gobierno, en el corto plazo nos veremos en la misma situación de Chile: sacudida por el estallido social o Revolución de los 30 pesos. Esta fue la respuesta social a la brecha cada día más amplia entre la minoría rica y las mayorías pobres consecuencia del modelo neoliberal heredado de Pinochet, alabado en su momento por muchos, que pauperizó entre otros el derecho a la seguridad social, incluido el derecho a la pensión de vejez.  Levantamiento colectivo, iniciado en 2019 y continuado en el presente, que logró, primero, el reconocimiento del gobierno de Piñera que la desigualdad e injusticia social justificaban la revuelta; y después,  que el presidente chileno presentara un plan para modificar nada menos que la Constitución Política. Pues bien, el modelo pinochetista de la seguridad social fue copiado y adoptado por  el Estado colombiano en 1993 y está contenido en la ley 100[1].

Desde entonces, exceptuando uno de transición, en nuestro país existen dos regímenes pensionales: a) el solidario de prima media con prestación definida, hoy cargo del ente público Colpensiones y b) el de ahorro individual con solidaridad, manejados por cuatro fondos privados de pensión (Protección, Porvenir, Old Mutual y Colfondos). Dos regímenes que, mírenseles por donde se les mire, tienen profundas diferencias que me llevan a pensar en una clara violación del derecho fundamental de igualdad frente a la ley (Art 13 Constitución Política) y de otros, como lo explicaré adelante; violaciones que desvirtúan otro principio fundamental: el de que Colombia es un Estado social de derecho.

Dejo a un lado el aspecto jurídico del régimen pensional porque éste tiene otras aristas, como la económica y social, entre otras.

¿Sabe usted, amigo lector, que las cuatro Sociedades Administradoras de Fondos de Pensión y de Cesantías,  pertenecientes a grupos o holdings financieros, Grupo Aval incluido, donde los trabajadores, dueños de ese capital, no intervienen para nada, constituye uno de los negocios más rentables del país?

¿Sabe usted, amigo lector, que mientras los trabajadores afiliados a estos fondos cotizan durante años para luego reclamar una mísera pensión de vejez, y en algunos casos no la alcanzan siquiera, las cuatro empresas administradoras manejan la extraordinaria cifra de 313 billones de pesos (aportes voluntarios y cesantías incluidos)? (www.dinero.com)

¿Sabe usted, amigo lector, que mientras muchos trabajadores deben acudir a demandas y tutelas para el reconocimiento de su minúscula pensión, Protección, Provenir, Old Mutual y Colfondos, obtuvieron el año 2019 casi 40 billones de pesos de ganancias? (ídem)

¿No le parece, amigo lector, una descomunal injusticia que el ahorro de 16,5 millones de trabajadores dependientes e independientes, cotizantes a los fondos privados deberían tener mínimo un interés anual por cada peso que tienen ahorrado para asegurarse una vejez digna?

¿Sabe usted, amigo lector, que de cuatro (4) personas que cotizan en los fondos privados de pensión sólo una (1) accede a ella y en Colpensiones de tres (3) sólo una (1) se pensiona?

¿Sabe usted, amigo lector, que siete (7) de diez (10) abuelos en Locombia no disfrutan de ninguna clase de pensión?

¿Sabe usted, amigo lector, que el 65,7% de las personas económicamente activas en Locombia no tiene acceso a salud, pensión y seguridad social?

Volvamos a la parte legal de este entuerto. El art 13. b. de la ley 100/93 establece que la escogencia del trabajador dependiente o independiente de uno de los dos regímenes es libre y voluntario. Esto es cuestionable en la práctica, como se verá luego. Ahora bien, en tanto que en el régimen solidario de prima media, la pensión de vejez se obtiene luego de cumplirse dos condiciones: haber cotizado 1.300 semanas y tener 57 años si es mujer o 62 si es varón, constituyendo un hecho cierto; en el régimen de ahorro individual con solidaridad, es aleatorio. ¿Por qué? Porque su obtención y cuantía dependen de variables o condiciones que escapan a la voluntad y conocimiento del beneficiario, el trabajador. Para no ir más lejos, el presidente Duque recién expidió el Decreto-ley 557/20 con ocasión de la pandemia del Covid-19, con el cual le transfiere 5 billones de pesos de los fondos de pensión a Colpensiones es por el riesgo que corren las actividades de especulación financiera que estos fondos realizan con los dineros de los trabajadores. Así los justificó el Director de Colpensiones en una entrevista radial. Algunos expertos consideran que para alcanzar una pensión de salario mínimo debe cotizar mínimo 150 millones de pesos, lo grave es que no depende de él su ahorro anual sino de la rentabilidad que obtenga a través del ejercicio financiero su respectivo fondo de pensión.

Tan complicado e inequitativo es el régimen administrado por los fondos privados de pensión que con el paso del tiempo, al liquidarse el Seguro Social y crearse Colpensiones, miles de trabajadores solicitaron su traspaso de aquellos a Colpensiones y la Corte Constitucional al avocar este asunto sentó jurisprudencia reconociendo que a los trabajadores los afiliaron sin su consentimiento o se afiliaron a los fondos porque se les engañó sobre los beneficios que éstos tenían en relación con el régimen de prima media o solidario.  Esta consideración jurisprudencial es importante porque demuestra que los dos regímenes no son iguales y por lo mismo no otorgan los mismos beneficios a los trabajadores cotizantes para su futura pensión; en otras palabras, los cotizantes de los fondos privados no están en condiciones de igualdad respecto a los afiliados a Colpensiones. En síntesis, no hay igualdad frente al mismo derecho. Siendo así, se está violando el derecho de que todas las personas son iguales ante la ley. Igualdad que debe ser real y efectiva (Art.13. párrafo 2º)

Esta situación ya es, en mi opinión, razón suficiente para desmontar este sistema pensional odioso y discriminatorio por otro en el que todos los trabajadores cotizantes estén en las mismas condiciones y tengan las mismas oportunidades para alcanzar una mesada digna al momento de su jubilación (no toco para nada las pensiones de invalidez ni las sustitutivas).

Hablo de una mesada digna porque el actual régimen pensional viola en muchos casos no solo el derecho a la igualdad ante la ley sino el de la dignidad humana que es per se un derecho inviolable, como lo prescribe nuestra Constitución: “Todos los colombianos tienen derecho a una vida digna…” (Art 41 C. P.), con mayor veras tratándose de personas mayores que han agotado gran parte de sus energías durante años de trabajo. Derecho que ratificó el constituyente al considerar a la familia como núcleo fundamental de la sociedad: “[…] La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.” (Art. 54, inciso final C.P.).

Estimado lector, quizá, esta nota le parezca un ladrillo y decida no leerla, o la considere sin importancia porque ya tiene resuelta su situación personal, o porque no tiene pariente cercano que pueda en el futuro estar bregando para alcanzar una pensión digna y compensatoria de una vida de trabajo honrado y desgastador. Posiciones respetables pero los invito a pensar, sobre todo a mis compatriotas, que de no haber una modificación sustancial en esta materia tan sensible en todos los campos de la vida nacional: público y privado, individual y social, dentro de pocos años nuestro país tendrá serios problemas para solventar la seguridad social de sus mayores por no tener una mesada para cubrirla. Seguro estoy que ni la caridad ni las arcas del Estados serán suficientes para afrontar este problema social. Es hora que el Estado asuma sin dilación y vacilación este grueso problema económico, sanitario y social, porque de no hacerlo, abrirá un poco más las costuras de una democracia que luego de doscientos años no llega a su madurez.

Urge, pues, un debate y una reforma en este campo porque no puede seguir habiendo unos pocos, como los congresistas que con muy pocos años de cotización pensional acceden a pensiones exorbitantes mientras la inmensa mayoría no tiene con qué vivir; donde los cotizantes y dueños del capital destinado a prever la vejez tengan participación directa en el control y los beneficios derivados de la renta que produce este fondo que, como se dijo arriba, no es nada despreciable en su cantidad.  

Invito a través de esta modesta tribuna a las centrales obreras, a las asociaciones de pensionados, a las ONG que defienden los derechos económicos, sociales y culturales y, sobre todo, a los partidos políticos progresistas para que tan pronto salgamos del embrollo del coronavirus demanden tanto al gobierno nacional como al legislador un debate serio y responsable, con la participación de todos los sectores concernidos para que el Estado adopte un régimen pensional equitativo, teniendo en cuenta que la esperanza de vida de nuestra sociedad aumenta año tras año y se hace preciso tener las provisiones adecuadas para gestionar este asunto de trascendencia nacional.    

Hasta pronto,

Tolimeo

Abril 2020

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[1] No comparto la opinión que esta ley 100/93 sea obra exclusiva del senador Álvaro Uribe porque si bien fue él el ponente del proyecto, fue todo el Congreso de la república el que la aprobó y el presidente Gaviria quien la sancionó.

“Esto suena cada vez más ridículo, y ni yo mismo creo que lo esté escribiendo, pero es que el mundo no es una democracia: tiene dueños que deciden lo que hay que hacer, una red tan pequeña como invisible” (Adolfo Zableh Durán, El fin de los tiempos, ET, 20.03.20)

La pandemia del coronavirus que hoy vivimos nos ha ido dejando lecciones –algunas repeticiones de otras dejadas por otras crisis y que no aprendimos-, y preguntas sueltas que, quizás, sea muy pronto para aprender las primeras y responder con certeza las segundas que sin embargo se hace necesario anotar. Por falta de elementos de juicio y respeto con los nacionales de otros países no haré mención a sus dramas y evoluciones, me limitaré, como ha sido mi posición, a plasmar lo que pienso luego de observar el desarrollo del coronavirus en nuestro terruño, haciendo la excepción del país de origen por razón distinta.

Una primera lección –en realidad confirmación-: los locombianos somos indisciplinados, no sé si por naturaleza o por educación. Basta decir que en un principio –aún, hoy- la mayoría no tomó en serio lo que estaba pasando primero en China y luego en Italia. De otros países no se decía nada porque muy poco o nada informaban los medios de comunicación nacionales. Y así como nos han hecho creer como verdad absoluta que todo lo que produce el país del mandarín son viles y malas copias de Occidente, así nos fuimos comiendo el cuento que la tecnología y el sistema de salud del gigante asiático no estaban en condiciones de parar su propio invento –fueron, según algunos, los chinos mismos los que crearon el letal virus que se les salió de las manos, aunque circula otra que dice todo lo contrario-. La construcción del ya famoso hospital de dos mil camas en 10 días y el relativo pronto control del brote infeccioso fue callando bocas y hoy, así no se diga en voz alta, hay más admiración que reproche para el país de la gran muralla. Pero volvamos a lo nuestro, la indisciplina se apreció cuando la alcaldía de Bogotá y tres departamentos vecinos decidieron el simulacro de aislamiento total en vista de lo que pudiera ocurrir en los días a seguir: fue el colmo, miles de bogotanos tomaron sus autos y salieron de vacaciones a tierra caliente la víspera de comenzar el ejercicio colectivo. Otro tanto hicieron los paisas en Medellín saliendo en masa hacia los pueblos veraniegos cercanos a su capital. Es evidente que no hay tal unión, sensibilidad y solidaridad, habrá excepciones pero la mayoría estamos para llevarle la contraria a nuestros padres, a nuestros profesores, a nuestras autoridades. No hay sentido común y, menos, respeto por los demás. Otra evidencia se registró en videos tomados el martes 24, víspera de la cuarentena total por 19 días: Transmilenio en Bogotá y Soacha abarrotados, multitud en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en La Alpujarra en Medellín y otras ciudades del país, borrando con ello el propósito de evitar el contacto social para esquivar la transmisión del virus. Después de una semana de aislamiento general y pese a la amenaza de sanciones hasta penales, se siguen presentando casos de indisciplina en Bogotá, Cartagena, Ibagué, Soacha y otras poblaciones del país.

Después vendrán las cadenas de oración, las bendiciones y librarnos a la divinidad para pedir solución al mal que si bien no fue causados por nosotros sí lo agravamos con nuestra desobediencia.

Una segunda enseñanza: reaccionamos mal y tarde a situaciones previsibles. No se trata de “al caído caerle” ni de criticar la autoridad nacional por las tardías, confusas e incoherentes primeras medidas, unas en contravía con las tomadas por autoridades locales y regionales, para ralentizar el contagio viral. No, no es este el propósito pues si bien este fue un problema inesperado hace unos meses atrás y al país no le ha ido tan mal comparado con otros, sí hubo tiempo reaccionar pronto con base en lo que se iba conociendo de China e Italia y luego España con el fin de contener la expansión del virus. Aquí se vaciló al principio y se tuvo la impresión que el presidente Duque y su gabinete estaban supeditados a las consignas que dieran los empresarios del país a través de sus organizaciones gremiales –ANDI, Fenalco, SAC, Asobancaria, etc.-, dejando la impresión que primaba el valor económico sobre la salud, incluyendo el derecho a la vida de los ciudadanos. Incluso, los medios masivos de comunicación se turnaban para entrevistar a los líderes gremiales quienes daban pautas, pedían y exigían esto y aquello al gobierno pensando más en sus intereses que en la nación. Hoy, en pleno aislamiento obligatorio son muchos las preguntas que se hace la gente porque no se ha entendido las consignadas, órdenes y decretos gubernamentales. Y si al principio fue el ministro encargado de Salud y Protección Social quien llevó el peso de tan delicado asunto, luego el nuevo ministro en propiedad, hoy tenemos a un gerente de crisis y al Secretario General de la Presidencia liderando, gestionando y respondiéndoles a los angustiados ciudadanos que por poderosas razones no saben qué camino tomar, si prevenir el contagio del coronavirus y dejarse morir de hambre por falta de recursos para subsistir o salir al rebusque arriesgando ser infectados. Incoherente cerrar las fronteras terrestres, con Venezuela y Ecuador, mientras la frontera aérea seguía abierta –justo por donde se importaba el virus-. Contradictorio porque sea por prepotencia sea por convicción el presidente Duque decidió mediante decreto confuso anular todas las medidas regionales y locales por no haber concertado con gobernadores y alcaldes el día de su reunión en la Casa de Nariño; luego y de manera discreta las respaldó, pensando quizás que de no hacerlo se minaba aún más su autoridad y liderazgo. En fin, pasaron días de confusión hasta llegar al M25, día del aislamiento “total” y, por ahora, el problema no ha tomado la dimensión de otros países.

Tercera lección, mejor un repaso de lo sabido: quién manda aquí, quién detenta el poder político porque el económico ya lo sabemos desde tiempos inmemoriales. Algún analista o comentarista decía al principio de la crisis que el señor presidente aparecía en sus intervenciones públicas con los funcionarios del área económica de su gabinete: minhacienda, mincomercio, planeación nacional y no con el ministro y superintendente de salud –el ministro, tardó tiempo en posesionarse luego de su nombramiento-. Yo vi más de una vez uno o dos líderes gremiales rodeando al presidente en sus intervenciones televisivas. Era, pues, la  minoría rica del país la que tiraba corriente, daba pautas de lo que se debía hacer. Nunca se consultó al pueblo (sus representantes legítimos: sindicatos, asociaciones de pensionados, cooperativas, juntas de acción comunal,  ONG, etc.) sobre qué pensaba y sugería para frenar el enemigo común que día tras día tomaba y toma mayor entidad y fuerza destructiva. Yo he escuchado en dos entrevistas televisivas al nuevo ministro del trabajo –también tardó en posesionarse- hablar de las medidas que se estudiaban para el sector laboral y mencionó más a los empresarios que a los trabajadores, incluso dejó entrever que trabajaba en dirección de convencer a patronos y trabajadores a concertarse en torno al contrato de trabajo y así hacer menos difícil la producción: vacaciones anticipadas o debidas y otras salidas tan injustas para los asalariados como beneficiosas para los dueños del país, sin desconocer que no todos los empleadores se encuentran en las mismas condiciones. De manera tácita les pedía a los trabajadores aceptar modificaciones al contrato de trabajo sin dejar una posición clara para hacer respetar el derecho de los asalariados. Ya se escuchan denuncias sobre despidos de empleados y de la inflexibilidad de algunos empresarios obligando a sus dependientes a asistir a sus puestos de trabajo pudiéndolo hacer desde sus casas, exponiéndolos a un riesgo innecesario de contagio del virus. Caso de los calls centers.

Cuarta enseñanza: la Solidaridad (con mayúsculas). Entiendo por solidaridad el acto de desprendimiento consciente y voluntario de algo propio para brindárselo a otro que lo necesita sin esperar ninguna recompensa material o espiritual. En el acto solidario el dador o benefactor lo hace a cambio de nada, sin esperar correspondencia, protagonismo ni gratitud, en el anonimato. En la acción solidaria el único protagonista es el receptor de la ayuda, el necesitado. La solidaridad se diferencia de la caridad porque en esta se espera una compensación, por lo general divina.

¿Encuadran en este concepto las acciones “voluntarias” de algunos empresarios que aliados con medios de comunicación han lanzado los más variados planes, paquetes y programas donde lo que más se nota es la marca empresarial que lo promueve? ¿Será, por ejemplo, solidaridad los mercados ofertados a muy bajo precio por el grupo empresarial del Éxito, Carulla y otros almacenes, o será mejor considerar esta campaña como la devolución parcial a sus clientes del dinero que les retienen de las vueltas, cambio o calderilla cuando pagan sus compras semanales? Para nadie es un secreto que so pretexto de “quiere usted hacer una pequeña donación” son millones de pesos los que le quedan en las cajas de esta y otras cadenas de supermercados y que nadie audita su destino final. Incluso si van para sus fundaciones sin ánimo de lucro éstas se están sosteniendo con la amable coacción cotidiana de los cajeros a los compradores en estos almacenes de cadena. ¿De verdad serán solidarias las entidades bancarias refinanciando los créditos y alargando los plazos de las obligaciones para sus clientes? No he sabido de uno solo banco que condone deudas o rebaje las cuotas de los meses improductivos por el parón forzado. Y ¿cómo debemos tomar los locombianos el magnánimo gesto del hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, desprendiéndose de Ochenta mil millones de pesos con destino a la lucha gubernamental contra el Covid 19? ¿Debemos reconocer hasta el final de nuestros días esos 23 millones y pico de dólares dados por el banquero cabeza del Grupo Aval que no le disminuyen casi nada su fortuna estimada en diez mil ochocientos millones de dólares según la revista Forbes a mayo de 2019? ¿O lo podemos considerar como en mea culpa tardío?

Los verdaderos dueños del país, más que la pandemia, nos dejan una quinta enseñanza: según ellos es hora de la unión nacional, que todos los ciudadanos, ricos y pobres, del estrato social que sea, empleados o desempleados, todos debemos estar unidos para hacer frente a la pandemia, sin parar mientes que la medida más aconsejada para evitar la propagación del coronavirus, el aislamiento o encierro doméstico, está desnudando la cara más dura pero real de nuestra sociedad: la desigualdad y la miseria de miles de compatriotas. Mientras para los ricos el aislamiento puede ser un descanso placentero, para los pobres una desgracia más: no es lo mismo estar en un recinto de 500, 1.000 o 1.500 m2 que en otro de 40 o 45 m2 o en una habitación de 3 x 3 m para que tres personas vivan 19 días encerrados ahí. Y ¿qué decir de los que no tienen techo o los que con toque de queda o sin él deben procurarse su pan fuera de sus covachas?

En fin, sin desconocer muchos gestos de verdadera solidaridad, mucha de la que dan cuenta los medios por esta época tiene más de propaganda que de desprendimiento generoso y altruista. La verdadera solidaridad de los dueños del país sería creando puestos de trabajo, acabando con nóminas paralelas (contratos de servicios), no hacer parte de la cadena de corrupción y despojo de los dineros públicos (Odebrecht, Navelena, Ruta del Sol, ruta a Villavicencio y puente Chirajara, Reficar, etc.)[1].

Amigo(a) lector(a), ya volveré sobre otros temas que nos va dejando sobre la mesa el coronavirus o Covid 19.

Hasta pronto,

Tolimeo

Marzo de 2020

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[1] Recomiendo leer el artículo del obispo de Quibdó, Mons. Juan Carlos Barreto B, No es asunto de limosnas (El Espectador, 24/03/2020): analiza y denuncia quiénes deberían asumir los gastos que demande la pandemia que asola el mundo y se expande en nuestro país.

Apreciado lector,

Aunque parezca banal y sin trascendencia el talante del gobernante, sí tiene importancia: nos permite analizar quién nos gobierna y qué podemos esperar de él, o para dónde vamos. Luego de leer, amigo(a) lector(a) los ejemplos que adelante expongo de actuaciones del ejecutivo, lo invito a sacar su propia conclusión de si la sindéresis, la coherencia y la transparencia, características de un gobernante serio y responsable, se cumplen con el presidente Duque. Expongo actos y políticas del gobierno en marcha sin apoyarme en investigaciones de la Fiscalía General de la Nación pues no se trata de delitos, reales o supuestos, sino de actos con significado político que presenciamos y sentimos desde el 7 de agosto de 2018.

¿Es coherente denominar Paz con legalidad el programa de gobierno del presidente Duque?  Parece que con este redundante calificativo el gobierno quiso evitar hablar durante cuatro años de Proceso de paz, porque le produce urticaria, fastidio y le recuerda los mandatos del traidor Juan Manuel Santos. Ninguno de sus asesores, intelectuales de apoyo, o jefes de su partido –más un Centro dogmático que democrático-, o el mismísimo presidente Duque repararon o reflexionaron que la legalidad es un pilar de la paz, que sin aquélla no es posible ésta: no hay paz sin legalidad. Ilegalidad es sinónimo de ruptura, de quiebre, de violencia ejercida sobre un estado u ordenamiento legal. Tan obvio es esto que justo por ello se han intentado todos los procesos de paz  – fallidos unos, exitosos otros-, como el que cursa en la actualidad: porque había –y hay aún- violencia política, social, económica y otras, que no han permitido, pese a muchos esfuerzos, hacer de Locombia un Estado de derecho y, menos, social de derecho.

Entonces, paz con legalidad no pasa de ser una obviedad o redundancia de una política gubernamental que más parece otro distractor desde la tribuna que un propósito político decidido y serio de alcanzar la paz.

¿Es coherente y transmite tranquilidad el doble lenguaje del presidente: uno, para la comunidad internacional, y otro, para consumo nacional? Duque y sus ministros de relaciones exteriores cuando salen del país han insistido en que su gobierno es amigo de la paz, que el Acuerdo se está implementando como debe ser, incluso en un afán por poner en entredicho a su antecesor, afirman  haber realizado más obras y espacios territoriales, impulsado más proyectos productivos y de reinserción para los desmovilizados, etc.., cayendo en otra obviedad: el mandato anterior pese a las fallas cometidas no tuvo tiempo para la implementación de todo lo acordado en La Habana con las FARC.

Y mientras eso dice en y para el extranjero, al interior del país esas palabras desaparecen de la cotidianidad y dan paso a una dura realidad: eliminación física de líderes sociales, defensores de derechos humanos y desmovilizados – éstos empeñados en cumplirle a los suyos, al país, respetando las normas de convivencia civil pero desprotegidos del Estado. El más reciente caso, la ejecución arbitraria la semana pasada de una desmovilizada en un parque de un barrio del suroccidente de Bogotá, sirvió para escuchar palabras desatinadas de la Mininterior al referirse y explicar este acto criminal, palabras que rayan en la perversidad, el ridículo y la frivolidad: “… matan más a personas por robarle su celular que a líderes sociales…”, y luego cuando a los pocos días ejecutan en Cali al escolta de un líder social: “…él era un escolta y no un líder social…”. Y así.

También contradictoria su política exterior que lo deja en evidencia de ser un mal jugador en el campo de las relaciones internacionales. Desde antes de ser elegido, Duque se convirtió en el “venezolano” en el exilio que acabaría con la dictadura de Maduro en Venezuela. Y tan pronto se posesionó llevó su obsesión hasta lo bufo: impulsó el Grupo de Lima con el objetivo claro de sacar a Maduro del poder sin que ello constituya injerencia en otro Estado porque salvar la democracia del vecino país lo exculpa de tal intromisión; el concierto internacional en la frontera con Venezuela, la práctica de ese ideal, terminó siendo un ridículo monumental y un mal trago para los presidentes chileno y paraguayo que lo acompañaron en el descabellado proyecto locombiano. En este caso tampoco hubo intromisión en otro Estado soberano.

Pero sí hay injerencia, según el presidente Duque, cuando una de las agencias de las Naciones Unidas, mandatada para ello, en un informe recoge las violaciones a los derechos humanos en Locombia -masacres, ejecuciones de líderes sociales, defensores y desmovilizados durante 2019-, con algunas recomendaciones con el fin de mejorar la democracia nacional: reestructurar el ESMAD de la Policía Nacional y poner esta institución civil armada bajo la dirección del Ministerio del Interior. El gobierno en su ceguera inicial por tan contundente Informe, respaldado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Ginebra, olvidó que esta Oficina está en el país por expresa voluntad del Estado, que los derechos humanos trascienden las fronteras de los Estados por regirse por pactos y convenios internacionales, de los cuales nuestro Estado ha firmado y ratificado más de 100 haciéndolo Parte en ellos y miembro de las Naciones Unidas.

Tampoco hay intromisión ni menoscabo de la soberanía nacional cuando el presidente Trump de manera sutil le da la orden a Duque de fumigar con glifosato los cultivos de coca. Olvida el presidente –a lo mejor nunca se ha puesto a pensar en ello-, que con la extradición de nacionales se renunció hace tiempo a un buen pedazo de nuestra soberanía: el de hacerle justicia a sus propios nacionales.

La soberanía nacional parece ser un concepto maleable y asumible según la ocasión y quien pretenda hollarla.

Una de las banderas electorales y de gobierno del presidente Duque fue la lucha contra la corrupción y ésa fue la impresión que dio cuando a la semana siguiente de la consulta popular contra la corrupción –agosto 2018- convocó a los partidos políticos presentes en el Congreso de la República a un frente común, acogiendo casi todas las propuestas de la consulta y los proyectos que ya cursaban en el legislativo, acudiendo en persona a éste para presentar los respectivos proyectos anti corrupción. Sin embargo, el tiempo demostró que lo suyo no pasaba de un simple acto demagógico pues ni él ni sus ministros, sobre todo la Mininterior, mostraron interés alguno para impulsar en las cámaras esos proyectos y la mayoría languidecieron en su trámite y solo dos terminaron como leyes de la República.

Y mientras decaían los proyectos anti corrupción en comisiones y plenarias de Senado y Cámara, el nuevo ejecutivo fue nombrando, en particular en el servicio exterior –embajadas y consulados- a personas que no reunían los requisitos exigidos por la ley para desempeñar el cargo con el que se les pagaba el favor electoral. Todo en detrimento del personal de carrera del servicio diplomático y consular que sí es apto para desempeñar esas funciones. Comprendo bien que en el juego político es normal que el ganador de la elección escoge y nombra el personal de su confianza para asegurar que sus planes y programas se cumplan. Pero lo ocurrido en los variados casos en embajadas en Francia, Estados Unidos y consulados de Miami, Orlando y otros, por lo dicho antes, constituyen casos de corrupción por ser pago de favores que se han llevado de calle las carreras administrativa y diplomática del Estado.

¿Es coherente y normal que el presidente guarde silencio o se pronuncie tiempo después ante un suceso grave y sí haga presencia o se exprese frente a otros sin incidencia en la vida nacional? Quizás ya esté en el olvido la negativa del presidente de recibir a los estudiantes mientras sí recibía en Palacio de Nariño a Maluma, o el silencio indiferente de Duque cuando en plena campaña electoral asesinaron en el norte del Cauca, una aspirante a la alcaldía de Suárez, pero sí hizo hueco en su agenda para asistir al lanzamiento de una tienda de moda de Barranquilla, o haya callado ante la noticia de la muerte de unos niños en el bombardeo del Caquetá –por cierto, dos veces víctimas: de secuestro o reclutamiento forzado y del bombardeo mismo-, y sí se haya excedido en elogios para el ministro obligado a renunciar por este y otros exabruptos en su gestión y el posterior ascenso a comandante del ejército al general que ordenó el ataque aludido.

Medio ambiente: El presidente Duque se dice defensor del medio ambiente y para ello, según lo manifestó en Davos, Suiza, sembrará 180 millones de árboles en su mandato –en el Plan Nacional de Desarrollo se habla de 360 millones- pero al mismo tiempo está por el fracking y la aspersión aérea con glifosato los cultivos de coca; dos procedimientos muy cuestionados no sólo en el país sino en el mundo entero por el impacto sobre el agua del primero y los perjuicios para la naturaleza y el ser humano el segundo.

¿Es o no contradictorio e incoherente el presidente Duque en su manera de extrapolar un mismo asunto relacionado con la gobernanza del país? ¿Será este proceder político la causa de la baja popularidad del presidente Duque que nos enseñan las encuestas nacionales?

Saque usted, amigo(a) lector(a), sus propias conclusiones.

Hasta la próxima,

Tolimeo

Marzo de 2020

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Estimados lectores,

La elección del nuevo Fiscal General de la Nación por unanimidad -¿obligada?- por la Corte Suprema de Justicia –CSJ- no atenúa, disminuye u oculta la grave crisis por la que atraviesa desde hace tiempo la justicia en general y la Corte Suprema en particular en nuestro país. Muchas son las causas, aspectos y circunstancias que han llevado a tal grado de postración una de las manifestaciones más relevantes de un Estado soberano y democrático: la justicia.

Prolongadas e injustificadas demoras en la provisión de plazas vacantes en las altas cortes y la Fiscalía General de la Nación, dando pie a interinidades prolongadas, la “silla giratoria” o paso de magistrados de una corte a otra, oposición de magistrados a proyectos de reforma de la justicia, dudas razonables de la ciudadanía acerca de las calidades éticas de candidatos o miembros de las cortes, investigaciones por denuncias de diplomas y títulos falsos o plagio de tesis de aspirantes e, incluso, de jueces y magistrados, contradicciones protuberantes en sentencias de los tribunales sobre un mismo tema o proceso, contratos amañados cuando no innecesarios en los órganos judiciales, el gran escándalo de corrupción que involucra expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y a legisladores y el juzgamiento y condena en primera instancia de un exmagistrado de la Corte Constitucional, son entre otras, razones suficientes y justificadas para los reproches y glosas, públicos o velados, de partidos políticos de la oposición, comentaristas, organizaciones sociales y el común de la gente a la tercera rama del Poder Público.

No podemos decir que esta situación en los estrados judiciales del país sea de reciente aparición, no, son causas y efectos que se han ido acumulando con el transcurso del tiempo sin que ningún gobernante haya sido capaz de ponerle freno hasta convertirse en lastres pesados que atentan de manera vergonzosa contra la majestad de la justica. La “Seriedad, entereza, severidad […] Grandeza, superioridad y autoridad sobre otras personas” –RAE-, de la magistratura nacional, parece han desaparecido y reemplazadas por el descrédito y la desconfianza en su accionar.

Aquí no pretendo echarle el agua sucia sólo a la cúpula de la rama jurisdiccional de tan lamentable y degradante situación porque tanto el legislador como el ejecutivo tienen velas en este entierro –es en serio y en caso de no darse una pronta y efectiva reacción del Estado-. Fuera de las erróneas interpretaciones de las normas jurídicas en casos concretos, algo normal y corriente que pueden subsanarse con los recursos ante instancias superiores, son numerosas las metidas de pata de jueces, magistrados y funcionarios judiciales traspasando los límites de la legalidad para convertirse en delitos o faltas disciplinarias que manchan la majestad de la justicia: prevaricatos, concusiones, falsedades y otras modalidades delictivas enlodan el quehacer judicial, así como los demoras injustificadas por negligencias en la celebración de audiencias públicas, recaudo probatorio o resolución de casos. Y como si no bastara con estas fallas, desde un cierto tiempo para acá, el afán protagónico de algunos operadores judiciales provocan otros enrarecimientos de la justicia: aparecer en cuanto noticiero de radio, tv o prensa escrita explicando sus propias decisiones -olvidando que el juez habla es a través de sus providencias-, se convierte con frecuencia en causas de recusación o impedimento que entorpecen y hacen aún más lenta la justicia. Aquel principio de que entre más anónimo y prudente sea el magistrado más probo será, parece ser una máxima del pasado que ya no cuenta en una época caracterizada por la hemorragia verbal sin importar si se injuria, se calumnia o se lesionan derechos fundamentales de una sociedad, incluido el que se comenta: el derecho a la justicia.  No sé de otro país donde los jueces y fiscales desnuden “sus” investigaciones y procesos penales en los medios de comunicación como aquí. Tal vez en Estados Unidos los fiscales son dados a hacerlo porque son una ficha política del gobernante de turno, pero no los jueces y magistrados. Tampoco conozco que  en otros Estados los tribunales convoquen una rueda de prensa para informar o explicar el sentido de un fallo determinado que, en muchos casos, aún no está siquiera redactado, como pasa con frecuencia en la Corte Constitucional.

Todos estos desórdenes ensombrecen la escena judicial, mancillan su majestad y muestran hasta qué grado la ética profesional del derecho se ha ido evaporando sin que nadie lo note o le importe y, menos, lo denuncie o reclame. ¿Dónde está el legislador para reglamentar mediante ley la carrera del derecho, su enseñanza y su ejercicio profesional? ¿Dónde está el ejecutivo nacional para impulsar reformas que enaltezcan la magistratura y la justicia y sirvan de freno al desordenado ejercicio profesional del derecho, en especial en la investigación criminal y la magistratura? Pero hay más: ¿cuántas audiencias penales se aplazan por falta de sala para su realización o continuación cuando por X o Y motivo se suspenden? Esta no es una causa menor, no, pues se ha convertido en el ardid favorito de muchos litigantes para ganar su pleito ya por prescripción de la acción penal ya por la libertad de defendido por vencimiento de términos y, ya sabemos, proceso penal sin preso es sinónimo de fenecimiento -o casi- de este, constituyendo otra vena rota por donde se escapa la pronta y debida justicia traducida en la descomunal impunidad que reina en el país. Pero además, ¿cuenta la rama jurisdiccional con un presupuesto y una infraestructura acordes con su sagrada misión de mantener el Estado social de derecho?

Es hora de hacer una reflexión sobre tan sombrío panorama judicial y buscar que tanto los operadores judiciales, como los auxiliares de la justicia, en particular los abogados litigantes y sus organizaciones gremiales o profesionales, la academia pero, sobre todo, los usuarios de la justicia, la ciudadanía, participen en un serio y decidido ejercicio con la el objetivo de reformar de verdad nuestra justicia.

N.B. Arriba se habló del nuevo Fiscal General de la Nación elegido por unanimidad de la Sala plena de la CSJ. Fue unánime porque era la única opción que tenía la Corte teniendo en cuenta que quórum está tan reducido por su incapacidad –o ¿desgreño?- para llenar sus propias vacantes que de no ser sido así no hubiese habido elección. Así algunos sostengan que no ser especialista en derecho penal, como es el caso de Fiscal electo, Francisco Barbosa, no importa por ser más bien un gerente o administrador del cuerpo de fiscales, otros pensamos que si no se tiene dominio en este campo específico del derecho quedará a merced de sus subalternos, los fiscales, y sin todos los elementos que le permitan comprender dónde están las fallas del ente investigador y acusador y, por lo mismo, de cómo enderezar sus cargas torcidas para bien de la nación que es, en últimas, la que aprueba o desaprueba su función.

Sin entrar a cuestionar el escaso ejercicio del nuevo Fiscal en los estrados judiciales ni su vuelta ideológica respecto de su opinión sobre el conflicto armado interno y la justicia de transición que al principio defendió, me pregunto y les pregunto: ¿Qué hizo el señor Francisco Barbosa en pro de los Derechos Humanos de los colombianos en el año y medio que fungió como Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos?

Tolimeo

Vereda La Flor, San Luis, Tolima

Febrero 2020

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Estimad(a) lector(a),

Las dramáticas imágenes y noticias que nos llegan del sur de Australia asolada por pavorosos incendios forestales son contundentes: más de 10 millones de hectáreas consumidas por el fuego, mil millones de canguros, koalas, wallabies, cacatuas y otros animales calcinados por las llamas, 28 personas muertas por esta inmensa conflagración, deben, creo yo, ser la sirena de una alarma mundial ante una amenaza de igual proporción: el calentamiento global y cambio climático no son una eventualidad sino una realidad, un presente que si no se frena no alcanzaremos a avizorar los estragos (¿perennes?) para los habitantes del planeta tierra.  Sin embargo, la realidad es diferente: muchos dirigentes y gobernantes (Trump, el mismo Primer ministro de Australia, Bolsonaro en Brasil, etc.) no solo no creen sino que en su afán desaforado por el consumo y el lucro, intentan sabotear mediante su retiro de pactos y compromisos internacionales sobre medio ambiente y cambio climático, mostrando su desgreño por la vida y la salud de la flora, la fauna y la humanidad misma. Mas ello no debe ser un obstáculo insalvable para los que creemos en un mundo con ciertos equilibrios entre los seres humanos y el resto de la naturaleza. Investigadores, activistas, gobernantes conscientes y consecuentes y personas de a pie debemos hacer causa común para impedir que la hecatombe australiana se extienda por los cinco continentes.

Por eso en el ámbito nacional es importante destacar la alerta que la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, lanzó el 13/01/2020 advirtiendo que todos los municipios del departamento salvo San Luis (por ahora) están en riesgo por eventuales incendios forestales que devorarían hectáreas de cultivos y bosques, afectando la vida de animales y las fuentes de agua durante el actual periodo de sequía.

Por lo anterior, considero que no ha perdido actualidad la nota publicada en septiembre del año pasado, sobre el mismo tema y que no dudo en volver a compartir con los lectores:

A propósito de la sequía y los incendios forestales en el país

“¡Qué fácil es destruir y qué difícil plantar!

“Seguimos sin aprender las dolorosas lecciones del pasado«

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Una colilla encendida tirada a la orilla del camino, un frasco de vidrio dejado en un campo de labranza o en un potrero, una “quema controlada” de grande o pequeña extensión para “mejorar” la tierra para la próxima cosecha,  la pequeña fogata para quemar la basura del solar de la casa, el fuego a medio apagar después de un paseo de olla o una noche de pesca o, peor aún, la malintencionada acción de unos cuantos que buscando intereses ilícitos,  convierten año tras año miles de hectáreas en pasto de las llamas: son incendios forestales minando el campo colombiano dejando una estela de desolación, tragedia y muerte. Sea en el Tolima, Cundinamarca, Valle del Cauca, Huila u otro departamento o región del país, los incendios producidos por la conciencia o inconciencia humana, avivados por la sequía, van arrasando cultivos, bosques, matando animales y agotando el agua como una fatalidad o un ritual diabólico y perverso de fuego y humo donde las mayorías se angustian y claman la ayuda y la solidaridad de autoridades y vecinos para salvar sus muchas o pocas pertenencias mientras quizá unos pocos en la oscuridad de la noche sonríen ante el efecto siniestro y dañino provocado por las llamas que consumen lo ajeno para su propio beneficio.

No niego que el IDEAM advierte y previene a través de la radio, la televisión y su página digital de los cambios que sufre o sufrirá en el futuro próximo el tiempo en cada región del país, con el propósito de que la población tome precauciones ante eventuales peligros  por oscilaciones ordinarias y extraordinarias de las temperaturas o de las estaciones de sequía y de lluvias. A pesar de ello, muchas variaciones atmosféricas terminan en estragos y desastres para que los titulares de prensa del día siguiente recurran a la palabra inmortalizada por Gabo: una tragedia anunciada. Por eso pregunto: ¿es suficiente esta información del IDEAM para evitar estas calamidades? ¿aparte el IDEAM, acaso no es deber de otras instituciones regionales y municipales como las CAR y las oficinas de riesgo departamentales y municipales, los organismos de prevención de desastres y socorro de intervenir  de manera más activa en la prevención de desgracias mediante una pedagogía para que la población aprenda y sea consciente de los peligros que la acechan, o a que se expone si no se respetan las consignas dadas por la autoridad y el sentido común?

Desde hace casi una década vivo en el campo y durante este tiempo no he visto ni he tenido la visita de una autoridad nacional, departamental o municipal, de un organismo oficial o privado (ONG) para informarme, enseñarme o sensibilizarme a mí  y a los vecinos de la región, la mayoría campesinos pobres e iletrados, sobre el peligro que las prácticas arriba enunciadas conducen cada vez que hay una fuerte sequía, como tampoco de los riesgos por  inundaciones, avalanchas y otros peligros, en tiempo de lluvias y, menos, sobre los riesgos para la salud producidos por enfermedades como el Sika, el dengue y otras epidemias.

Esto me lleva a pensar que no hay en un verdadero compromiso del Estado por la suerte de los campesinos pobres del país, expuestos a los vaivenes y contingencias de la naturaleza y, menos, que exista una política de salud pública que, como todos saben, debe basarse en la educación para la prevención, en este caso de las amenazas por los cambios cada vez más bruscos de la naturaleza que, a decir verdad, no son debidas a sus propias leyes y caprichos sino a la intervención intencional o no del ser humano. 

Queda claro que esta situación no es de ahora y por tanto no es “obra exclusiva” del  gobierno actual, no, esa negligencia estatal  viene de tiempo atrás sin que ninguno de los gobiernos nacionales de que tengo memoria se hubiese comprometido y actuado de verdad para mejorar y paliar los estragos provocados por los cada vez más fuertes cambios “naturales” en la tierra, en particular en nuestros campos nacionales[1].  Si bien no es un fenómeno reciente, sí es cada año más grave por su intensidad y la extensión que cubre: este año Cali y los alrededores de Ibagué, por ejemplo, padecieron  devastadores incendios forestales que los noticieros de televisión dan cuenta como noticia más, que vende pero no previene porque no educa, como sí lo fue en el pasado que algunos noticiarios tenían su sección de meteorología informando sobre el tiempo a nivel nacional y regional  –quizás esta no sea la misión de estos medios de comunicación.

Ya es hora de aprender de las lecciones de estos hechos y actos presentes y pasados, la mayoría causados por negligencias u omisiones públicas y privadas, que atentan de manera grave contra no sólo los ecosistemas nacionales sino  la economía nacional, la salud y la vida de los colombianos. Es hora de exigirle a las autoridades locales, regionales y nacionales mayores recursos (equipos y personal), compromiso y acción para prevenir estas situaciones que si bien no siempre son previsibles y/o mitigables en su totalidad sí se pueden controlar de diversas maneras y procedimientos: educando a las comunidades más propensas a sufrir las consecuencias de fenómenos naturales, aplicando y haciendo cumplir la norma y castigando, si es el caso, a quienes no respetan las leyes ambientales, dotando las instituciones encargadas del riesgo de instrumentos y capacidades adecuadas para enfrentar estos peligros, instruyendo  los poderes locales para que entiendan  que también es de su incumbencia y obligación este aspecto de la vida nacional y, sobre todo, a las autoridades ambientales (CAR) de no ser tan laxas en el control hídrico-ambiental y en la concesión de licencias ambientales, de aprovechamiento forestal, de extracción de material de arrastre sin control alguno de los lechos y cuerpos de agua que son fundamentales para la vida de flora, fauna y  humana; en otras palabras porque lo que se nos está agotando con estos fenómenos “naturales” no es más que nuestra propia existencia.

Vereda La Flor, San Luis, Tolima – Septiembre 2019

Tolimeo

La Mesa, enero de 2020

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[1] Avanzo alguna defensa de esta afirmación porque no ha de faltar el defensor de oficio que diga que luego de las fuertes inundaciones de 2011 y 2012, el gobierno de turno le metió el diente al problema mediante los 62 POMCA (Plan de Manejo y Ordenamiento de las cuencas hidrográficas). Sí, es cierto, pero la mayoría de estos POMCA no se han formulado por la desidia y poca colaboración de las autoridades departamentales, municipales y algunas CAR, dejando en manos de particulares (consorcios constituidos para licitar los respectivos contratos) que tienen conocimientos técnicos (geográficos, geológicos, hídricos) mas  no tienen una relación con las comunidades y organizaciones asentadas en cada una de las cuencas nacionales y, por lo mismo, desconociendo sus realidades económicas, sociales y culturales. En el Tolima sólo un POMCA ha llegado a su fin.

En el tramo final de 2019 se creó mucha incertidumbre en sectores sociales, sindicales y popular con el anuncio, a veces velado, a veces directo, de algunas reformas que, según el gobierno nacional, el Centro Democrático (CD) y los gremios empresariales no solo son necesarias sino benéficas para las clases populares y el desarrollo del país. Incertidumbre que sirvió para que el Comité del paro nacional aumentara sus razones para seguir su lucha, por demás, justa y necesaria. Entre las varias reformas gubernamentales están la reforma pensional, la prima especial o extra para ciertos trabajadores y las modificaciones introducidas con la ley de crecimiento económico –o reforma tributaria- de tres días sin IVA en el año y la devolución del IVA al 20% de la población más pobre, entre otras.

He aquí algunos comentarios sobre las tres últimas medidas, dejando para otra ocasión, cuando se presente el proyecto, el de la reforma pensional.

Bonificación especial para trabajadores que devengan un salario bajo

Si bien en un principio el presidente Duque no respaldó esta iniciativa de Álvaro Uribe y el CD, ante las fuertes críticas por el aumento unilateral del gobierno del salario mínimo (6%), reprochado por las Centrales obreras y los trabajadores en general, cambió de opinión y decidió respaldar la prima adicional o extra para trabajadores que devenguen hasta máximo 1,5 salarios mínimos. Medida que no dudo en considerar populista y engañosa y tal vez violatoria de la Constitución Nacional.

No se requiere ser un experto en asuntos económicos, fiscales, financieros o laborales para comprender que esta iniciativa gubernamental deja, por ahora, más interrogantes que certitudes: En materia salarial ¿estamos frente a un nuevo factor de salario contando a todos los efectos derivados de él: liquidación de cesantías y pensión? ¿Afecta la cotización para la salud? Si bien los promotores de esta iniciativa dicen que no se trata de un nuevo factor de trabajo, no estoy tan seguro de que así lo considere la Corte Constitucional, en caso de demanda, teniendo en cuenta que se trataría de un ingreso fijo y permanente ligado a un salario fijo, y que lo más seguro es que los beneficiarios sigan siendo los mismos trabajadores hasta pensionarse (¿?) porque así les aumenten el salario cada año seguirán devengando los mismos 1,5 o menos salarios mínimos.

Según se desprende de las explicaciones dadas por sus promotores, los beneficiarios de esta prima especial o extra no serán todos los trabajadores que ganen hasta tope mencionado sino que estará condicionado a que éste estudie o esté en formación. De ahí surgen otras preguntas como ¿acaso el obrero de la construcción, el trabajador del campo, el empleado de empresa de comercio, en particular supermercados con horarios extendidos hasta las 9 y 10 de la noche, etc. podrá reunir uno de esos dos requisitos? En un hogar donde más de un miembro trabaje y el ingreso global supere la barrera de los 1,5 salarios mínimos ¿se mantendrá o se perderá el beneficio?

Por último, ¿no estaremos ante una ley viciada de inconstitucionalidad como que no respeta el derecho a la igualdad ante la ley? ¿Dónde queda el principio de equidad social tan pregonado por el presidente Duque si trabajadores en la misma escala laboral no tendrán el mismo ingreso por el mismo trabajo? Si se trata de un subsidio también estaremos frente a una discriminación odiosa porque serán millones de trabajadores que ganando el mismo salario –hasta 1,5 salarios mínimos- quedarán marginados del beneficio que sí tendrán otros que ganan lo mismo.

Los tres días al año sin IVA

La reforma tributaria aprobada en la madrugada del 20 de diciembre de 2019 incluyó una medida tendiente dizque a aliviar la capacidad de compra de la población con tres días sin IVA al año en Locombia. Una medida efectista, demagógica y populista que en el fondo busca es permitirle al sector comercio vender los géneros que le quedan en stock e inventarios después de las temporadas altas: semana santa, junio y diciembre. Esto no es un invento del comentarista sino el propósito de la DIAN según las explicaciones dadas a través de los medios de comunicación por su mismo Director. Eso explica por qué los días serán escogidos en temporada baja –enero, julio y octubre-. ¿Estas compras sin IVA alcanzarán un monto tal para afirmar que favorecen en realidad los bolsillos de los ciudadanos, es decir que pueda ser considerada como un alivio económico a la frágil economía de la mayoría de ellos? Lo dudo, porque si se trata de una medida con un claro destinatario, el comerciante para reducir su inventario, a lo mejor pasado de moda o descontinuado, al ciudadano de a pie en realidad se le está dando tres días de saldo puesto que la exención del IVA no aplica para todos los productos indispensables para él y, además, porque tiene unos límites tanto en el tipo de género como en cantidad y precio de la mercancía exenta del tributo; sin contar claro, que se tratará sólo de venta física –no es posible por internet-, y que se hará por medio de tarjetas bancarias -¿será acaso otra manera de forzar la bancarización de toda la sociedad?

Si de veras el presidente Duque pretendía cumplir la promesa de campaña de hacer una sociedad justa y equitativa por qué no hizo el esfuerzo de eliminar el IVA a ciertos productos indispensables en la canasta familiar, o disminuir un punto el IVA que rige en la actualidad. Se alegará en contra de estas propuestas que el presupuesto del Estado debe tener recursos para llevar a cabo las obras y servicios para la comunidad. Si es así, no se entiende cómo pudo aprobar una exención tributaria a los más ricos que, según las previsiones más bajitas, significarán 9 billones de pesos que dejará de recaudar afectando las finanzas estatales y la gestión gubernamental.

Devolución del IVA al 20% de la población más pobre del país

Esta medida tiene tanto de largo como de ancho, de cierto como de incierto, pero lo más seguro es que se quedará como otro distractor de los problemas económicos y sociales que agobian la mayor parte de nuestra sociedad. Según los cálculos de los expertos, la devolución en pesos por concepto de IVA será de $60.000.oo mensuales por familia. Si tomamos una familia de cuatro miembros, daría un ingreso diario de $500.oo por persona. En serio, ¿será esto un verdadero alivio para una persona que con ese valor no alcanza a comprar un pan para su desayuno?

Por lo que este observador ha escuchado y leído, los futuros beneficiarios de esta gran medida que llevará a la posteridad al presidente Duque, no saben con qué mécanismo se realizará la devolución, algunos temen que sea a través de cheque bancario, incluso algunos hablan de tarjeta bancaria. De ser así, estaremos ante otra descomunal medida benefactora del sector empresarial, la banca nacional, mientras el pobre, el que no tiene cómo llegar a fin de mes se le fuerza a tener otro gasto, como sería el del manejo de una tarjeta bancaria. ¿Se quedará esta medida como la declaración de impuestos monotributo de los tenderos: en nada?

Como en el asunto de los tres días sin IVA, si de verdad el gobierno nacional quería aliviar las pesadas cargas que arrastran las clases bajas del país por qué no aumentar uno de los varios subsidios que desde la administración Pastrana Arango se le han dado a aquellas, como Familias en acción, Colombia Mayor, etc. -aclaro no compartir esta clase de solución paternalista porque es obligación del Estado hacer posible mediante la buena gestión del gobernante –para eso lo eligen- la realización efectiva de los derechos fundamentales, en particular los económicos y sociales de todos los habitantes del territorio nacional; y porque en Locombia se convirtieron dichos subsidios en una manera de amarrar los votos de los más necesitados.

En conclusión, creo que estas tres medidas son distractores – en términos coloquiales engaña-bobos-, del gobierno Duque y el CD, para maquillar la supuesta subvención de las apremiantes necesidades de las clases más pobres del país y que, a lo mejor, servirán para que los áulicos del sistema se engolosinen engatusando con explicaciones económicas, contables y tributarias a los pocos que los escuchan en la radio y la televisión o los leen en la prensa nacional, mientras las mayorías, como siempre ocurre, volverá a sentir que su vida, su trabajo, sus necesidades y aspiraciones no cuentan para esta democracia restringida que vivimos en Locombia.

Ojalá me equivoque y estos puntos hagan parte de la presión que los sectores populares están llevando a cabo a través del Comité de paro nacional, para que se desmonten o se modifiquen, dándole un verdadero contenido de equidad y solidaridad al trabajo de los colombianos.

Tolimeo
La Mesa de Juan Díaz, enero de 2020

Estimado(a) lector(a),

Antes de entrar en materia una breve explicación del por qué mi atrevimiento a llamar Locombia a mi país: desde que tengo uso de razón (de eso ya hace unos cuantos años), cuando se usaba papel sellado y estampilla de timbre nacional para todo trámite oficial, se tenía que preguntar cuánto valía una estampilla de veinte pesos no en el expendio oficial, porque nunca había, sino a los revendedores situados en la puerta del mismo expendio; un país donde no vale el documento de identidad oficial sino su fotocopia ampliada al 150%; un país donde la euforia por la victoria de un partido de futbol deja un centenar de muertos y un autogol le cuesta la vida a su autor; un país donde se vota No a la paz; un país donde parte de la oposición al actual gobierno es su mismo partido de gobierno; y así al infinito los ejemplos de absurdos y locuras de una sociedad que pareciera más inclinada a la insensatez que al sentido común.

Habiendo observado los acontecimientos más importantes sucedidos este año en el país concluyo, y comparto con ustedes, como los más destacados sin ser ese su orden cronológico los siguientes:

Por el lado de la política y el Estado, es indudable destacar la subida y caída del gobierno de Iván Duque Márquez en tan poco tiempo. El presidente, con la votación más alta de la historia de Locombia, en menos de un año ya había botado gran parte de sus votos por la borda de un barco que, por momentos, parece a la deriva por falta de pericia y conocimiento de su capitán en su conducción. Muchos analistas de la vida política del país han ensayado teorías y razones para este derrumbe tempranero y, la verdad, no hay unanimidad sobre cuál o cuáles sean los motivos para un viraje tan abrupto e inesperado. Mi opinión, luego de haber pensado mucho en ello, se resume en una sola palabra: empatía, entendida como “1. Sentimiento de identificación  con algo o alguien. 2. Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos”, según la RAE. Cualidad que trasciende los solos sentimientos y hace relación también a las necesidades materiales y sociales de las mayorías populares. Pero al presidente Duque le falta, no tiene empatía para comunicarse, para hacerse entender y para escuchar el clamor de millones de ciudadanos, incluidos gran parte de sus votantes. El discurso del gobernante y sus áulicos –medios y gremios empresariales afines a sus ideas e ideales- de que Locombia crece y se desarrolla muy por encima de la media latinoamericana no convence a esas mayorías que sienten cómo su bolsillo es cada día más corto y el desempleo aumenta. Esa falta de relación y comunicación sincera del presidente lo está llevando a emprender reformas, como la tributaria, disfrazada con nombres distractores que, según expertos, afectan las clases bajas, en especial la clase media (paganini de todo en casi todo) y favorece la clase situada en el vértice de la pirámide socio-económica y a las empresas transnacionales que, otra distracción, aumentan promedios y estadística que, sin embargo, no resisten confrontación alguna con la realidad social. Esa falta de empatía y autismo presidencial para comprender el clamor social para enderezar el rumbo del gobierno y del país condujo a muchos sectores productivos y sociales a la protesta y paro nacional del 21N.

Larga es la lista de desaciertos del gobierno nacional. Citemos algunas: las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, las relaciones internacionales enfocadas en el objetivo de derrocar al presidente venezolano y el consiguiente estimulo convertido en boomerang de la migración del vecino país hacia el nuestro, las claras violaciones de los derechos humanos y el DIH por parte de la fuerza pública cuyo episodio más notorio y vergonzoso fue el bombardeo de un campamento de disidentes donde murieron al menos ocho menores de edad, víctimas de reclutamiento forzado; mantener contra viento y marea –y toda evidencia-a algunos de sus más cercanos colaboradores (ministros y asesores) que no dieron la talla para el reto encomendado, y si el ex ministro de la defensa renunció fue porque lo iban a destituir a través de la figura de la moción de censura, de lo contrario ahí estaría. No es extraño, pese al descontento y lamento de algunos medios de comunicación, que los principales empresarios del país rajaran al presidente y todo su equipo ministerial este año, con las únicas excepciones de los ministros de Salud y de Comercio exterior y Turismo que obtuvieron un raspado 3,2 sobre 5. El primero ya con renuncia aceptada. Y ya para terminar el año dos asuntos confirman que este gobierno no camina bien: uno, como si de un par de culicagados se tratara, las acusaciones vía los medios de comunicaciones del Director de la Policía Nacional al Inspector General de la misma, decretándole además la friolera de 400 días de vacaciones –¿una forma de silenciar?- porque éste adelanta investigaciones por graves actos de corrupción, situación tan rara que llevó al mismo presidente Duque echar para atrás la medida y reintegrar al Inspector; y la salida inesperada del cuestionado comandante del ejército.

¡Un mal año para un mal gobierno!

Tampoco dio la talla este año la clase política tradicional, el establecimiento. El Congreso de la república estrenando Estatuto de la Oposición y las categorías de partidos de gobierno, independientes y opositores no pasó el corte: muy poco duró la independencia de Cambio Radical y el partido de la U que con nadaito de perro se fueron acomodando en su sitio: el poder político, o la torta que él reparte. La mal llamada Ley de financiamiento del año pasado, tumbada por la Corte Constitucional, convertida hoy en Ley de crecimiento económico, en esencia una reforma tributaria, sirvió de pretexto para que esos dos partidos dieran el salto acomodaticio en los brazos gubernamentales. Además, estos partidos y el Liberal pelaron el cobre con alianzas con fuerzas retardatarias (Miguel Uribe Turbay en Bogotá) y oscuras de la nación con ocasión de las elecciones regionales y locales de octubre pasado. En fin, vi un Congreso con una mayoría de derecha, insolidaria e indiferente ante las necesidades y urgencias de la mayoría nacional, y unos partidos de oposición coherentes, aguerridos y consecuentes con el mandato que le dieron sus electores.

Mas no todo fue desdicha y desazón en materia política en 2019. El país nacional en la medida que Duque, Uribe Vélez y su Centro Democrático tiraban sus réditos electorales del año pasado como claro signo de declive, el movimiento político-popular, los partidos alternativos y la sociedad en general fueron acumulando experiencias y protagonismo desde el plebiscito contra la corrupción (26/08/2018) hasta consolidar un gran resultado en las elecciones regionales y locales (26/10/2019): ganaron las más importantes alcaldías y departamentos del país, mostrando de paso cómo el proceso de paz (dejación de las armas por las FARC) sacó a la luz otros graves problemas económicos, políticos y sociales que antes quedaban en la penumbra por ser la guerrilla la madre de todos los males nacionales: la corrupción voraz que consume el erario, los groseros yerros de la justicia en las altas cortes y la Fiscalía, la perversa desigualdad socio-económica y las protuberantes fallas en la prestación de servicios y derechos fundamentales como la educación, la salud y el trabajo y otros. Este auge político-popular alcanzó su cúspide, para desdicha de los dueños del país -incluidas las transnacionales-, con el paro nacional comenzado el 21 de noviembre y la espontánea y significativa manifestación social de los cacerolazos que no dejan lugar a dudas del gran descontento y desencanto popular con las políticas del actual gobierno. Al momento de escribir esta nota, delegados del gobierno nacional –antes remiso a sentarse a la mesa- y el Comité del paro nacional conversan sobre los 13 puntos claves de una eventual negociación que le dé un nuevo rumbo a la gobernanza de Locombia. 

Muchos otros sucesos, la mayoría negativos, dieron pie para titulares de prensa y discusiones  políticas y de cafetería: la fuga de Santrich y su aparición después junto a Iván Márquez y otros ex jefes de las FARC proclamando la segunda Marquetalia, la renuncia irrevocable del Fiscal General con la pretendida excusa de la no extradición de Santrich simulando patriotismo y disimulando su responsabilidad –política y penal-  por sus vínculos con el o los casos de corrupción de Odebrecht; el llamamiento a juicio a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el asunto cartel de la toga, la condena por primera vez en la historia locombiana de un magistrado de la Corte Constitucional por corrupción -delito de concusión-, los homicidios de líderes sociales y desmovilizados de las FARC, las actuaciones unas controversiales, otras no de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el trabajo silencioso pero evidente de la Comisión de la Verdad bajo la égida de Francisco de Roux, SJ, las incongruencias del gobierno en el nombramiento del nuevo director del Centro de Memoria Histórica, forman un extenso mosaico de noticias y sucesos que pronto harán parte de la historia nacional.

Mención aparte merece el brutal y torpe atentado perpetrado a principio del año por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, a una escuela de la Policía Nacional en Bogotá, con saldo de 22 cadetes muertos y decenas de heridos. Brutal por lo inhumano; torpe porque dio al traste con la continuación de las negociaciones entre este grupo y el gobierno nacional en La Habana. Aquí no puede haber contemplación frente a una clara violación del DIH y que se constituyó en un golpe bajo más que se le sumó a los muchos que viene recibiendo el proceso de paz.

Sin desconocer triunfos y aciertos en otras áreas de la vida nacional como la ciencia, la cultura, hubo uno que brilló por encima de los demás: el deporte. Triunfos de los ciclistas con un ejemplar Egan Bernal a la cabeza, del tenis con Farah y Cabal, del atletismo con Zambrano y otros atletas, las pesas, el voleibol, basquetbol y futbol femeninos, el patinaje no olímpico y otros deportes dieron lustre y atenuaron la imagen de un país estigmatizado por el flagelo del narcotráfico y la violencia endémica que desangra y enluta a diario los pueblos de la geografía nacional.  Deportistas, en su mayoría de origen humilde, con esfuerzo y dedicación obtuvieron premios y podios para regocijo nacional. Justo es reconocer que los gobiernos nacionales cada día han aportado más para que el deporte olímpico avance y progrese. Espero que el ministerio del Deporte sea un acierto más encaminado para este propósito.

También para destacar el avance en todas las áreas del saber y el liderazgo social de la mujer, cuyo ejemplo tal vez más publicitado sea el de Claudia López, la nueva alcaldesa de Bogotá, D.C., culminando –hasta ahora- una larga y meritoria carrera como investigadora social, su excelente paso por el Senado, el arrollador por su significado político de la consulta popular contra la corrupción de 2018, es una luz de esperanza para que el mal llamado sexo débil asuma el rol que le corresponde en la construcción de nuestra sociedad moderna y justa. Algunas minorías, en especial la indígena y afro también han mantenido el pulso en alto para decir presente en la defensa de sus legítimos derechos, en especial al de hacer parte de la dirección de un país que luego de 200 años de republicanismo sigue en manos de unos pocos.

Consciente que un día, una fecha, no cambia el curso de los pueblos, deseo que esa raya invisible del advenimiento de un nuevo año calendario no amaine la fuerza y energía que hoy se vive en el país para seguir en la lucha por un mejor futuro con paz y un ambiente sano para todos los locombianos.

Amigo(a) lector(a),

Pasada la noche de las velitas o alumbrado tradicional de 7 y 8 de diciembre, es decir transcurrida apenas la primera semana decembrina 112 personas han resultado quemadas o lesionadas con pólvora navideña, según reporta el Instituto Nacional de Salud (INS). Como siempre, entre sus víctimas muchos niños que manipulan sin ningún cuidado o atención de un adulto responsable. Una media de 14 lesionados diarios es un dato que nos debe llevar a la reflexión y la acción inmediatas.

No nos interesa narrar el origen ni la historia de esta tradición navideña que con el tiempo ha demostrado ser peligrosa, lesiva y hasta letal para muchas personas: para las que quedan marcadas de por vida o la dejan en un instante inesperado por el acto irresponsable de adultos que creyendo divertirse o, lo más majadero, homenajear una divinidad, condenan o se condenan a vivir con la pena y el terrible recuerdo de un momento que “no ha debido pasar pero que pasó”, son secuelas de por vida cuando no el recuerdo familiar de quien ya no está más en este mundo: el del niño o el adulto que vivió la amarga experiencia de una quemadura o laceración provocada por un artefacto (volador, buscaniguas, volcán, tote, culebra, chispitas y otros) fabricado con pólvora dicha navideña.

No desconozco las campañas realizadas en el pasado reciente por las autoridades y organizaciones sociales en diferentes regiones del país con el objetivo de poner freno a esta práctica nada edificante y sí destructiva; sin embargo, estas se nos revelan insuficientes ante la persistencia en una manifestación que, presumo, es muestra de valor, del sin miedo, del berraco, en fin del macho que no le tiene miedo al peligro ni a la muerte –por lo general esta bravuconada se acentúa con la ingesta de licor-, tal vez por eso, donde más se mantiene esta práctica es en zonas rurales o sectores afectados por la cultura traqueta o mafiosa (la famosa alborada de Medellín del primero de diciembre nació por la época del apogeo del cartel de esa ciudad y aunque se ha popularizado mantiene su origen traqueto).

La pólvora no es solo un peligro, a veces letal, para los humanos sino para los animales de toda especie aunque sean las mascotas las más visibles en su sufrimiento y pavor ante el estruendo producido por el estallido de un petardo llámese volador o volcán. Hay estudios científicos que demuestran cómo las hembras de los bovinos, equinos y otros cuadrúpedos sufren abortos por esta causa. Quienes conocemos las condiciones de vida de las mal llamadas fieras salvajes de África sabemos cómo con las interminables guerras tribales, civiles e internacionales tan frecuentes en ese continente los grupos armados en Angola, Namibia, Congo, Uganda y otros países se introdujeron e introducen en los parques o reservas nacionales, hábitats de estas especies mayores, usando la pólvora de sus escopetas, AK 47, fusiles, cañones y demás armas han logrado desplazar poblaciones enteras de leones, elefantes, hipopótamos, rinocerontes y otros animales provocando nuevos daños como que estos individuos desplazados forzosos terminan arrasando con las cosechas en las afueras de los poblados, agregando un problema más a los derivados de la guerra. Y todo por el estallido de la pólvora que los atemoriza, descontrola y saca de su hábitat natural. En fin, los humanos somos a veces más bestiales, feroces y crueles que los mal llamados animales salvajes.

Señor alcalde, señor comandante de distrito, estación o sub estación o inspector de Policía, señor corregidor, en el ámbito local el poder de policía (propio del Estado) se ejerce asegurando la tranquilidad y la convivencia ciudadanas, derechos fundamentales y deber del Estado. Valga, pues, la ocasión de la temporada navideña para poner en práctica esta obligación y darle la garantía de seguridad y tranquilidad a los vecinos de la comunidad donde usted ejerce sus funciones. Llegó la hora de vigilar y controlar el comportamiento de los vecinos de su localidad para que no haya más pólvora originando desgracia y dolor y disputas en nuestros vecindarios y, por favor, no se haga el de la vista gorda cuando el infractor o incívico perturbador de la sana convivencia con el uso de pólvora sea el político, el concejal o el compadre del pueblo: la ley es para todos y nadie por mucho poder que tenga puede estar por encima de aquella.

A lo mejor esta sea la última acción positiva de su mandato, señor alcalde, y por la que le recuerden por el resto de su existencia en su municipalidad.

Y usted, amigo(a) lector(a) pensemos que así como la sociedad colombiana pese a los intereses opuestos de unos pocos hemos ido superando el arcaísmo cruel de las corridas de toro, las peleas de gallo y otras manifestaciones violentas cuyas víctimas son animales indefensos; así como hemos ido aprendiendo a no fumar en espacios públicos para evitar fumadores pasivos, demos este nuevo y decisivo paso hacia la civilidad y sana convivencia y esparcimiento dejando de lado esta otra forma vetusta de quemar pólvora creyendo que con ella aumenta la felicidad cuando en muchos casos, es lo contrario: deja una huella indeleble de una desgracia y un dolor con un quemado, o un lisiado de por vida, o lo que es peor, un ausente definitivo por causa de esta irracional manera de expresar regocijo y alegría en navidad.

A todos ustedes, mis mejores deseos en esta fiestas decembrinas con la esperanza de un año 2020 más próspero y amable si todos, o al menos la mayoría de los colombianos actuamos de manera solidaria y fraterna para vencer las resistencias y obstáculos de toda clase que tenemos en el camino de nuestras vidas.

Hasta el año próximo,

Tolimeo

Desde el año 2006 Colombia participa en la evaluación académica Pisa (Programme for international Student Assessment, en inglés), organizada por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), cuyos participantes son estudiantes de 15 años de edad. Recién se publicaron los resultados de la última evaluación en 2018, en ella Colombia obtuvo el puesto 58 entre los 79 países concursantes: 37 países de la OCDE y otros 42 países “socios” o aspirantes a ingresar a este selecto grupo de países desarrollados o industrializados.

Atendiendo el puesto y puntajes, no hay duda, ¡Nos rajamos de nuevo!

No pretendo analizar las causas de tan bajas calificaciones ni, menos, dar soluciones para mejorar este déficit nacional, asunto que dejo a los expertos en la materia; me limitaré a reseñar algunos datos históricos y presentes relacionados con nuestra educación que tal vez sirvan a algunos lectores a comprender mejor del porqué estamos donde estamos y, sobre todo mostrar la importancia que nuestra dirigencia, pública y privada, le ha dado a este aspecto fundamental de la vida nacional republicana y que, a su vez, sirva como referencia para buscar esas soluciones a este grave problema de la sociedad y el Estado colombianos.

Según aprendí, los conquistadores y colonizadores que llegaron a este territorio enseñaron a leer y escribir a los nativos con el único propósito de enseñarles el evangelio, no como transmisión de conocimientos para el trabajo y el progreso: bastaba que supieran eso, no más; situación que se mantuvo por décadas después de la independencia y es solo bien entrado el siglo XX que los gobernantes ampliaron la cobertura de la enseñanza primaria sin garantizarla como que en el campo los niños poco iban a la escuela y sí a la mina o el campo de labranza. Breve: el privilegio de una educación completa (cuatro niveles) era (y es) sólo para las élites que han controlado el poder económico y político durante estos 200 años de vida republicana nacional, con una que otra excepción de alguno que otro colado pero cooptado por la oligarquía criolla. Y si bien la cobertura de la educación ha aumentado con el paso de los años, los educados se encuadran en dos sectores: uno privado, minoritario en población, cuya enseñanza es de cierta calidad y a un alto costo; y otro, mayoritario, que asiste a establecimientos públicos con grandes deficiencias en recursos humanos, materiales y pedagógicos y sin garantía de éxito para sus egresados (también existen excepciones). Desde el gobierno Santos la educación secundaria es gratuita para este sector sin que hasta ahora haya significado una mejoría sustancial en su calidad.

Los maestros públicos de primaria y secundaria se convirtieron con el paso de los años en el patito feo del proceso enseñanza-aprendizaje, sea por sus paros de protestas para reclamar el cumplimiento de las obligaciones estatales, sea porque son siempre los culpables de los malos resultados académicos de los alumnos (aquí quedan por fuera las autoridades educativas y los padres de familia). Sin embargo, para los que no lo saben, hasta hace no mucho tiempo los padres de familia consumían licor para pagar los salarios del magisterio: los docentes eran pagado con el producto de las fábricas de licores departamentales, incluso en algunos pueblos el salario lo recibían en botellas físicas de aguardiente. Tampoco son tan lejanos los años en que los maestros de provincia tenían que hacer cada mes la cuenta de cobro, pagar de su bolsillo la estampilla de timbre nacional y presentarla a la alcaldía respectiva para recibir el cheque con la gota de salario. Y más triste e infame aún es que los maestros luego de formarse en centros especializados (Normales y universidades pedagógicas) dependan aún hoy en día de la palanca del político o gamonal de la región para que sea vinculado en el magisterio de su departamento: no hay calificación ni mérito que valga, hay que pasar por el cedazo clientelista de la politiquería. ¡Qué motivación para el recién ingresado al magisterio nacional!

El círculo vicioso en que se ha constituido la educación nacional, incluyendo la universitaria, ha llevado a que sin que se acepte de manera oficial ni oficiosa desde hace unas décadas, cuando se unificó el escalafón docente de primaria y secundaria, los profesores para ascender deben actualizarse mediante especializaciones (maestrías, doctorados, etc.). Pues bien, muchas universidades (reconocidas y de garaje), más con ánimo lucrativo que académico, crearon programas y especializaciones para todos los gustos pero, he ahí lo preocupante, se dice en voz baja que muchos docentes compran dichos certificados académicos. Así se asciende hasta la última categoría del escalafón, la 14, sin que el nivel del enseñante haya mejorado un ápice. ¿Saben las autoridades nacionales, departamentales y locales de estas situaciones irregulares e ilegales que atentan contra el buen nivel de la educación pública?

La educación en el sector rural es capítulo aparte. Por vivir en el campo doy fe de cómo y cuánto tiempo pierden los alumnos por las inasistencias de los docentes. Como la mayoría de éstos no viven en el pueblo o vereda donde prestan su servicio sino en la capital o ciudad intermedia, cuando tienen una cita médica dan asueto a su curso sin que ningún otro colega los conserve en el centro educativo. A veces un estudiante pasa hasta tres o cuatro días de la semana sin clases ora porque los profesores tienen reunión en la dirección del núcleo, bien porque hay reunión de padres de familia, ya paro decretado por el sindicato nacional. ¿Están enterados de estas anomalías los supervisores y secretarías de educación departamentales?

La evaluación de los maestros públicos se convirtió en otro asunto espinoso, motivo de paros y disputas entre estos y las autoridades educativas sin que hoy se tenga la certeza si los docentes de primaria o secundarias son evaluados como sus alumnos a través de pruebas como las Saber 11 y la internacional Pisa, motivo de esta nota. Si no existe una evaluación objetiva que permita calificar el conocimiento científico y pedagógico del docente es muy difícil adoptar correctivos en caso de deficiencias del docente.

No puedo dejar sin consignar como epílogo de esta epístola y en relación con las áreas evaluadas por Pisa 2018: matemáticas, ciencia y lectura, dos anécdotas, mejor perlas, vividas con docentes que dejan en evidencia el poco interés de incrementar sus conocimientos fuera de los de su área de trabajo o especialización: una, en plática con una profesora de literatura le pregunté sobre las últimas obras de Jorge Franco, William Ospina, Fernando Vallejo y Juan Gabriel Vásquez, me respondió que no los ha leído, que ella es especializada en los clásicos. Dos, conozco otro docente que se cansa a los 10 minutos de iniciar una lectura.

Ojalá los billones de pesos del presupuesto nacional que el actual gobierno le destinó a la educación llegue a su destino final y sirvan para mejorar nuestro nivel académico y no vayan a quedar enredados en los contratos PAE (Programas de Alimentación Escolar), en la desviación del dinero del trasporte escolar rural, o en las mega obras inconclusas como las contratadas en la administración pasada con la firma Mota Engil de Portugal, convertidas en otro gran fiasco nacional.

¡Amanecerá y veremos…!

A propósito de los desmanes del Esmad y la muerte violenta de Dilan Cruz

Se ha vuelto costumbre desde hace un tiempo con ocasión de un acto desmedido de la fuerza pública, por lo general del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, una rueda de prensa de un alto funcionario civil, militar o policial (ministro, viceministro, comandante) a tratar de justificar lo que casi siempre no tiene justificación exculpatoria por el proceder de su gente (o agente) como a intentar equiparar el sentimiento de dolor (y rabia) derivado del daño que el accionar irregular (a veces totalmente ilegal) ha causado a un civil y la pena que vive el presunto autor del desmán con el propósito de contrarrestar esa rabia y frustración social provocadas por órganos estatales constituidos para proteger y no para reprimir.

El último caso lamentable de parte de un alto funcionario o mando militar o policial sucedió luego de las diferentes actuaciones del Esmad con ocasión del paro nacional que vive el país desde el 21 de noviembre y cuya máxima expresión negativa (hasta ahora) ha sido el disparo en la cabeza del joven Dilan Cruz el sábado 23 de noviembre durante la dispersión de una manifestación estudiantil en el centro de Bogotá con desenlace fatal unos días más tarde. Tanto el Director general de la Policía Nacional, general Oscar Atehortúa Duque como del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Hoover Penilla, en escenarios diferentes pero con el mismo propósito lamentaron la muerte del joven bachiller pero justificaron la actuación del cuerpo antimotines escudándose en aspectos sentimentales, que no se pueden negar pero que no excusan el mal proceder policial. Los dos altos oficiales apelaron a que los agentes del Esmad son tan humanos, tan colombianos como los manifestantes, que ellos también sufren porque tienen mamá, hermanas, esposas e hijos que los esperan en sus casas, etc., etc. El general Atehortúa, incluso, se sintió tan molesto con las preguntas de los periodistas que prefirió dar por terminada su intervención; y el general Penilla, en gesto expresivo de pena o dolor moral (¿histrionismo, teatro?), pidió a los periodistas presentes ponerse en la piel del agente que disparó sin respetar los protocolos del Esmad, malogrando una vida que apenas despuntaba, para que comprendieran que ese agente la estaba pasando mal en su interior.

Y es aquí donde es pertinente la pregunta que encabeza esta nota: ¿Saben nuestros dirigentes qué es el riesgo profesional?

Por si nuestras autoridades civiles, militares y policiales no lo saben el riesgo profesional es todo peligro o inseguridad que conlleva toda actividad realizada como profesión, es decir como actividad laboral una persona. También se define el riesgo profesional como el accidente derivado de manera directa del trabajo o labor que desempeña una persona. El riesgo está implícito en toda actividad profesional aunque sea más evidente en unas que otras de producir afectaciones a la salud física o mental y hasta la vida misma del sujeto que lo sufre. Es indudable que todas las profesiones no tienen el mismo nivel de riesgo, y así el común de la gente crea que es mayor el riesgo de un piloto de avión que el de un oficinista, el de los pilotos de autos o de motos de carrera que un banquero, el de los agentes del cuerpo de bomberos que el del vendedor, ninguna escapa a un riesgo alto, medio o bajo. Pero el hecho de que todas las actividades humanas comporten un riesgo, un peligro, no significa que siempre éste se producirá.

Pues bien, el militar que va a la guerra o el agente de policía que enfrenta la delincuencia urbana o rural, saben (o deben saberlo) que el riesgo de una lesión, incluso la muerte, es una posibilidad (o probabilidad según las circunstancias) latente por la profesión elegida. De manera que el agente que provocó la muerte de Dilan Cruz, como los demás que han abusado de sus armas en estos días calientes en el país, no tienen excusas desde el punto de vista operativo pues saben que son agentes especiales, a qué se enfrentan y las consecuencias nocivas que pueden derivar de estas operaciones mal llevadas. Mal hacen sus jefes intentar confundir a la sociedad con argumentos de carácter sentimental sin que hagan parte de la naturaleza de la actividad profesional que ejercen las fuerzas armadas.

Señores gobernantes y comandantes de la fuerza pública de la república de Colombia, no es admisible que siempre que pase un suceso extraordinario (¿?) cuyo actor o “víctima” sea un agente militar o policial se vuelva, según el caso, héroe o víctima, si su accionar se da en el ejercicio de su profesión militar o policial. Los agentes del Estado, en especial los oficiales, suboficiales, agentes de policía y soldados profesionales fuera de haber escogido de manera libre su carrera debieron haber aprendido en su formación que la suya es una profesión de alto riesgo por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la llevan a cabo: los militares en zonas rojas o de orden público máximo en un país tan violento como el nuestro. La policía, sabiendo un cuerpo civil armado está adscrito al ministerio de guerra, así se denomine de defensa, con la consecuente militarización a efectos de operativos de orden público, deben saber de sobra de este riesgo añadido a su profesión. Los dos agentes están expuestos a sus respectivos riesgos profesionales, no más.

Aparte de esto, tampoco son admisibles las reclamaciones tan frecuentes de algunos altos funcionarios civiles, militares y policiales porque a sus efectivos les violan los derechos humanos los delincuentes, llámense disidencias, paramilitares, Bacrim, GAOS o guerrilleros: en un combate no hay soldados asesinados sino muertos en combate, a menos que se pruebe que el enemigo actuó violando el Derecho Internacional Humanitario (DIH); en una operación de la policía para repeler un asalto, un motín, una asonada, sus efectivos lesionados o muertos no son víctimas de violaciones de sus derechos humanos porque los delincuentes comunes no cometen violaciones a los derechos humanos sino crímenes o delitos previstos en el Código Penal. Entendemos el dolor y sufrimiento de los parientes de un agente estatal caído en el ejercicio de su profesión pero esta congoja no exime a nadie de actuar por fuera de la ley y el derecho.

Como la humanidad avanza en todos los sentidos, la seguridad laboral, esto es la prevención de los accidentes y riesgos profesionales no se queda atrás: hoy los aviones, barcos, autos, trenes, edificios y demás construcciones de la ingeniería civil y militar son más seguros que antaño; las normas y procedimientos en la industria, el comercio y los servicios tienden a disminuir los riesgos laborales (accidentes y enfermedades). De la misma manera nuestros gobernantes civiles y comandantes militares y policiales tienen herramientas, especialmente normas y manuales operativos, para reducir los riesgos de sus efectivos durante las operaciones armadas siendo, tal vez, la más efectiva la de limitar intervenciones armadas y represivas a las estrictamente necesarias y observando a cabalidad con los protocolos establecidos previamente para estas operaciones.

Fue quizás lo que no ocurrió el sábado 23 de noviembre de 2019 en el centro de Bogotá cuando todo indica que no era necesaria la intervención del Esmad porque los manifestantes lo hacían de manera pacífica y no habían vándalos infiltrados en dicha manifestación como lo afirmó en su columna de El Tiempo, la docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Sandra Borda, testigo directo como quiera que participaba en la manifestación dispersada de manera brutal por los agentes especiales (Crónica de una tragedia, 25/11/19). La justificación de tan lamentable episodio de violencia estatal debe buscarse al interior de la institucionalidad (ministerio de defensa, dirección de la policía o comandante del Esmad) y no en el campo de las víctimas.

N.B. Señora ministra del Interior, no estamos frente a un accidente como usted lo afirmó a la prensa pues no se trató de un acto (disparar) imprevisible porque se hizo de manera directa y a corta distancia al cuerpo de la víctima, estando prohibido por los protocolos para este tipo de operaciones. El accidente es, señora Ministra, lo que escapa a la voluntad y a la previsibilidad del actor: en este caso se actuó con voluntad siendo fácil prever (tirar a la persona) un daño, lo que descarta la existencia del accidente. Hubo por parte del agente al menos imprudencia, impericia o temeridad, elementos que eliminan de manera inequívoca el accidente o caso fortuito.