¿Se justifica la propaganda o publicidad excesivas de las entidades oficiales que no venden un producto ni tienen competencia en el mercado? ¿Quién controla los pagos, si se dan, de las recompensas ofrecidas por entes estatales luego de un crimen de impacto nacional?

Se volvió “normal” en nuestro país la revelación semanal de un caso de corrupción; asunto que será ocultado a la siguiente con otro y con el transcurso del tiempo se diluyen en la memoria colectiva y sus autores vuelven a la escena pública como si nada hubiese pasado: hoy quién se acuerda de Saludcoop, de REFICAR, de Odebrecht, de Interbolsa, los Planes de Alimentación Escolar (PAE) y otros escandalosos asuntos cuyo perdedor será siempre el país trabajador que con sus impuestos sostiene la voraz burocracia que dispone del presupuesto nacional como su fuente de riqueza. Sin retroceder mucho en el tiempo, el perverso fraude del consorcio Centros Poblados con la venia de la Ministra de las TIC, parece esfumarse con el nuevo escándalo de corrupción protagonizado por un asesor de la Jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, María Paula Correa, quien en un tráfico de influencia sin par logró obtener 25 contratos oficiales para su esposa por un valor superior a los $1.200.000.000.oo, sin que la jefe haya siquiera dado la cara a la opinión pública, menos el presidente Duque.

El drenaje de los caudales públicos no se produce sólo por medios explícitos o delictivos como los antes mencionados sino por otros quizás más sutiles y discretos pero no por ello menos nocivos para la nación. Pienso en el oneroso gasto que representa para tesoro nacional la excesiva publicidad y propaganda de entidades oficiales en medios audiovisuales e impresos del país de sin objetivos claros. Si propaganda es el anuncio con el fin de difundir una idea o una causa, y publicidad es el instrumento para ofrecer un producto, un servicio o una marca ¿se justifica toda la propaganda o publicidad públicas que no venden ni tienen competencia en el mercado? Eso sucede con la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras entidades cuyas funciones estatales son únicas en sus respectivas áreas de servicio y sus objetivos están descritos en la Constitución Política y la ley. ¿Acaso un ciudadano, por más ignaro que sea, no sabe que su cédula de ciudadanía, por ejemplo, se la expide la Registraduría del Estado Civil y no otra entidad? o ¿que la Fiscalía es la encargada de investigar los delitos y no otra? ¿Un anuncio en la radio, la televisión o la prensa escrita mejora sustancialmente el servicio o aumenta el número de usuarios de las mismas? Insistimos, son organismos únicos, sin par y sin competencia en el país. No hacemos referencia al mensaje institucional que tiene como fin facilitar la comprensión de sus funciones y objetivos o divulgar una campaña específica del organismo que lo emite, como es el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), o el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y otros organismos públicos. Es evidente también la publicidad de las empresas industriales y comerciales de la nación, departamentos y municipios, puesto que su razón de ser es la venta de un producto en un mercado competido, como las loterías y las fábricas de licores departamentales, mas no es el caso de instituciones que no producen mercancías ni venden servicios, por tanto sin competencia alguna.

Ahora bien, sabemos que la pandemia del coronavirus contrajo la economía nacional y aumentó los gastos para hacerle frente. Razón suficiente para que la austeridad sea la regla, como lo prometió el presidente Duque en campaña –claro, sin cumplir-, y en esta emergencia alguna publicidad oficial sobra y el dinero dedicada a ella estaría mejor situado en la reactivación de la economía. Breve, la crisis derivada de la pandemia es motivo suficiente y poderoso para eliminar todo gasto inane o fatuo en los entes estatales. En nuestra opinión, ese derroche presupuestal constituye, en cierto modo, un fraude más a las arcas de la nación pues las merman y son recursos que imposibilitan políticas y programas urgentes y necesarios: como más vivienda de interés social, la ampliación de la cobertura de la educación pública y la salud, la construcción y rehabilitación de carreteras terciarias y otras tantas necesidades que continúan sin solventarse por los gobiernos nacionales, regionales y locales. Es hora de poner freno a la contratación pública que obedece más al pago de favores políticos que a necesidades del servicio.

Si de verdad las autoridades gubernamentales quiere bien informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la razón de ser del Estado y la función pública deberían introducir en los programas escolares de primaria y secundaria una materia transversal sobre nociones básicas pero fundamentales de las instituciones y funciones del Estado, para que el futuro ciudadano comprenda cuáles son sus derechos y deberes y su relación con aquel. Antaño la educación cívica y urbanismo cumplían con este objetivo. De ser así la Registraduría del Estado Civil no tendría el pretexto para contratar una agencia publicitaria para que le cree un anuncio publicitario como el actual: “La Registraduría del Siglo XXI”, o que la Fiscalía pague por una propaganda con el objetivo de enseñarle al ciudadano que denuncie cuando sea víctima de un delito pero llevando las pruebas del acto delictuoso.

Los contratos de publicidad son uno más de los medios para esquilmar el presupuesto nacional, regional y local, pero hay otros como las nóminas paralelas –contratos de prestación de servicios- y otros. Llamo la atención sobre una política que si bien no es reciente -ya se aplicaba en la Violencia (1948-1964)-, hoy ha tomado una dimensión no cuantificable por la opacidad con que se maneja: las recompensas para informantes que ayuden a capturar a autores de delitos graves y de gran impacto nacional. En efecto, siempre que estalla una bomba, se comete un crimen contra personas relevantes de la vida nacional, o las víctimas son miembros de la fuerza pública –cuerpos castrenses y policía nacional- lo primero que hace el presidente, o el ministro de la defensa, o el gobernador, o el director de la Policía Nacional, es convocar un consejo de seguridad en el lugar del suceso y lanzar el monto de la recompensa para dar con el paradero de los responsables del crimen. Aquí es necesario precisar que unas son las recompensas civiles y otras las que ofrecen las entidades castrenses y de policía. Estas últimas, según  entiendo, provienen de fondos reservados, desconociéndose su monto y control; lo que sí conocemos es que se alimentan con los impuestos de todos los contribuyentes.

Las recompensas no son de poca monta, o sí, cuando se trata de un crimen contra un líder social, defensor de derechos humanos: la recompensa oscila en estos casos por lo general entre 20 y 30 millones de pesos, pero sí la víctima es una autoridad, un militar o un policía el Mindefensa, o el comandante del arma afectada, o el director de la Policía, ofrece recompensas que superan muchas veces los 100 millones de pesos y pueden llegar hasta los 2.000 y 3.000 millones de pesos. ¿Quién controla estos pagos, si se dan, cada vez que ocurre un crimen de impacto nacional? ¿Si se pagan esas recompensas quién certifica que se entregaron a los informantes? Preguntas válidas como quiera que se ha ventilado en la opinión pública que algunas de estas recompensas se han hecho efectivas pero los beneficiarios no han sido los terceros informantes sino algunos miembros de la fuerza pública, o que al beneficiario se les entrega una suma inferior a la establecida pero se les hace firmar por el monto acordado. ¿La Contraloría General de la República, como máximo ente de control fiscal del Estado, puede legalmente hacerlo? ¿Lo ha hecho? ¿Si lo ha hecho ha hecho público los resultados? Los casos más recientes y relevantes, en donde luego del ofrecimiento de recompensa se han capturado a presuntos autores están  el caso atentado al presidente de la República en el aeropuerto de Cúcuta y la captura de Otoniel, jefe máximo del Clan del Golfo.

Estos asuntos no tendrían mayor impacto para el tesoro público si fuesen esporádicos, pero no, no hay semana que no estemos frente a un nuevo acto delictivo y el consiguiente ofrecimiento de una generosa recompensa, por lo que se deduce que el fondo o fondos destinados a esta clase de compensación por servicios a la patria debe o deben ser robusto(s). Bien valdría la pena se le diera un mínimo de transparencia a un asunto de no poco valor que hoy se maneja con total opacidad.

Este es el año para empezar a suturar estas y otras venas rotas del erario nacional: ¡Usted decide!

Hasta la próxima,

Tolimeo

Enero de 2022   

N.B. Hablando de publicidad, causa cierta congoja escuchar anuncios publicitarios de universidades privadas patrocinando secciones de noticieros de radio y televisión, como cualquier otra empresa industrial y comercial ofreciendo rebajas en matrículas y otras gabelas educativas. Antaño, el prestigio de una universidad la daba la calidad de su educación, tal parece que no es el caso hoy en día.

En el inventario de la gestión pública poco, muy poco queda de la ética gubernamental

Es costumbre al final del año hacer balances: de la producción, del comercio, de la gestión pública, del deporte -la lista es extensa-, para establecer las pérdidas y ganancias, y el inventario restante luego del ejercicio empresarial, institucional, según el asunto de que se trate. En esta epístola, amable y paciente lector(a), pongo a su consideración el mío sobre el Estado, la función y el servicio públicos, como quiera que éstos incumben a toda la sociedad que lo sustenta.

Lo positivo. Aunque con fallas menores -plazos para aplicarlas, el acceso al certificado digital, los días sin IVA y otros-, el proceso de vacunación en su conjunto ha sido efectivo y hoy en día la mayoría de las personas que no están vacunadas en el país es por su negativa a hacerlo por diversas razones –ignorancia, religión, conspiración, etc.-, no por negligencia gubernamental. Por tanto, reconozco el esfuerzo positivo de las autoridades nacionales para enfrentar este problema sanitario.

Según expertos, entra en los haberes oficiales la reactivación económica con un crecimiento económico del 9,5% en 2021. Este dato positivo debe explicarse bien para ser creíble: otros analistas se preguntan de si ese incremento es en relación con el 2020, periodo de pandemia, o con 2019, antes de ella. Y es importante la aclaración porque si el comparativo es respecto del año anterior cuando la economía y la producción nacional estaban por el suelo, no tendría la relevancia que el gobierno nacional y los operadores económicos le dan; y la duda aumenta por la carestía o inexistencia de materias primas en muchos campos de la producción nacional: escasez de alimentos para animales, medicamentos, materiales para la industria de la construcción y otros, y el alza de precios casi a diario. Además, dicho crecimiento económico no se compadece con el desempleo y la economía del rebusque disparada, para paliar el hambre y la pobreza acentuadas con la pandemia pues son lacras que vienen de tiempo atrás. De lo que sí estamos seguros es que el beneficio económico es notorio para el sector financiero –bancos, aseguradoras, etc.-, el sector farmacéutico, empresas de servicio a domicilio y mensajería, pero no para la mayoría de las PYMES, las mayores generadoras de empleo del país, muchas de las cuales no tuvieron opción distinta a la de cerrar. Por tanto, el crecimiento económico es un dato que se recibe con beneficio de inventario y sin impacto positivo en las clases sociales más necesitadas del país.

Quizás otras actuaciones del Poder Público entren en los haberes de la historia oficial, pero las anteriores son las más notable en el lado positivo del fiel de la balanza. En cambio, la columna de los créditos es abundante en episodios y actuaciones que por sus consecuencias no pueden más que calificarse como negativos para el Estado colombiano. No pudiendo plasmar todas la perlas expuestas o vendidas entre las baratijas de nuestra miscelánea locombiana, algunas de perjuicio incalculable para las arcas materiales e institucionales públicas, exponemos solo un pequeño pero significativo muestrario, a saber:

1. La Mintic, Centros Poblados y la conectividad de más de ocho mil instituciones escolares de las regiones más pobres del país. Sin ninguna duda el escándalo más vergonzoso y pernicioso de los ocurridos en 2021 fue la licitación que ante toda advertencia por su inconveniencia, la ministra Karen Abudinen adjudicó a la unión temporal Centros Poblados, que resultó ser una asociación de bandidos de vieja data. 70 mil millones de pesos se esfumaron con la anuencia, la arrogancia y la complicidad de la Mintic que omitió la más elemental ética al mantener un asesor en su ministerio que fungía al mismo tiempo como asesor de uno de los consorcios participantes en la viciada licitación. Y más grave aún, la complacencia silenciosa del presidente de la República que luego de consumado el daño material y moral para la Nación, defendía la honorabilidad de su ministra para luego, ante toda evidencia, sugerirle la renuncia y premiarla nombrándola alcaldesa Ad Hoc para Montería. REFICAR, Saludcoop, Odebrecht, Hidroituango, son grandes casos  de corrupción en el país, pero este los supera no tanto por el dinero defalcado sino porque desde antes de otorgarse la licitación se habían advertido sus fallas y porque las víctimas son dos millones de niños pobres de apartadas zonas del país que se quedaron sin conexión a internet para estudiar.

2. El ministro de Defensa contribuyó con varias perlas. Este ilustre demócrata sin sonrojarse calificó a los niños bombardeados por la fuerza pública como “máquinas de guerra” cuando en realidad fueron víctimas de reclutamiento forzoso por grupos armados al margen de la ley. Con ello el Mindefensa los revictimizó en lugar de darles la protección que la Constitución y la ley le exigía. Y para que no quede duda de su mesura y prudencia, este alto funcionario, fungiendo cual fiscal o juez, acusó con nombres propios a líderes sociales y defensores de derechos humanos durante la protesta social de abril y mayo como miembros de grupos armados, exponiendo así sus vidas e integridad física cuando ejercían el derecho constitucional de la protesta. Mas no fueron las únicas salidas en falso del Mindefensa. En la visita del presidente Duque a Israel, al señor Molano le dio por usurpar la función de la ministra de Relaciones Exteriores y como tal declaró a Irán enemigo de Colombia, tal vez, para congraciarse con los anfitriones, los israelitas. Esta grave metida de pata del ministro de Defensa no le costó sino una aclaración por parte de su jefe, el presidente Duque.

3. El legislativo también aportó cifras rojas al balance 2021 del Estado colombiano. La particular forma de considerar la democracia por la presidente de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, del Centro Democrático, es sobresaliente: ésta ordenó a un colega de Cámara votar en determinado sentido un proyecto de ley en sesión plenaria. “Anatolio, vote Sí”, quedará en los anales de la Cámara como modelo de cómo se debe presidir este cuerpo colegiado encargado de aprobar las leyes del Estado. La señora Arias, para no dejar dudas de esta cualidad, en otra sesión se dirigió a un colega en estos términos: “Marica, ya no más, ya no más.” Y esta misma congresista fue demandada ante el Consejo de Estado por la misma universidad que le había otorgado el título de magister, para que se lo revoque. ¿La causa? Plagio de la memoria o trabajo de posgrado. 

4. La rama judicial no se quedó atrás en esta fuente inagotable para desacreditar la confianza de la autoridad del Estado. El honorable magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, sin medir consecuencias, manifestó ante los micrófonos radiales que en el asunto delicado por las implicaciones políticas -proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez-, los expresidentes de la República César Gaviria T. y Juan Manuel Santos C. habían llamado a varios de sus colegas de la Corte para influir en la decisión de la máxima instancia constitucional. La consecuencia no se hizo esperar: los apoderados de Uribe Vélez denunciaron al expresidente Santos y al mismo magistrado Linares ante la Fiscalía y Sala de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Por su parte, el magistrado autor del exabrupto expidió un comunicado donde se disculpa ante sus colegas e intenta enmendar la plana sin lograrlo porque las críticas arreciaron en lugar de amainar –los problemas y credibilidad de la judicatura merecen un comentario más extenso.

5. Mas no fueron sólo las tres ramas del Poder Público que produjeron actos y situaciones negativos en el curso del año que fenece. El Fiscal General de la Nación no podía faltar en esta feria donde la democracia y otros valores se vendieron a la baja. “Cada día que hay críticas a la acción de la Fiscalía General de la Nación, siempre hay que encontrar de estas críticas algún delincuente parapetado…”. Palabras del señor Francisco Barbosa en una de sus recientes apariciones en público. ¿Qué traduce esa oración? Simple: que todos los que se atrevan a criticar la actuación de la Fiscalía serán considerados por ésta como delincuentes. Esta advertencia parece tener como destinatarios directos a abogados, periodistas o cualquier otra persona que ose reprochar la acción del ente acusador. Es una sentencia a priori sin derecho a la presunción de inocencia, mucho menos a la defensa. Si esto viene de la cabeza del ente acusador ¿qué más podemos esperar los ciudadanos de a pie?

6. También el Registrador del Estado Civil, Alexander Vega, encargado entre otras de la convocatoria y organización electoral, respondió a políticos de la oposición que reclamaban garantías con esta perla: “El que no sienta garantías o crea que le harán fraude, pues no debería presentarse” [a las elecciones], contribuyendo a desvalorar aún más nuestra frágil democracia. Pareciera una frase más, una salida en falso, pero no, tiene connotaciones más allá de la política, como que toca con la ética en una función fundamental para el Estado de derecho. ¿Se podrá creer de la imparcialidad y transparencia del funcionario encargado de garantizar elecciones justas y libres a la oposición de cara a la contienda electoral de 2022?

7. La Escuela de la Policía Nacional de Tuluá, produjo una actuación que de no ser por su gravedad, produciría burla e hilaridad. So pretexto de homenajear a la República de Alemania, terminó exaltando a Hitler y el Nazismo. Sí, una jornada de afrenta e ignominia hacia un Estado amigo. La Dirección de la institución, como es costumbre oficial, aceptó la falla pero alegó desconocer el acto y retiró al coronel que dirigía el centro de formación. Hay razones para dudar de la ingenuidad de los responsables de tan bochornoso acto por ser el coronel retirado un especialista en ciencia política de una prestigiosa universidad de Bogotá. Además, días después se supo que la misma Escuela había realizado otra actividad similar y el objetivo fue el Ku Klux Klan. Es decir, fueron episodios con un trasfondo ideológico, de lo peor, por cierto.

8. Produce desazón la manera como el presidente Duque se refiere a ciertos compatriotas que por una u otra circunstancia están al margen de la ley –claro, no a todos porque algunos cercanos a él los ignora-. Miserables; criminales, la tumba los espera; se procederá a su extradición, son algunos de los epítetos y sentencias con que el gobernante se refiere a ellos. Además, sentencia la suerte de esas personas, desconociendo la separación de las ramas del poder público, fungiendo como juez, desconociendo el deber del Estado de investigar, acusar, juzgar y en caso de culpabilidad, condenar a toda persona, nacional o extranjera, que haya delinquido en nuestro territorio, y luego de cumplir su condena aquí sí extraditarla si ha sido solicitada. Parece que la ecuanimidad, magnanimidad e imparcialidad de un presidente hacia sus connacionales no es una cualidad de nuestro actual mandatario, que las reemplazó por la soberbia y el sectarismo.

Si bien estos episodios generados por autoridades estatales no fueron los más graves acaecidos este año generado por autoridades estatales, sí tienen una característica común: independiente de si constituyen delito penal o no, sí son claras faltas a la ética con que se debe ejercer la función pública. Actuaciones como las precedentes generan desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades e instituciones estatales; desconfianza y descrédito que se reflejan en los bajos niveles de favorabilidad en las encuestas nacionales. La corrupción no es sólo la “…práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores” sino en el “Deterioro de valores, usos o costumbres.” (RAE). En otras palabras, en el inventario de la gestión pública poco, muy poco queda de la ética gubernamental. Como epílogo trascribo lo dicho hace cientos de años pero tan vigente y aplicable a nuestro país:

Le preguntaron al matemático árabe Al-Khawarizmi [780 – 850 d. C.] sobre el valor del ser humano y éste respondió: “Si tiene ética, entonces su valor es = 1. Si además es inteligente, agréguele un 0 y su valor será 10. Si también es rico súmele otro 0  y será 100. Si por sobre todo eso es además, una bella persona, agréguele otro 0 y su valor será 1.000. Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor pues, solamente le quedarán los ceros. Así de sencillo: sin valores éticos ni principios sólidos no queda nada, solamente delincuentes corruptos y malas personas.”

Amable y paciente lector(a), aprovecho la última Epístola del año para desearle salud y éxito personal en el 2022. La paz y la prosperidad que todos anhelamos es un compromiso colectivo de todos los colombianos  que, a pesar de todas las dificultades, siguen estando a nuestro alcance si así nos lo proponemos en marzo y mayo del año próximo.

Tolimeo,

Diciembre de 2021

A propósito de la clasificación al Mundial  Qatar 2022

Aparco de momento lo trascendental de la vida nacional –la buena gobernanza que tenemos, la unión de los partidos ante las elecciones del 2022, el liderazgo nacional en Glasgow, la disminución drástica en las cifras de homicidios de líderes sociales y desmovilizados y la expectativa que  genera la injusta imputación del expresidente-, para hablar un poco de la tricolor nacional y sus aspiraciones de clasificarse al mundial 2022. No pretendo en absoluto fungir de periodista o comentarista deportivo, o de influencer, como llaman ahora a ciertos habladores en medios masivos de comunicación; realizo este ejercicio analítico y crítico como observador de a pie y amante del fútbol, como una constancia del momento futbolístico que vive nuestra selección y su posibilidad de estar en Qatar el año próximo.

Cierto, ya no son los tiempos en que jugar contra Brasil y Argentina constituía una pesadilla y a lo máximo que se aspiraba era a perder por el escore menos abultado posible, y un empate nos sabía a gloria. No, ya porque nuestro balompié haya mejorado su nivel técnico y competitivo, ya porque la verde-amarela y la albiceleste lo hayan bajado, hoy el fútbol está más equilibrado en Suramérica y una victoria o un empate ante estos oncenos no nos parece un milagro de una de las tantas divinidades tutelares de la patria. Desde 1990 la selección nacional ha ganado peso y prestigio, se mide de tú a tú con lo más selecto del futbol mundial; pero el 1-1 con Alemania en Italia 90, el 5-0 con Argentina en su casa (1993), o el 2-0 contra Uruguay, incluido el mejor gol en el Mundial Brasil 14, ¿son suficientes para decir que estamos en el techo del firmamento futbolero internacional?

No tanto, pero avanzamos. Necio sería negar el progreso de la tricolor nacional, como también desconocer el surgimiento en los últimos años de jugadores nacionales dotados futbolísticamente que pueden –si quieren-, desempeñarse en cualquier equipo del mundo. No nombro a nadie para no pecar de injusto dejando otros por fuera, pero hoy en día, el jugador criollo tiene mejor preparación física y técnica que hace unos años y, por lo general, lucha con pundonor hasta el final sin desmoralizarse como antes. Sin embargo, aún falta superar baches y altibajos, pues persiste temor y reverencia ante adversarios extranjeros, máxime si de una estrella se trata, como ocurrió contra Brasil, con Neymar desde el comienzo del partido intimidando tanto al árbitro como a sus rivales con sus palabras, gesticulaciones y brusquedades. Pareciera que no se tuviera la convicción que se está jugando de tú a tú y no con los dioses del pasado. Exceptuando las dolorosas y vergonzosas derrotas ante Uruguay y Ecuador – un tanto sospechosas por parte de los que jugaron-, la selección ha ganado en entrega, actitud, lucha y pundonor pero, insisto, todavía falta un poco más.

La selección Colombia ha tenido buenos arqueros desde el siglo pasado, así algunos hayan encajado muchos goles, pues no todo dependía de sus habilidades o debilidades sino de defensas flojas, lentas y a veces ingenuas que no los protegían como debía –o debe- ser. Hoy, el titular es un portero de experiencia en torneos de máximo nivel cuya calidad es indiscutible. No ocurre lo mismo con una defensa intermitente en composición y eficiencia: un partido excelente y al siguiente de bajo nivel, con distracciones graves –el gol de Paquetá-, a veces carente de ritmo y coordinación, debido quizá a falta de continuidad en la titularidad. Produce muchas faltas innecesarias al borde del área creando zozobra, peligro y hasta gol en contra a causa de ellas. La continuidad de los defensores es fundamental para la seguridad de un equipo: Ramos y Varane en Real Madrid, Puyol y Piquet en Barcelona, Chiellini y Bonucci en Juventus, Tiago Silva y Marquinho en el PSG, son ejemplos de defensas consolidadas por constancia en el trabajo de sus componentes. La tricolor nacional por diversos motivos no ha tenido regularidad en su defensa, con la consecuente pérdida de ritmo y eficiencia.

El medio campo es, en mi opinión, el gran talón de Aquiles del combinado nacional. Sea que juegue con cuatro, con tres, o con cinco volantes funciona más o menos bien en la contención, no así en la creación, hilando jugadas, pases precisos para que el delantero marque goles. El medio campo del Mundial Brasil 14 fue, con el respeto y admiración del de Italia 90, el mejor que ha tenido Colombia en juego-resultado. Los roles de los quitadores de pelota y los creadores y la colaboración con la delantera fueron claros, precisos y decisivos para ese 5º puesto en la clasificación final. En Rusia 18, ese mismo medio campo coordinado y decisivo fue brillante en la contundente victoria contra Polonia 3-0. Hoy se ha retrocedido en el centro, pues se obstruye y recupera la pelota con técnica pero se falla de manera frecuente en la entrega: pases precipitados, muy largos o muy cortos, a veces predecibles para el contrario y en otras rifados o divididos, exponiendo al compañero al asedio inmediato del rival. En este apartado le cuesta a nuestra selección salir con el balón, pasarlo con sorpresa, velocidad, precisión y contundencia.

Y si el medio campo muestra indecisiones, la delantera se ha vuelto el principal problema a resolver, pues no tiene gol que es la magia y expresión suprema del fútbol. Todos nos preguntamos ¿cómo es posible que los convocados se destaquen por sus goles en sus respectivos equipos –Europa y América- y en la selección se conviertan en inofensivos atacantes, timoratos a la hora de chutar al arco contrario? ¿Será culpa del seleccionador que no ha sabido utilizarlos para que se entiendan mejor y den resultados? ¿Acaso será la actitud de los jugadores que se achican con la elástica nacional? Como no estoy en plan de adular ni de hacer crítica destructiva, considero que la responsabilidad es en gran medida del director técnico de la sequía goleadora, pero también los delanteros tienen incidencia en esta falencia goleadora. El conjunto, el andamiaje, la forma como está jugando la selección, muy atrás, con una gran distancia entre la medular y la delantera, con mediocampistas finos obstruyendo y recuperando la pelota pero imprecisos en el tránsito hacia el arco contrario, entregando mal y con frecuencia sin desmarque por parte de los delanteros. Además, como se ha observado en los últimos partidos en ocasiones un defensa, por lo general un lateral, inicia un contragolpe rápido pero se detiene en mitad del campo ante la ausencia de acompañamiento en su desplazamiento, o por no tener un compañero libre de marca que culmine el ataque; hasta ahí llega la sorpresa pero la fatiga si suma. También influye que algunos de delanteros poco hábiles con el balón, son rematadores, con marcas muy cerradas difícilmente logran romper el cerco defensivo. Asimismo, ciertos delanteros pierden el balón, algo corriente en un partido, pero no reaccionan para recuperarlo – pareciera que nunca han visto a Messi en ese plan.

En síntesis, la manera de encarar los compromisos, el planteamiento y la forma como se planta la selección en la cancha determina la soledad de los dos delanteros de nuestra selección, juegue contra una potencia como Brasil, o contra el más humilde como Venezuela. Hay directores técnicos que les funciona alineaciones de cuatro o cinco mediocampistas y uno o dos delanteros, pero los de verdadera vocación ofensiva –Guardiola, Luis Enrique, Klopp, Tuchel, Tite y otros-, siempre lo hacen con 4-3-3 o 4-2-4 porque saben que el gol no sólo es la esencia del fútbol sino la pervivencia en su cargo. Nuestra selección, repito, juega casi igual todos los partidos porque lo hace a no perder, sin vocación ganadora. No vale la pena citar las ocasiones en esta eliminatoria que teniendo la chance de ganar las desperdició porque lo importante era no perder –claro, no es culpa tampoco del director técnico las pifias increíbles que han restado tantos puntos en el tablero de la clasificación. No olvidemos, son profesionales del futbol, la mayoría con gran recorrido internacional, el técnico los convoca de acuerdo al rendimiento en sus respectivos equipos.

Siendo un grupo capaz si no cambia su mentalidad y la manera de enfrentar los adversarios que le faltan, por cierto, cada día menos, difícil será ver la tricolor en Qatar 2022.

Mas no se preocupe amable lector(a), nuestro país tiene otros problemas más importantes y delicados por resolver, al fin y al cabo el mundial lo veremos por la tv.

Tolimeo

Noviembre de 2021

Nota Bene. Reinaldo Rueda de manera contundente dejó sin argumentos a los fanáticos de James Rodríguez por su no convocatoria en compromisos anteriores: no eran razones emotivas o caprichosas sino técnicas y futbolísticas por las que no lo hacía. James, siendo uno de los mejores jugadores de la historia nacional, no está en la actualidad en óptimas condiciones para asumir el liderato que antes tuvo en la selección, como quedó demostrado en los minutos que tuvo ante Brasil.

De las reflexiones y lecciones que en todos los órdenes se han hecho sobre el coronavirus, causas y efectos y la crisis mundial que generó, quizás la concerniente a los derechos individuales y colectivos permita en el futuro próximo delimitar mejor unos y otros y así consolidar la confraternidad y la solidaridad, bienes tan caros a la humanidad.

Innumerables análisis y explicaciones se han dado, basados unos, en experiencias científicas, fundados otros, en especulaciones, cuando no siendo meras conspiraciones, en torno a la pandemia del coronavirus, sus causas y efectos: origen natural o en laboratorio, vectores de contagio, variantes –cepas-, consecuencias, negación del mismo, formas de prevenirlo, remedios, hasta llegar a las hoy controvertidas vacunas para inmunizar a las personas con el fin de evitar no el contagio sino como atenuante de sus efectos graves y mortales en caso de contagio. Es tal vez el tema de las vacunas el que mayor controversia ha generado entre defensores y detractores. Que la vacunación masiva no solo inmuniza a la persona sino que logra la inmunidad de rebaño y así su incidencia será menor, dicen los científicos, argumento utilizado por las autoridades –no todas – para adoptar sus políticas sanitarias en los cinco continentes; mientras sus detractores alegan desde su ineficacia, el interés económico de la industria farmacéutica, llegando, algunos, a teorías conspirativas, como que la vacuna es un instrumento de control de la humanidad mediante un chip incorporado a la persona inoculada, o para cambiar su ADN. Así pues, se ha logrado formar dos bandos a veces irreconciliables: el provacuna y el antivacuna.

Esta pugna conlleva a otra, entre los defensores de la libertad individual y los que consideran que el bien público o colectivo prima sobre aquella. En un lado encontramos los opositores a la vacuna por la razón que sea –ideológica, política, religiosa o científica- de que su libertad es absoluta, ilimitada y, por ende, nadie debe condicionársela y, menos, conculcársela de facto o de derecho. Al otro lado del fiel, hallamos no solo el científico que insiste en la vacuna como medio eficaz para atenuar la propagación del virus sino los defensores del derecho y el deber que le asiste a toda sociedad de protegerse de un enemigo común, letal en este caso, una manera de supervivencia de la especie humana. En otras palabras, el choque teórico tiene connotaciones en la praxis: los que esperan no se tome medida alguna y los que no sólo creen en la vacuna, sino que exigen una intervención más acelerada de todo el engranaje: desde la producción hasta la aplicación masiva del biológico como el arma más efectiva para combatir el enemigo global.

Nos preguntamos: ¿son los derechos y libertades absolutos? ¿Atenta el Estado contra el derecho individual cuando el gobernante interviene con el fin de aminorar el contagio masivo restringiendo la circulación o movimiento de todo el conjunto de la sociedad, incluidos los que defienden a ultranza “mi libertad”? ¿Qué tanta razón les asiste en este caso concreto a unos y a otros? ¿Los derechos, en concreto, el de la libertad individual, son ilimitados, o pueden ser restringidos en circunstancias específicas? ¿Prima el derecho individual de no aplicarse el antídoto contra el virus aun a riesgo de ser transmisor del mismo y poner en riesgo la salud y la vida de otros?

La pugna vacuna vs no vacuna no atañe de manera exclusiva al derecho positivo, como quiera que comporta un aspecto moral, ético: ¿es digna la actuación de una persona adversa a la vacuna que quiera participar en la vida social sin importarle el riesgo que significa su estado frente a los demás? En fin, creemos que la solidaridad y sensibilidad social también juegan un rol importante en esta crisis aún no resuelta por la humanidad. Si bien en nuestro país los antivacuna no constituyen un movimiento de la envergadura alcanzada en Europa, Estados Unidos y otros países, con manifestaciones y enfrentamientos con las autoridades, el tema no deja de ser inquietante porque una inseguridad política, jurídica o sanitaria en este campo puede ser fatal para el conjunto de la humanidad.

Sabemos que las libertades individuales manaron del pensamiento liberal, pero hoy en día trascienden esa filosofía y son pilar indiscutible del derecho y la democracia. También sabemos que los derechos, incluidas las libertades, deben estar reconocidos por el Estado para ejercerlas y disfrutarlas. Solo así puede comprenderse que el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la eutanasia, hoy son derechos reconocidos y garantizados por algunos Estados, mientras en otros no. Mas no porque el aborto, la eutanasia y el matrimonio homosexual sean derechos significa que puedan practicarse o realizarse en todo momento o circunstancia; no, cada legislación establece las condiciones y limitaciones que tienen estos, como todos los demás derechos: la vida, la integridad y seguridad física y mental, etc.

Cada quien tiene derecho a creer lo que quiera sobre este virus que mantiene en vilo la humanidad, que toca a pobres y a ricos, a países desarrollados o subdesarrollados y es, por lo mismo, un problema global que demanda un tratamiento ídem, cubriendo en lo posible a todas las personas. Por ello, así como mi derecho de libre circulación no me autoriza entrar en propiedad privada sin consentimiento de su propietario porque hacerlo significa violar su derecho; y a diario como ciudadanos chocamos con barreras fácticas o jurídicas que nos impiden circular o movilizarnos libremente: una calle cerrada o restringida por la autoridad por diversos motivos –seguridad, trabajos de rehabilitación-, la prohibición de entrar a un cine u otro recinto público por razones de la edad, etc., hoy el gobernante o la autoridad sanitaria para neutralizar los efectos del virus se ven abocados a restringir, limitar o condicionar ciertas libertades, sin que ello signifique una violación de los derechos humanos -desde luego se excluyen los abusos y excesos injustificados.

Quien ha optado por no vacunarse está en su libertad y no sería sano que el Estado u otra persona lo obligaran a lo contrario; pero el antivacuna no debería oponerse a que el Estado promueva la vacunación y adopte políticas conducentes a evitar la propagación acelerada del virus. De ahí surgió la exigencia de certificados de vacunación o pruebas Covid 19 (PCR) negativas para el ingreso a establecimientos públicos: restaurantes, museos, cines y otros recintos públicos. Alegar en estas circunstancias una negación ilegal de la libertad individual no es correcto y, menos, si el supuesto afectado es un antivacuna, pues como se dijo, se trata de limitaciones para evitar en lo posible un riesgo para terceros. Queda claro, que el Estado y la sociedad están en su derecho y deber de proveerse de las medidas adecuadas a evadir el contagio y así preservar la vida y la salud –derechos fundamentales-, así como la economía nacional y particular, entre otras.

Consecuente con lo antes dicho, este observador considera que la vacunación masiva es un imperativo legal y ético para los gobernantes y demás dirigencia social y, por lo mismo urge para que los Estados tomen más medidas para beneficio colectivo y promuevan una pedagogía que permita comprender mejor:

i) que el derecho laico y universal está por encima de consideraciones religiosas, ideológicas o políticas partidistas;

ii) que el bien común prima sobre el individual o particular;

iii) que cuando el estado de necesidad –emergencia por catástrofe, guerra, pandemia, etc.- el gobernante está facultado para adoptar las medidas y políticas que requiera para enfrentar y remover el obstáculo que causa o puede causar inminente daño a la sociedad que representa, incluidas las limitaciones temporales a ciertos derechos y actúe frente a las potencias y su industria farmacéutica que hoy impiden un derecho a la salud universal y equitativo para todos los seres humanos.

Amable lector(a), bienvenidas todas las exposiciones y explicaciones científicas, filosóficas, sociológicas, éticas, antropológicas e, incluso religiosas, que contribuyan a profundizar el conocimiento de un problema global que, quiérase o no, ha modificado mucho el arquetipo del ser humano y su entorno.

Hasta pronto,

Tolimeo

Septiembre de 2021

Para variar un poco he aquí algunos absurdos nacionales cuyos protagonistas fueron o son la clase dirigente y los gobernantes.

Amable lector(a),

El nuestro es un país donde lo que parece absurdo no lo es; donde la realidad superando la ficción dio origen al realismo mágico de Gabo; donde el sentido común es el menos común de los sentidos; donde la miseria y la tragedia sustentan la felicidad -¿acaso no predicamos ser el segundo país más feliz del mundo sin saber cuál es el primero?-; donde algunas acciones y situaciones ridículas, surrealistas, o desatinadas, más propias del Extraño mundo de subuso graficadasporel genial Irving Phillips, la mayoría de las veces no pasan de ser eso, una extravagancia, una simple sorpresa, un momento de hilaridad o de locura, que al poco tiempo de extraordinaria pasa a ser normal y corriente, por lo general sin consecuencias para quien o quienes la(s) provoca(n), no así para terceros. Estas incongruencias o absurdos no son exclusividad de nuestro país aunque sí frecuentes y su autoría o protagonista no es sólo la gente del común, de los de a pie, formales e informales  que poblamos ciudades, pueblos y veredas de la geografía nacional sino también personajes de nuestra dirigencia pública y privada.

La lista de situaciones y creaciones humanas donde la lógica o el sentido común pareciera inexistente es larguísima: algunos botones: en la construcción de la carretera Cajamarca – Calarcá después de terminar un viaducto los ingenieros y arquitectos se dieron cuenta que uno de sus extremos no se podía unir a la montaña porque ésta presentaba graves fallas geológicas; el puente Hisguara en Santander antes de ser entregado por el constructor a Invías se encogió y este puente acordeón sirvió para memes,  caricaturas y chistes sobre esta extraordinaria obra de ingeniería; y el reciente oso del Independiente Santa Fe derrotado por River Plate que no tenía arquero ni suplentes por causa del Covid y así, muchos.

Hoy comparto con ustedes cuatro episodios de la picaresca nacional que nos muestran cómo las luces se extravían y el resultado es lo más parecido a un túnel sin salida fruto de la improvisación, la dejadez, la indelicadeza, la soberbia, la indolencia o, lo que es peor, a la combinación del fanatismo y la torpeza de nuestra dirigencia política y gobernantes.

• La paz y la violencia

Hasta ahora no encuentro respuesta razonable a la pregunta que con frecuencia me hacen amigos extranjeros sobre cuál la razón para que nuestra nación haya preferido la guerra fratricida a la paz. El 2 de octubre de 2016, día del Referéndum por la Paz, lo pasé con un politólogo francés que no podía creer el resultado final. ¿Usted, amable lector(a) ha encontrado una explicación válida a esta bofetada a la inteligencia y a la vida misma? Lo peor no fue la derrota del Sí, sino que el No tampoco fue mayoritario porque la abstención fue superior a los votantes: El No ganó con el 18,42% y el Sí perdió con 18,26% del total del censo electoral de la época. Cómo explicar tamaña estupidez que hoy, casi cinco años después y pese a la refrendación del Congreso de la República y el visto bueno de la Corte Constitucional, nos tiene sumidos en una sin salida mientras el país se desangra.

• La destitución del alcalde por trabajar según su programa de gobierno

Sin presunción alguna en mi recorrido por algunos países, desarrollados unos, subdesarrollados otros, y ciudades, grandes y pequeñas, en ninguna parte supe de la destitución de un gobernante, nacional, regional o local, elegido por voto popular por bajar el precio de un servicio público en beneficio de los más necesitados, o por crear una empresa pública para prestar un servicio público a la comunidad. Aquí se destituyó un alcalde de Bogotá, D.C. porque le bajó la tarifa al servicio de Transmilenio en horas valle y creó una empresa pública para prestar el servicio de recolección de basura en competencia con cuatro empresas privadas. Destitución hecha por el Procurador General de la Nación (PGN), una autoridad administrativa no electa. Entuerto corregido por una Corte internacional. Sin embargo, la semana pasada la corrección exigida por el fallo internacional se pretende subsanar con otro exabrupto jurídico: otorgándole facultad jurisdiccional a misma PGN, para que siga, como se está volviendo costumbre, investigando y sancionando a senadores y representantes de la oposición.

• Protección del medio ambiente con glifosato y fracking

El actual mandatario de este país de ensoñación y locura, en su campaña electoral, el día de su posesión y en intervenciones posteriores manifestó su indeclinable compromiso en la defensa del medio ambiente, respaldando instrumentos y compromisos internacionales del Estado como el Protocolo de París y el Acuerdo de Escazú, peroel presidente Duque en la práctica  contraría sus compromisos dejando nuestro país, una vez más, en manos del capitalismo salvaje cuya regla máxima es la explotación y consumo desbordados. En efecto, su política energética de explotación de combustibles fósiles, el petróleo, mediante el mecanismo de fracturación hidráulica o fracking que, según evidencias en otras latitudes, produce graves daños al medio ambiente por el uso del agua en detrimento de las poblaciones adyacentes que lo necesitan para su consumo y equilibrio ambiental es prueba de ello. Es como estimular la pesca permitiendo hacerla con barbasco o explosivos. ¿Hay o no hay tremenda incongruencia entre el discurso y la práctica del gobierno en este campo de la vida nacional?

Igual sucede con la obstinada política de combatir la producción y tráfico de estupefacientes -la cocaína-, mediante la aspersión con glifosato de los cultivos de coca. Esta porfía gubernamental -el ministro de salud en su calidad viceministro del ramo en el gobierno de Santos objetó este procedimiento el riesgo real, no hipotético, para la salud humana, animal y vegetal- será pronto una realidad, dejando de lado el criterio de la Corte Constitucional de no aplicarse con base en el principio de precaución, condicionando su uso y productos a la presentación previa de parte del Ejecutivo de evidencia objetiva de no existir ninguno de los riesgos anotados. Al día de hoy no se ha presentado ante la máxima autoridad constitucional.

Y el Acuerdo de Escazú se convirtió en otro sinsentido nacional. Acuerdo suscrito por nuestro Estado está pendiente de ratificación a través de una ley de la república. El proyecto de ley para su ratificación fue presentado por el Ejecutivo con llamado de urgencia del presidente pero, vaya paradoja, según denuncias serias en el Congreso, los ministros encargados de velar objetivo no hicieron la tarea y dicho proyecto fue archivado por falta de debate. El presidente faltó a su palabra y quedó en deuda con la nación.

• La paz vs fútbol : Una copa América que no fue, o sí, en Brasil

Es indiscutible, el futbol es y seguirá siendo el más popular de los deportes, despierta pasiones y fanatismos peligrosos, como nos lo ha enseñado su historia. Reconozco mi afición por este deporte que practiqué en infancia, adolescencia y juventud y sigue siendo uno de mis pasatiempos favoritos en la tv. Es bien conocido que el fanatismo futbolero ha provocado manifestaciones salidas de toda lógica como el centenar de muertos que dejó la celebración del histórico triunfo 5 a 0 de nuestra selección sobre la de Argentina en Buenos Aires (1993). Ahora conocemos del presidente Duque su afición y dominio del cuero y cómo se empeñó en la realización de la Copa América de Futbol en nuestro país junto con Argentina en junio de este año. Encargó para este objetivo a su amigo y ministro de Deportes quien lo logró. Sin embargo, la pandemia del coronavirus, primero, y el estallido social nacional producido por las causas hartas conocidas después, aconsejaban no insistir en realizar el evento balompédico en nuestro territorio; pero no, la Copa América se convirtió en obsesión, no sabemos si para demostrar al mundo cómo el gobierno nacional controla de manera responsable y oportuna la crisis sanitaria (vacunación), o para probar que aquí vivimos bien, gozando del mejor clima político, económico y social, olvidando que el sol no se puede tapar con las manos: dos partidos de la Copa Libertadores en Barranquilla en medio de la protesta social y los gases lacrimógenos de la policía contra los manifestantes en los alrededores del Romelio Martínez, convencieron a la Conmebol (máxima autoridad del futbol suramericano) que nuestro país no podía ser la sede de la Copa. Quién dijo miedo, el gobierno nacional por intermedio de la Federación Colombiana de Fútbol solicitó el aplazamiento del torneo para noviembre-diciembre, con público en los estadios. Aunque la Conmebol dijo No y la copa se fue para Brasil, lo cierto es que la testarudez del gobierno chocó contra una dura realidad: Estamos en el tercer pico de la pandemia, con la mortalidad más elevada desde que comenzó; y la situación económica y social sin solución a la vista por el autismo y la soberbia gubernamental.

Hasta pronto,

Tolimeo

Junio de 2021

Post scriptum: Esta humilde tribuna se une a regocijo y celebración por la tercera estrella obtenida por el Deportes Tolima en el campeonato nacional de fútbol, un bello regalo de San Juan. Qué bueno sería que la cuarta se obtuviera con el concurso de jugadores nacidos en la tierra firme. 

Si bien la Constitución Política proscribe la pena capital ciertas instituciones la avalan y dan vía libre para llevarla a cabo.

La moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, en el Senado de la República, acabada con votación favorable para la continuidad del alto funcionario, y la que aún cursa en la Cámara de Representantes contra el mismo ministro y por la misma causa que, lo más seguro, se votará en la misma dirección: a favor del ministro, deja claro dos asuntos relacionados con el paro nacional y el estallido social que hoy sacude todo el territorio nacional:

1) La votación en el Senado, seguro que en la Cámara también, muestran a las claras un aval implícito de la clase política tradicional para que la fuerza pública continúe actuando en contravía de los mandatos constitucionales de protección, respeto y promoción de los derechos fundamentales, en especial el de la vida. En otras palabras, es una aprobación institucional de la pena de muerte de facto en el país.  

No es temeraria esta interpretación jurídica luego de ver el grotesco y perverso contubernio de los partidos tradicionales para prohijar el indelicado comportamiento del gobierno nacional, en particular del ministro de la defensa nacional (¿?), permitiendo que la fuerza pública bajo su mando dispare y cometa otros vejámenes contra la población civil participante en las protestas y manifestaciones en desarrollo del paro nacional ocurridas en varios municipios y ciudades del país. Protesta social causada por el cúmulo de problemas económicos, sociales y políticos que agobian a las mayorías nacionales y cuyo detonante final fue el proyecto de reforma tributaria presentado por el Ejecutivo nacional al Congreso de la República. Si bien el uso de armas letales del Estado está prohibido y no se justifica de ninguna manera para contener, repeler o dispersar manifestaciones civiles en las calles, se vienen usando desde hace ya un tiempo por el gobierno actual. Los dos antecedentes más claros para entender mejor lo que se afirma aquí ocurrieron: uno, el 25 de noviembre de 2019 cuando en pleno centro de Bogotá, un capitán del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, mató de un disparo en la cabeza al joven estudiante Dilan Cruz. El registro fílmico de aquella bellaca y triste acción del oficial del Esmad no deja dudas : no se trató de uso excesivo de la fuerza por parte del agente estatal y, muchísimo menos, de un accidente, como concluyó la Fiscalía General de la Nación su investigación al afirmar que el infortunado joven se le atravesó al proyectil justo en el momento de disparar el agente policial, sino de una ejecución arbitraria (en estricto sentido en Colombia no hay ejecuciones extrajudiciales porque no existe la pena de muerte). El otro episodio acaeció el 9 de septiembre de 2020 en Bogotá cuando agentes de la policía nacional torturaron hasta producirle la muerte al abogado Javier Ordoñez encontrándose en estado de indefensión. Este grave atentado contra los derechos a la integridad personal y a la vida, entre otros, del citado ciudadano provocó tal indignación social en todo el país, sobre todo en la capital de la República que la ciudadanía reaccionó con manifestaciones violentas la noche del crimen y la siguiente dejando un saldo de 13 personas muertas por disparos de agentes policiales como quedó registrado en el voluminoso material audiovisual obtenido tanto por las cámaras de seguridad pública como por particulares, éstos para denunciar el proceder antijurídico de agentes del Estado en estos dos días de agitación y disturbios.

Las muertes de jóvenes manifestantes desde el 28 de abril hasta el momento de redactar esta nota (28/05/2021) en Cali, Popayán, Ibagué, Pereira, Bogotá, Yumbo y otras ciudades del país, así como las denuncias por lesiones personales, en particular la mutilación de ojos, de abusos sexuales, de tortura y tratos crueles y degradantes y una cifra incierta de desaparecidos, son, en su mayoría, imputables al accionar directo de miembros del Esmad de la Policía Nacional y de civiles con la anuencia y/o complicidad de agentes estatales. Sin embargo, el ministro de defensa en lugar de ordenar el cese de la actuación ilegal de los uniformados y civiles y ordenar las investigaciones de inmediato, mediante un lenguaje belicoso, provocativo y temerario justifica la acción de sus subalternos, por un lado; y por otro, se dedicó a estigmatizar a los protestantes calificándolos de vándalos, terroristas y guerrilleros infiltrados. Empleando lenguaje propio de la guerra, convirtió a jóvenes estudiantes, desempleados y a líderes sociales participantes en las manifestaciones como delincuentes, como “el enemigo interno” que hay que enfrentar y vencer. El proceder del ministro Molano en ningún momento ha tenido como objetivo calmar los ánimos, menos de construir un diálogo con la ciudadanía y sí el de estimular a los agentes del “orden” para que procedan como hasta la fecha lo han hecho, como si de una guerra se tratara y no como una situación de orden público provocada, por cierto, desde la cúpula del poder político nacional.

Y ese proceder del ministro en cuestión, al margen de la legalidad, o al menos peligroso para la estabilidad nacional, fue el que respaldó la clase política del establecimiento, favoreciendo que las graves violaciones a los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la libertad y otras queden, por un lado, en la impunidad; y por otro, que los agentes del Estado colombiano tengan vía libre para aplicar de facto la pena de muerte, prohibida en el artículo 11 de la Constitución Política.

2) Con la actuación y votación de las mociones de censura la clase política tradicional, la que representa la retrógrada, obsoleta y excluyente democracia del siglo pasado, demuestra una vez más que está en el Congreso de la República no como vocera y representante del pueblo que la eligió sino como defensora de los intereses de los poderosos de este país. Una vez más muestra sin asomo de vergüenza que vive de espalda a la población que dice representar, que nada le importa los problemas que la aquejan y menos saben que es dignidad nacional. No cabe duda, los congresistas de los partidos Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, partido de la U, Mira, Colombia Justa Libres y algunos miembros del partido Liberal, son ajenos al bien común de la justicia, del respeto, protección y promoción de los derechos humanos de un pueblo trabajador, como el colombiano, sumido cada día más en la pobreza y estrechez económica y social por culpa de la minoría oligárquica que acapara las inmensas riquezas del país; adolorida por los permanentes incumplimientos de los gobiernos elitistas y corruptos –corrupción compartida por los políticos en las corporaciones de elección popular, como los congresistas de los partidos antes citados. Dolorosa y amarga verdad que justifica en todos los sentidos el estallido social actual y la lucha de la mayoría de los colombianos por un país más justo y equitativo.

¡Por sus actos los conoceréis!

Desde esta modesta tribuna propongo se divulgue todos los meses hasta marzo de 2022 la lista de todos los senadores y representantes que con su voto permitieron la continuidad de un ministro incapaz, indolente, soberbio y peligroso para el pueblo y la democracia, para que los colombianos sepan quiénes defienden los intereses de las minorías y no los de la nación colombiana, para no votar por ellos en 2022.

Tolimeo

Mayo de 2021

N.B. De ninguna manera el autor de esta epístola está exculpando el vandalismo destructor de bienes materiales e intangibles como la democracia, que a base de sacrificios y luchas sociales ha venido construyendo el pueblo colombiano. Tan criminal es el proceder del civil que a la sombra de la protesta social destruye bienes públicos y privados como los excesos de los agentes del Estado que para restablecer el orden público siegan la vida de nuestros compatriotas.  

Toda medida gubernamental regresiva que lesione el ejercicio de derechos fundamentales es inconstitucional.

Tan pronto el gobierno presentó, después de larga expectativa y espera, al Congreso de la República en abril pasado el nuevo proyecto de reforma tributaria – ¡la tercera de su mandato!- bajo el título de Solidaridad sostenible – el nombre es más largo-, surgieron, mejor, arreciaron las críticas, observaciones y reservas que desde antes de conocerse se le venían haciendo al mismo con variados argumentos: su inconveniencia por la crisis derivada de la pandemia, por ser en tiempo preelectoral y, sobre todo, porque la mayoría de sus críticos la consideran –aún no se conoce si el proyecto será reemplazado o no- como un nuevo y duro golpe a las precarias economías de las clases baja y media, en especial a ésta que es en últimas la receptora de la citada pretensión tributaria. El gobierno la justificó por la necesidad inaplazable de subsanar el déficit fiscal ocasionado por la crisis sanitaria y económica causada a su vez por la pandemia del coronavirus que ya tiene un año largo de haber llegado al país. En otras palabras, los gastos extras desembolsados por el gobierno para atender la crisis económica han vaciado las arcas estatales, de ahí el imperativo de caudales para atender la crisis y demás obligaciones estatales.

La reacción de rechazo de la mentada reforma trascendió la esfera política y los medios de comunicación instalándose en la sociedad entera. Fue así que el Comité del Paro Nacional de 2019 reactivó las demandas sin respuesta gubernamental y agregándole el proyecto de reforma tributaria ya radicado en el Congreso como nueva razón, convocando un paro nacional de protesta para el 28 de abril, paro que se ha prolongado hasta el momento de escribir esta epístola (15/05/21) con una parálisis casi total del país, bloqueo de vías, actos de vandalismo y, lo más grave, la intervención desmedida de la fuerza pública provocando graves violaciones de los derechos humanos: más de 40 muertos, centenares de heridos y detenidos, entre civiles y policías, y centenas de personas desaparecidas.

De la pretendida reforma tributaria se han realizado muchos análisis de carácter económico, fiscal, social y hasta sanitario, mas poco se ha comentado a la luz de los principios generales del Estado, el derecho constitucional y de los derechos humanos, el impacto que una medida de esta naturaleza pueda tener. Eso pretende estas cuartillas, para ello nos formulamos las preguntas siguientes: ¿Qué es el Estado y cuál su razón de ser? ¿Cuál es el fundamento constitucional del Estado colombiano? ¿Qué son los derechos humanos y quiénes son los obligados a respetarlos y garantizarlos?

Sin detenerme en las diferentes nociones y conceptos sobre qué es el Estado, considero el Estado como una comunidad determinada organizada políticamente en búsqueda del bienestar de todos y cada uno sus miembros, esto es de su desarrollo humano. Ese ente político-jurídico llamado Estado, creado por un pueblo –o pueblos-,  asentado sobre un territorio determinado, que no reconoce autoridad distinta a la suya, sus componentes esenciales son: el territorio, el pueblo y la autoridad soberana. Queda claro que el pueblo es componente esencial del Estado: sin aquél no existe éste. Así de simple. De este concepto se desprende cuál el fin supremo del Estado: en el colombiano es promover el bienestar, la prosperidad y la seguridad de su pueblo o nación.

Al tenor de nuestra Constitución Política (C.P.) “Colombia es un Estado social de derecho, […] fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” (C.N. art.1º. Subraya fuera de texto).

Entre los fines esenciales del Estado colombiano está el de “…servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.” (Art.2º C.P. Subrayas fuera de texto).

De dichos textos se concluye que el Constituyente de 1991 plasmó la nueva concepción del fundamento y los fines del Estado moderno: garantizar los derechos humanos, garantía surgida luego del triunfo de los aliados contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial (1945), dando origen a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, cuyo primer gran objetivo junto al de mantener la paz universal fue la redacción y adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Mas la ONU no se detuvo allí: el 10/12/66 aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Hoy en día, los Estados miembros, incluido el colombiano, han adoptado más de 70 pactos, convenciones y tratados como instrumentos que compendian filosofía, principios, programas y obligaciones de los Estados para la promoción, protección y garantía de los derechos humanos. De ahí se desprende, y comprende, que todo el Título II de la Constitución Política de Colombia esté dedicado a los derechos fundamentales, los deberes, y las garantías que el Estado debe proporcionar a las personas para el ejercicio y disfrute pleno de aquellos.   

¿Cómo el Estado cumple con su obligación de promover, respetar y proteger los derechos humanos? Así como el Estado, el derecho internacional de los derechos humanos se fundamenta en dos pilares indiscutibles: la dignidad humana y la igualdad de todas las personas. En la práctica estos pilares los hace efectivos el Estado a través acciones u abstenciones, según el derecho de que se trate en cada caso concreto. Por lo general los derechos económicos, sociales y culturales, llamados también colectivos, el Estado los salvaguarda mediante acciones, es decir a través de actividades como la creación de escuelas, bibliotecas –educación-, hospitales, campañas de vacunación –salud-, carreteras, centros de acopio –alimentación-, creando y facilitando empleos –trabajo-, parques y campos deportivos –esparcimiento y recreación-; y los derechos civiles y políticos, también denominados individuales, a través de abstenciones de los agentes del Estado para que el o los titulares de aquéllos puedan ejercitarlos sin impedimentos o restricciones provenientes del Estado, pues se tratan por lo general de libertades: de opinión, conciencia, expresión, reunión, circulación y otras; exceptuadas, desde luego, las excepciones previstas por la Constitución y las leyes. De ahí que sea frecuente leer en las normas constitucionales expresiones como “Es deber del Estado…”, “El Estado promoverá…”, “Es obligación del Estado”, “Se garantiza…” y otras similares que dejan claro la obligación primordial del Estado de la protección, promoción y respeto de los derechos humanos de todos.

Pues bien, para que el Estado colombiano, como los demás, pueda cumplir con sus fines, entre ellos la promoción, protección y garantía de los derechos humanos, requiere proveerse de recursos materiales. Estos se obtienen de diversas maneras: creando empresas industriales y comerciales del Estado, o de economía mixta (pública y privada), con acciones y dividendos en empresas, enajenando bienes, con los pagos de personas naturales y jurídicas por servicios estatales, con aportes a la seguridad social, de los dineros provenientes de sanciones –multas, comparendos- a favor del tesoro público, de las regalías y, los más importantes y nombrados, los tributos que los ciudadanos y la empresas deben aportar al erario. Todos estos bienes se utilizan para ejecutar los planes y programas públicos y el mantenimiento de su nómina, la burocracia. Son las tasas y los impuestos –directos e indirectos-, del orden nacional, regional o local, que conforman un gran crisol para tales fines. Mencionamos algunos: a la renta, al patrimonio, a las ganancias ocasionales, a la tierra –predial-, a las sucesiones, de valorización y el tan mentado IVA o impuesto al valor agregado o añadido a bienes y servicios, cuyo origen fue el impuesto a las ventas.

De ahí la indiscutible importancia del pago de los impuestos para el correcto funcionamiento del Estado. Sin embargo, cuando una ley o un decreto gubernamental, de la naturaleza que sea, lesiona o pueda lesionar derechos fundamentales de los ciudadanos por ser contrario a los fines del Estado previstos en las normas constitucionales, como la igualdad ante la ley o la equidad, o es un gravamen que a pesar de tener un objetivo justificado mengua de manera notoria la calidad de vida de la ciudadanía es regresivo porque provoca un impacto negativo e inconstitucional. Es el caso del proyecto de reforma tributaria presentado y retirado por el Ejecutivo, porque incumplía la obligación del Estado de procurar el bienestar social de las mayorías nacionales. Aquí no se desconoce la difícil situación fiscal actual del Estado colombiano, tampoco se cuestiona el imperativo para el gobierno de acopiar recursos para atender la emergencia actual y así cumplir con el presupuesto nacional, sino el mecanismo optado pues vulneraría preceptos constitucionales. Es decir, se controvierte el instrumento escogido, por el gobierno, o parte de él, para obtener los recursos necesitados porque, según los avezados, agravaría las condiciones ya precarias por la pandemia de las clases populares del país. Hoy el 42% del total de la población nacional se encuentra en estado de pobreza, según el DANE. La intención del actual gobierno de conseguir caudales mediante un exceso de tributos, unos directos, sobre la renta, por ejemplo; otros indirectos, como la ampliación de productos y servicios gravados con el IVA, iría en contravía de los preceptos constitucionales antes mencionados. Esto sin importar que la Corte Constitucional haya avalado reformas tributarias anteriores con discriminaciones positivas a favor de algunos de los sectores más pudientes del país, porque en nuestro criterio, tampoco se trata que la norma viole ciertos tecnicismos jurídicos o fiscales para determinar si una reforma de esta naturaleza es exequible o no, es suficiente que vulnere los fines del Estado establecidos por el constituyente de 1991: promover, proteger y garantizar los derechos humanos para considerarla contraria a la Constitución. Insistimos, se cumple el mandato constitucional cuando le mejora la calidad de vida de los asociados y no disminuyéndosela.

En otras palabras, consideramos que los derechos y principios constitucionales de la igualdad ante la ley, la equidad  y la participación ciudadana, también aplican en materia tributaria. En Colombia no se aplica el principio de que tributa más el que más tiene, pues está demostrado que muchos pudientes gozan de exenciones tributarias por una u otra razón legal que no constitucional. No es un asunto de meras matemáticas sino de capacidad contributiva: el pago del 19% de IVA, por ejemplo, nunca impactará igual en el presupuesto de un multimillonario que en el de un empleado que gana el salario mínimo. No es un asunto teórico sino socio-económico real, de solvencia de las personas para contribuir a las arcas del Estado. Las reformas tributarias pasadas, como la pretendida por el Ejecutivo actual, en lugar de disminuir la brecha económica entre las clases sociales del país la amplía, lo que es, a la luz del texto constitucional, contrario a sus postulados.

Entendiendo que los asuntos tributario y fiscal, las reglas y procedimientos para la fijación de impuestos, no es un asunto de poca monta sino por lo contrario, es complejo y afecta a la nación entera, de ahí que cualquiera modificación debería involucrar a toda la ciudadanía según se desprende de otro precepto del artículo 2º de la CP en cuanto que el Estado debe “…facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación;…”. Y esta interpretación se formula teniendo en cuenta que se volvió regla en el país que el Ejecutivo nacional consulta, cuando lo hace, sólo a los gremios económicos y financieros dejando de lado los demás actores nacionales que con su trabajo también crean riqueza, constituyendo un motivo más de exclusión, discriminación y desigualdad en un país donde hay mucha opulencia en pocas manos y mucha pobreza y miseria en las mayorías.

Termino esta epístola, paciente lector(a) como he terminado las precedentes: pensando que llegó la hora del cambio, de una nueva Colombia. ¿Será acaso el paro nacional actualmente en marcha el principio de ese cambio?

Hasta la próxima,

Tolimeo

P.S. Desde esta modesta tribuna rechazamos y condenamos las graves violaciones de los derechos humanos cometidos por la fuerza pública, o por particulares con la connivencia y/o complicidad de agentes del Estado durante los distintos episodios en el desarrollo del Paro Nacional. Razón demás para recordarle al gobierno nacional que al tenor del artículo 2º de la Carta política tiene la obligación de “…asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.”

Mayo de 2021

La conducción política del Estado por clanes familiares se ha convertido en una de las principales causas de la distorsión y perversión de la democracia nacional.

Si aceptamos que la palabra mafia es el apócope en siciliano de Mia famiglia, mi familia, no es aventurado afirmar que en Colombia la política se ha ejercido desde hace décadas, tal vez desde principios de la república, por mafias, por familias que sin representar toda la nación han controlado y usufructuado para sí el Estado como un asunto particular, familiar, no como proyecto nacional. Esto no sucede en países democráticos, incluidas las monarquías constitucionales porque en ellas el rey no gobierna. Para encontrar parangón a esta situación debemos trasladarnos a África.

Baste citar ciertos apellidos para comprobar que desde la post independencia algunos políticos se prolongaron en el tiempo a través de su parentela.  Quizá la familia –mafia- que más ha permanecido sea la de Mariano Ospina Rodríguez (1805 – 1885), fundador del partido Conservador y presidente de 1857 a 1858, a través de Pedro Nel Ospina, Mariano Ospina Pérez y los Pastrana -Misael y Andrés-, como que Misael fue “adoptado” por la casa Ospina ante la intrascendencia de Mariano Ospina Hernández y la actividad delincuencial de uno de sus herederos. Y para no perder el hilo del partido azul encontramos a Laureno Gómez Castro (1889 – 1965) pues si bien su familia no ha vuelto a la presidencia sí ha sido lo suficientemente poderosa para a través de sus hijos Álvaro y Enrique, en especial el primero, participar en el control y reparto de la torta burocrática del Estado colombiano. Mas no son las únicos apellidos de este partido que desde el siglo XIX hasta nuestros días han usufructuado el poder político: los Holguín, los Lloreda, los Caicedo, los Cabal –en el Valle del Cauca-, los Fernández de Soto, los Santamaría, los Sans de Santamaría y sus cruces con otras pudientes familias como los Mazuera, los Pombo y otras, han tenido a algunos de sus miembros en puestos claves de la administración pública –ministerios, viceministerios, superintendencias, departamentos administrativos, entidades descentralizadas y cuerpo diplomático-  y así mantenerse “vigentes” en el panorama político nacional.

Y como este es un país cuya oligarquía lo ha querido bipartidista, también familias élite del partido Liberal comparten desde tiempos ha el poder con sus rivales godos: los Samper, los López, los Lleras, son familias de las que han salido más de un presidente y muchos parientes han ocupado los despachos y autos oficiales. Se volvió normal hablar de delfines políticos para nombrar a los herederos de los gobernantes o beneficiarios del poder y de esta manera la mafia –familia- política se convirtió en el ejercicio más común ante la indiferencia y/o apatía nacional. Mas el poder político hereditario, como ya se insinuó, se da a todos los niveles y no solo en el centro político establecido en Bogotá, en los departamentos y municipios también se ha distorsionado el juego electoral y la democracia con este privilegio nacido del poder. Los Char y los Echavarría desde Barranquilla controlan gran parte del electorado “amarrado” de la costa atlántica; y los Name, los Nule, los Guerra, los Tulena y, otros pocos, son las vacas sagradas en Córdoba y Sucre; y las acaudaladas familias Araújo, Castro, Gnneco y otras pocas dirigen la Guajira, el Magdalena y el Cesar. En Antioquia los Guerra, los Valencia Cocio, los Sanín, los Echeverri, los Gómez Martínez y los Ramos, son sinónimo de poder y control político. En el Valle del Cauca además de las ya citadas los Garcés, los Sardi, los Heder perduran en la escena política nacional y regional; en el Cauca los Valencia, los Mosquera, los Chaux, los Iragorri; en el Tolima los Pava, Angulo, los Jaramillo, ahora los Barreto, y así en todas las regiones unas cuantas familias deciden quién será el alcalde, el gobernador, el representante o senador, siempre con propósito innegable: el reparto del presupuesto y rentas departamentales y, claro, con la mira puesta en Bogotá. Y como no se trata de un fenómeno del pasado, los últimos presidentes, unos más discretos que otros preparan y allanan el camino a sus respectivos vástagos para seguir gobernando. Cesar Gaviria trabaja para su hijo Simón; Ernesto Samper ha colocado a su hijo Miguel en puestos de preparación para cuando le llegue su turno, y Álvaro Uribe Vélez hace otro tanto, con su hijo Tomás, aunque con una particularidad: primero lo hizo multimillonario y así entrará redondo en todos los círculos de poder. El gran emprendedor.  

Si observamos allende nuestras fronteras, difícilmente encontramos en otros países este fenómeno político tan enraizado y nocivo como se da en Colombia, con escasas excepciones que confirman la regla de que la política es un asunto democrático, de participación ciudadana y no de clanes mafiosos –familiares- que envilecen el ejercicio del fundamental derecho a la participación política de todos en igualdad de condiciones. En Estados Unidos los Kennedy y los Bush, se salen de la regla; en Canadá no hay registro de algo parecido; en Francia, la familia Le Pen, Jean-Marie, su hija Marine y su nieta, es la excepción y ha gobernado en algunas ciudades y regiones sin lograr el poder en la V República. En la post dictadura J.M. Aznar y su esposa gobernaron España y Madrid; en Italia no hay registro relevante de generaciones de una misma familia en la política nacional, a menos que las familias mafiosas del sur lo hagan a través de fichas políticas; en el Reino Unido ni en Holanda se da cuenta de esta situación. En Bélgica sólo el caso de los Michel, padre e hijo, los dos primer ministro. Tampoco se tiene dato de esta práctica mafiosa en los países escandinavos. Y si miramos hacia oriente no hay noticia de herederos políticos en Japón ni en Corea del Sur, ni siquiera en la República Popular de China donde aparte del efímero poder de la viuda de Mao Tse-Tung y la Banda de los Cuatro, no hay reseña de transmisión hereditaria del poder. Y si echamos un vistazo a América Latina región más cercana en historia y cultura a nosotros son pocos los casos de este mal político: Los Duvalier -Papa y Nene Doc- en Haití; el general Torrijos y su hijo Martín fueron los dos presidente en Panamá; Fujimori y sus hijos han sido relevantes en Perú; Perón y su esposa Isabel ambos presidentes, así como Kirchner y su esposa Cristina Fernández en Argentina;  y los Lacalle, padre e hijo, presidentes, en Uruguay, son apenas los casos de clanes familiares que en estos países han prolongado más de una generación su incursión en política. Cuba es un caso extraordinario porque los dos hermanos Castro y Vilma Espín, esposa de Raúl, llegaron al poder al mismo tiempo con el triunfo de la Revolución en 1959.

Si a lo anotado en los párrafos precedentes añadimos todas las historias –no cuentos- de la intromisión directa de la otra mafia -el crimen organizado- en la vida política de Colombia desde los 70 y 80 del siglo pasado, cuyos máximos exponentes fueron Pablo Escobar –Cartel de Medellín- y los Rodríguez Orejuela –Cartel de Cali-, además del vínculo directo de algunos miembros de familias políticas poderosas –Betancur, Pastrana, Ospina y los más recientes del embajador Sanclemente y el hermano y el esposo de la actual vicepresidente de Colombia-, no queda más que admitir que la política colombiana ha estado permeada y controlada desde hace mucho tiempo por las mafias.  

Y a manera de conclusión de la prácticas mafiosa en la vida política nacional ahora nos enteramos que el presidente de los colombianos, como si de cualquier asunto de la Cosa nostra o de las mafias gringas de los años 20 se tratara, recibió el 8 de abril en su despacho a dos particulares que no representan un partido político, gremio, asociación o sector social alguno, para discutir, y a lo mejor decidir, acerca de un tema fundamental del Estado colombiano: la reforma tributaria. Porque así era como actuaban los mafiosos frente al Estado, enviaban sus emisarios para demandar y exigir a puerta cerrada asuntos de su único interés. Esta reunión da pie para preguntar: ¿Estos particulares fueron por encargo de alguien o motu proprio? ¿Qué interés particular tienen estas personas para discutir a manteles asuntos de Estado con el presidente y sus colaboradores inmediatos? ¿Por qué esos particulares tuvieron ese privilegio de conocer de primera mano el contenido o puntos clave de la citada reforma tributaria mientras la nación entera esperaba con preocupación? ¿Por qué el presidente sí discutió con estos particulares mientras no lo hizo con los legítimos actores nacionales, esto es los partidos, incluidos los independientes y de oposición, y con los gremios de la producción y los sindicatos como debe ser en democracia?

La distorsión de la política nacional está tocando fondo con sus desmanes, corruptelas y monopolio de la riqueza nacional en manos de unas pocas familias mientras las mayorías soportan sus funestas consecuencias como la gravosa reforma tributaria que se le quiere imponer desde arriba. Por eso va siendo hora de cambiarle el rumbo a esa situación empezando por extirpar de la política el ejercicio mafioso de ésta.  

Hasta la próxima,

Tolimeo

Abril de 2021

El IVA se convirtió en el recurso fácil y recurrente de los gobernantes para salir de sus aprietos fiscales y financieros ocasionados, por lo general, por malas políticas en la gestión pública y dañinas prácticas en el gasto público.

Apreciado(a) lector(a),

El 16 de marzo comenzó la última legislatura del cuatrienio Duque y con ella la propuesta del gobierno de una nueva reforma tributaria que, visto los antecedentes y la causa esgrimida por el gobierno nacional, la pandemia, se prevé como otro duro golpe a las clases medias y bajas de nuestra sociedad. Muchos analistas hacen eco de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión de expertos de la “necesidad” para Colombia de aumentos tributarios, entre ellos la ampliación de la base de los contribuyentes y, lo que es peor, aumentar la lista de productos gravados con este impuesto, algunos más de la canasta familiar, incluso, se especula con la subida de uno o dos puntos respecto del actual que es del 19% para la mayoría de bienes y servicios afectados. Esta nueva reforma tributaria, Reforma Fiscal y Social la denomina el Ejecutivo nacional, la fundamenta la administración en el déficit fiscal del Estado ocasionado por los gastos ocasionados para la atención de la pandemia. Justificación que, en nuestra opinión, es parcialmente cierta porque no todos los recursos utilizados por el gobierno nacional han sido destinados a paliar los efectos de la crisis sanitaria y sí a otros destinos, entre ellos el monstruo que devora el Estado colombiano, la corrupción, sobre todo en el campo de la contratación.

Con la venia de los técnicos, expertos y eruditos al servicio del Estado, que todo lo explican con frías y sofisticadas teorías, fórmulas y tecnicismos de las ciencias económicas y tributarias, con argumentos sociales, humanísticos y, principalmente, con sentido común despejamos la interrogación que titula esta epístola con un No rotundo. Además, probado está que las precedentes reformas tributarias en lugar de aportar soluciones económicas y sociales a las mayorías consiguieron lo contrario, disminuir sus ingresos, su capacidad de compra y de ahorro haciéndolas aún más vulnerables.

Es indudable que los impuestos constituyen un pilar fundamental del Estado moderno para financiar su nómina burocrática y su funcionamiento. Ya en el Imperio Romano existía la Centesima rerun venalium (Centésimo del valor de todo lo vendido) y en la Edad Media el Estado (o el monarca, que era lo mismo) gravó los alimentos de los más pobres mediante el tributo en especie que debían de entregar parte de los frutos que ellos cultivaban y cosechaban en las tierras del gobernante y de la aristocracia terrateniente. En la Nueva Granada también se tributaba en especie –sobre las cosechas- y fue esta la causa para levantamiento de los Comuneros en Santander. Sin embargo, esta tributación parecía haber desaparecido de la faz de la tierra, sustituida por otras más técnicas y, sobre todo, más equitativas. Mas no fue así para desdicha de las clases medias y bajas porque la cada día más sofisticada organización del Estado hizo que las novedosas formas de tributación sigan recayendo más sobre los de abajo y por ende continúen sosteniendo en gran medida a los de arriba, con la consiguiente disminución real para la compra de la canasta familiar.

Nos han enseñado que hay impuestos directos, como el gravamen a la renta, el patrimonio y otros; e indirectos, como el IVA –impuesto al valor agregado o añadido-, a los combustibles y otros. Es el IVA el motivo principal de nuestra preocupación porque tal como actúa este gobierno alcabalero, esta tributación será modificada y en 2022 seguiremos subsidiando a los grandes capitales y empresarios favorecidos por exenciones que les siguen haciendo con el pretexto de ser un estímulo creador de fuentes de trabajo; una falacia pues como dijimos antes las precedentes reformas tributarias no contribuyeron a mejorar el empleo en cantidad y calidad, como se prueba con el aumento de la informalidad, situación que viene desde antes de la aparición del coronavirus, según datos del DANE. 

El IVA, como le conocemos, es un impuesto de historia relativamente reciente –su creación fue en la segunda mitad del siglo pasado-, siendo el Estado mexicano el que en 1968 lo introdujo como Impuesto a las ventas que luego extenderlo como un tributo al valor final de productos o servicios, lo que se tradujo en la práctica en trasladar la carga tributaria al consumidor final. En Colombia el primer antecedente se da en el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1966) con el Decreto Especial 3288/63) que era monofásico, en el sentido que sólo afectada una fase de la cadena de producción o distribución, y en el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978) se estableció tal como lo conocemos ahora. Se lo considera un impuesto indirecto porque no recae sobre determinada persona en particular sino a una masa social general y en la medida que consuma o adquiera el bien o servicio gravado con el mismo.

El control social que ejerce del poder público nos hace creer que ciertos gravámenes estatales son indispensables para la función del Estado –funcionamiento y servicios-; de esta manera  logra que la sociedad no analice, menos, proteste, porque cree la supuesta validez y legitimidad de ciertas medidas inyectadas de manera subliminal a base social a base machacar el mismo mensaje: sin impuestos, por ejemplo, no es posible la subsistencia del Estado. De esta manera el IVA terminó por ser como los demás, un impuesto normal, sin que ninguno –o muy pocos- se detenga a pensar que pagar impuesto para desarrollar sus derechos fundamentales, como la alimentación, fuera de ser un exabrupto es inhumano y ajeno al sentido común y que, de seguir así, pronto nos estarán cobrando IVA por el aire que respiramos, como ya se paga un impuesto por usar el agua, no por su distribución y consumo: en Colombia ya existe una tasa uso de agua, la llamaron así, con supuesto fines ambientales.

Quede claro, no nos oponemos a la tributación porque es quizá la manera cardinal, que no la única, para que el Estado financie su administración y la prestación de los servicios públicos; la oposición radica en que desde el prisma de la convivencia social es inadmisible, contra natura, que la humanidad tenga que pagar impuesto para vivir –en algunos casos, subsistir-. Está bien que se tasen patrimonios, rentas, bienes raíces y suntuarios pero no los bienes básicos e indispensable para el desarrollo humano como los productos alimenticios, de salud y educativos, que son, los que conforman la canasta familiar. Hay gran diferencia entre vivir con lujos y excesos consumistas que vivir con dignidad que es, en últimas, el objetivo fundamental de la humanidad, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Grávese lo suntuario y lo que produce riqueza y ganancia no lo imprescindible para vivir.

Bien que la justificación del gobierno nacional para presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria, Reforma fiscal la llama, como se dijo antes, son los gastos extraordinarios para enfrentar la pandemia y sus efectos en todos los órdenes, no justifica en manera alguna la ampliación tributaria a los productos básicos de la canasta familiar y, menos, un aumento porcentual del IVA a los mismos. La premisa, esto es el gasto extra realizado por el gobierno es cierto, pero de manera parcial, porque la administración central, como las departamentales y municipales escudados en la emergencia sanitaria han realizado contratos innecesarios y sin relación con aquella, como los dos contratos multimillonarios para mejorar la imagen del presidente Duque, o el gasto superfluo conforme a su audiencia y resultados del programa diario en la tv Prevención y Acción del presidente, o las compras sobrefacturadas de mercados y otros elementos sanitarios por parte de las administraciones regionales y locales, según Contraloría y Procuraduría, o los excesos en las ayudas y subsidios del Estado a grupos de empresas o conglomerados financieros, sin duda, los más beneficiados con la crisis sanitaria (el Grupo aval develó que sus utilidades en 2020 fueron de 2,34 billones de COP) y otros gastos que nada tienen que ver con la pandemia o han sido inflados de manera infundada.

No es, pues, el aumento del impuesto indirecto IVA a productos y servicios indispensables, como tampoco gravar las pensiones de los colombianos, la manera más ecuánime y justa para recaudar los 15 billones COP que pretende el gobierno con esta nueva reforma tributaria. Y no lo es porque con imaginación y juicio se encontrarán otros medios. Sin ser expertos en la materia aquí le apuntamos algunas formas para este objetivo:

1. Combatir la corrupción. Según la Contraloría General de la República este flagelo le despoja 50 billones de COP anuales a la nación ¿por qué no perseguir a los corruptos y dejar de participar en este negocio? O, si se quiere y recordando la famosa frase de Turbay Ayala: “bajarla a sus justas proporciones”. Seguro que aun así, se robustecería el tesoro nacional.
2. Perseguir la evasión y elusión tributaria. No lo decimos nosotros, lo manifestó un socio de la coalición de gobierno: el presidente del partido Conservador, para oponerse de plano a un incremento del IVA a la canasta familiar. Mas no se trata solo de perseguir y obtener el pago de los millones de pesos que los evasores no declaran, sino también los fraudes en las importaciones –contrabando-, o aquellos que mediante estas y otras triquiñuelas obtienen grandes cantidades de dinero por devoluciones del IVA por operaciones ficticias, como parece ser el caso de un tal zar de la chatarra, socio por cierto de dos jóvenes emprendedores que todo lo que tocan lo vuelven un potosí. También entra en este campo la no facturación por quienes, teniendo la obligación, la reciben del consumidor final mas no la transfieren a la DIAN, justo por eso, porque sin facturación es como si no se hubiese vendido.
3. Supresión de exenciones a sectores privilegiados de la economía nacional. Variadas razones han esgrimido los últimos gobiernos nacionales para justificar gabelas y exenciones tributarias y arancelarias a empresas extranjeras –atraer inversión y tecnología- y a los grandes capitales nacionales, por la razón anotada atrás. Asimismo, es hora que el Estado le ponga a tributar a iglesias y fundaciones sin ánimo de lucro que se están enriqueciendo a sus dirigentes.
4. Racionalizar los gastos en la nómina y la publicidad estatales. Es necesario suprimir una serie de asesorías con altos salarios con funciones similares a ministerios, superintendencias o departamentos administrativos. De un tiempo para acá todas las entidades estatales de todos los órdenes han invadido la tv nacional con sus spots publicitarios sin razón de ser.

¿Tiene sentido que el financiamiento del Estado para cumplir con su razón de ser, esto es prestar servicios a la sociedad, termine siendo lo contrario, un padecimiento –a veces, hambre- para gran parte de la sociedad que lo sustenta? Claro que no. Y así como Arturo Calle, uno de los empresarios más exitosos de Colombia, protestó de manera pública por el incremento del impuesto predial en las grandes capitales del país sin considerar la crítica situación de medianos y pequeños empresarios, y Cristian Daes, COD de Tecnoglass criticó duramente la inicua propuesta de sus pares sobre el salario mínimo, también los de abajo, los más afectados con las reformas tributarias, debemos protestar contra alzas injustificadas habiendo otros recursos y otros medios para el mantenimiento del Estado. El IVA no puede seguir siendo el recurso fácil y recurrente de los gobiernos para enmendar las fallas administrativas.

Y no lo olvide, apreciado lector(a), la protesta en un derecho ciudadano en Colombia.

Hasta pronto,

Tolimeo

Marzo de 2021

Poco obtenemos cambiando con frecuencia las reglas jurídicas si no modificamos nuestro comportamiento, en especial la dirigencia nacional.

Es paisaje en nuestro país el incumplimiento, la deslealtad, la traición y la delación. Aquí incumple el zapatero como el mecánico, el empleado como el patrón, el médico como el abogado, el albañil como el constructor, en fin, llegamos tarde a la cita, el trabajo u obra no se realiza o entrega en el tiempo acordado, el “si quiere le devuelvo la plata”, y miles de excusas más de este tenor justifican un mal proceder, una falta. Mas el incumplimiento es algo insignificante ante  otras actuaciones que evidencian cómo nuestra sociedad se fue resquebrajando hasta llegar a situaciones impensables hace poco: el grupo de personas, por lo general con estudios universitarios y de estratos altos, que decide concertarse para esquilmar bienes a otros a través de sociedades y maniobras de todo tipo que en el lenguaje criminal no son más que robos, abusos de confianza y estafas. O el grupo de funcionarios que en contubernio con contratistas del Estado mediante coimas  y sobornos empobrecen al erario, es decir el dinero de todos los colombianos. Cuando se destapa el venal asunto y comienzan las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas, según el caso, los autores ya se han fugado, o ya traspasado los haberes mal habidos y están insolventes para responder por sus fechorías. Pero lo peor no eso, es utilizar el nuevo sistema penal acusatorio – una mala copia del sistema gringo-, y mediante deslealtades y traiciones entre los socios del crimen salir bien librado de la persecución estatal: el más “vivo” se entrega, se acoge al principio de oportunidad – ¿o de impunidad?- y delata a cuenta gotas a sus compinches de cuello blanco con el propósito de, primero, no ir a la cárcel;  segundo, en caso de ser condenado –digo en caso porque muchos procesados salen libres por prescripción del delito-, tenga una sustanciosa rebaja de pena. La prensa nacional da cuenta de la investigación pero con el tiempo nos enteramos que no hubo restitución de los bienes birlados, por lo general grandes sumas de dinero, y las víctimas, sea una entidad estatal o particulares, se quedan como antaño se decía: “viendo un chispero”. Y si el comportamiento humano en las diversas actividades de la vida nacional ya era crítica antes de la pandemia, con la crisis derivada de ésta brotaron por toda la geografía nacional actos delictivos o de falta a la ética para sentir cómo la corrupción devora el tejido social, las arcas del Estado y la economía del país. Miles de ejemplos ilustran esta constatación, básteme con citar los casos Interbolsa, Odebrecht, el carrusel de la contratación en Bogotá para demostrar que no se miente.

Vuelvo al principio: las delaciones, deslealtades y traiciones están a la orden del día y ya ni los códigos mafiosos se respetan. ¿Qué nos indica esto?  Simple, que en nuestro medio, retrato vivo del tango Cambalache, la corrupción ha copado la vida nacional. Corromper en su acepción más simple es la descomposición de un cuerpo que termina por oler feo o mal. Y ese cuerpo descompuesto al que me refiero no es otro que el cuerpo social sobre el que se asienta el Estado colombiano, nuestra sociedad.  Mas los indelicados procederes humanos no son solo los delitos de toda laya que nos agobian y destruyen, no, son también y cada día en aumento, las conductas que sin ser transgresoras del código penal ofenden los elementales pero básicos principios de sensibilidad y convivencia humana. Son los actos indecorosos que traslucen insolidaridad, indolencia y desdén de parte de sus autores. Ese comportamiento transgresor de los más elementales pilares de una actividad profesional, un oficio o de convivencia social constituyen la más de las veces una falta ética, esto es un comportamiento desviado de la escala de valores que rige o disciplina el gremio profesional o cuerpo social donde vive y actúa el actor de la falta o mal proceder. En fin, la ética, esto es el conjunto de valores y principios que guían una comunidad, pareciera una avis rara en nuestro maltratado país.

No me detengo en faltas a la ética del orden privado porque deben ser abordadas por instancias propias de cada comunidad o actividad colectiva. Me interesa, y creo, debería interesar a la sociedad entera, el comportamiento ético, mejor anti ético, de la autoridad pública sea ésta nacional, regional o local. Al igual de lo que sucede con los delitos denominados genéricamente corrupción, tampoco es necesario investigaciones ni observaciones agudas para constatar que todo contrato torcido, todo nombramiento pensando no en el servicio público sino en el servicio particular –por lo general, pago de favores de campañas políticas-, los actos despóticos del mandatario y otras actuaciones lesivas de los intereses públicos –locales, regionales o nacionales- independientes de constituir un delito constituyen una falta a la ética que le es debida y exigida al servidor público, sea éste elegido por voto o por nombramiento.

El reguero de “servidores públicos” vinculados por contrato de prestación de servicio que se pasean a diario por las oficinas de las alcaldías, las gobernaciones y demás entidades públicas sin funciones específicas, es decir sin hacer nada productivo para la comunidad, muchas veces sin tener un escritorio o un computador para trabajar, obedecen al pago de favores políticos, o a cuotas ídem que, en sustancia, ofenden los más mínimos principios éticos que rigen la administración pública. Otro tanto ocurre con lo que se está viendo en el gobierno nacional actual: nombramientos que en sí mismos no constituyen atentados a normas procedimentales sobre impedimentos e inhabilidades pero que, sin embargo, por transparencia y conveniencia pública no se han debido dar o producir porque desdoran y ponen en duda la transparencia con la que actúa el gobernante.  

La postulación mediante terna y posterior elección de la actual Procuradora General de la Nación es uno de los casos más representativos de lo que afirmo. La abogada Margarita Cabello Blanco reunía los requisitos de ley para ser elegida para el cargo que funge hoy –aunque hay una demanda en curso contra su elección-. No obstante, al momento de ser incluida en la terna presentada por el presidente Duque al Senado de la República era su ministra de Justicia. Esto trae sus colas: como que ella tendrá que declararse impedida en todas las actuaciones e investigaciones disciplinarias donde esté o estén incursos miembros del gabinete ministerial del actual Ejecutivo; además, es de mal recibo en cualquier Estado de derecho y democrático que el gobernante escoja a su arbitrio su propio fiscalizador de sus actuaciones y las de su gabinete ministerial. Es, pues, un caso típico de indelicadeza en el comportamiento del gobernante que toca con la ética, o mejor con su ausencia.

Muchas otras intervenciones del Ejecutivo nacional dan pie para creer que estamos descendiendo mucho en el respeto a la ética pública: nombramientos de parientes o de amigos en las entidades estatales que no consultan el interés público sino el particular se han producido en estos dos años largos del gobierno Duque. La última, con consecuencias a corto y mediano plazo, fue el nombramiento como codirectora del Banco de la República de una joven economista cuyo mérito público más notorio parece constituirlo el ser la hija de una de las ministras preferidas del Jefe del Estado como de su jefe de partido: la exministra de Trabajo y del Interior Alicia Arango. Todo nos indica que estamos ante un caso donde no ha primado ni la importancia de la institución, el banco, ni la independencia que éste debe tener respecto de la administración nacional, según lo estableció el constituyente de 1991, sino el favoritismo, el pago de servicios o amarrar unos puestos importantes a los intereses de un gobierno en particular y no del Estado. 

Por lo anterior, apreciado lector(a), es hora de reflexionar sobre la responsabilidad social de todos, en particular de los conductores del país para ver cómo sacamos nuestra sociedad y Estado de la decadencia moral en que se encuentran porque poco o nada obtenemos cambiando con frecuencia las reglas jurídicas para tratar de combatir el crimen y la corrupción si no modificamos nuestro relajamiento ético, comenzando por los que dirigen el Estado.

Y si no es posible el cambio comportamental de nuestra dirigencia nacional sería bueno pensar que llegó la hora de cambiarla.

Hasta pronto,

Tolimeo,

Febrero de 2021