Amable lector/a,
Con ocasión del centenario de la muerte de Franz Kafka (03.06.1924), releí El proceso, novela que tanto impacto produjo en la crítica literaria del siglo pasado: un absurdo juicio en el que el acusado no sabe de qué se le acusa ni quién exactamente lo juzga, un despropósito total que me llevó a pensar que lo descrito por el escritor checo en esta obra no es tan insólito ni absurdo en nuestro país. Una mirada atrás o al presente encontramos en nuestros estrados judiciales, en todos sus niveles, casos, procesos y sentencias judiciales que quizá en otras sociedades y Estados sean absurdos, pero aquí no porque su reincidencia los convirtió en una rutina más de la vida nacional. La historia de nuestra administración de justicia, integrada además de los juzgados, tribunales y altas cortes, por organismos auxiliares -Medicina Legal, INPEC, URI, …-, está plagada, de actuaciones judiciales que por causas diversas se desviaron o desvían del curso ordinario del proceder humano, o de la ley estatal, constituyendo verdaderos desatinos que por su diaria ocurrencia dejaron de serlo y, por la misma razón, le son indiferentes al grueso de nuestra sociedad. En fin, ya no asombra a nadie, menos produce alarma social.
Imposible en una nota relatar tanta insensatez y sinsentido haciendo parte de la memoria judicial del país. Existen casos desde los más simples, inadvertidos y anecdóticos hasta los más graves que ofenden o ponen en duda la majestad de la justicia. Hoy evoco el caso ocurrido en un pueblo de Casanare, donde una vaca que era objeto de una investigación por hurto fue “fusilada” porque al desaparecer el cuerpo del delito se acababa el proceso. A este despropósito agrego que la genial idea provino del mismo investigador, un inspector de policía, quien le sugirió a los sindicados que procedieran así. ¿Risa, hilaridad, grima?
En tiempos recientes el despliegue mediático dio cuenta del caso que llamo el “crimen de las brujas” -acaecido un 31 de octubre-, cuando un grupo de jóvenes universitarios terminaron su festejo de Halloween con uno de los suyos muerto de manera violenta en un canal al norte de Bogotá. Lo incongruente de este sonado e impune caso reside en que mientras el Tribunal Superior de Bogotá al resolver una apelación estableció que dicha muerte sí fue un crimen, el juez no lo consideró así. ¿Un homicidio con varios testigos presenciales, pero sin homicida?
Tan mediático como extraño fue el caso de las muertes en 2018 de padre e hijo en un lapso de 48 horas: ambos fallecieron en inusitadas circunstancias: el padre, ingeniero civil, como controller –auditor- de la obra civil Ruta del Sol, había informado tiempo atrás a su amigo y abogado, asesor para la época de un poderoso grupo económico socio en la megaobra de ingeniería, de graves irregularidades que estaba descubriendo en la citada obra. El abogado guardó silencio, como lo haría después siendo Fiscal General de la Nación, contrariando su deber legal de investigar, máxime tratándose de delitos contra la administración pública en el denominado caso Odebrecht, uno de los asuntos más graves de corrupción en Colombia, si no el que más. Ante la pasividad de su amigo el Fiscal General, el estrés se fue apoderando del controller hasta llevarlo a la muerte. Su hijo, regresado al país por la tragedia familiar, resultó tomándose por “equivocación” un cianuro que su padre había dejado en el escritorio de su oficina de su finca. Este caso, aún si esclarecer, sólo le costó el cargo al director del Instituto de Medicina Legal quien sostuvo en dictamen forense que el ingeniero civil había muerto por un paro cardiaco cuando había pruebas que ponían en duda esta causa. Este dictamen sirvió para precluir la investigación sobre su muerte. Retirado el Fiscal General, por otro escándalo, su sucesor pasó cuatro años sin pronunciarse sobre el mismo. El país aún espera sea elucidado puesto que no ha prescrito la acción penal mientras persisten las dudas sobre las causas reales de estas muertes que, para algunos, fueron homicidios para silenciar un gran escándalo de corrupción.
Si hay un caso judicial que produzca más desazón en Colombia es el denominado “Cartel de la Toga”, un concierto para delinquir conformado por algunos de los ungidos por la Constitución y la ley de impartir justicia: al menos tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, C.S.J., la más alta instancia de la justicia ordinaria, con el valioso concurso de un exfiscal anticorrupción condenado luego por corrupción, delinquiendo de manera grosera y ruin. No se trata, como ocurre o ha ocurrido en otros países, que la rama judicial se pone –o la ponen- al servicio de un interés político determinado, sino una trama delictiva: altos togados exigiendo dinero a sindicados y procesados para favorecerlos en los procesos contra ellos o fallando a su favor. Si bien hoy dos de esos togados, uno expresidente de la C.S.J. y del Consejo Superior de la Judicatura –organismo administrador de la rama jurisdiccional del país-, fueron condenados por estos delitos, el tercero, también expresidente de la C.S.J., se encuentra prófugo de la justicia, al parecer en Canadá. Lo insólito de este caso es que sean miembros de la cúpula de la justicia, llamados a actuar con juicio y probidad, quienes se dedicaron al crimen organizado. Y, ¡he aquí otra situación insólita!, ninguna autoridad judicial o administrativa del Estado colombiano ha movido un dedo para solicitar la extradición del fugado siendo procedente pues no estamos ante un perseguido político refugiado en el exterior por esa razón, no, se trata a estos efectos de un simple y común delincuente. Desidia oficial.
Otra situación repetida y absurda, que no asombra ni alarma más allá de la noticia periodística del momento en que se produce, es la de reclusos delinquiendo desde las cárceles: desde el más encopetado delincuente de cuello blanco hasta el más burdo jefe de banda de sicarios ordena y dirige a sus secuaces desde su celda, sea prisión de media o máxima seguridad, ante la indiferencia, cuando no complacencia y complicidad del Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, cuerpo adscrito al ministerio de Justicia responsable de la vigilancia del sistema penitenciario nacional. Desde hace unos meses los noticieros televisivos muestran a un reconocido delincuente que a través de videos amenaza a las autoridades y a comerciantes si no acceden a sus peticiones: cambio de celda o prisión, o dinero. A pesar de haber sido cambiado varias veces de centro de reclusión sigue utilizando la tecnología de comunicaciones para enviar mensajes al exterior de su reclusión ante la inoperancia del INPEC.
Tampoco extraña que muchos procesos penales se extingan por la dilación dolosa –malintencionada- del abogado defensor o del procesado, mediante el recurso abusivo del aplazamiento de las audiencias públicas ante la fiscalía o el juez del conocimiento. Con ello se busca la libertad provisional por vencimiento de términos legales, o la prescripción del delito por el transcurso del tiempo previsto por la ley para su extinción. Hoy en día es raro conocer que un caso grave por su naturaleza o la calidad del autor termine normalmente, esto es por absolución o condena sino por vencimiento de los términos judiciales. En los estrados judiciales de Colombia es vox populi que dossier penal sin preso dormirá el sueño de los justos en los archivadores del juzgado o tribunal. El ejemplo más reciente lo denunció un reconocido periodista nacional en su columna dominical. El protagonista es un abogado procesado por un delito en ejercicio de su profesión.
Vuelvo al principio de esta nota, tanto en el Proceso de Kafka como en los casos citados –y muchos más- la insensatez y falta de cordura están presentes; sin embargo, la diferencia es evidente: mientras El proceso es pura ficción, la imaginación de su autor hecha literatura, nuestra justicia es real, son acciones y omisiones en casos concretos que, por la razón que sea, les torcieron el curso lógico de la ley estatal o natural, que deshonran la majestad de la justicia, con nocivas consecuencias, como la impunidad y violación de derechos fundamentales, entre otras. Estos desatinos vueltos rutinarios ocultan una cuestión más de fondo: la incapacidad o renuncia del Estado para impartir justicia conforme a los postulados constitucionales, declinando el ejercicio pleno de la soberanía nacional. No otra cosa es la extradición de nacionales colombianos, aun sin tratado vigente a los Estados Unidos, pues nuestro Estado está renunciando al ejercicio soberano de impartir justicia. Realidad admitida y reconocida por políticos y gobernantes sin rubor alguno.
Amable lector/a, si queremos más justicia, democracia, desarrollo y Estado de derecho, reflexionemos sobre este tema que no por ser tan específico debamos dejarlo sólo en manos de una porción muy pequeña de nuestra nación –fiscales, jueces y abogados-, puesto que nadie, ni usted ni yo, está exento de quedar atrapado en un enojoso proceso judicial, incluyendo uno de características kafkianas. ¡Pensémoslo!
Hasta pronto,
Tolimeo,
Russin, CH, mayo de 2024
La indiferencia ante el genocidio contra el pueblo palestino se convierte en complicidad.
Epístola de Tolimeo 