Siendo mayoría los que queremos un país democrático, el 2022 es el momento para lograrlo pero hay que empezar ya. La derecha ya dio su primer paso, no hay tiempo que perder.

El año del coronavirus terminó con señales inequívocas de que la derecha pura y dura del país, hoy en el poder, sabiéndose minoría para el 2022, se ha apresurado a hacerle guiños a partidos de centro-derecha para que se alíen con ella con el propósito de continuar en la jefatura del Estado. De esto no queda duda luego de la procesión de jefes de otras parroquias al modesto predio de 1.500 hectáreas del jefe supremo del actual presidente.

¿Será suficiente la unión de la facción política olímpica de Barranquilla, cuyo jefe político a nivel nacional critica la política gubernamental en su columna dominical mientras sus congresistas entre semana viven en idilio con el Ejecutivo sirviéndole de apoyo a su administración? ¿Será acaso sumándole la venia de la nueva presidenta del partido que entre 2010 y 2018 fungió como partido de gobierno y hoy está con su contradictor? Creo que no. Son partidos sin rumbo, sin programas, incapaces de tener un liderazgo serio y creíble para manejar un Estado y una sociedad que necesitan cambios urgentes y profundos tanto en sus líderes como en sus estructuras tras décadas de degradación y decadencia en todos los campos de la vida nacional. No nos digamos mentiras: el partido del ex vicepresidente fracasado, que de radical no tiene nada, y el dirigido hoy por la exgobernadora del Valle del Cauca, no son más que facciones o escisiones del partido tradicional del trapo rojo, disidencias nacidas más para satisfacer el ego de su “fundador”, el primero; y de pura mecánica política para la reelección indefinida del presidente eterno, el segundo, sin que sus ideologías o pensamiento político difieran de su matriz tradicional y que, hasta el presente, no han dado impulso y vigor alguno a nuestro sistema político-administrativo y sí generado mucha corrupción y clientelismo en la vida política del país. Son partidos de mecánica electoral que no han aportado ni aportarán nada a la democracia y con un techo electoral  estancado. En cuanto al partido gubernamental ninguna otra prueba es tan contundente en su contra como el fracaso del actual Ejecutivo en asuntos vitales del Estado en el ámbito nacional e internacional, sin que sirva de excusa, como es frecuente escuchar, la crisis sanitaria por el coronavirus.

No serán, pues, los tres partidos citados junto al del trapo azul los que traigan las transformaciones tanto del andamiaje que soporta la débil democracia y el precario Estado de derecho existentes, como de las instituciones obsoletas de gestión y control cuyo comportamiento frente a la función pública es más que dudosa: de cohabitación con las ramas del poder público, pues la ética se diluyó al punto de no considerársele importante al momento de nombrar a los funcionarios en nuestro Estado. Todos fueron el pasado, si acaso el presente, mas no el futuro de Colombia – tomando datos de la Registraduría Nacional del estado civil, la derecha reunida en estos cuatro partidos representa el escaso 22,2% del total del censo electoral.

Mientras eso ocurre con el conservadurismo político, el país ha visto y sentido brotar ideas políticas renovadoras y democráticas desde hace unos años para acá; con un aumento progresivo de sus seguidores en la medida que la vieja y obsoleta clase política, aún enquistada en el poder, desencanta y desesperanza a la nación; es el nacimiento de una nueva conciencia en grandes sectores de nuestra sociedad que ya no comen el cuento “de los mismos con las mismas”. El deseo de renovación es evidente, como quedó demostrado con la elección de mandatarios locales y regionales independientes o de partidos de la oposición, consolidándose como alternativa real al statu quo. El triunfo de independientes o partidos de oposición en las elecciones locales y regionales de octubre de 2019 en las principales capitales departamentales y distrital –excepción de Barranquilla, fuero personal de los empresarios olímpicos-, es una muestra de lo que se puede y un aliciente para la renovación nacional.  

Mas no es suficiente la irrupción de esas nuevas fuerzas y liderazgos opuestos al establecimiento corrupto que todavía continúa con el control de las instituciones del Estado colombiano; no, es preciso, aunar esas fuerzas y voces aún dispersas por causas que, en mi opinión, son más de formas que de fondo o sustantivas en relación con los modelos políticos que reivindican o proponen a la opinión pública. La mayoría de los nuevos movimientos tienen claro y saben que en este momento histórico para superar el bache de tantas décadas de ignominias, opresión y desigualdad socio-económica se debe por lo menos: i) consolidar el proceso de Paz que inició el gobierno anterior y que el actual no implementa a regañadientes; es decir atendiendo sus prioridades estructurales –reforma rural integral, restitución de tierras como lo prescribe la ley 1448/2011 y otras-, y seguridad jurídica y física para todos los desmovilizados presentes y futuros, en particular para que cese su exterminio; ii) la inaplazable necesidad de combatir la corrupción de todos los matices y niveles mediante medidas legales y administrativas drásticas, aplicables y efectivas; iii) la defensa de los recursos naturales del país tanto de los depredadores extranjeros como de los nacionales que han hecho de las actividades extractivas su único objetivo lucrativo sin parar mientes en los daños al medio ambiente nacional –flora, fauna y agua-; iv) la ampliación de los espacios de participación ciudadana –minorías indígena, afrodescendiente, LGTB, otros-, previstos en la Constitución Nacional hoy  limitas por todo tipo de obstáculos de hecho y de derecho, como los crímenes de líderes sociales y populares, actos administrativos y fallos judiciales que desconocen la soberanía popular, en especial tratándose de la defensa de los recursos naturales locales y regionales; y v) el desarrollo efectivo del catálogo de derechos humanos consagrados en la Constitución de 1991, sobre todo los llamados económicos, sociales y culturales, como la educación para todos, la salud a través de entidades públicas que no discriminen ni creen ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, y el trabajo formal, mediante contrato de trabajo y no como se ocurre hoy: a través de contratos de prestación de servicio que han debilitado y precarizado aún más los hogares colombianos, así como la economía formal del país.

Las diferencias, reitero, más de formas y maneras que de sustancia, unas pueden aparcarse, dejarse de lado en aras de la construcción de un nuevo país, una nueva sociedad, como los egos de ciertos líderes capaces y preparados pero que se creen inigualables o irremplazables. Estos deben entender –si tienen conciencia- que no todos pueden estar en el vértice de la pirámide y que siempre habrá otro más indicado que uno, ya por sapiencia, ya por experiencia y liderazgo, ya por conveniencia y oportunidad política para acceder a la jefatura del Estado y gobernar, y que el interés de la nación está por encima de personalismos. Otras, más políticas, incluso ideológicas, pueden coexistir si hay voluntad para la construcción de un nuevo modelo de nación y Estado. Nuestro modelo político no es de partido único y aquí vale la expresión de que gane quien gane en 2022 Colombia seguirá siendo plural en ideología y políticas estatal y gubernamental. Para quienes hemos observado el devenir de los pueblos y Estados sabemos que, por ejemplo, en el Frente Amplio de Uruguay perviven 10 partidos y corrientes políticas de izquierda y centro-izquierda y han podido gobernar durante tres mandatos la República oriental. Entonces ¿dónde radica el problema para persistir en desuniones y rencillas más personales que colectivas?

El hecho de que los disconformes, los excluidos del poder, seamos la inmensa mayoría de los colombianos no significa que ya estamos a un paso de lograrlo y que basta con esperar las elecciones de 2022 para ello; no, es necesario combatir con ahínco y denuedo las patrañas y jugaditas de la extrema derecha liderada por el presidente eterno que no ahorrará ningún mecanismo ni oportunidad para retener sus privilegios a través de la presidencia de la República, por un lado; y a partir de una unión sincera y verdadera montada sobre un proyecto y programa de gobierno aceptables,  viables y convincentes para que las mayorías –no habrá unanimidad en el obrar humano- los respalden y así empezar un intento cierto y serio para la reconciliación –aspecto humano y social- y la reconstrucción  -cambio estructural e institucional- de la nación colombiana.

¡He ahí el reto!

Desde esta modesta tribuna exhorto a todos los líderes políticos, cívicos, sociales, económicos y culturales que están por una nueva Colombia a asumirlo.

Amable y paciente lector(a) de estas Epístolas, lo mejor para usted y los suyos en este 2021, ojalá libres de coronavirus, pero para ello es necesario disciplina y autocuidado porque está visto, los gobernantes solos no están en condiciones de controlar esta pandemia.

Tolimeo

Enero de 2021

¿Queremos los colombianos que nos sigan dando de lo mismo? Yo creo que no.

Amable lector,

Con frecuencia escuchamos que en política como en la guerra y el amor todo vale. Y muchos asumen esta afirmación como cierta cuando no lo es. Basta un pequeño análisis para comprobar que en algunos casos el exceso en el proceder en uno de estos aspectos del comportamiento humano constituye ofensas ya a la ética, ya a la ley penal. Si no fuese así no existirían los crímenes de guerra y en la política no se castigarían ciertas conductas constitutivas de delitos, y en cuanto al amor no existiría el feminicidio y otras infracciones de género cuya tipificación pretenden ponerle coto a crímenes antes justificados por la ira e intenso dolor por supuestas infidelidades o arrebatos de celos. Estas son muestras de que el todo vale no es permitido en ninguna manifestación y/o actuación humana porque todo tiene un límite, no hay derechos absolutos.

En nuestro país, el partido de gobierno es un ferviente exponente de lo que no es admisible: usar armas y artificios que desbordan los límites razonables de la política para atacar a sus enemigos (no tiene rivales o contendientes), mediante acciones alevosas, cargadas de falacias y mentiras que, admitámoslo, pueden ser producto de la ignorancia o desconocimiento por parte del autor o autores, aunque difíciles de creer por el nivel académico de la mayoría de dirigentes de este partido, salvo contadas excepciones que no han impedido -por cierto- escalar hasta las más altas dignidades del Estado.

Para no alargar el cuento, pongo unos tres o cuatro ejemplos que son falacias o mentiras pero que al ser reiterativas se han ido convirtiendo en verdades sin serlo, engañando al feligrés o parroquiano de a pie que no está en medida de valorar su falsedad o veracidad y, por eso mismo, toma el camino más cómodo para él: asumirlo como cierto, como una verdad. Estratagema muy usada por P. J. Goebbels, ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich (1933-1945), es decir del nazismo.

El nombre mismo del partido. Su nombre es en sí mismo una falacia porque el sitio que ocupa el partido en el espectro ideológico y político de la sociedad colombiana no se corresponde con lo que significa el término centro, como tampoco por su vocación democrática. El partido de gobierno no está en la franja central de la línea que de izquierda a derecha o viceversa sirve para calificar a los partidos políticos según su ideología; no, es un partido que está en el extremo derecho de esa línea, es decir actúa y representa las ideas políticas más conservadoras y reaccionarias de la sociedad colombiana, cuya bandera es la seguridad, el uso represivo del Estado (gendarme) para beneficio de los pocos dueños del país. Y no es democrático porque en su objetivo político está reemplazar el Estado de derecho y la democracia por el estado de opinión (fascismo).

El castrochavismo. Fue un invento maquiavélico del expresidente jefe del partido de gobierno que de tanto machacarlo lo convirtió en verdad siendo una falacia que repiten sus secuaces hasta la saciedad. Si bien Fidel Castro tuvo innegable influencia en la política de toda América Latina, desde hace más de una década su influencia ideológica y política disminuyó considerablemente en la región. Primero por enfermedad (en 2008 dejó el poder) y luego con su muerte (2016); y aunque su ideario político no ha desaparecido, Castro ya no jugaba, ni juega, el papel fundamental de otra época en la izquierda latinoamericana. En cuanto a Hugo Chávez, el coronel golpista y luego presidente elegido en comicios libres y transparentes (02/02/1999) en Venezuela, también tuvo su influjo político en el continente americano, mas no podemos considerarlo como un ideólogo pues no dejó unos principios ideológicos, una escuela política, un programa, una proclama, que pueda servir de base para calificarlo como ideólogo, para ser considerado como un faro para las nuevas generaciones continentales. No se conoce en vida de los dos mandatarios citados un encuentro, un foro, un movimiento liderado por ellos para denominarlo algo así como política castrochavista para la América Latina; en cambio sí fueron impulsores de asociaciones estatales como el ALBA y Mercosur (de este hizo parte Colombia) para proteger los Estados soberanos asociados de las políticas hegemónicas de las potencias, en particular del imperio norteamericano. Nada que ver con movimientos ideológicos y políticos como los impulsados por el peruano Carlos José Mariátegui  (1894 – 1930), el argentino Ernesto Che Guevara (1926 – 1967) y otros que pretendieron siempre la extensión de las ideas socialistas en el continente. Baste esto para concluir que el castrochavismo (término jamás usado por la izquierda latinoamericana), no es más que una mentira introducida por el pendenciero expresidente subjúdice y jefe único del partido de gobierno con dos propósitos: uno, desprestigiar a las personas y partidos políticos nacionales que se oponen a sus ideas hegemónicas; y dos, inculcar miedo en la población respecto de esos partidos políticos que, hay que decirlo sin más, no todos son de izquierda y, menos, marxistas o socialistas como los señala la feligresía del partido de gobierno. El castrochavismo fue uno de los pilares de la campaña por el Noen el Plebiscito por la Paz (02/10/2016) y de la campaña presidencial (2018) del actual partido de gobierno. En cambio, valga la ocasión para recordar que el mesías colombiano (mote dado por la vicepresidente colombiana) como presidente de Colombia se valió de los servicios de Fidel Castro y su gobierno para que le ayudara en asuntos propios de su política gubernamental, como fueron los encuentros con el movimiento guerrillero nacional en tierra cubana. Para esa época, para el jefe y determinador del actual gobernante de Colombia, Cuba, Castro y el castrismo no constituían una amenaza para la democracia colombiana y sí un aliado para logar la paz en nuestro país. Además de falaz y mentiroso resultan hipócritas las actitudes del jefe supremo del partido de gobierno y su parroquia.

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La lucha de clases. Otra falacia del expresidente y exsenador y fundador y jefe absoluto del partido de gobierno y sus conmilitones consiste en acusar a los partidos de izquierda de dividir a los colombianos promoviendo la lucha de clases, política propia de los partidos marxistas y comunistas. Se trata de una mentira más en la artillería de argucias del partido gobernante para indisponer a los potenciales electores a los partidos y tesis políticas diferentes a las hegemónicas del mesías nacional. Basta un repaso al espectro político para concluir que no existe en nuestro país un solo partido o movimiento político que participe en la contienda electoral que pueda denominarse marxista o comunista; ni siquiera el surgido de la firma del Acuerdo de Paz, el Frente Alternativo y Revolucionario del Común, FARC, porque al deponer las armas renunciaron a todas las formas de luchas, principio fundamental del comunismo. Además, del Acuerdo de Paz que firmaron se concluye que aceptaron el sistema económico de libre mercado y propiedad privada que prescribe la Constitución Política del Estado colombiano, contrario a los postulados del comunismo. En cambio, el partido por excelencia clasista, excluyente y racista en nuestro país es el creado por el presidente eterno (alias puesto por sus adláteres), hoy en el poder, pues fue hecho a su imagen y semejanza. Si la seguridad democrática es la bandera para reprimir, si la libre empresa y la acumulación de riqueza por unos pocos, no queda duda que fue creado para excluir y no para integrar a los más pobres de este país, en especial a los del campo. Todavía está en la memoria colectiva la propuesta de la senadora caucana, áulica incondicional del jefe supremo, de dividir el departamento del Cauca en dos: una parte para los indígenas, la otra para los “blancos”, o la negativa del actual jefe de Estado y de gobierno a reunirse con la minga indígena en 2019 y 2020 (septiembre) pese a que los nativos fueron hasta la capital para ello, o la negativa de este partido a darle el aval al señor Polo Polo  para aspirar a un puesto de elección popular: todo hace pensar que esta exclusión se debió a su condición de afrodescendiente. No olvidemos que millones de campesinos fueron despojados de sus tierras por paramilitares y terratenientes afines al partido del mesías y hoy con argucias de todo tipo, legales e ilegales, se oponen a la restitución de tierras; incluso, la senadora esposa del cabecilla de la mayor asociación de ganaderos del país presentó un proyecto de ley con el fin de que no se devuelvan los predios adquiridos por “terceros de buena fe”: los que adquirieron predios utilizando testaferros con lo cual se convirtieron en “terceros”, la mayoría de estos “nuevos” propietarios, por no decir todos, son base política del partido del expresidente encartado hoy en procesos penales. Y qué decir de la estigmatización de parte del mismo ganadero y líder gremial a los niños de Samaniego (Nariño) luego de una masacre de jóvenes, señalándolos a través de las redes sociales como miembros de las FARC y la estigmatización velada a los indígenas que participaban en la minga por llevar botas pantaneras, también por las redes sociales. Estos sí son claros ejemplos de clasismo y discriminación racial.

Sobre la Justicia. Si alguien en los últimos meses ha sido blanco de ataques no solo falaces y mentirosos sino infames del partido de gobierno han sido las altas cortes, en particular la Corte Suprema de Justicia. Para no extenderme haré mención de una sola acusación sin fundamento alguno y sí de probada mala fe: la reiterada afirmación de los miembros de la feligresía gubernamental de que la Justicia colombiana es controlada y administrada por jueces y magistrados comunistas o afines a los comunistas y guerrilleros. De esta ignominia no han escapado los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cuya elección hizo un Comité de selección internacional representando a las Naciones Unidas, la Corte Europea de Derechos Humanos, la International Center for Transitional Justice, la academia y las cortes colombianas. Y como las falacias y mentiras no son tan difíciles de demostrar, ésta se cae con una sencilla pregunta: ¿quién selecciona y elige los magistrados de las cortes colombianas? El Senado de la Republica elige los magistrados de la Corte Constitucional de ternas conformadas por presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado; la Corte Suprema de Justicia llena sus vacantes con ternas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura; y el Consejo de Estado tiene el mismo procedimiento de la Corte Suprema de Justicia para llenar sus vacantes. La única remota posibilidad de que un partido de izquierda influya en la composición de las cortes de justicia sería que fuese mayoría en el Congreso, y no lo es, y, además, sería sólo en relación con la Corte Constitucional pero, reitero, la terna sale del Ejecutivo y la misma rama Jurisdiccional. Por tanto, es falsa la afirmación de que las altas cortes colombianas estén controladas por la izquierda o el comunismo.  Digamos las cosas por su nombre: la estigmatización que el expresidente, hoy investigado por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, obedece a: i) la vindicta contra ésta por los juicios y condenas a parapolíticos adeptos a él; ii) por las investigaciones contra muchos de sus subalternos en los ocho años que fungió como presidente y contra él mismo, incluido el auto privativo de la libertad; iii) porque así adoba el camino para su pretendida supresión de las altas cortes; iv) la pretensión de eliminar la JEP, para que no se conozca la verdad en relación a las implicaciones del expresidente y su gente en el conflicto armado, en especial por las ejecuciones arbitrarias mal llamadas falsos positivos.

Amable lector(a), cientos de cuartillas se pudieran escribir para mostrar cómo el partido del presidente eterno (así lo llaman sus partidarios) no ha sido ni es democrático, así lo predique, porque desde su creación (2013) ha pretendido minar la precaria democracia criolla; porque con su política extremista ha polarizado hasta la exasperación el ambiente político nacional; porque se ha valido de su poder económico para intimidar, distorsionar y violentar el ejercicio de la política en el país; porque le interesa continuar el conflicto armado y no la paz puesto pues le da réditos políticos y electorales; porque desde antes de su fundación viene precedido de una estela de actos de corrupción, continuados hoy en el poder, y un largo etcétera que me llevan a concluir de manera contundente que este partido político no es el conductor adecuado para llevar a Colombia por el camino de la paz, el progreso y la democracia y sí el de la prolongación del statu quo caduco y excluyente que nos regula.

¿Queremos los colombianos que nos sigan dando de lo mismo? Yo creo que no.

P.B. A todos los pacientes lectores les deseo una Feliz Navidad sin olvidar las circunstancias especiales que vivimos por la pandemia del coronavirus.

Tolimeo

Diciembre de 2020

La frecuente confusión conceptual de estos términos nos está llevando por caminos distintos de aquellos de la democracia y la paz

Amable lector(a),

Duro es decirlo pero hay que decirlo y aceptarlo: en nuestro país con deficiente educación, sobre todo en civismo y política, incluida la clase privilegiada y la casta política, es frecuente, por no decir diaria, la confusión conceptual de los términos que titulan esta epístola y con ello hasta distorsionar el rol de los distintos componentes del país, con consecuencias negativas como se verá adelante.

Es usual escuchar, por ejemplo, que el Estado hizo o dejó de hacer, que el Estado abusa del pueblo y otras expresiones del mismo estilo. Sin embargo, nadie se toma un minuto para pensar a qué se refiere cuando habla del Estado y del pueblo; reflexión que no hace el gobernante, el político,  la organización social, menos, el ciudadano de a pie. Sin pretender una cátedra magistral, entiendo que el Estado es una invención de la sociedad o del pueblo -sociedades o pueblos, si lo prefieren- para ordenarse en búsqueda del bienestar de todos y cada uno sus miembros -del desarrollo humano, se dirá en estos tiempos. Y ese ente político-jurídico Estado, creado por un pueblo y asentado sobre un territorio determinado no reconoce otra autoridad distinta llamada a la suya, de donde se derivan sus componentes esenciales para ser considerado como tal: territorio, pueblo y autoridad soberana; algunos incluyen un cuarto elemento: la autoridad o gobierno. Siendo así, el pueblo es componente esencial del Estado: sin aquél no existe éste. Así de simple. Y a este pueblo o comunidad de seres humanos se le llama nación. No perder de vista esta relación Estado-pueblo o Estado-nación[1], porque es determinante para comprender qué tanto estamos confundidos yendo por caminos equivocados y perniciosos.

Asimismo, es preciso comprender que ese pueblo autónomo y soberano requiere de una dirección que ordene y ejecute sus aspiraciones y decisiones, porque si no existiera sería el caos y el desorden comunal. De allí nació la necesidad de un mecanismo para escoger o elegir la persona, o personas conductora(s) de esa nación organizada como Estado. La sucesión hereditaria del gobernante, la elección periódica del mismo y otras fórmulas han sido usadas a través de la historia de las sociedades soberanas  para elegir sus gobernantes. Colombia, como república ha tenido, exceptuando los pocos golpes de Estado, una sola manera de hacerlo: la electoral, con variaciones en su forma: directa o indirecta, cambiando con el tiempo los requisitos para que un nacional elija y sea elegido: ser varón, tener propiedad raíz, ser alfabeto -saber leer y escribir-, hasta llegar al voto universal y directo (1936), a la mayoría de edad y ser apto para votar a los 18 años (1977), sin olvidar que la mujer sólo es electora desde 1957. En síntesis, no siempre todos los colombianos tuvieron el derecho de elegir y ser elegido como lo manda la actual Constitución Política y, por ende, de participar en la dirección del Estado. En síntesis, el gobierno no es hereditario y la elección del gobernante es un mandato o delegación para que una persona conduzca las riendas del Estado, sin que ello implique prerrogativa alguna para el elegido distinta a las propias para cumplir su misión. Es, pues, un mandato para que represente al Estado y trabaje en beneficio de todo el pueblo y no para usufructo y beneficio propio del gobernante y su equipo del mandatario. El gobierno es, pues, un mandato popular y no una atribución personal de quien lo ejerce.

Estas premisas elementales nos permiten, estimado(a) lector(a),  observar cómo en nuestro país, Estado y nación se divorcian en el sentido de que ésta dejó de ser la esencia de aquél –tal vez nunca lo ha sido-; situación más confusa cuando se confunden gobierno y Estado, a pesar de que éste es el todo y aquél uno de sus componentes. Estas ambigüedades afectan el Estado de derecho y la democracia que predicamos de nuestro país: i) el gobierno de turno decide casi todo los asuntos del Estado de espalda a la voluntad e interés popular, con el sólo apoyo –no siempre- del partido o partidos que lo respaldan: reformas tributarias, de la seguridad social, políticas, de la justicia y otras; ii) los ejecutivos al refundir el mandato gubernamental con el Estado mismo lo situaron por encima del pueblo soberano y de ahí que la mayorías de la decisiones que toman no correspondan a los intereses económicos, políticos y sociales nacionales sino  de sectores o particulares que, por lo general, pertenecen a la clase social en el poder. A título de ejemplos, los gobiernos colombianos han enajenado las empresas industriales más rentables de la república sin consultar a la nación -Telecom, Isagén y otras-, y ahora el ministro de Hacienda deja entrever la privatización de Ecopetrol, la más rentable en la actualidad, siendo el Estado colombiano su accionista mayoritario. Qué decir de las electrificadoras del país, hoy la mayoría en manos privadas con pésima prestación de servicios, sin detenernos en la corrupción gubernamental en todos los niveles como ha quedado en evidencia en esta emergencia derivada de la pandemia del coronavirus; iii) la vida institucional –política y jurídica- del país se ha distorsionado de tal manera que hoy asistimos no solo a la utilización arbitraria y violenta de los aparatos represivos del Estado contra el pueblo sino que somos testigos de los recientes desacatos del Ejecutivo a decisiones judiciales atentando contra el equilibrio de las ramas del poder público, pilar del Estado de derecho, y como clara demostración que el presidente está por encima del legislador y la jurisdicción que significa más o menos la andadura hacia un régimen autoritario, hacia una dictadura civil.

Apreciado(a) lector(a), ante la desconexión de la nación, del pueblo, de la vida política e institucional del Estado y luego de muchos intentos para hallar la paz y la reconciliación nacional, ¿no deberíamos aprovechar el proceso de paz que está en marcha con muchas dificultades, gran parte de ellas provocadas por el actual gobierno, para actuar conforme al rol que cada ciudadano tiene en la vida de la República de Colombia, según sus previsiones constitucionales? Ya se dijo arriba, el Estado lo conformamos todos los nacionales colombianos, por tanto, no le pertenece a un grupúsculo económico y/o político -el partido o partidos(s) político(s) que sostienen al gobernante y los grandes empresarios del país- para hacer que el Pacto político convenido en 1991 se cumpla y si es necesario adaptarlo a las nuevas exigencias y necesidades del siglo XXI y la pos pandemia que vivimos, con la participación de todos los estamentos sociales que conformamos y damos vida al Estado colombiano y así poder beneficiarnos de los inmensos recursos naturales que tenemos, dejando de ser patrimonio exclusivo de unos cuantos. Sólo así, asegurando el ejercicio pleno de nuestros derechos fundamentales y el cumplimiento de los deberes establecidos por el constituyente de 1991 por mandato popular, construiremos riqueza y bienestar. En otras palabras, construir dándole sentido y contenido a la palabra democracia.

No es hora de callar, no es hora de dejar que otros decidan por nosotros. Claro, no será fácil porque quienes se apoderaron del Estado, unos pocos para su propio beneficio, harán todo lo que esté a su alcance para impedir que la democracia plena sea una realidad en suelo colombiano, pero todavía hay esperanzas –y herramientas- para el logro supremo de todo ser humano:

¡Vivir con dignidad!

Tolimeo,

Octubre 2020   

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[1] Quede claro que aquí se hace relación a nación sinónimo de pueblo y como componente del Estado y no a Estado-Nación referido al debate presentado cuando varias naciones conforman un Estado (España), o cuando ésta excede los límites territoriales del Estado (Kurdistán).

Estimado(a) lector(a),

En mis años de observador de la vida política nacional, incluido el apartado judicial, he visto, escuchado y leído desatinos sobre la justicia, en particular la penal y el delito, tales como la teoría de que “es preferible condenar un inocente que absolver un culpable” del mayor G. Ñungo, fiscal en el Consejo Verbal de Guerra por el homicidio del general Rincón Quiñones, o la de “reducir la corrupción a sus justas proporciones” de Turbay Ayala, o el fusilamiento de una vaca cachilapeada (robada) para desaparecer el cuerpo del delito y por ahí el delito mismo, y más reciente la del homicidio sin autor de un joven universitario y otras que me escapan o sucedieron a mis espaldas, pero los de estos últimos meses con ocasión de la investigación y detención preventiva domiciliaria de un expresidente de la República, van más allá de cualquier consideración y rayan en fanatismo extremo, que si no fueran por lo que significan para la estabilidad jurídica y política del Estado, engrosarían el inventario de memes, chistes y habladurías, en una palabra en el hazmerreír de una sociedad feliz en medio de la desigualdad y la exclusión, más ahora que muestra con orgullo tropical vivir en el selecto círculo de Estados de la OCDE, como es la nuestra.

Cierto es que no es de ahora que la judicatura se ve envuelta en demostraciones que de una u otra forma ponen en tela de juicio su seriedad y el rigor de su labor, como la selectividad según el paciente que está frente a ella, origen del dicho de que “la justicia es para los de ruana”,  el afán protagónico de operadores judiciales –como es menester decir ahora-  de tomar los micrófonos de la radio y la televisión para explicar sus decisiones, olvidando principios elementales como que el juez en tanto que hacedor de justicia se comunica con la ciudadanía a través de sus providencias, exceptuando claro está sus manifestaciones en la academia y la investigación. En los sistemas judiciales de otros países que conocí no advertí esa avidez protagónica de jueces y magistrados, salvo tratándose de temas de interés general y abstracto que atañen a la  jurisdicción. La locuacidad de estos jueces y magistrados termina, a veces, estropeando o entorpeciendo procesos por recusaciones que se les hace más tarde por las partes en algún caso concreto por la opinión o prejuzgamiento de un fiscal investigador –éstos tampoco escapan a esta tentación mediática- o de un juez, situación que se habría podido evitar manteniendo la discreción que se le exige a los funcionarios judiciales. 

Mas este asunto no es exclusivo de jueces y fiscales, también es un medio de abogados litigantes que han hecho de la tribuna de prensa su particular estrado para  litigar con el propósito, creo yo, de meter presión al funcionario judicial donde lleva un asunto para para que falle en favor de su cliente o sus intereses. También puede ser para llevar al público a la creencia que su tesis jurídica es la correcta y en caso de un fallo adverso quede en la sociedad la sensación de un fallo injusto. Ahora, la irrupción desmedida y sin control de las redes sociales, éstas se han constituido en lanzadera apropiada para que ciertos profesionales del derecho eleven su barra para defender su caso y/o para atacar a su adversario en el foro. Y los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, muchos sostenidos casi con la sola información que trasmiten estos abogados litigantes en los medios, o de los comentarios de las redes sociales, estimulan aún más ese doble proceso que emerge tan pronto se produce la conducta criminal: uno, el que se ventila en fiscalía y juzgados, y dos, el que en su tiempo llamé proceso de bar o plaza de mercado, hoy trasladado a las mesas de trabajo de la radio y salas de redacción de la prensa escrita. Todo en perjuicio de un derecho que le asiste a la nación: la Justicia.

Ahora sí, amable lector(a), entremos en el caso que motiva esta epístola. Sospecho que el colombiano que no haya oído mentar la investigación que adelantaba la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente y ex senador de la República y fundador del partido de gobierno es porque o vive en apartado sitio de la selva amazónica, la lejanía de las llanuras de la Orinoquia o los manglares perdidos de la selva del litoral pacífico del país, o porque para su desdicha padece algún problema audiovisual que le impide conocer lo que pasa a su alrededor. De resto, desde la persona, empleada o desempleada, más humilde hasta el doctor, del campesino al citadino, del iletrado al letrado, ha escuchado una noticia, un comentario, un chiste o visto un meme del lío judicial del jefe supremo del presidente y su bancada en el Congreso de la República. En una frase: el caso del expresidente no ha dejado indiferente a nadie.

Pues bien, este asunto que ha tomado a veces ribetes de tragicomedia –más lo primero que lo segundo-, ha servido para apreciar el surgimiento de situaciones y conductas antes impensables hace poco tiempo: La filtración de las piezas procesales del expediente se volvió pan de cada día, sin importar que hacen parte de la reserva del sumario –secreto, solo conocido por los operadores y las partes intervinientes en el proceso-. Los medios de comunicación a cual más se movía –y mueve- para obtener la chiva sobre X o Y folio, interrogatorio, expresión, reunión o indicio que sirva –porque el show continúa- para mantener la audiencia cautiva y uno que otro con el velado propósito de inclinar la balanza hacia el lado del investigado.

El litigio ampliado a través de la prensa. Como se dijo arriba, el litigio radial y televisivo es de vieja data, pero no se había tomado la dimensión que tiene ahora: mientras X cadena radial entrevista a alguna de las partes o sus abogados, en ese mismo instante a través de Twitter, Facebook o Instagram, o cualquier otro medio tecnológico, está otro abogado, o experto, o exfiscal, o exprocurador, o exmagistrado, o simple ciudadano dando la versión opuesta o enviando el artículo del código que afirma o contradice lo que está saliendo en ese momento al aire. Da grima ver cómo ciertos excelsos profesionales del derecho litigan en la calle o a través de las ondas hertzianas y no en los despachos judiciales donde, con frecuencia, presentan memoriales de poco contenido jurídico, cuando no para solicitar el aplazamiento de una audiencia pública. No siempre lo legal es correcto o ético.

Y si a este fenómeno jurídico vuelto político le faltaba algo para entender por qué somos del trópico y nos comportamos y nos consideran como tal, aparece el litigio de personas ajenas al proceso que en abierta contrariedad de la ley decidieron so pretexto de defender la causa de su jefe y señor, recopilar pruebas como si de investigador se tratase para aportarlas al proceso, supongo yo. No de otra manera se entiende este esperpento llevado a cabo por senadores y representantes del partido de gobierno con sendos derechos de petición a la víctima y parte civil reconocida en ese proceso y al magistrado sustanciador de la Sala de Instrucción que proyectó el auto de detención preventiva contra el investigado, para que absolvieran cuestionarios sobre asuntos, unos sin relación alguna con el caso. ¿Qué se habrán creído los congresistas del partido de gobierno, que esa calidad los habilita para entremeterse e injerir en los procesos judiciales? Es de lo más grotesco que este observador ha visto en los estrados judiciales de este país. Si de veras somos un país serio y civilizado, alguna autoridad competente deberá investigar esta ilegal intromisión y abuso de la función pública de parte de estos legisladores.

Es vieja la conocida estrategia del ideólogo y amo del partido de gobierno de realizar campañas de desprestigio en contra de sus contradictores políticos –enemigos para él-; ahora utiliza a su familia para hacer lo mismo: contratar una empresa de lobby en EEUU para desacreditar tanto la Corte Suprema de Justicia como al senador que de denunciado pasó a ser víctima de las maniobras del hoy investigado, con el fin de crear una imagen negativa de la institución judicial y del político que, paradojas de la vida, es enemigo y razón de ser del accionar político del detenido y su partido, caracterizados por la agresividad verbal y fáctica. Campaña que se está llevando en EEUU, donde gobierna un presidente del mismo talante, con similares mañas y desafueros que el expresidente colombiano y, convertido por sumisión de nuestro presidente en el verdadero ordenador de planes y programas del actual gobierno colombiano. Me pregunto, ¿esta campaña internacional contra del Estado colombiano no constituye un presunto delito de traición a la patria? Pregunta que  formulo porque que por algo de menor entidad, una entrevista, el gobierno del expresidente sub judice sugirió en su momento que se investigara por traición a la patria a Piedad Córdoba, senadora para la época, por sus declaración en México. La campaña Free Uribe (Uribe libre) se enmarca en la divisa de los intereses privados y de partido por encima de los de la nación.

Y como colofón a tantos disparates provocados por el fanatismo del partido de gobierno y la prensa obsecuente del “gran colombiano” –ver auto reportaje animado por dos conocidas periodistas de una revista política-, no han faltado anécdotas pintorescas y folclóricas de seguidores del amo y señor, como la del senador de la República que trinó que hasta las chicharras de su ciudad afligidas por la detención de su jefe coreaban el nombre del mártir de la justicia colombiana. De tanto odiar al presidente vecino nos estamos pareciendo a él.

Apreciado lector(a), esta epístola no pretende polémica alguna, lo contrario, invita a una reflexión profunda y sincera de los colombianos porque ya es hora de salir de este marasmo que nos consume en medio de la desigualdad, la exclusión y la violencia, impidiendo, hasta ahora, que la lucidez sea la base para emprender la reconstrucción de nuestro tejido social que  hoy, como la lepra, se nos cae a pedazos y de no remediarlo la viviremos por más de cien años de brutalidad y oscuridad. Tenemos que ser conscientes que si queremos avanzar nadie puede estar por encima de la ley, que ésta no puede seguirse aplicando según las circunstancias y el sujeto sobre quien recae, que no hay ninguna persona en este país –ni en ningún otro- que sea infalible y por ello esté exento del peso de la justicia por sus acciones u omisiones reñidas con la legalidad. Miremos un poco más allá de nuestras fronteras y hallaremos que algunos presidentes y expresidentes han comparecido ante la justicia y hoy varios de ellos purgan sus faltas penales en Costa Rica, Perú, Panamá, Ecuador, Brasil, para citar sólo los de nuestra región. Y esos países y sociedades no se han derrumbado por esos episodios nacionales vividas.

Es hora de pasar la página de una etapa crítica y dolorosa de nuestra nación pero sin pasar por encima de la justicia que le debemos a las víctimas de tanto vejamen y terror sufridos.

¡Es hora de cambiar!

Tolimeo

Septiembre de 2020

PS. Al terminar esta nota se da la noticia que el Fiscal General ha designado un antiguo escudero del exprocurador, hoy embajador ante la OEA, para continuar la investigación motivo de esta epístola. Pese a la duda que despierta este antecedente, espero que el fiscal coordinador de fiscales delegados ante la CSJ, tenga la sapiencia y madurez para interpretar el arduo y serio trabajo realizado por la Sala de Instrucción de la CSJ y no deseche la actuación investigativa, como pretende el entorno del encartado; en fin, que tenga presente que el tránsito de este expediente de la CSJ a la Fiscalía no fue causada por una nulidad de lo actuado, sino por el cambio de la situación personal del sujeto objeto de la investigación criminal. 

La Epístola de hoy tiene un destinatario concreto: el presidente de la República de Colombia, señor Iván Duque Márquez, por las razones que en ella se expondrán.

Señor Presidente, el 8 de agosto de 2020, fueron asesinados, más claro, ejecutados de manera arbitraria, dos menores de 17 y 15 años, en Leyva, Nariño aunque eran moradores de Balboa, Cauca; el 11 de agosto de 2020, fueron asesinados, más claro, ejecutados de manera arbitraria, cinco niños entre los 14 y 16 años de edad, en el barrio Llano Verde de Cali; el sábado 15 de agosto de 2020 fueron asesinados, más claro, ejecutados de manera arbitraria, en la vereda Santa Catalina de Samaniego, Nariño, ocho jóvenes universitarios entre los 17 y los 25 años, mientras departían con otros estudiantes en una casa de campo;  y el 16 de agosto de 2020, una niña de 17 años, estudiante, fue encontrada muerta en una alcantarilla  en el mismo municipio de Samaniego, Nariño.

Estos nuevos crímenes contra personas indefensas, sobre todo de niños de cuya protección se ufana usted señor presidente, me impulsan a escribirle,  porque usted como Comandante en jefe de las fuerzas militares y máxima cabeza del poder de policía, es quien debe velar por la seguridad de todos los colombianos, en particular de los más vulnerables, por tanto, objeto de especial protección del Estado, según lo dictan la Constitución y las leyes.

Señor Presidente, ¿sabe usted que el Estado debe garantizar el disfrute y goce de los derechos humanos ya por acción, ya por omisión? ¿Que los derechos humanos se violan por acción u omisión del Estado? ¿Que los derechos humanos los violan los agentes del Estado, por razones de Estado o en ejercicio de sus funciones, o por particulares que actúan con la connivencia o complicidad de los agentes del Estado?

En Colombia se hace imperioso repetir hasta el cansancio que todas las ejecuciones arbitrarias, incluidas las de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, hacen responsable al Estado por haber omitido  su obligación de proteger a las víctimas, cuando no son sus agente los directos responsables estas violaciones.

Usted y demás funcionarios no pueden escudarse y tratar de evadir la responsabilidad del Estado alegando que la mayoría de estos homicidios –ejecuciones arbitrarias–  han sido obra de disidencias, grupos residuales o delincuentes ligados al narcotráfico, porque era –y es-, repito, obligación de los oficiales del Estado proteger y asegurar los derechos fundamentales, incluido el más sagrado, el de la vida, de todos los residentes en este país. En Colombia no existe la pena de muerte pero parece que existiera. No caben por tanto elucubraciones ni justificaciones tan fuera de lugar como que “son más las personas que matan para robarles su celular que líderes sociales”, que son cuentas de cobro entre delincuentes, que es la guerra por el control de las rutas del narcotráfico, que es porque los menores o jóvenes se resisten al reclutamiento forzado y otras tantas disculpas que venimos escuchando, porque, señor Presidente, el gobierno nacional dispone de dos ministerios, el del Interior y el de Defensa, instituidos para tomar las medidas – políticas para ser más exactos- tendientes a asegurar los derechos fundamentales, en especial el de la vida, de todos –sí, todos- los colombianos de cualquier lugar del país donde se encuentren o ejerzan  sus actividades legítimas, así éstas no gusten a ciertos sectores gubernamentales y sociales. Tampoco son válidas las excusas “porque el Estado no puede ponerle un policía o un escolta a todos los colombianos”, o “asignarles a cada uno un vehículo blindado por la UNP” para no brindar esa protección. El tema no es ese, es cumplir con el deber sagrado que usted juró respetar al tomar posesión de máxima autoridad del Estado: el de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

Señor Presidente, este fin de semana escuché a su incompetente ministro de Defensa -el mismo que no sirvió como ministro de Relaciones exteriores-, demandar que estas acciones criminales no sirvan como discursos políticos, o algo así. Qué equivocado está el señor Ministro: ¿Acaso no sabe él que lo que ocurrió en Cali, en Samaniego y en Magüi Payan, para mencionar solo las últimas acciones criminales, tienen connotaciones políticas y como tal se necesitan respuestas políticas del gobierno que representa nuestro Estado, para frenar y acabar este derrame de sangre de personas inocentes? ¿O, acaso, podemos tildar de delincuentes a los ocho jóvenes universitarios y los siete niños (sí, niños) para calificarlos como actos de delincuencia común? Más cordura y respeto de parte de los altos funcionarios del Estado, incluido usted, señor Presidente, merecen la nación y los deudos de estas víctimas de tan perversos crímenes, porque, admítase o no, este deplorable estado en que se debate el país nos recuerda aquel ya lejano pero tan presente 1989 lleno de locura y terror. También, porque los colombianos de a pie ya no nos tragamos el cuento de la delincuencia organizada.

Si el Estado de verdad tiene voluntad política para cumplir con el deber de protección de las personas, el gobierno que usted dirige está en mora de establecer una política pública, no un simple plan militar o policivo, o comisiones mixtas de fiscales, ejército y policía, y recompensas que no conducen a nada, en este campo tan sensible de la vida nacional, para aplicar con claridad y certeza los mecanismos de protección existentes para que a las personas “objetivo” de los enemigos de la paz no las sigan eliminando a la vista pública -según versiones los sicarios pasaron armados por el casco urbano de Samaniego y ninguna autoridad se movió y en Llano Verde hay testimonios que dos patrullas de la policía estaban por el lugar donde fueron encontrados los cuerpos de los niños masacrados-. Y como debe ser una política de Estado y no de gobierno, para que sea más transparente y cierta deberá concertarse con los sectores víctimas de tan evidente omisión –o ¿acción?- estatal.

Señor Presidente, no vaya a pensar usted que quien esto escribe es tan ingenuo para creer que lo que está exigiendo es sencillo y de fácil elaboración. No, es complejo y, para eso se debe comenzar por desmontar la polarización por la que atraviesa nuestra nación, uno de cuyos polos está enquistado en el poder y no permite que la paz sea una realidad. Y así como los organismos de inteligencia son tan eficaces para señalar qué grupo o cual la causa de cada nuevo crimen político, deberá serlo también para prevenirlos atendiendo las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Señor Presidente, quien esto escribe no es un miembro de un partido político, ni de organización social alguna, ni un líder cívico, no, es un ciudadano de a pie que observa con tristeza y gran indignación cómo sigue el desangre de nuestra sociedad ante la pasividad o incapacidad del Estado que usted representa. Por lo mismo, le exijo al gobierno nacional se le diga la verdad al país sobre estos crímenes y no se siga afirmando en alocuciones que hay un descenso de los asesinatos y masacres de la población civil, pues los Informes de Naciones Unidas, investigaciones serias y responsables, muestran lo contrario. Urge, asimismo, una acción inmediata para que estos nuevos crímenes no queden en la impunidad y no se repitan para bien de toda la sociedad entera. Con la crisis de la pandemia del coronavirus ya tenemos para recuperarnos durante un buen tiempo para intentar hacer de Colombia un país próspero, democrático, justo y solidario.

Sin otra consideración,

Tolimeo,

Agosto de 2020

N.B. Al momento de terminar esta epístola se recibe la noticia de otra masacre de al menos 12 jóvenes indígenas de la organización Camawari del Pueblo Awá, zona rural del municipio de Ricaurte, Nariño. ¿Hasta cuándo?

El nombramiento de algunos personajes y personajillos en este mandato muestran que el favoritismo y los intereses particulares están por encima de los del Estado y la nación.

Estimado(a) lector(a),

Iván Duque Márquez llega al ecuador de su mandato presidencial y ya pocas esperanzas quedan de un cambio de actitud gubernamental pese a las insistentes y a veces melosas palabras del jefe del Estado convocando a la unión nacional, a la necesidad de aunar esfuerzos para lograr los objetivos máximos del Estado y la nación, más ahora que convivimos con una pandemia que sacude las estructuras de todo el mundo. Difícil cambio de actitud porque luego de 23 meses largos,  este gobierno se ha caracterizado por la soberbia y el nepotismo en la gestión administrativa, por el silencio indiferente (¿cómplice?) ante el exterminio de líderes sociales y defensores de derechos humanos, por lo general hombres y mujeres humildes, de recónditas regiones donde el Estado hace presencia más para agredir que para proteger a las comunidades, incluidas las de desmovilizados del Acuerdo de Paz con las FARC, poblaciones que sufren desde hace décadas la violencia de toda naturaleza. Silencio indolente del presidente Duque ante los atropellos y crímenes cometidos contra una población por quienes están instituidos para protegerla: la fuerza pública que, según se destapa cada día, ha abusado y violentado de manera vil la niñez indígena ante la mirada complaciente de sus superiores castrenses y políticos.

Hoy, presentaré, paciente lector(a), un pequeño muestrario de casos de soberbia y nepotismo del gobierno Duque, pero antes, veamos qué significan estos dos vocablos.

Soberbia es el sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás o en otras palabras, el sentimiento de superioridad frente a los otros que provoca un trato distante o despreciativo hacia estos. El soberbio se caracteriza porque no admite que ha hecho algo mal, siempre cree tener la razón, no suele pedir perdón y solo habla de sus logros.

Nepotismo: Trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta sus méritos. Sinónimo de favoritismo.

La soberbia y nepotismo del presidente Duque y su gobierno se manifiestan en los diversos actos de la política gubernamental pero donde quedó como sello indeleble fue en el nombramiento en importantes cargos administrativos y diplomáticos de personas que lo más importante que tenían en sus respectivos CV para merecerlo era ser candidato no electo del Centro Democrático (C.D.), o hijo o pariente de un uribista 1A, o ser amigo del presidente desde las aulas de la Sergio Arboleda. No han valido críticas y protestas de organizaciones sociales, observadores y partidos políticos sobre la inconveniencia o lo contraproducente de ciertas nominaciones, que más dolores de cabeza que  beneficios le aportan al país, para que el gobierno se mantuviera en sus trece y a ellos en la nómina oficial a sabiendas de esos justificados reclamos. Oídos sordos y silencios que denotan soberbia o desdén, favoritismo y pago de favores que apuntan a manifiesto nepotismo. En unos y otros casos la conclusión es la misma: los intereses personales o de partido por encima de los del Estado y de los ciudadanos, la mayoría de los cuales lo ungieron máximo rector de los destinos de Colombia.

Larga, muy larga es la lista de nombramientos cuyo único objetivo parece fue lo dicho antes. Aquí solo unos botones de la colección de corbatas o lagartos como se les conocía antaño a los recomendados políticos:

1. Nombramientos en puestos administrativos:

– Claudia Ortiz, directora de la Agencia de Desarrollo Rural. Esta señora presentó certificaciones dudosas para probar que reunía los requisitos exigidos para el cargo. Al poco tiempo de su nombramiento la Procuraduría la suspendió por tres meses por manifiesta participación en la campaña electoral regional y local de octubre del año pasado. Esta funcionaria sale de la ADR y será nombrada Asesora del Minagricultura, pero, ¡otra vez!, su CV presenta inconsistencias fraudulentas (¡!)

– Jorge Rodrigo Tovar Rodríguez, hijo del comandante paramilitar Jorge Tovar, alias Jorge 40, nombrado coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de Mininterior sin importar el rechazo de las víctimas de su padre que tendrán que ver con él los asuntos relacionados con su cargo.

– Juan Pablo Bieri, nombrado gerente de RTVC Sistema de Medios Públicos, cuyo sectarismo fue evidente censurando Los puros criollos en Señal Colombia porque su conductor y director criticó el proyecto de ley presentado al Congreso por la ministra de las TIC en una emisión de La Pulla de El Espectador. La Mintic lo mantuvo en el cargo hasta que la presión externa lo hizo renunciar; sin embargo, para que no quedará duda quién es el que manda, el gobierno, no el pueblo, meses después se lo contrató como consejero presidencial con un elevado estipendio.

– Víctor Manuel Muñoz Rodríguez, tenía un cargo de Asesor en la presidencia pero renunció ante las fuertes críticas de ser el director de una de las “bodegas” del Centro Democrático desde donde se difundía propaganda negra en contra de políticos y personalidades opositoras al gobierno Duque. Mas la arrogancia o soberbia gubernamental tendría que imponerse sin parar mientes en esas críticas: Muñoz Rodríguez se le premió con un oneroso contrato como Consejero Presidencial en Asuntos Económicos y Transformación Digital, cargo de mayor rango que el anterior y, claro, con un gran estipendio.

– Carolina Náder Dangond, nombrada directora de acompañamiento familiar en el Departamento de Prosperidad Social. Náder es esposa de Daniel García Arizabaleta, involucrado en el caso Odebrecht.

– Mario Javier Pacheco García, recalcitrante crítico del Centro de Memoria Histórica: «…el CINEP, del padre de Roux y en el Centro de Memoria Histórica, que están en manos de historiadores y sociólogos mamertos, cuyo interés es presentar al Estado y las fuerzas armadas como los mayores depredadores y culpables del conflicto», el Presidente pretendía nombrarlo Director del Centro de Memoria Histórica, pero por la presión ciudadana, su nombramiento se cayó. Fue designado en el Consulado en Panamá pese a no contar con ningún tipo de experiencia en el servicio exterior. Y la arrogancia se enseñoreó con este vital centro para la paz y la reconciliación. Luego se pretendió nombrar como su director al politólogo Vicente Torrijos Rivera, quien niega el conflicto armado en Colombia, declinó ante la crítica nacional y el gobierno nombró a otro negacionista del conflicto armado, el historiador Rubén Darío Acevedo Carmona. Consecuencia de este nombramiento organizaciones políticas como la UP y ONG como Minga, retiraron sus archivos respectivos que habían depositado en este Centro de Memoria por considerar que no había garantías para mantenerlos ahí.

– Clara Elena Parra Beltrán, esposa del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fue nombrada Alta Consejera Presidencial para el Sector Privado y la Competitividad.

– Andrés José Rugeles Pineda, es otro caso que muestra que el servicio exterior para el actual gobierno sirve para pagar favores políticos o como escampadero de aquellos funcionarios cuestionados y que no han dado la talla en otros puestos. Rugeles, reconocido aliado de la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, inició como Secretario de la Transparencia de la Presidencia, pronto se vio envuelto en el ilegal allanamiento al despacho del Alcalde de Santa Marta Rafael Martínez. Como alcalde encargado, aliado con el Ministerio del Interior, evadieron la norma que exigía nombrar a un candidato de la terna enviada por Fuerza Ciudadana. Sin importarle el mandato ciudadano de los samarios, apartó del cargo a 8 secretarios de despacho e instaló en dichos cargos a los aliados políticos que hasta la fecha habían sido derrotados en las urnas. Además, tomó decisiones estructurales alrededor del operador de servicios públicos, la declaratoria de calamidad pública, entre otros, dejando ver que su condición en el cargo no iba a ser temporal como lo exige la ley. Como se retiró la detención domiciliaria preventiva del Alcalde Rafael Martínez, para bajar la marea, Rugeles tuvo que salir de la Alcaldía y de inmediato fue nombrado Embajador alterno de Colombia en la Misión Permanente ante la Organización de Naciones Unidas ONU Nueva York

–Alfonso Campo Martínez, nombrado contra viento y marea en la dirección de la Unidad Nacional de Protección pese a la oposición de varios sectores y organizaciones como las ONG/DH. En este organismo, fundamental para la consolidación del proceso de paz debe prestar protección a dirigentes políticos, líderes sociales, defensores de DH y, sobre todo, a los desmovilizados de las FARC, sin embargo, es pública su animadversión en contra de esta última.

2. Nombramientos en el Cuerpo diplomático. Desde los primeros días de gobierno las decisiones del Presidente han sido poco afortunadas, empezando por los nombramientos que hizo tanto en la Cancillería como en varias embajadas y consulados clave, demostrado ineptitud o displicencia para consolidar una política exterior acorde con las necesidades del país.

– Francisco Santos, nombrado embajador en Washington. Poco duró la diplomacia de este locuaz e imprudente ex vicepresidente para mostrar su poca sintonía con su jefe inmediato el Ministro de Relaciones Exteriores, del cual despotricó, lo mismo que de la Secretaría de Estado del país donde estaba acreditado. Pese a ese y otros pasos en falso y cuando todos creían que el presidente Duque lo removería, lo ratificó. Razones más poderosas que las de Estado inclinaron la balanza.

– Juan Camilo Valencia, hijo de Fabio Valencia Cossio, exministro de Álvaro Uribe Vélez, y hermano del Senador del C.D., Santiago Valencia, fue nombrado Embajador en Indonesia.

– Felipe García Echeverri, exmagistrado del Consejo Electoral por el  C.D., nombrado jefe de misiones diplomáticas de la embajada en Bélgica y la Misión de Colombia ante la Unión Europea.

– Ana Milena Muñoz de Gaviria (esposa del expresidente César Gaviria), embajadora en Egipto. La señora Muñoz manifestó que siempre ha tenido interés por la cultura y civilización egipcia. Breve: su interés personal está por encima de los del Estado colombiano.

– Pedro Agustín Valencia Laserna (hermano de la senadora Paloma Valencia), cónsul en Miami.

– Nohora Tovar, fue candidata del C.D. al Senado y se quemó. El Gobierno le dio la Embajada en República Dominicana. Renunció para ser candidata a la Gobernación del Meta, se volvió a quemar.

– Gloria Isabel Ramírez, asesora de la campaña del presidente Iván Duque. Fue designada Embajadora de Italia y ya conocemos cómo le ha ido al país con este nombramiento. Esta embajadora vetó a varios escritores colombianos, Santiago Gamboa entre ellos, que no se alinean con el Gobierno.

– Sofía Gaviria, embajadora en Suiza. Una de las lideresas del NO en la campaña del Plebiscito. De las más férreas opositoras al Acuerdo de Paz. En Berna está depositada una copia del Acuerdo de Paz Gobierno –FARC-EP.

– Lucía María Amalia Salgado, Cónsul de Houston, según la página web del Consulado, porque el decreto dice que fue nombrada Consejera de Relaciones Exteriores. Sin experiencia en el servicio exterior, fue Asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del Representante Juan David Vélez, del C.D. Tiene 33 años y no más de 12 años de experiencia laboral, cuando en promedio los Consejeros de Carrera llegan a ese rango con un promedio de edad de 37-40 años y luego de 16 años mínimos de experiencia en el Ministerio.

– Sthefanie Schutt Chacón, designada Segundo Secretario en el Consulado en Orlando; sin experiencia en el servicio exterior, pero sí cumple con el requisito de haber trabajado para el C.D. como Asesora de la UTL del Senador José Obdulio Gaviria. Recordemos en este caso en particular que, para ser Segundo Secretario, se necesita llevar en la carrera 8 años, incluyendo el año del curso de capacitación; la joven Schutt tenía 26 años al ser nombrada y no más de 3 años de experiencia profesional.

– Luis Oswaldo Parada. Fue candidato al Senado por el C.D. Se quemó. Hoy es Cónsul en Ciudad de México.

– Lezsli Kálli, nombrada Tercera Secretaria en la Misión Permanente ante la Organización de Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza. La señorita Kálli apenas cuenta con una tecnología en Diseño Gráfico pero fue candidata al Senado por el C.D. En 2018, en un medio de comunicación aseguró que: “la única forma de acabar con Maduro es pegándole un tiro y desapareciéndolo”. Es un contrasentido nombrar a alguien que aboga por asesinatos en la sede de los principales órganos de derechos humanos del mundo. La Asociación Diplomática y Consular de Colombia advirtió que ella no cumplía con los requisitos para ocupar ese cargo ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), el cual debería ser de alguien de carrera.

-Claudia Bustamante, nombrada Cónsul en Orlando, Estados Unidos. La señora Bustamante, fue candidata al Senado por el C.D. y no salió elegida. En su CV  reporta que cursó en 1999 estudios de Derecho pero NO se graduó, es decir no cuenta siquiera con título de pregrado. Es evidente que este tipo de nombramientos no cumple con los requerimientos descritos en el Decreto 274 de 2000, sobre el Servicio Exterior, que en el artículo 61, establece los requisitos para la provisionalidad e estos cargos, son entre otros: “[…] b. Poseer título universitario oficialmente reconocido, expedido por establecimiento de Educación Superior […]”. Parece ser, que su nombramiento obedece a que Claudia Bustamante es acérrima defensora del “Uribismo” en redes sociales, demostrándose una vez, que para llegar a ocupar un cargo diplomático y consular, para nada importa en este gobierno la formación profesional.

– Antonio Burgos Martínez. Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la Embajada de Colombia ante Panamá. Es médico de profesión, sin ningún tipo de experiencia en cargos relacionados a las relaciones exteriores del país, llega a ostentar el cargo que requiere 25 años de Servicio en la Carrera Diplomática y Consular. Su único mérito para el puesto: esposo de la Directora del C.D. en el departamento de Córdoba, María Teresa Haddad.

– Daniel Alberto Cabrales Castillo, ex senador del C.D., embajador de Colombia en República Dominicana. La Corte Suprema de Justiciaabrió investigación en su contra su calidad de senador, porque habría recibido, según el abogado Leonardo Pinilla, 90 millones de pesos para su campaña política; recursos al parecer provenían de los desembolsos realizados por la Gobernación de Córdoba para el manejo de pacientes con hemofilia.

–Jaime Alberto Mejía Alvarán. Uno de los casos más evidentes de favoritismo partidista, “mermelada diplomática”. Nombrado Consejero de Relaciones Exteriores en la Embajada de Colombia ante el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, señala que “el presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición”; no obstante el 13 de septiembre era aún el presidente del Concejo de Medellín y no fue sino hasta el día diecisiete (17) de Septiembre de 2019, que presentó su renuncia ante el Concejo de Medellín; es decir, que entre el doce (12) y diecisiete (17) de Septiembre -6 días-, ocupó de forma simultanea dos cargos públicos.

– Ximena Durán Sanín, nombrada ministra plenipotenciaria en el Consulado colombiano de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El Consejo de Estado dejó en firme la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró nulo su nombramiento de por estar plagado de irregularidades.

– Emmanuel Arango. En 2015 fue candidato del C.D. para la Alcaldía de Ibagué, se quemó. Fue codirector del Partido en el Tolima, en 2018 candidato al Senado por el C.D. Fracasó en este segundo intento. Por su uribismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo nombró Director Técnico Grado 22 de la Dirección Administrativa y Financiera adscrita a la Secretaría General de la Cancillería. Ahora bien, aunque Arango cumple con el requisito de Carrera Profesional, es abogado, no tiene ningún tipo de experiencia en el sector de Relaciones Exteriores. Su única experiencia ha sido como Contratista del Municipio de Flandes. El Canciller, como consolación, le entrega a su amigo personal la entidad que maneja el presupuesto general de toda la Cancillería y de las Embajadas en perjuicio de Luis Armando López Benítez, quién desde abril de 2017 manejaba esta dependencia dentro de la Cancillería.

Resultan insuficientes las justificaciones del primer Ministro de Relaciones Exteriores de Duque en cuanto que son nominaciones en provisionalidad y el 30% de los embajadores son de carrera, pues ello demuestra el poco interés del gobierno nacional para que el servicio exterior del Estado tenga continuidad y eficiencia, algo que solo se logra con personal idóneo y de carrera, preparados para este servicio especial, y porque con el 70% de embajadores ajenos al cuerpo diplomático del Estado da la impresión de obedecer a razones muy distintas que de las necesidades del servicio exterior. ¿Pago de favores?

Seguro que algún lector(a) dirá que esta es una vieja costumbre gubernamental y no exclusiva del actual. Sí, es cierto que todos los mandatarios han acudido a este trato de favores, pero no por ello debemos conformarnos con “el mal de muchos, consuelo de tontos” porque: i) ese conformismo es lo que nos tiene como estamos, ii) el presidente Duque prometió en campaña combatir la corrupción y ser austero y no ha cumplido y esos salarios lo pagamos todos los colombianos; iii) no son pocos los problemas e inconvenientes surgidos tanto en la administración nacional como en el servicio exterior, como el conocido impasse del embajador Santos en Washington denigrando del mismo Estado anfitrión y de su jefe inmediato, insinuando una intervención militar en Venezuela, y los más recientes, en plena pandemia, de maltrato de la cónsul en Argentina a una estudiante que demandaba regresar al país[1], del cónsul en México que coaccionó a otro estudiante para que no dijera que regresaba al país en vuelo humanitario luego de ganar una tutela para ser incluido en este. Y, el más grave pero sin eco en el país, la acusación de acoso sexual contra el cónsul en Islas Canarias (España). Este personajillo es el padre del representante a la Cámara por los colombianos residentes en el exterior y miembro del C.D., y iv) todas estos nombramientos se hacen en detrimento de los funcionarios de carrera que se han preparado para representar al Estado colombiano en el exterior con conocimientos propios de esa función.   

Apreciado(a) lector(a), no queda duda de que en esas condiciones no son creíbles ni posibles los frecuentes llamados del presidente Duque a la unión, a sacar entre todos adelante nuestro país porque sus actos contradicen sus inocuas palabras.

Tolimeo

Julio de 2020

Fuentes:

• Antonio Sanguino, La Mermelada Diplomática en el Gobierno Duque Debate Comisión Segunda del Senado de la República, debate de control político, Abril 2018.
• Eltiempo.com (varias ediciones)
• Lavanguardia.com (10/02/2020)
• LaFM (20.08.2019)

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[1] Esta funcionaria no fue nombrada por este gobierno pero no era de carrera y estaba provisional.

Se volvió costumbre nombrar un Fiscal que sirva a los intereses del gobierno postulante que  a los de la nación.

Estimado(a) lector(a),

Mientras el Covid-19 continúa su ascensión en el país en número de contagios, fallecidos, pacientes recuperados, UCI ocupadas, la economía con cifras preocupantes a la baja, reflejo de las medidas drásticas adoptadas por los gobiernos nacional, locales y departamentales con el propósito de detener la expansión acelerada del virus, otros graves problemas siguen su curso, menguando la credibilidad de las instituciones y dirigentes nacionales. La corrupción no cesa. La eliminación de líderes sociales continúa sin tregua y sin respuesta convincente de parte del gobierno para detener esa sangría y la lentitud de las investigaciones criminales que acarrean  impunidad que contradice el Estado de derecho y democrático que se predica de nuestro país.

La impunidad en materia criminal es uno de los problemas que desborda incluso la imaginación del más perspicaz. Si bien la responsabilidad no reposa solo en la Fiscalía General de la Nación, sí mucho tiene que ver con esta grave falla, de ahí  que  cada día sean más las dudas y la desconfianza que genera en nuestra sociedad, con sobradas razones.

Con la creación de la Fiscalía General de la Nación por el constituyente de 1991 (06/07/91) se reemplazó el sistema penal inquisitivo (escrito) que operaba a través de los jueces de instrucción criminal para los delitos más graves, por el sistema acusatorio (oral). El objetivo principal de este cambio fue disminuir la impunidad en materia penal que en 1990 era del 97%. Se pretendía acabar con las lentas y engorrosas investigaciones y el juzgamiento de casos que cada día aumentaba el número de expedientes en los despachos judiciales, creando congestión que, de paso, conducían a la libertad de un sinnúmero de sindicados por vencimiento de términos o  prescripción de la acción penal.

Veamos si se ha logrado el propósito de pronta y cumplida justicia con la Fiscalía General de la Nación.

Nuestra Fiscalía mas parece una copia de su similar de Estados Unidos que de otros países (En España, por ejemplo, el Ministerio Fiscal  tiene otras funciones aparte de su intervención en el proceso penal, en Francia el Procurador tiene un campo de acción más amplio y trabaja de la mano con jueces de instrucción criminal), que no tuvo en cuenta las particularidades de nuestra idiosincrasia o, quizá, porque faltó un análisis más riguroso sobre las consecuencias, positivas y negativas, de un cambio tan radical en nada menos que la manifestación más elevada de la rama jurisdiccional: hacer pronta y cumplida justicia[1], no solo para los autores de actos delictivos sino para todo el colectivo social, la nación. No de otra manera se explica que mientras en el país del norte la fiscalía funciona porque se cumple lo que se decide o acuerda, aquí es frecuente, por no decir diario, el incumplimiento de las normas legales ya por negligencia o laxitud de los fiscales, ya por maniobras dilatorias de otros auxiliares de la justicia, como los abogados, peritos y otros adscritos al órgano judicial.

Frecuente es escuchar en los medios de comunicación que X personaje salió en libertad porque se acogió al principio de oportunidad: acuerdo entre la Fiscalía y el incriminado que acepta en su totalidad o parte de los cargos que se le imputan y se compromete a colaborar con la investigación: delatar a sus compinches, a devolver los bienes adquiridos de manera ilícita e indemnizar a la víctima cuando haya lugar a ello. Sin embargo, al salir libre se descubre que su colaboración con la Fiscalía ha sido poco relevante y, lo peor, casi nunca ha restituido los bienes adquiridos fruto del delito y, menos, indemnizar a su(s) víctima(s). Es de diaria ocurrencia la libertad de un detenido por vencimiento de términos, porque el fiscal del caso dejó pasar por incapacidad o por desidia, el término legal para presentar ante el juez de la causa el escrito de acusación en audiencia pública, o por algo también frecuente: la dilación de las diligencias procesales provocando el vencimiento de los términos previstos por la ley para la acusación, o porque el delito prescribió y ya no se puede proceder contra el imputado (esto último, por lo general atribuible a las partes, en especial a los abogados defensores).

Las fallas observadas en el funcionamiento de este organismo vital en la estructura y funcionamiento de la rama judicial, no obedecen de manera exclusiva a debilidades, desviaciones y abusos de los Fiscales que ha tenido desde su creación; no, varias de éstas derivan de la misma Constitución Política de 1991 y de la ley, como:

1. La postulación y nominación del Fiscal General de la Nación. La terna para el nombramiento del Fiscal General en manos del Ejecutivo nacional ha sido  motivo de polémica porque poco a poco la tendencia es que el presidente busca con la terna se nombre un Fiscal que sirva no a los intereses de la nación sino a los intereses del gobierno. Hoy no se postulan ni se nombra a un jurista probo, preparado en la disciplina del derecho criminal y con reconocida experiencia profesional como magistrado, académico o litigante, independiente y con una ética sin tacha, no, prevalece es la amistad con el presidente. Lo hemos visto con los tres últimos Fiscales que han actuado más como funcionarios del gobierno nacional que como autoridad autónoma e independiente llamada a velar por los derechos de todos los colombianos. Eduardo Montealegre quiso “colaborar” tanto con el proceso de paz que se discutía en La Habana, que sus propuestas chocaron con las del gobierno Santos. Néstor Humberto Martínez pasó de ser superministro de Santos a Fiscal. A diferencia del anterior, no trabajó por el gobierno sino contra él, traicionándolo como lo hiciera Cambio Radical, su partido político, y terminó convertido en piedra en el zapato para la implementación del proceso de paz; además, fue una Fiscalía sesgada con clara inclinación a favor del conglomerado financiero más poderoso del país, el Grupo Aval, su antiguo jefe, dejando dudas en el campo ético por el conflicto de intereses (públicos y privados) en el caso de corrupción de Odebrecht. El actual Fiscal, Francisco Barbosa, no alcanzó a posesionarse cuando ya estaba actuando de manera selectiva defendiendo los intereses de su postulante y amigo de bancas universitarias, el presidente de la República, y procediendo de manera por lo menos ligera contra adversarios políticos del jefe de Estado y su partido político.

2. Los requisitos para ser Fiscal. La Constitución Política estableció los mismos requisitos para este cargo que los requeridos para ejercer la magistratura en cualquiera de las cuatro altas cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura). Ciertos analistas y juristas consideran que es imprescindible un requisito más: ser experto en derecho penal como quiera que el Fiscal tiene la iniciativa de la acción penal y la conducción de la investigación criminal hasta la acusación o preclusión de un caso. Los detractores de esta posición alegan que no es el Fiscal General en persona el que lleva cada caso penal sino que dicta las pautas políticas para el funcionamiento del organismo acusador. En mi opinión el Fiscal no es un gerente o administrador de un ente burocrático sino el máximo director de la persecución del crimen y, por tanto, su deber es adoptar y ejecutar una política criminal encaminada a solventar las dificultades investigativas y a mejorar la administración de la justicia. Hoy no es así, la mayoría de las veces se procede según conveniencias o intereses particulares, partidistas, o de coyuntura política. Han sido contados los Fiscales con perfil de penalista, con un conocimiento profundo del derecho criminal en su teoría y su praxis.

3. El exiguo control de su gestión. La Fiscalía se ha convertido por obra de su dinámica y su mezcla con la política partidista en un monstruo con poderes excepcionales y poco control por parte de los organismos competentes para ello. Los órganos encargados de su vigilancia y control sucumben a toda intención de controlarla porque el poder de aquélla es inmenso,  sirve tanto como moneda de cambio (pago de favores) como para intimidar y coaccionar: el numeroso staff de la Fiscalía y entidades adscritas a ella pueden satisfacer o premiar apetitos de gobernantes, políticos y magistrados de las altas cortes que, como se ha visto, también hacen parte de la red clientelista que se alimenta del presupuesto del órgano acusador con el nombramiento de recomendados de magistrados de las altas cortes. Sea por favores sea por coerción e intimidación los competentes para vigilar su acción y su presupuesto se inhiben de cualquier intento de ponerla en cintura. De esta manera la Comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, competente para investigar presuntos delitos del Fiscal, la Corte Suprema de Justicia como nominador del Fiscal, la Procuraduría y la Contraloría como órganos de control, son mas bien cautas para allí  intervenir pese a las fallas evidentes en su funcionamiento. Es ese poder sin casi control que el Fiscal Montealegre creó unas dependencias internacionales del ente investigador sin que se tenga noticia de su beneficio, despilfarró millones de pesos en la creación de una universidad especializada que nació muerta y le otorgó a una conocida periodista millonarios contratos para mejorar la metodología investigativa de la Fiscalía, tampoco se sabe nada de sus resultados en el avance de la investigación criminal. Sobre estos fiascos del Fiscal Montealegre no hubo una sola observación por parte de los otros dos entes de control del Estado, la Contraloría y la Procuraduría.

Los puntos negros del mandato de Néstor Humberto Martínez no estuvieron en el manejo y destinación de los recursos de la Fiscalía sino en el sello sesgado y parcial que le imprimió a sus actuaciones, en particular en favor de los intereses de su antiguo patrón, el Grupo Aval (Navelena, Corficolombiana) y al no disimulado propósito de torpedear el Proceso de Paz, teniendo como blanco de sus dardos la Justicia Especial para la Paz, JEP, en detrimento del derecho a la justicia y a la paz de toda la nación colombiana.

Ejemplo vergonzante de despotismo, amiguismo y pago de favores lo encontramos entre los actuales Fiscal General de la Nación y Contralor General de la República: mientras la esposa del primero es la mano derecha del segundo, la esposa de éste es la de aquél. Un cuadro que no sabe ni entiende de ética ni de transparencia en la función pública. Además, el Fiscal Barbosa no quiere declararse impedido y apartarse de las investigaciones relacionadas con la “ñeñepolítica” que tocan al presidente Duque con maniobras dudosas en la campaña electoral. La amistad entre éste y aquél ponen en entredicho su autonomía e independencia del jefe del ente investigador.

Vuelvo al principio de esta epístola: mientras la pandemia sigue dejando una estela de daños de todo tipo en el tejido social, la impunidad, escudada hoy más que nunca en la parálisis casi total de la rama judicial (los términos suspendidos), cubre con un velo espeso y oscuro casos aberrantes de criminalidad de cuello blanco, como el de Interbolsa donde casi todos los autores están libres y cientos de víctimas de la gran estafa sin recuperar sus bienes; los dos sonados casos de estafas con las libranzas (Elite y Estraval), sin ningún detenido y miles de millones de pesos de cientos de pequeños ahorradores esfumados; la compleja maraña de corrupción de Odebrecht donde una de las primeras medidas tomadas por el actual Fiscal fue cambiar la Fiscal del caso y los verdaderos jefes de la trama siguen sin ser tocados por el ente investigador, a pesar de que todos suponen quiénes pueden ser; la corrupción, las “chuzadas” y perfilamientos en las fuerzas armadas como la corrupción en la Policía nacional siguen a paso de tortuga; de REFICAR no se volvió a tener noticia; y la ministra del Interior dando explicaciones peregrinas por el exterminio físico y cotidiano de líderes sociales y defensores de derechos humanos mientras la Fiscalía guarda silencio o va a silente paso en sus investigaciones; miles de audiencias se retrasan o no son programadas, y así hasta llegar a la maraña en que quieren envolver el affaire de la “ñeñepolítica” que pone un manto de duda en la elección del presidente Duque, nos muestran que algo está fallando en el ente rector encargado de perseguir el delito y llevar ante los jueces a sus autores.

Amigo(a) lector(a), con las anteriores consideraciones ¿cree usted que la justicia penal con la Fiscalía ha mejorado en comparación con la que existía antes de 1992 año de su iniciación? ¿Cree usted que en la justicia colombiana el derecho a la igualdad ante la ley se cumple?

Hasta pronto,

Tolimeo

Junio de 2020

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[1] Si bien son los jueces los que hacen justicia con sus sentencias, la Fiscalía es el pilar fundamental para que los delitos y las pruebas  lleguen al conocimiento de los jueces.

¿El Centro Democrático busca recuperar una base social que parece ya no le come cuento?

Apreciado lector,

Quería aparcar por un momento a los gobernantes, los políticos y la mecánica política (sí, eso es lo que hay en nuestro país) y dedicar esta epístola a comentar el fútbol nacional y su crisis, agravada por el parón del campeonato profesional motivado por la pandemia, pero un peso pesado de la política nacional apareció de manera inesperada (para algunos, no para mí), no en los escenarios deportivos sino en los burocráticos donde se maneja y controla el fútbol profesional en sus dos divisiones, la A y la B, para tirarle un salvavidas a sus directivos. Esto me llevó a cambiar de idea.

Antes de comentar la entrada en escena del jefe-fundador del Centro Democrático (CD) como salvador de los rectores de este deporte a nivel profesional, la Federación Colombiana de Futbol (FCF) y la División Mayor del Fútbol (Dimayor), para decidir la época de reinicio del campeonato de fútbol, ¡el gran espectáculo de masas y de las familias  locombianas!, es preciso decir que los llamados clubes de balompié no lo son tanto si nos atenemos a la definición que la RAE le da al vocablo club: conjunto de personas con un interés o actividad común, siendo más bien un negocio particular de ciertas personas que se lucran, pierdan o ganen sus equipos. Un club de futbol colombiano en poco o en nada se parece a los clubes deportivos del viejo continente o de los países suramericanos con tradición balompédica, ya por los deportes que cubren ya por sus miembros o socios. El Real Madrid lo componen algo así como 103 mil socios; el Barcelona, 93 mil socios y así el Athletic de Bilbao y demás de España; el Inter, el Milán, Juventus o Roma en Italia; el Manchester United, el Liverpool o el Arsenal en Inglaterra; o el Flamengo, el Corintias, el Botafogo en Brasil; o el River Plate, el Boca Junior en Argentina; o el Nacional y el Peñarol en Uruguay, por poner solo unos ejemplos. Reconozco que cada día hay más clubes de propiedad de una persona o empresa, pero en general los clubes deportivos son asociaciones con un número importante de miembros con un interés común: el deporte. No es nuestro caso, los tales clubes no pasan de ser equipos de fútbol, sin más disciplinas deportivas en su seno, propiedad de un reducido grupo de personas y, en algunos casos, de un solo dueño que hace lo que le da la gana con su equipo sin importarle las ilusiones y deseos de sus seguidores (hinchada o fanaticada): Junior es una empresa más de la familia que hoy por hoy controla la economía y la política en Barranquilla; América de Cali, que tuvo en el pasado unos poderosos y peligrosos propietarios,  hoy es un negocio de un reconocido comerciante de víveres y abarrotes; Atlético Nacional a pesar de tener un gran número de aficionados es de la organización Ardila Lule (Postobón y RCN); Deportes Tolima de un ex político y comerciante que hizo famosa una marca de pollos,  y así casi todos. Algunos de estos empresarios del futbol, como el actual dueño del Cúcuta Deportivo, lo mismo le da que el conjunto juegue en Cúcuta que en Valledupar o cualquier otra ciudad que le facilite un estadio, pues él es amo y señor del mismo.

Si por el número de socios y el único deporte que fomentan, el calificativo de club les queda grande, qué decir del entusiasmo que despiertan entre sus seguidores de acompañarlos en sus juegos. Ojo, no confundamos la fiebre y la pasión que despierta la Selección Colombia con esta que comento de los mal llamados clubes. Con las contadas excepciones de los equipos tradicionales de Bogotá (Millonarios y Santa Fe), de Medellín (A. Nacional y el DIM), de Cali (Deportivo Cali y América) y Barranquilla (Junior), el resto de equipos cuando juegan de local lo hacen con estadios vacíos, huérfanos de asistentes. Incluso, se han registrado partidos en Armenia y Neiva con menos de 100 personas, hubo uno con 22 personas en las graderías. ¿Será la calidad del rentado nacional que determina la pobre asistencia a los estadios? ¿Acaso será la relación precio de entrada/calidad del espectáculo que lleva a esa orfandad?  ¿O será la violencia que poco a poco se fue apoderando más y más de los estadios, para ser más precisos  en sus alrededores con resultados absurdos como los homicidios de hinchas por portar la camiseta de su equipo favorito? (Por cierto, es un asunto al que las autoridades locales, regionales y nacionales y los empresarios del fútbol no le han dado el estudio y tratamiento que demanda en vista de su gravedad).

Y no soy tan ingenuo en creer que son sólo causas internas las que tienen al fútbol profesional tan pobre en calidad y en sus economías, no, la especulación que se impuso en el mercado internacional de futbolistas, convertida en boomerang en tiempos de coronavirus, con los elevados costos de fichas y salarios de las estrellas, impagables en devaluada moneda nacional hizo que ya no vinieran extranjeros de gran calidad ni que permanezcan nacionales ídem. Que vuelvan hoy James al Envigado, Cuadrado al DIM, Ospina al Nacional, etc., es impensable. La incuestionable crisis como deporte y como negocio que ahora viven los dirigentes por causa de la pandemia los llevó, primero, a pedir ayuda al gobierno nacional (al que habían menospreciado días antes) y luego al poder en la sombra, a quien le cayó como anillo al dedo para rentabilizar esta crisis, sacar provecho para sus intereses políticos y, de paso, mostrar que sigue teniendo las llaves de casi todos las puertas de la vida nacional.

La noticia de que el jefe-fundador del CD haría un conferencia virtual con los directivos de la Dimayor y presidentes de los clubes, terminó siendo una sesión de una comisión incidental del CD cuya principal conclusión (y decisión) fue la vuelta del futbol profesional  en agosto, contrariando la opinión del ministro del Deporte quien había dicho que dependiendo la evolución de la situación derivada del coronavirus, previo concepto favorable del ministerio de Salud, hacia septiembre se podría volver a las canchas y pistas nacionales. El ministro no tuvo más que conformarse con emitir un comunicado diciendo que su único interlocutor es la FCF. Fue tan contundente la decisión del jefe-fundador tomada en la asamblea democrática de su bancada con los dirigentes del balompié (como debe ser), que hasta se dio el lujo de hacer la programación de las actividades: en junio, entrenamientos individuales, en julio de conjunto y en agosto el reinicio del campeonato para que sus amigos de Medellín, dueños del gran negocio fútbol/radio/televisión no sigan perdiendo dinero y puedan cobrar por su canal cerrado. Pero ahí no paran los réditos del circuito político/empresarial/deportivo: al reiniciar el torneo balompédico el medio de comunicación de las tres letras, canal de tv y radio, podrá volver a levantar su alicaído rating, así sea en el campo del deporte, digo del futbol, y para que su comentarista estrella, el único que en el país de verdad sabe de eso, regrese a comentar en su planeta fútbol, pues ahora, ante la falta de su pan de cada día, se recicló como analista político con mediocres resultados, o ¿será acaso lo contrario, se volvió comentarista político como agradecimiento al gobierno y su partido que le suministra  material periodístico a su hijo y de paso a sus patronos antioqueños?

Apreciado lector, así estamos por el lado del fútbol nacional en época de coronavirus: las canchas vacías, nada de espectáculo que, por cierto, pocas personas echan de menos, salvo los que viven de él: los comerciantes del mismo y los periodistas y exjugadores reciclados en comentaristas que botan corriente futbolera unas 18 de las 24 horas del día.

Dije al principio que para mí no fue sorpresivo la entrada en escena del jefe-fundador en el terreno del fútbol profesional. La razón es simple, el predecesor del actual presidente de la Dimayor (también político en excedencia) fue un fiel escudero del jefe-fundador en el departamento del Huila y candidato derrotado en las pasadas elecciones departamentales y municipales. En otras palabras, el fútbol colombiano estaba en la mira del CD y la emergencia de la pandemia le esta sirviendo quizá de pista de lanzamiento en búsqueda de un beneficio electoral que puedan dar los hinchas del balompié en un intento para recuperar una base social que se le está yendo porque ya no le come cuento. La ocasión la pintan calva, dice el refrán popular.

N.B. Tolimeo no recuerda desde qué edad le gusta y comenzó a jugar futbol, aficionado no fanático de unos equipos nacionales y uno extranjero, reconoce que en los más de dos meses de ausencia de futbol en la tele no le ha hecho falta, en cambio sí las grandes carreras y clásicas ciclísticas de primavera y del verano que se aproxima.

Tolimeo

Junio de 2020

Estimado lector,

El gobierno nacional está tomando una serie de medidas con el objetivo de enfrentar la crisis económica y social que la pandemia del Covid-19 está causando en la población nacional, en especial, en los sectores más pobres y vulnerables. Estese o no de acuerdo con ellas, no se puede desconocer este esfuerzo que tanto el gobierno nacional como los regionales y locales están realizando para mitigar el impacto en la economía nacional como la de los hogares. Hablamos pues de las disposiciones económicas y no de las de carácter científico-sanitario que está tomando y gestionando la cartera de salud. Son los auxilios ya en dinero ya en especie que le están dando a los sectores populares más golpeados con el aislamiento social de casi dos meses, otorgados a través de programas como Familias en acción, Adulto mayor, Jóvenes en acción, el respaldo hasta de un 90% de los créditos bancarios y ahora el subsidio del 40% del salario mínimo de todos los trabajadores de las empresas reconocidas que, si bien no cubren la totalidad de los daños derivados de esta emergencia, sí son un alivio importante para la iliquidez de la casi totalidad de empresas nacionales en estos momentos. Decisión gubernamental que reconozco y consigno, sin olvidar que no son actos de desprendimiento y generosidad de los gobernantes que actúan motu proprio sino que son deberes derivados de los mandatos que el pueblo les ha entregado en las urnas y que cada uno de los gobernantes ha jurado cumplir a cabalidad.

Pero a la sombra de las medidas aludidas se están tomando otras que nada tienen que ver con la crisis, o que, si la tienen, van en contravía del propósito de solventar la emergencia y sí constituyen una mancha en la acción gubernamental por ser actos de corrupción, o de inconveniencia, que desvirtúan la transparencia que demanda la sociedad ante la magnitud de la emergencia que vive la humanidad en la actualidad.

Se ha denunciado con razón al gobierno nacional –presidencia, ministerios y departamentos administrativos- por contratos sobrefacturados, discriminación y direccionamiento en la adjudicación de ciertos créditos cuyos destinatarios eran los sectores más necesitados del campo nacional.  Así, en el ministerio de Defensa Nacional, se detectó la compra de insumos y otros productos sanitarios, como el tapabocas N95 cuyo valor comercial al por mayor es de máximo $10.000.oo (US$2,5) unidad, facturado a $45.000.oo (US$11,40) unidad, y fueron la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, organismos oficiales de control y no la prensa o una ONG, las que detectaron y denunciaron esta irregularidad. El ministerio de Agricultura a través de sus entidades Finagro y Bancóldex, direccionaron y favorecieron a grandes empresas agropecuarias con créditos blandos que estaban destinados a las pequeñas y medianas empresas del agro afectadas por la parálisis de la producción y economía. Asimismo, hay una denuncia pública contra la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo Desastres, adscrita al ministerio del Interior, en relación con la compra de mercados en distintos lugares del país con una desmedida sobrefacturación. Otro tanto ocurre con las compras, en especial de mercados, hechas por la mayoría de gobernaciones y muchas alcaldías con el mismo denominador común: la sobrefacturación.

Dejando de lado el tecnicismo de esperar los resultados de largas y exhaustivas investigaciones administrativas, disciplinarias y penales, estamos frente a actos de corrupción sin más arandelas.

Más grave aún es lo que pasa en el vértice del poder político: la presidencia de República y el Consejo Superior de la Judicatura. La Casa de Nariño renovó parte de su parque automotor por la bicoca de $9.600 millones; también lo hizo la rama judicial con la compra de 51 vehículos blindados por $13.276 millones, con destino a la Corte Suprema de Justicia. Estos dos contratos han sido justificados por los responsables de realizarlos con el argumento de que son compras que se venían tramitando de tiempo atrás y estaban presupuestados con anterioridad. La crítica en estos casos no es porque se hayan realizado sin la observancia de la ley sino por la inconveniencia de llevarlos a cabo en medio de una emergencia donde a las mayorías, se les ha pedido sacrificar sus economías (salarios, rentas, ventas, servicios, etc.) y a otros obligado a ello (los vendedores informales que viven del rebusque en la calle) mientras los gestores del tesoro nacional hace erogaciones que por lo inoportunas ofenden las sacrificadas mayorías nacionales. Son actos que bien pueden ser legales pero impropios, contradicen la austeridad pregonada y ofenden la sensibilidad social en época tan crítica que está afectando todos los aspectos de la vida individual y colectiva de nuestra nación.

Pero el colmo de los colmos es el contrato de la presidencia de la República por 3.350 millones de pesos (+/- US$900.000) con la firma Du Brand SAS con el objetivo de posicionar la imagen del presidente en las redes sociales en tiempos del coronavirus; contrato que va de abril a diciembre 2020. El dinero de este contrato saldrá de Fondo Paz,  es decir del presupuesto para la implementación del proceso de paz suscrito entre el Estado y las extintas FARC-EP. Si bien el presidente Duque no se ha pronunciado, su asesor de comunicaciones ha salido a justificarlo con el peregrino argumento que es de otro fondo de paz de donde sale el dinero. Sea cual fuere, es indelicado, impresentable que el presidente Duque, que tanto ha martillado sobre combatir la corrupción y ser austero (no olvidar que su partido, el Centro Democrático, siempre acusó a su predecesor de derrochón) haya dado un paso que echa por tierra su pretendida voluntad política de trabajar por los más necesitados. Los auxilios gubernamentales no dan derecho a derroche presupuestal por parte del ejecutivo.

Este acto de indelicadeza presidencial no puede quedarse en una simple emberracada como lo decía el escritor Oscar Collazos (q.e.p.d.) sino en indignación nacional, porque lo primero es un arrebato pasajero mientras ésta es un estado permanente que sólo se remedia con la acción, poniéndole coto a la causa que la produce.

El reconocimiento por las ayudas estatales no puede convertirse en bozal que nos calle ante la incongruencia y abusos del gobierno nacional.

Querido lector, no permitamos que el mundo gire sólo en torno al coronavirus, existen otros ejes y problemas y necesidades que si descuidamos nos conducirán uno o varios escalones más abajo en la calificación de nuestra ya precaria democracia.

N.B. Bueno sería que los altos funcionarios del Estado cuando vayan a Suiza de turismo o por asuntos oficiales (casi lo mismo) observen y pregunten sobre cuántos vehículos disponen los consejeros federales (los siete ministros que conforman el gobierno central), los parlamentarios nacionales o cantonales y en Bogotá le pregunten a un diplomático helvético en qué clase del avión hacen sus vuelos oficiales. Ah, y si van a Ruanda a ver los gorilas de montaña en el Parque Nacional de los Volcanes, indaguen sobre el número de vehículos oficiales de la presidencia de la República y los ministros del Despacho.

 Tolimeo

Mayo de 2020

Estimado lector,

Volví a la ciudad después de 45 días por diligencias que sólo allí se pueden realizar, de no ser así no lo hubiese hecho. En las vías escasos vehículos; en el primer semáforo que me detengo se pone delante de mí un indigente con dos naranjas o limones para hacer malabares buscando la moneda que seguro no será para la compra de un pan u otro alimento sino para comprar vicio, el pegante bóxer que lo mantiene alejado de la realidad del mundo. Fueron suficientes esos 30 segundos para que surgieran tal cantidad de preguntas y reflexiones que yo mismo quedé sorprendido: ¿Qué pensará una persona de la calle en una crisis como la que vivimos? ¿Será consciente del riesgo en que está, o acaso lo es pero sabe que no tiene nada que perder ni tampoco que ganar? ¿Qué pensará el policía que pasó a su lado y no lo determinó como si se tratara de un apestado del cual hay que alejarse lo más pronto? ¿Esta parte de la población es visibilizada por la autoridad de la ciudad, estará de verdad en su estadística y base de datos? ¿La autoridad habrá pensado que toda medida tomada para evitar la expansión del virus, en particular el aislamiento social, se puede ir al carajo con la nula medida de prevención prestada a esos ciudadanos marginales que deambulan por las calles, tocando autos, barandas, postes, vitrinas y tantas otras superficies que nos han dicho pueden ser depósitos del virus?

Llego a mi destino y mientras me despachan observo la gente del rebusque, el vendedor informal que también circula por las aceras de la avenida ofreciendo guantes, tapabocas, frascos de espray y otros cachivaches, asimismo advierto los cuidanderos de autos y los vendedores de frutas que con precarias medidas de seguridad buscan cómo ganarse el diario para sobreaguar en tiempos de coronavirus. Y lo mismo que unos minutos antes en el semáforo, las atropelladas cuestiones que me llegan –por no decir las mismas-  duran el resto del día y todavía hoy, unos días después, no encuentran respuestas satisfactorias. ¿Qué es más poderoso el temor al contagio y quedarse en casa o el hambre y salir para conseguir algo para llevar a su humilde hogar? ¿Los patrulleros que pasan por el sector no hacen cumplir las medidas de seguridad porque comprenden que estas personas salen por física necesidad, o será por temor a una eventual furia de unos ciudadanos necesitados si son requeridos por la autoridad? ¿A estos vendedores les habrá llegado un auxilio en dinero o en especie para paliar un poco este momento de sus vidas tan complicado? ¿Se incumple el mandato normativo por estado de necesidad o por simple indisciplina social? ¿Si esto pasa en una ciudad mediana qué pasará en los sectores populares de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla? ¿Será cierto que el clima caliente no es un buen ambiente para el coronavirus y por esta razón en esta ciudad es bajo el número de contagios en comparación con otras?

De regreso a casa caí en la cuenta que en la vereda donde resido no se ha presentado una sola autoridad informando y, menos, entregando a una familia, sí a una sola siquiera, un mercado desde el 20 de marzo que permanecemos en aislamiento pese a la pobreza en que viven muchos hogares campesinos. Si esto ocurre en una zona pobre pero más o menos central y de fácil acceso ¿qué pasará en el Chocó, en los antiguos territorios nacionales, o en el Cauca donde la guerra no ha cesado, por el contrario ha aumentado? ¿A dónde irán a parar los mercados y demás auxilios que promocionan en la radio y en la tele las muchas fundaciones que existen en el país?

Por más vueltas que le doy al asunto no llego a respuestas acertadas.

Y mientras esto ocurre en libertad, se acrecienta el drama de los presos -llamados ahora población privada de la libertad, PPL, para quizá respetarle a unos la presunción de inocencia y a otros su dignidad-, digo, drama que no tiene nombre, pero sí tiene responsables directos y fáciles de identificar. No pretendo en esta nota detallar las causas de la sobrepoblación carcelaria en el país, aunque sí hay que señalar que aquí la mayoría de políticos y gobernantes ya por demagogia ya por convicción han creído que la cárcel es la única medicina para toda conducta antisocial, sino de indicar que a sabiendas que la población carcelaria es uno de los sectores de mayor riesgo de contagio de la Covid-19 por las condiciones infrahumanas que vive la mayoría de los detenidos –señalo mayoría porque hay una minoría compuesta de políticos, altos burócratas y delincuentes de cuello blanco que tienen todas las comodidades como en casa- no se previó nada para evitar un contagio masivo en los centros de reclusión. Insisto, no se necesita ser experto para saber que el primer factor de transmisión es el hacinamiento y en algunos de ellos, sin exagerar, los presos viven empilados, unos encima de otros. Y lo primero que se le ocurrió al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, fue repartir a internos contagiados de la cárcel de Villavicencio, la primera donde se detectaron casos de Covid-19, a otros centros de reclusión: el virus viajó en vehículos oficiales a varias ciudades y lugares del país por culpa de la brillante decisión del máximo responsable de las cárceles del país – ¿por qué siempre se nombra a un policía como director del INPEC? ¿Acaso el sólo nombramiento los dota de las calificaciones que demanda tan delicado encargo? ¿No hay comunicación directa entre el director del INPEC y su jefe inmediato el Ministro de Justicia?

Como si fuera poco la grave situación actual en los presidios del país que podría desencadenar en gran tragedia, el ministerio de Justicia y del Derecho, bajo la dirección de una exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, no sólo se demoró un mes para expedir un decreto -546/2020- para permitir la salida provisional de reclusos para descongestionar así los centros penitenciarios sino que al final la norma expedida contiene tantas condiciones y requisitos que hará muy difícil que el ejecutivo logre su objetivo de liberar 4.000 personas en corto tiempo.

Esto ocurre la misma semana en que la prensa del sistema informó del nuevo éxito de nuestro país a nivel internacional y nueva vanidad para ostentar: El Estado colombiano es miembro de pleno derecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.  Con el ingreso al selecto grupo de los países desarrollados Locombia queda a la altura de Chile y México, los otros dos privilegiados de América Latina.

Con el perdón de los expertos y sacamicas del sistema, tengo que decir que no siento orgullo alguno por tal pedigrí, trabajado por el gobierno de Santos y recibido por el de Duque; lo contrario, tristeza y vergüenza me produce que tal logro no sea más que una máscara que le pusieron a la realidad nacional para ocultar las heridas y cicatrices de la miseria en que viven miles, por no decir millones de locombianos. Fuera de aportar soldados en alguna zona roja del planeta donde los amos del mundo tengan un contencioso por dirimir o un interés geoestratégico ¿para qué le ha servido al país haberse convertido en socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN? Todas las tareas que le impuso la OCDE al país como reajustes en los campos económicos y sociales, se traducirán en beneficios para las empresas y capital extranjero y muy poco en políticas de bienestar económico y social para las mayorías nacionales. No se necesita ser adivino para pensar que las buenas prácticas y la buena gobernanza que promueve este selecto Club de Estados desarrollados serán una quimera en nuestro país mientras no cambie el componente ético de nuestra dirigencia. Y así, hoy tenemos como embajador de Locombia ante la OCDE en París a don Jaime Castro, como premio a todo su trabajo en favor del NO en la campaña del plebiscito por la paz -02/10/2016-, tendrá que sudarla mucho para disfrutar la buena mesa y los buenos vinos de los restaurantes del barrio Latino y las plácidas caminatas por los Campos Elíseos y, por qué no, los espectáculos culturales del Moulin Rouge.

Apreciado lector, dos vivencias, una personal y otra nacional, observadas esta semana nos muestran la verdadera cara de un país que poco a poco va quedando al desnudo por causa de la pandemia del coronavirus,  descubriendo las llagas que nos quieren ocultar.

Tolimeo

Mayo de 2020