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Nos gobiernan a punta de incoherencias y contradicciones

Caricatura por cortesía de Malbuena

Apreciado lector,

Aunque parezca banal y sin trascendencia el talante del gobernante, sí tiene importancia: nos permite analizar quién nos gobierna y qué podemos esperar de él, o para dónde vamos. Luego de leer, amigo(a) lector(a) los ejemplos que adelante expongo de actuaciones del ejecutivo, lo invito a sacar su propia conclusión de si la sindéresis, la coherencia y la transparencia, características de un gobernante serio y responsable, se cumplen con el presidente Duque. Expongo actos y políticas del gobierno en marcha sin apoyarme en investigaciones de la Fiscalía General de la Nación pues no se trata de delitos, reales o supuestos, sino de actos con significado político que presenciamos y sentimos desde el 7 de agosto de 2018.

¿Es coherente denominar Paz con legalidad el programa de gobierno del presidente Duque?  Parece que con este redundante calificativo el gobierno quiso evitar hablar durante cuatro años de Proceso de paz, porque le produce urticaria, fastidio y le recuerda los mandatos del traidor Juan Manuel Santos. Ninguno de sus asesores, intelectuales de apoyo, o jefes de su partido –más un Centro dogmático que democrático-, o el mismísimo presidente Duque repararon o reflexionaron que la legalidad es un pilar de la paz, que sin aquélla no es posible ésta: no hay paz sin legalidad. Ilegalidad es sinónimo de ruptura, de quiebre, de violencia ejercida sobre un estado u ordenamiento legal. Tan obvio es esto que justo por ello se han intentado todos los procesos de paz  – fallidos unos, exitosos otros-, como el que cursa en la actualidad: porque había –y hay aún- violencia política, social, económica y otras, que no han permitido, pese a muchos esfuerzos, hacer de Locombia un Estado de derecho y, menos, social de derecho.

Entonces, paz con legalidad no pasa de ser una obviedad o redundancia de una política gubernamental que más parece otro distractor desde la tribuna que un propósito político decidido y serio de alcanzar la paz.

¿Es coherente y transmite tranquilidad el doble lenguaje del presidente: uno, para la comunidad internacional, y otro, para consumo nacional? Duque y sus ministros de relaciones exteriores cuando salen del país han insistido en que su gobierno es amigo de la paz, que el Acuerdo se está implementando como debe ser, incluso en un afán por poner en entredicho a su antecesor, afirman  haber realizado más obras y espacios territoriales, impulsado más proyectos productivos y de reinserción para los desmovilizados, etc.., cayendo en otra obviedad: el mandato anterior pese a las fallas cometidas no tuvo tiempo para la implementación de todo lo acordado en La Habana con las FARC.

Manifestación por los DDHH y la paz en Colombia – 15 de noviembre 2019 en Ginebra, Suiza

Y mientras eso dice en y para el extranjero, al interior del país esas palabras desaparecen de la cotidianidad y dan paso a una dura realidad: eliminación física de líderes sociales, defensores de derechos humanos y desmovilizados – éstos empeñados en cumplirle a los suyos, al país, respetando las normas de convivencia civil pero desprotegidos del Estado. El más reciente caso, la ejecución arbitraria la semana pasada de una desmovilizada en un parque de un barrio del suroccidente de Bogotá, sirvió para escuchar palabras desatinadas de la Mininterior al referirse y explicar este acto criminal, palabras que rayan en la perversidad, el ridículo y la frivolidad: “… matan más a personas por robarle su celular que a líderes sociales…”, y luego cuando a los pocos días ejecutan en Cali al escolta de un líder social: “…él era un escolta y no un líder social…”. Y así.

También contradictoria su política exterior que lo deja en evidencia de ser un mal jugador en el campo de las relaciones internacionales. Desde antes de ser elegido, Duque se convirtió en el “venezolano” en el exilio que acabaría con la dictadura de Maduro en Venezuela. Y tan pronto se posesionó llevó su obsesión hasta lo bufo: impulsó el Grupo de Lima con el objetivo claro de sacar a Maduro del poder sin que ello constituya injerencia en otro Estado porque salvar la democracia del vecino país lo exculpa de tal intromisión; el concierto internacional en la frontera con Venezuela, la práctica de ese ideal, terminó siendo un ridículo monumental y un mal trago para los presidentes chileno y paraguayo que lo acompañaron en el descabellado proyecto locombiano. En este caso tampoco hubo intromisión en otro Estado soberano.

Pero sí hay injerencia, según el presidente Duque, cuando una de las agencias de las Naciones Unidas, mandatada para ello, en un informe recoge las violaciones a los derechos humanos en Locombia -masacres, ejecuciones de líderes sociales, defensores y desmovilizados durante 2019-, con algunas recomendaciones con el fin de mejorar la democracia nacional: reestructurar el ESMAD de la Policía Nacional y poner esta institución civil armada bajo la dirección del Ministerio del Interior. El gobierno en su ceguera inicial por tan contundente Informe, respaldado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Ginebra, olvidó que esta Oficina está en el país por expresa voluntad del Estado, que los derechos humanos trascienden las fronteras de los Estados por regirse por pactos y convenios internacionales, de los cuales nuestro Estado ha firmado y ratificado más de 100 haciéndolo Parte en ellos y miembro de las Naciones Unidas.

Tampoco hay intromisión ni menoscabo de la soberanía nacional cuando el presidente Trump de manera sutil le da la orden a Duque de fumigar con glifosato los cultivos de coca. Olvida el presidente –a lo mejor nunca se ha puesto a pensar en ello-, que con la extradición de nacionales se renunció hace tiempo a un buen pedazo de nuestra soberanía: el de hacerle justicia a sus propios nacionales.

La soberanía nacional parece ser un concepto maleable y asumible según la ocasión y quien pretenda hollarla.

Una de las banderas electorales y de gobierno del presidente Duque fue la lucha contra la corrupción y ésa fue la impresión que dio cuando a la semana siguiente de la consulta popular contra la corrupción –agosto 2018- convocó a los partidos políticos presentes en el Congreso de la República a un frente común, acogiendo casi todas las propuestas de la consulta y los proyectos que ya cursaban en el legislativo, acudiendo en persona a éste para presentar los respectivos proyectos anti corrupción. Sin embargo, el tiempo demostró que lo suyo no pasaba de un simple acto demagógico pues ni él ni sus ministros, sobre todo la Mininterior, mostraron interés alguno para impulsar en las cámaras esos proyectos y la mayoría languidecieron en su trámite y solo dos terminaron como leyes de la República.

Y mientras decaían los proyectos anti corrupción en comisiones y plenarias de Senado y Cámara, el nuevo ejecutivo fue nombrando, en particular en el servicio exterior –embajadas y consulados- a personas que no reunían los requisitos exigidos por la ley para desempeñar el cargo con el que se les pagaba el favor electoral. Todo en detrimento del personal de carrera del servicio diplomático y consular que sí es apto para desempeñar esas funciones. Comprendo bien que en el juego político es normal que el ganador de la elección escoge y nombra el personal de su confianza para asegurar que sus planes y programas se cumplan. Pero lo ocurrido en los variados casos en embajadas en Francia, Estados Unidos y consulados de Miami, Orlando y otros, por lo dicho antes, constituyen casos de corrupción por ser pago de favores que se han llevado de calle las carreras administrativa y diplomática del Estado.

¿Es coherente y normal que el presidente guarde silencio o se pronuncie tiempo después ante un suceso grave y sí haga presencia o se exprese frente a otros sin incidencia en la vida nacional? Quizás ya esté en el olvido la negativa del presidente de recibir a los estudiantes mientras sí recibía en Palacio de Nariño a Maluma, o el silencio indiferente de Duque cuando en plena campaña electoral asesinaron en el norte del Cauca, una aspirante a la alcaldía de Suárez, pero sí hizo hueco en su agenda para asistir al lanzamiento de una tienda de moda de Barranquilla, o haya callado ante la noticia de la muerte de unos niños en el bombardeo del Caquetá –por cierto, dos veces víctimas: de secuestro o reclutamiento forzado y del bombardeo mismo-, y sí se haya excedido en elogios para el ministro obligado a renunciar por este y otros exabruptos en su gestión y el posterior ascenso a comandante del ejército al general que ordenó el ataque aludido.

Medio ambiente: El presidente Duque se dice defensor del medio ambiente y para ello, según lo manifestó en Davos, Suiza, sembrará 180 millones de árboles en su mandato –en el Plan Nacional de Desarrollo se habla de 360 millones- pero al mismo tiempo está por el fracking y la aspersión aérea con glifosato los cultivos de coca; dos procedimientos muy cuestionados no sólo en el país sino en el mundo entero por el impacto sobre el agua del primero y los perjuicios para la naturaleza y el ser humano el segundo.

¿Es o no contradictorio e incoherente el presidente Duque en su manera de extrapolar un mismo asunto relacionado con la gobernanza del país? ¿Será este proceder político la causa de la baja popularidad del presidente Duque que nos enseñan las encuestas nacionales?

Saque usted, amigo(a) lector(a), sus propias conclusiones.

Hasta la próxima,

Tolimeo

Marzo de 2020

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