Inquietudes y opiniones sobre Locombia

Amable lector/a,

En esta época de despedidas y saludos de nuevo año, pienso que no estamos para celebraciones, sino más bien para reflexionar sobre lo que vivimos y viviremos en el futuro inmediato si no tomamos conciencia y actuamos para enderezar el rumbo errático que ha tomado la humanidad por voluntad del nuevo monarca del planeta tierra y su equipo imperial. No es tiempo de fiestas, sino de actuar de los hombres de buena voluntad en busca de salidas al desorden mundial que nos tiene presenciando en vivo y en directo escenas dantescas y de horror en algunos puntos en los cinco continentes.

Ese horror lo sintetizo en algunas cuestiones que, seguro estoy, en las circunstancias actuales no encontrarán respuestas prácticas que alivien tanto dolor y sufrimiento.

¿Cómo calificar este caos mundial en medio del desarrollo extraordinario de la ciencia y la tecnología?

¿Están la ciencia y la tecnología al servicio y beneficio de la humanidad, o son sólo otro medio más de poder y control económico, político y geopolítico de un minúsculo grupo de potentados?   

Cierto es que los imperios son sinónimo de hegemonía económica, política y social –incluida la cultura y la religión-, pero ¿éstos se rigen sólo por el capricho, la egolatría, la arbitrariedad y el interés personal del monarca que los lidera?

¿Puede un monarca en tiempos modernos arrogarse el derecho de desconocer otros que la humanidad ha logrado a base de luchas durante años –siglos- afectando el disfrute de los mismos a determinados sectores de la población mundial?

¿En dónde quedó el derecho positivo que hasta hoy regulaba las relaciones internacionales en el llamado concierto de las Naciones, y el sagrado derecho consuetudinario -parte sustancial del jus cogens– tan importantes y decisivos en momentos históricos de la antigüedad, la edad media y la modernidad?

¿Estamos ante un retroceso de los Derechos Humanos que, con no pocas luchas, héroes y heroínas, lograron avanzar para poner freno a la arbitrariedad y hacer las sociedades más incluyentes y justas, donde la diversidad étnica, de género, de cultura y credo, estrechaban vínculos de convivencia y confraternidad?

¿Dónde queda esa rama del Derecho Internacional Público que con tantas barreras y dificultades dio un paso de gigante en Río de Janeiro en 1992 –La cumbre de la tierra- para que todo lo relacionado con el medio ambiente y la naturaleza fuera clasificado y codificado como una parte vital de los Derechos Humanos?

¿Tiene hoy sentido, y contenido, tribunales como el Tribunal Internacional de Justicia (La Haya) y la Corte Penal Internacional (La Haya), creados por convenciones y tratados en el marco de las Naciones Unidas, si sus fallos poco o nada significan a los ojos del imperio y los Estados amparados por éste?

Estas son algunas de las preguntas mínimas y relevantes surgidas desde el 20 de enero del año que expira, con el segundo mandato presidencial de Donald Trump. Con su llegada al poder, el imperio norteamericano reactivó viejas doctrinas como la de Monroe —“América para los americanos”— y promovió otras teorías igualmente disparatadas y lesivas de derechos, tanto de sus propios ciudadanos —comunidades afrodescendientes, LGTB+ y otras— como de extranjeros, en particular los migrantes.

Asimismo, estas políticas han afectado incluso a Estados soberanos, según la afinidad o distancia ideológica de sus regímenes políticos con la Casa Blanca. Un ejemplo de ello son los infames y arbitrarios aranceles aduaneros, impuestos sin más fundamento que el capricho del presidente imperial.

Tan arbitrarias han sido algunas de las medidas adoptadas por el actual gobierno de Trump que, aunque no sirva de consuelo, sí ayuda a comprender su carácter inicuo: no solo el presidente colombiano ha sido víctima de su animadversión y perversidad. También lo han sido once magistrados y tres fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), quienes fueron incluidos en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿La razón? Haber iniciado una investigación y emitido órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por las atrocidades cometidas en la Franja de Gaza. Como consecuencia, estos magistrados y fiscales han sido condenados a una suerte de ostracismo moderno: se les ha impedido llevar una vida económica y social normal, al negárseles el acceso al sistema bancario, a Internet, a los viajes en avión y a otras condiciones básicas, en una serie de medidas tan absurdas como represivas.

¿Su único “delito”? Haber actuado conforme a la ley —el Estatuto de Roma—, una norma que no cuenta con el beneplácito del señor Trump. Esta sanción, dictada paradójicamente por quien sí ha sido procesado y condenado, podría incluso extenderse a toda la Corte Penal Internacional (véase El calvario de los sancionados por Donald Trump, El País digital, 21/12/2025).

Si la ignominia y el sufrimiento de miles de ciudadanos en el mundo provienen hoy del norte, de una potencia arrogante conducida por un empresario ególatra y soberbio, reciclado en político, cuyo único interés es el dinero y el beneficio —no para su país, como proclama, sino para el reducido grupo de multimillonarios que controla la economía y las finanzas del imperio y de buena parte del planeta—, no es menos grave la ignominia que emana de la pusilanimidad y/o indiferencia de la mayoría de los jefes de Estado y de gobierno de Europa.

Estos dirigentes se autoproclaman defensores de la democracia y de los derechos humanos, pero, tristemente, actúan a la sombra del soberano mayor, a quien temen y ante quien se inclinan incluso frente a las medidas más descabelladas y absurdas que adopta. El sufrimiento y la miseria del pueblo de Gaza, la tragedia de Yemen, de Ucrania, de Sudán del Sur y de otros pueblos oprimidos apenas generan, cuando mucho, discursos insulsos y vacíos de contenido.

Resulta igualmente doloroso constatar que el concierto de naciones, representado por organismos multilaterales como las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Liga de los Estados Árabes, entre otros, se ha convertido en mero espectador —cuando no en un séquito de aplaudidores— del amo y señor del mundo en que se ha erigido el presidente Trump.

Nadie reclama, y quien osa hacerlo queda expuesto a la férula imperial. Mucho menos se intenta hacer justicia frente a las ejecuciones extrajudiciales —que ya suman 104 víctimas— cometidas por el ejército estadounidense en el Caribe, frente a las costas venezolanas, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico de fentanilo, con el objetivo real de encubrir la verdadera ambición imperial: el control de las fuentes de energía que yacen en el vecino país bolivariano.

¿Es tiempo para celebrar? ¿Celebrar qué? ¿La intromisión e imposición del coloso del norte en las políticas internas de los países que son considerados de su órbita o su patio trasero? Entramos en un terreno que quizá muy pocos en nuestro país lo han considerado, o si lo han hecho ha preferido callar para no meterse en situaciones enojosas. Si Trump les ha metido la mano a las elecciones políticas en varios países latinoamericanos, el último Honduras donde fue declarado vencedor de los comicios el que dijo Trump, ¿acaso no podrá ocurrir los mismo en las nuestras de marzo, mayo y junio de 2026? 

Las fuerzas progresistas y democráticas de Colombia deberán prepararse, más temprano que tarde, para el ataque que llegará desde el norte, recurriendo al macartismo y a la instigación directa en la campaña presidencial de Iván Cepeda, hoy el candidato más sólido de la izquierda para la contienda de mayo en primera vuelta.

Pero la preparación deberá ser aún mayor si la izquierda logra repetir en el gobierno nacional. En ese escenario, será inevitable enfrentar los desaires, ataques e injerencias del reaccionario presidente republicano de Estados Unidos y de su adlátere Marco Rubio, sin descartar la imposición de sanciones de diversa índole.

Este panorama no es una ilusión ni una exageración. Es la deducción lógica de un conjunto de circunstancias reales que ya hemos vivido y frente a las cuales muchos de nuestros dirigentes prefieren actuar como el avestruz: esconder la cabeza para evadir el problema, en lugar de afrontarlo con lucidez y determinación.

Pero la situación puede ser aún peor si a la Casa de Nariño llega, por ejemplo, un ejemplar como el tigre que lidera a los patriotas del país, o la que dijo Uribe: las puertas del palacio presidencial y del resto del Estado le serán abiertas al amo del norte para que disponga a su guisa de los recursos y riquezas nacionales a cambio de alguna lisonja o asesoría para combatir el narcotráfico. No sería extraño ver a funcionarios de la DEA, la US Army y otras instituciones gringas despachar abiertamente en nuestro país y entrometerse en, por ejemplo, en la administración de justicia –la Fiscalía- ante la complacencia y beneplácito de las tres ramas del Poder Público.

Esa es la alternativa que nos espera si no tomamos las previsiones necesarias para evitarla. ¡Horroroso y conmovedor panorama nos espera a la humanidad!

El balance de la situación nacional, de este cuatrienio gubernamental se lo dejo al veredicto de las urnas, que sea el pueblo el que determine si valió la pena la experiencia primípara de la izquierda gobernando, o si, por el contrario, fue un fracaso y no debe repetirse. Como dice el presidente Petro: el pueblo es el soberano.

Amables lectores, esta Epístola de Tolimeo llega a su fin. Una conjunción de circunstancias han conducido a decidir suspenderla, no sé si de manera temporal o definitiva. Gracias a todas y todos los que durante este lustro de publicación tuvieron la paciencia de leerla y algunos aportar comentarios valiosos que siempre se recibieron con agrado de mi parte.

No obstante, el panorama horroroso y asombroso descrito en esta última epístola, les deseo lo mejor en 2026 y que mis pronósticos no pasen de ser la impresión de un pesimista que no se cansa de observar la dura realidad que atraviesa la humanidad.

Hasta siempre,

Tolimeo

La Flor, San Luis, Tolima

Diciembre 2025

P.S. A los amantes del llamado rey de los deportes, el fútbol, les corresponderá intentar disfrutar del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, con subsedes en Canadá y México, un torneo en el que el negocio y el espectáculo primarán sobre el juego mismo y sobre los campos deportivos. En este evento ya ha puesto su mano el nuevo amo del planeta, ante la genuflexión del señor Gianni Infantino, amo de la FIFA, más preocupado por el poder y el lucro que por el espíritu deportivo.

La indiferencia ante el genocidio del pueblo de Gaza es complicidad.

Amable lector/a,

Digámoslo claramente desde el inicio: el narcotráfico se ha convertido hoy en el argumento central que utilizan los gobiernos de los Estados Unidos para justificar su injerencia en los países productores de hoja de coca o de cocaína, así como en aquellos que, por su posición geográfica, sirven de puente en el tráfico internacional de este alcaloide ilegal. Ayer fueron las guerrillas, antes el llamado “comunismo internacional”; hoy, la bandera es la lucha contra las drogas.

Sin embargo, es evidente que se trata de un pretexto, más que de una verdadera política de seguridad nacional, como suele afirmarse desde Washington. La intervención se aplica o se omite según convenga a los intereses del gobierno de turno en ese país, o según los objetivos estratégicos de Estados Unidos en su llamado “patio trasero”, es decir, América Latina.

Si ayer fue Venezuela —y aún continúa siéndolo—, pese a no producir hoja de coca ni cocaína, y sin que exista evidencia concluyente de que sea un eje fundamental del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, pero sí poseedora de inmensas reservas de petróleo y gas hoy aprovechadas por China, ahora el turno ha recaído sobre nuestro país. Es cierto que en Colombia existen cultivos de coca y que somos el principal productor de cocaína en el mundo; sin embargo, detrás de esta acusación se oculta un trasfondo político y geopolítico de enorme importancia para el poder imperial.

A escala internacional ya se ha reconocido el fracaso de la llamada “guerra contra las drogas”, iniciada hace más de medio siglo por Richard Nixon. Esa guerra ha sido, y seguirá siendo, un pretexto, no un asunto genuinamente relacionado con la tan mencionada “seguridad nacional” de los Estados Unidos, como alegan sus gobiernos. Se trata más bien de un instrumento de presión para castigar o disciplinar al presidente de Colombia —o a cualquier mandatario latinoamericano— que se atreva a apartarse de las directrices del imperio, dejando de ser uno más entre los gobernantes sumisos que históricamente han aceptado la tutela de Washington.

Si la seguridad nacional de Estados Unidos hubiera estado realmente amenazada por el narcotráfico, en estos cincuenta años de importación y consumo de cocaína su orden político, jurídico, social o económico ya habría colapsado. (No mencionamos la ética, pues es evidente que no ocupa un lugar relevante en la política exterior del coloso del norte.)

Hoy, lo que sí está resquebrajando la democracia y la vida política de Estados Unidos es el autoritarismo y la arbitrariedad del actual ocupante de la Casa Blanca, y no las acciones u omisiones del gobierno colombiano. Y si el comercio de drogas ilegales fuese verdaderamente un problema prioritario para Washington, ya habría actuado con igual severidad contra Ecuador, que desde hace al menos cinco años se ha convertido en un corredor clave para el tráfico aprovechando su acceso al océano Pacífico compartido con Colombia.

¿Por qué no interviene allí? La respuesta es simple: porque su actual presidente es políticamente afín a sus intereses y orientación ideológica. Es decir, es de derecha.

En la actualidad, Donald Trump no actúa en defensa de los intereses del Estado norteamericano, sino movido por impulsos de carácter egocéntrico y megalómano. Con ello desconoce abiertamente el derecho internacional, el multilateralismo y los principios de convivencia pacífica entre las naciones. Su arbitrariedad y su sentido desmesurado de poder parecen llevarlo a creer que se encuentra por encima del bien y del mal y, lo más grave, por encima de la ley, incluida la de su propio país.

Esta actitud de soberbia le impide concebir la posibilidad de que alguien contraríe sus decisiones; y cuando esto ocurre, su reacción es la imposición, intentado someter a quienes él considera adversarios bajo su férula de poder. No es este el espacio para profundizar en los elementos psicológicos o históricos que podrían explicar tal conducta. Sin embargo, es inevitable advertir que comportamientos de esta naturaleza, en otros momentos de la historia, han conducido a graves amenazas para la humanidad, cuando líderes convencidos de su propia infalibilidad arrastraron a sus pueblos —y al mundo— hacia episodios de violencia y destrucción.

Este, y no otro, es el riesgo real que enfrentamos hoy: el peligro de que el personalismo autoritario sustituya los principios del derecho y la diplomacia, poniendo en entredicho la estabilidad y la paz internacionales.

Las medidas agresivas, represivas y arbitrarias adoptadas por la Casa Blanca y los Departamentos de Estado, Justicia y Tesoro contra el presidente Gustavo Petro deben entenderse en este marco. Bajo el pretexto de la defensa de la seguridad nacional frente al avance del narcotráfico, lo que realmente está en juego es el castigo a un mandatario que ha decidido no someterse a los dictados del poder imperial. La acusación de delincuencia y liderazgo del narcotráfico, y su inclusión en la lista OFAC (también conocida como lista Clinton), no constituyen más que un acto de represalia política y personal por parte de Trump contra el presidente colombiano.

Dicha medida, desproporcionada y carente de sustento, se explica porque Gustavo Petro ha cuestionado abiertamente políticas norteamericanas que afectan la dignidad humana: el apoyo al genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, la criminalización de la migración, la imposición arbitraria de aranceles a otros Estados y, en general, el ejercicio de una diplomacia basada en la imposición y no en el diálogo.

Nada de esto ha tomado en consideración que Gustavo Petro fue elegido democráticamente —su triunfo en junio de 2022 jamás ha sido puesto en duda— y que, por tanto, es el legítimo representante del Estado colombiano ante la comunidad internacional. Como tal, goza de la inmunidad que el derecho internacional reconoce a los jefes de Estado y de gobierno de países soberanos. En consecuencia, cualquier acción —especialmente si es ilegal— dirigida contra el presidente Petro afecta directamente al Estado colombiano y, por extensión, a toda su sociedad.

Como lo expresó el diario El Espectador en su editorial del 26 de octubre de 2025: “Estamos presenciando una agresión contra un país entero por decisiones tomadas democráticamente”.

Cuando Trump califica al presidente colombiano como “líder del narcotráfico”, además de incurrir en un exabrupto inadmisible, lanza una acusación que no resiste el menor análisis. Gustavo Petro ha sido, a lo largo de su trayectoria política, una de las voces que más abiertamente ha denunciado el narcotráfico en Colombia, así como los vínculos entre las mafias y ciertos sectores políticos, articulados a través del paramilitarismo. Su vida pública ha estado marcada precisamente por la confrontación de ese fenómeno, que tanta violencia y dolor ha causado en nuestro país.

Si revisamos su acción de gobierno, su política frente a las drogas ilícitas, aunque introdujo cambios en relación con administraciones anteriores, se sigue basando en la prohibición y en la represión de cultivos, producción y comercio. Su propuesta de “paz total” busca abordar el problema desde vías no violentas y con una visión integral, pero siempre dentro del marco del combate al narcotráfico. Podrá discutirse si esta política ha sido efectiva o no, y es legítimo disentir o criticar sus resultados; sin embargo, una cosa es considerar que no se han alcanzado plenamente sus objetivos y otra muy distinta es afirmar que exista connivencia con el negocio ilegal.

Confundir el debate sobre la eficacia de una política pública con una acusación de participación en el delito constituye una manipulación grave. No es lo mismo cuestionar un programa de gobierno que convertir al jefe de Estado en cómplice o promotor del tráfico de drogas. Lo primero forma parte del debate democrático; lo segundo es una falsedad deliberada que busca deslegitimarlo y castigarlo políticamente.

No se trata aquí de suavizar ni de ocultar la relación abiertamente tensa y confrontativa entre los presidentes Trump y Petro. Es cierto que nuestro presidente, en algunas ocasiones, ha sobrepasado las formas que se esperan de un jefe de Estado; sin embargo, esto no le resta legitimidad ni validez a sus denuncias frente al poder imperial. Sus señalamientos cuentan con respaldo histórico, político y jurídico. Su “falta” no es la insolencia, sino la dignidad: la solidaridad con un pueblo sometido a uno de los peores atropellos de nuestro tiempo —el genocidio contra el pueblo palestino— y la defensa de la dignidad de la nación colombiana frente a la imposición externa.

Todo lo dicho hasta aquí puede parecer evidente para quien observe con atención los hechos. Pero lo verdaderamente preocupante —y doloroso— es la actitud de un sector minoritario de compatriotas que, contando con gran poder económico y mediático, actúan en contra de los intereses nacionales y se alinean sin reservas con el poder estadounidense. Su postura, en palabras de una columnista, no es simplemente oposición política: constituye un acto de franca deslealtad hacia su propio país. De ahí el término que se les ha atribuido: Anticolombianos. https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cristina-nicholls/anticolombianos/

Resulta sombrío y vergonzoso constatar que aquellos personajes que hoy se muestran obsecuentes y alineados con la política imperial son los mismos que durante décadas gobernaron este país. Pretenden volver a hacerlo como siempre: tratando a Colombia como una hacienda propia, donde la población no es más que mano de obra destinada a garantizar el incremento de sus privilegios, sin importar el destino de la mayoría de los colombianos y colombianas.

Cabe preguntarse: ¿puede considerarse colombiano alguien como Bernardo (Bernie) Moreno, senador republicano en los Estados Unidos – conservador de línea ultramontana – que impulsa iniciativas para castigar al país del cual proviene? ¿Puede llamarse patriotas a quienes, como algunos aspirantes presidenciales – De la Espriella, Pinzón, Cabal y otros – afirman sin reparo que, de llegar al poder, se plegarían a las órdenes de Trump y su gobierno? Si quienes aspiran a dirigir la nación se comprometen abiertamente a servir intereses extranjeros en detrimento de los propios, ¿qué proyecto de país representan?

No exageramos al decir que, de prolongarse esta actitud de subordinación, el futuro de Colombia quedaría en manos de quienes actúan como servidores de intereses ajenos. Llamarlos cipayos o lacayos —términos recogidos en los diccionarios para designar a quienes sirven a un poder extranjero en contra de su propio pueblo— no es una metáfora, sino una descripción.

Nuestro compromiso con una sociedad más justa y verdaderamente democrática, o nuestra indiferencia, se reflejará en las elecciones de 2026. Del discernimiento y responsabilidad de cada ciudadano dependerá el rumbo de la Nación.

Lección de democracia

La consulta realizada el pasado 26 de octubre por el Pacto Histórico —presentada bajo el nombre del Polo Democrático por razones estratégicas—, además de su resultado exitoso con la elección de Iván Cepeda Castro como candidato presidencial, dejó una enseñanza inédita y valiosa para la vida política nacional. Por primera vez en la historia del país, fue la ciudadanía quien eligió de manera directa a las y los candidatos que conformarán las listas paritarias al Congreso —Senado y Cámara de Representantes—, y no el “bolígrafo” de los jefes tradicionales de los partidos.

Esta práctica contrasta abiertamente con los procedimientos utilizados durante décadas por sectores del viejo establecimiento, donde líderes como Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras, César Gaviria y otros dirigentes de la derecha y la oligarquía colombiana, han decidido a dedo las candidaturas, llegando incluso a avalar personajes con antecedentes criminales, como ocurrió con Kiko Gómez en La Guajira, avalado por Cambio Radical.

La izquierda democrática del país ha demostrado, una vez más, su vocación participativa, plural y abierta. Mientras tanto, los partidos tradicionales parecen aferrarse a prácticas que privilegian intereses particulares sobre la voluntad popular.

Esta consulta representa, sin duda, una lección de democracia: la política puede construirse desde abajo, con la participación real del pueblo y no desde las cúpulas del poder.

Hasta pronto,

Tolimeo

San Luis, Tolima, noviembre 2025

P. S. Era previsible que el acuerdo de los veinte puntos “alcanzado” entre Trump y Netanyahu para detener el genocidio contra el pueblo palestino no respondiera realmente a la intención de poner fin al sufrimiento de una población indefensa. Para Trump, dicho acuerdo buscaba más bien proyectar su imagen y acercarse al Premio Nobel de la Paz; y, por su parte, el primer ministro israelí jamás tuvo la voluntad de cumplirlo. La reciente ofensiva militar, que dejó más de cien muertos en la última semana de octubre, es una prueba contundente de ello.

¡Mucha hipocresía!

Álvaro y Miguel son dos hermanos campesinos que conozco desde su adolescencia. De entonces ha transcurrido medio siglo dedicado a labores agropecuarias, en especial la producción de piña -de un sabor sin igual- y a tener unas cuatro o cinco vacas de leche. Esta semana, Miguel vino a mi casa para pesar un toro que piensa vender, como hace cada tres años, para pagar —ya sea al capital o a los intereses— el crédito que mantiene desde los tiempos de la desaparecida Caja Agraria, hoy con el Banco Agrario. Sí, siempre lo mismo: cincuenta años trabajando de sol a sol para pagar un crédito eterno que nunca los ha sacado de la vida modesta que llevan, apenas mejorada un poco gracias a la ayuda de sus hijos…

Amable lector/a, esta historia podría multiplicarse por miles: hombres y mujeres del campo colombiano que trabajan la tierra con más dificultades que satisfacciones, cargando sobre sus hombros un esfuerzo que se repite desde hace generaciones en todo el país. Es como una sierra sin fin.

Hace ya tres lustros decidí irme a vivir al campo, por razones de salud. Esa experiencia me ha permitido conocer de cerca la vida campesina, con sus preocupaciones y desvelos —éstos más visibles que las alegrías y el bienestar—, en hogares rurales de escasos recursos. Hoy puedo dar testimonio directo de la producción agropecuaria y alimentaria, al menos en la región donde resido. Este conocimiento, fruto de la observación cotidiana del entorno, me ha llevado a la convicción de que, por ahora, el futuro del campesino de base —de los hombres y mujeres pobres que apenas logran producir para subsistir— no se presenta nada promisorio, ni a corto ni a mediano plazo.

Quisiera ser optimista respecto a los beneficios reales que las nuevas disposiciones constitucionales y legislativas —como la que reconoce al campesino como “sujeto especial de derechos”— puedan aportar de manera efectiva a la población rural. Sin embargo, hasta ahora, la cotidianidad de este sector poco o nada ha cambiado.

Esta nueva condición de “sujeto especial de derechos”, con el perdón de los expertos en la materia, podría incluso convertirse en un bumerán, pues corre el riesgo de dividir más que unir al pueblo colombiano y de generar diferencias más perjudiciales que alentadoras para quienes ya viven en condiciones difíciles. Surgen preguntas inevitables: ¿quién y qué criterios determinan que una persona tenga la condición de campesino? ¿Qué beneficios directos —sin trámites burocráticos ni intermediarios— recibirá el paisano común? Recordemos que la Constitución de 1991 otorgó el reconocimiento que merecían las minorías étnicas indígenas, afrodescendientes y raizales. No obstante, la llamada discriminación positiva y la representación política de estas comunidades en el Congreso se han degradado con el tiempo: se convirtieron, en muchos casos, en un modus vivendi para ciertas organizaciones y líderes que han negociado —vendido o manipulado— este privilegio en beneficio de personas ajenas a los pueblos que dicen representar. Con el nuevo estatus del campesino como “sujeto especial de derechos”, cabe preguntarse: ¿cuántos “Polo Polo” surgirán ahora, elegidos para representar comunidades que poco o nada conocen? Porque, aunque poco se hable de ello, la compra y venta de curules afrodescendientes ha existido desde el mismo día en que fueron creadas.

Las organizaciones gremiales que afirman representar y defender los intereses del campesinado —como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), entre otras—, en realidad no vinculan ni mucho menos defienden a los campesinos pobres, a los pequeños productores agropecuarios.

De los acuerdos y convenios que estos gremios suelen celebrar con los gobiernos tras los paros —como los de los últimos años protagonizados por los pequeños (¿?) y medianos arroceros, o por los cultivadores de papa—, nada o casi nada ha llegado en beneficio del pequeño aparcero. La realidad es que este sigue sometido al intermediario, que le paga veinte mil pesos por un bulto de 70 kilos de limón Tahití, mientras en el supermercado se vende a dos mil quinientos o tres mil pesos la libra; o le compra la ahuyama a doscientos cincuenta o trescientos pesos el kilo, cuando en el comercio se ofrece a mil doscientos la libra.

Para colmo, Postobón —la gran empresa nacional de bebidas gaseosas y refrescos— pagó en la región la cosecha de mango del pasado diciembre a cuatro mil pesos el guacal de 30 kilos. Deprimente, por no decir indignante. Lo mismo ocurre con el aguacate, el plátano cachaco o popocho y otras frutas.

¿Y qué decir del precio que se paga al campesino por la leche directamente en la finca? ¿Qué fue del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema, que en otros tiempos garantizaba la sustentación de los precios al productor? ¿Qué gobierno decidió suprimirlo?

Sí, estimado/a lector/a, quizá este texto parezca un memorial de agravios, pero no hay otra forma de describir la realidad —o sí, podría haberla, pero sería aún peor. La pandemia del coronavirus, por ejemplo, dejó al descubierto la dura situación del campesino pobre en Colombia: las ayudas y auxilios del gobierno nacional, así como de las autoridades locales y regionales, fueron tan exiguos como ineficientes. Al menos así ocurrió en la vereda donde este observador reside: no llegó siquiera una botella del gel antibacterial que tanto se publicitó, ni un mercado o algún tipo de ayuda para los hogares con niños y ancianos, que debieron soportar con estoicismo esa dura experiencia mundial. Ni siquiera los llamados “días sin IVA” beneficiaron al campesino humilde, pues la exención no incluyó productos hoy indispensables para las labores cotidianas del campo, como las guadañadoras —reemplazo indiscutible del azadón y el barretón—.

Conviene recordar que, durante aquel periodo aciago e incierto para la humanidad, el campesino nunca dejó de servir la mesa de los citadinos. Sin embargo, se perdió una valiosa oportunidad para que él, que vive en condiciones precarias, pudiera beneficiarse con descuentos reales en insumos esenciales para la labranza, como abonos, productos fitosanitarios o incluso simples grapas, tan necesarias para el mantenimiento diario de las cercas en potreros y huertas.

¿Será posible que en un futuro cercano el campesino cuente con un documento que lo acredite como tal y le permita acceder a un comercio más justo y equitativo? ¿Llegará el día en que la tan anhelada reforma agraria se materialice como debe ser, y no como hasta ahora, obstaculizada por los intereses egoístas de los grandes propietarios de tierra —una minoría ínfima en número, pero poderosa en lo económico y en lo político— que la han frenado desde 1936?

Si al menos, mientras eso ocurre, el campesino pobre tuviera acceso a un mecanismo público que garantizara precios de sustentación durante las cosechas; si existieran verdaderas centrales de acopio donde pudiera depositar sus productos perecederos —pues hoy él es el único que asume las pérdidas cuando las cosechas se arruinan por sequías o inundaciones—; si las vías terciarias fueran realmente vías y no trochas intransitables para sacar sus productos al mercado…

Basta ya de campañas coyunturales de corte populista, como los esporádicos “mercados campesinos” en las ciudades o la llamada “naranjetón” que promueven las autoridades de mi departamento y su capital. Estas iniciativas, por bienintencionadas que parezcan, no garantizan una mejora real ni sostenible en la vida de los productores del campo.

Las condiciones de vida del campesino pobre son, en general, deplorables en casi todos los aspectos: materiales y espirituales. Las carencias en educación, salud, esparcimiento y cultura son profundas y persistentes.

Lo que aquí se describe no corresponde a una población rural atrapada actualmente en medio del conflicto armado, sino a una región que, hace ya dos décadas, logró dejar atrás la angustia provocada por la breve pero devastadora presencia del paramilitarismo, importado de otras zonas con la complicidad de ciertos políticos locales.

El lector podrá imaginar lo que sucede, entonces, en aquellas regiones que siguen hoy atravesadas por toda clase de violencias, ante la mirada impotente o indiferente de los representantes del Estado —no sólo del poder Ejecutivo—, cuya ausencia histórica ha sido casi absoluta. Y cuando por fin hacen presencia, suele ser a través del aparato represivo, no mediante el apoyo técnico, científico o social que necesita esta población que, aunque muchos no lo reconozcan, constituye el soporte vital de la nación.

Es hora de que en las ciudades se tome conciencia de esta dura realidad que viven nuestros hermanos y hermanas campesinos.

….

Breves: Preguntas sin respuestas y crímenes sin condena ni sanción

• ¿Qué autoridad jurídica o moral tienen los Estados Unidos para certificar o descertificar a otro Estado en materia de lucha contra el narcotráfico, cuando ese país es, precisamente, una de las principales causas del problema por ser el mayor consumidor de estupefacientes del mundo?
• ¿Sobre qué base jurídica –convención o tratado bilateral o multilateral- los Estados Unidos condena otros Estados por violaciones a los derechos humanos cuando éste no es Parte de ningún instrumento internacional sobre la materia?
• ¿Cómo Donald Trump pretende aspirar al Premio Nobel de la Paz suprimiendo el aporte de los Estados Unidos al Departamento de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas y quita la ayuda humanitaria de la potencia americana a los países pobres del mundo?
• ¿Cómo pretende Donald Trump ser Nobel de la Paz auspiciando el genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino?
• ¿Acaso no es una ejecución extrajudicial la que cometió el presidente de los Estados Unidos ordenando bombardear una lancha en aguas del Caribe, pues lo lícito hubiese sido la detención de los presuntos narcotraficantes que iban en la mencionada lancha para investigarlos y juzgarlos y, dado el caso, condenarlos con base en una ley penal previamente establecida?
• ¿Acaso el apoyo y financiación incondicional de Donald Trump al gobierno genocida de Israel no lo hace coautor del genocidio que aquél está cometiendo contra el pueblo palestino?
• ¿No podría considerarse traición a la patria que el expresidente de Colombia Andrés Pastrana le solicite a una potencia extrajera sancionar a su propio país?

Tolimeo

San Luis, Tolima,

El ataque a la Global Sumud Flotilla perpetrado en aguas internacionales constituye un nuevo acto de piratería por parte del Estado de Israel, una enésima violación del derecho marítimo y del derecho internacional. El silencio cómplice de la comunidad internacional alimenta esta impunidad insoportable y consagra el desprecio de un Estado hacia el derecho, la justicia y la humanidad en su conjunto.

Amable lector/a,

Vivimos en un país frenético y convulsionado, sobre todo en lo relacionado con la seguridad, el orden público y la crónica roja. Lo que ayer parecía un hecho extraordinario, hoy deja de sorprender, y lo que hoy conmociona, mañana será historia.

En Colombia ocurren a diario situaciones que uno piensa son el colmo, imposibles de superar; sin embargo, para desgracia nuestra, siempre aparece algo peor. Los sucesos que ayer causaron sorpresa, indignación, risa o tristeza, pronto se olvidan. Esto sucede aún más cuando las conveniencias políticas y sociales de algunos sectores de poder atenúan el impacto social y político que han producido.

Cuando me disponía a abordar tres temas que considero fundamentales para la vida nacional —la salud de los colombianos, los herederos del poder político (los llamados delfinazgos) y el control fiscal de los recursos que ingresan al Estado en sus tres niveles (nacional, regional y local) por concepto de condenas, multas y otras imposiciones derivadas de la justicia y de la administración pública—, dos acontecimientos acapararon y aún mantienen la atención nacional: la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez (AUV) y el atentado, seguido del fallecimiento, del político y senador del Centro Democrático (CD), Miguel Uribe Turbay.

Ambos hechos merecen comentario por su indudable impacto político y porque sería un error permanecer indiferente ante sucesos que pueden marcar el rumbo de nuestra nación en el corto plazo.

– Juicio y condena del expresidente AUV. Sobre este caso judicial ya se ha dicho y escrito mucho. Los expertos lo han abordado con argumentos jurídicos, mientras que la mayoría de las opiniones provienen más bien de simpatías o antipatías hacia el expresidente, figura central en la vida política del país durante los últimos veinticinco años.

Como hemos señalado en otras notas, poco hay que añadir al juicio y a la condena en primera instancia, pues se presume la legalidad, idoneidad, probidad e imparcialidad de la jueza que lo dirigió y decidió. Corresponderá ahora a jueces de mayor jerarquía dar la última palabra en este proceso.

Lo que sí vale la pena destacar es que, por ignorancia o mala fe, algunos han descontextualizado el caso judicial, dándole fines ajenos a la buena marcha de la justicia en Colombia.

i) El Centro Democrático (CD) ha construido un escenario político-electoral sobre la idea de que a su jefe fundador se le realizó un juicio político, una persecución orquestada por el “neo comunismo” —en palabras de AUV— y por una rama judicial supuestamente controlada por la izquierda. Un argumento tan peregrino como descabellado.

Es cierto que el proceso penal tuvo un origen político, pues nació del debate de control en el Senado promovido por Iván Cepeda sobre el paramilitarismo en Antioquia durante la gobernación de AUV. Y, sin duda, todo lo que rodea a un líder de semejante influencia nacional tiene inevitablemente connotaciones políticas, aunque hoy su figura esté en declive.

Pero de ahí no se desprende que se trate de un juicio político ni de una persecución política. Lo que hay es un proceso de derecho penal ordinario contra un ciudadano, acusado y condenado por dos delitos comunes tipificados en el Código Penal, sin relación alguna con delitos políticos como la rebelión o la sedición.

Se trata de delitos graves, pues constituyen un atentado directo contra la administración de justicia. Lo demás es falacia: estamos ante una persecución judicial, sí, pero entendida como la acción propia y necesaria de la justicia cuando alguien comete un delito.

ii)  No nos llamemos a engaño: aunque AUV fue condenado en primera instancia —sentencia que el Tribunal Superior de Bogotá puede ratificar o revocar en apelación—, todo indica que el caso terminará por prescripción de los delitos, con la consecuente libertad del condenado. Así lo prevé la ley de procedimiento penal.

En efecto, si en octubre el proceso no ha alcanzado la calidad de cosa juzgada, los términos legales se habrán vencido y los delitos se extinguirán. De ocurrir esta eventualidad, lo único que quedará será la convicción, mayoritaria en la sociedad, de que el expresidente sí es responsable penalmente. Y no solo de estos dos delitos, sino también —según muchos— de otros aún más graves, aunque la ley lo “blanquee”.

La certeza de su culpabilidad permanecerá en la memoria del pueblo, porque al menos en una, y quizás en dos instancias judiciales, se habrá demostrado su responsabilidad como autor de esos delitos.

iii) Este caso judicial dejó en evidencia la doble moral y el doble rasero de la élite de derecha en Colombia. Cuando la justicia les favorece, hay que defenderla; pero cuando les resulta adversa, dejan de considerarla válida y la tildan de corrupta, persecutoria o de simple arma política en manos de sus adversarios.

Hasta aquí, podría decirse, la reacción no sorprende demasiado: casi cualquiera responde así ante un fallo en contra. Pero el asunto adquiere otra dimensión cuando se trata de un expresidente de la República y de sus conmilitones en el Congreso —senadores y representantes, entre ellos cuatro aspirantes a la presidencia— que no han parado de atacar a la justicia y de descalificar a la jueza que, con valentía, actuó conforme a derecho frente a la presión del poder político y económico.

Lo más insólito y degradante, sin embargo, fue su comportamiento en el escenario internacional. Un exmagistrado de la Corte Constitucional lo resumió con toda claridad: “¿Cómo es posible que, por cuenta de la polarización y contra la soberanía del Estado colombiano, algunos compatriotas acudan a ministros, congresistas y funcionarios extranjeros para que desconozcan sentencias judiciales colombianas y propongan o adopten medidas contra el país?” —José Gregorio Hernández, Pensemos en Colombia, El Tiempo, 16/08/2025 (énfasis añadido).

-El atentado y muerte del senador Miguel Uribe Turbay. El atentado que costó la vida a este político y precandidato presidencial del CD —un hecho lamentable que, hay que decirlo con contundencia, no beneficia a nadie y solo genera más zozobra y desconfianza en el país— dejó en evidencia la actitud de la élite colombiana.

En cada comunicado y entrevista, los políticos de los partidos del establecimiento, ese que se resiste a desaparecer, llamaron a la paz y a bajar el tono de la confrontación política. Paradójicamente, muchos de ellos fueron los mismos que se opusieron al acuerdo de paz en el plebiscito de 2016. Y, como si fuera poco, tras esos llamados a la concordia terminaban responsabilizando a la “otra orilla” de la polarización y del odio, como si no hubieran sido ellos mismos quienes han intoxicado durante años el ambiente nacional.

Como en otros episodios similares de tiempos recientes, la élite mostró su talante excluyente y convirtió las honras fúnebres en una tribuna política. En lugar de duelo, se desplegó la más eficaz arma de estos tiempos: el odio y la descalificación del adversario. Incluso el padre del senador asesinado dejó de lado el dolor filial para ofrecer las banderas de su hijo caído como plataforma electoral.

El discurso más agresivo lo protagonizó, cómo no, el jefe del partido del senador abatido. Sin prueba alguna —muy propio de su estilo—, acusó directamente al presidente Petro de ser el determinador del crimen. Y, para que no quedara duda de su encono, desconoció en plena ceremonia religiosa el genocidio político de la Unión Patriótica, con el cinismo de afirmar que en sus gobiernos había protegido a ese partido y a los derechos humanos.

De los tres días de homenajes y duelo, quizá lo más notorio fue la hipocresía de las clases dominantes. El ejemplo más grotesco lo dio nuevamente el expresidente AUV, quien llegó al extremo de llamar “hipócrita” al expresidente JMS solo por asistir al velorio y presentar condolencias a la familia. En contraste, las palabras más sinceras fueron las de la viuda, que con cordura pidió justicia, pero rechazó que la muerte de su esposo sirviera de pretexto para nuevos actos de violencia.

Pese a ello, resultó desconcertante que la propia familia de Miguel Uribe Turbay pidiera al presidente de la República y a su gabinete no asistir al funeral. Se proclama paz, pero no con todos. Somos, aún, dos Colombias.

En este, como en tantos episodios de nuestra historia, abundan los discursos que culpan a la violencia de todos los males. Pero casi nadie se pregunta por qué surge esa violencia, de dónde viene, quién la alimenta o cómo erradicarla.

Tampoco se osa —aunque muchos lo sepan— asociar la violencia con sus verdaderas raíces: la desigualdad y la exclusión, los privilegios de unos frente a las carencias de otros, la opulencia de pocos junto al hambre de muchos, la riqueza concentrada frente a la falta de oportunidades en educación, salud y empleo para las mayorías nacionales.

Se habla para la tribuna, para la ocasión, para aparentar que se cumple con un deber. Pero en el fondo, el orador sabe que no convence a nadie. Mucho menos a los nadies.

Nota aparte: los grandes medios de comunicación

El comportamiento de los grandes medios también merece comentario. Durante tres días —desde la noticia del deceso del senador hasta su funeral— dedicaron la mayor parte de sus páginas y emisiones a este suceso. Se volcaron a enaltecer las calidades humanas y cívicas del difunto, a magnificar su trayectoria y a presentarlo como un líder de talla histórica. Poco o nada se dijo de que era, en realidad, un delfín político, catapultado por un exalcalde de Bogotá y luego convertido en el senador más votado de la legislatura gracias a ocupar el primer renglón de la lista cerrada del CD, por imposición directa de su jefe-fundador.

Algunos comentaristas llegaron al extremo de compararlo con Luis Carlos Galán e incluso con Jorge Eliécer Gaitán. Mientras tanto, otras noticias y problemas de interés nacional fueron relegados a un segundo plano. Ejemplo claro: RCN y Caracol transmitieron sus noticieros desde el Capitolio Nacional, donde reposaba en cámara ardiente el féretro del senador asesinado. No hubo disimulo: primero está la noticia que beneficia al poder económico y a la élite; lo demás, si queda tiempo o espacio.

Esa cobertura es otra muestra del sesgo y la falta de imparcialidad de la gran prensa colombiana. Aun así, el periodismo de élite no duda en quejarse del presidente Petro porque éste los critica y señala justamente por esa parcialidad.

Para que no se interprete como un sesgo del autor de estas líneas, invito al lector a revisar la columna del caricaturista y periodista Vladdo: “Más sensatez, menos veneno” (El Tiempo, 13/08/2025).

Hasta pronto,

Tolimeo,

San Luis, Tolima, agosto de 2025

La indiferencia ante el genocidio del pueblo palestino también es complicidad

En mi casa paterna no faltaron los animales domésticos y no fueron un objeto más sino integrantes de la familia; además de perros y gatos, gallinas, cerdos, corderos y tortugas habitaron en la superficie solariega de la casa. Por eso en mis añejos recuerdos de la infancia un perro está presente. Nací y me levanté en una vivienda rústica, con amplio solar donde había dos canes: Firpo, un criollo de raza mediana, color amarillo con algunas tenues líneas negras, más bien agresivo con desconocidos, era el guardián de la casa. Sonia, una perrita de pelaje blanco, era como la mascota, aunque sin la connotación y efectos de ahora; fue la consentida de la familia y la estrella cuando de fotos se trataba. Pese a ello, los dos peludos como el gato, que tampoco faltó, fueron seres tenidos en las mejores condiciones posibles, aunque sin los tratamientos veterinarios, alimenticios y estéticos de hoy: alimentación en horario establecido, condiciones higiénicas aceptables, cama formada de cobijas puestas todas las noches en un rincón del corredor para guarecerse de las inclemencias del tiempo, sobre todo de la lluvia y no tanto del frío por ser una ciudad de clima templado; quizá Sonia sí dormía dentro de la casa. Al morir Firpo su reemplazo fue otro criollo de más talla, color blanco con manchas beige con el que disfrutamos mis hermanos y yo jugando a la pelota -por cierto, motivo de fuertes reprimendas de nuestro padre porque ensuciábamos las paredes amarillas de la casa jugando con él con una pelota de caucho con letras y números que quedaban marcadas en ellas. Aún conservo una pequeña cicatriz en el brazo izquierdo de un mordisco de Ónix –nombre del can- en un intento por quitarme la pelota. A este canino se le hizo la “eutanasia” en casa porque se enloqueció y se fugó, estuvo ausente unos días y regresó derrengado, quizá lo golpearon muy fuerte y le malograron su pata trasera izquierda. Sonia sí murió de vieja, de 14 o 15 años de edad. Después hubo otros peludos como Caruso y Falcon, que ya no pude disfrutar por haberme ido de la casa paterna. Tiempo después tampoco faltaron los caninos en la finca de mi padre.

Cuando salí de la casa paterna no hice esfuerzo alguno por tener perro o gato de compañía porque era consciente que en apartamentos, sin solar o patio privado era –y es- muy complicado mantener mascotas; además, mis largas jornadas fuera del hogar hacían difícil tener un peludo de compañía ya por la incomodidad que pudiera presentar para visitantes y allegados, ya por el sufrimiento al que se somete un animal en largas horas de soledad, un can encerrado es más preocupación que alegría para el propietario y congoja para el animal. Fue así como la mayor parte de mi vida adulta me perdí de la compañía de uno de ellos. Ya alejado de las actividades profesionales y habiéndome establecido en el campo, en una finca de tierra caliente, tuvimos mi familia y yo, la satisfacción de acoger peludos que, por diversos medios y maneras y en tiempos distintos, fueron llegando a nuestro hogar hasta constituir una bulliciosa manada de siete para solaz de nuestro hogar, también de inquietud y preocupación por asuntos, sobre todo, de salud de los peludos. Un octavo peludo está en mis afectos, aunque su compañía no sea permanente pues vive otro hogar y muy lejos de mi residencia. En nota aparte reseño quién es Madiba, Santi, Paloma, Charlotte, Graça, Kira y Perla, dejando por fuera algunos cuya estancia y relación fueron fugaces por diversas razones.

Con base en lo descrito, puedo afirmar hoy que no soy experto en perros, ni he realizado estudios específicos sobre estos, a lo sumo tengo la información básica que me han suministrado veterinarios y algunos documentos impresos y digitales que circulan sobre alimentación, sanidad, esparcimiento y mantenimiento de caninos, como para presumir sapiencia sobre el tema. Convivo con ellos de la manera más simple y satisfactoria posible. No se les ha dado una educación especial, limitándonos a las órdenes básicas para hacer posible nuestra relación cotidiana, y, ellos, en general obedecen a las consignas y órdenes rutinarias. A pesar de no jugar con ellos por mis limitaciones físicas, puedo decir que habito con ellos las 24 horas del día; hacemos pequeñas caminatas diarias al amanecer, antes del desayuno, idas al río cuando no eran tantos, compartimos alguna miga de mi mesa. Unos son más cariñosos o efusivos que otros, una hembrita desde su llegada a tierna edad y por tamaño pasa buenos ratos en mis piernas; una que otra inquietud nos provocaron los dos mayores cuando estando jóvenes solían traspasar los linderos de la finca y regresar con alguna presa de corto vuelo del vecindario o con una iguana en sus fauces. Tampoco se les ha “humanizado” sin desatender el bienestar de la manada. No he caído en la torpeza de predicar o exigir el derecho de los perros, pero sí un trato considerado como seres sintientes, como los humanos y demás especies vivas. En síntesis, no han existido contratiempos insalvables en nuestra convivencia, desvelos o inquietudes que, casi siempre, derivan de su estado de salud y, ahora, de cómo conllevar la vejez presente en algunos de ellos.

El diario coexistir con ellos me ha permitido observarlos con cuidado permitiéndome afirmar con juicio que cada día me sorprenden por su inteligencia y maneras de relacionarse con los humanos, con otras especies y entre ellos. Sus comportamientos no son iguales, ninguno se parece a otro en raza, físico o comportamiento; hoy sé con certeza cuál está afligido, con dolor, con apetito, con deseos de salir a hacer sus necesidades, o de ser acariciado, cuál está celoso de otro, o de los afectos o rechazo hacia otros seres, es decir, comprendo en gran parte cómo expresan sus sentimientos. Se emocionan con ciertas rutinas, como cuando sienten que tomo las llaves del carro o de los portones, o el sombrero de la percha, porque saben que habrá paseo o que el amo se va sin ellos; distinguen muy bien los movimientos de sus dueños saben cuándo los dejarán por largo tiempo y cuándo regresarán pronto, pues asumen actitudes diferentes en cada situación. Y no es por un comportamiento visible del humano, como alistar una maleta o alistar otros elementos de viaje, que ellos intuyen que alguien importante en sus vidas se va –excepto una vez que se dejó solo al jefe de la manada, nunca más se han vuelto a quedar sin compañía humana-. Una mirada, una forma de ladrar o de gruñir, un aislamiento puntual denota un estado físico o emocional diferente de cada uno de ellos, sin ser igual entre ellos. Lo último que he aprendido es comprender la angustia de una cachorrita abandonada, con hambre y desnutrida, y cómo le cambió su rostro luego de calmadas sus carencias alimenticias y de sentirse en seguridad.

Hoy sé cómo los perros mayores reprenden a los pequeños sin agredirlos así les muestren los dientes, cómo el adulto evita al máximo al cachorro juguetón, pero lo protege ante el eventual peligro, rodeando al pequeño, en especial cuando hay otro can que no hace parte de la manada. Me sorprendió al principio que los dos mayores desde cachorros no dejan solo al amo que va con ellos por el campo, si van adelante y no lo sienten se devuelven para asegurarse que ahí va con ellos. Sin caer en lugares comunes como que son los mejores amigos… o que son muy fieles, experimenté cómo cuando me encontraba postrado en cama por un mal que luego se diagnosticó como grave enfermedad, el jefe de la manada no se despegó de mi lecho de enfermo. Además, y esto es importante, aprendí que sus comportamientos, hábitos y rutinas van cambiando con el paso de los años, necesitando más atención y ayuda, sobre todo, más comprensión puesto que la vejez afecta por igual a los humanos como las demás especies que habitamos este planeta.

Comprendo y respeto a mis congéneres que no aceptan los canes y los gatos, a los que les tienen aversión por X o Y motivo, incluso a los que los consideran seres invasores de la esfera humana y causantes de la regresión demográfica de la humanidad porque, según los que sostiene esta teoría, las generaciones presentes prefieren no tener prole y sí una mascota. Es cuestión de percepción y de concepciones sobre el cómo vivimos los humanos. Sin embargo, no comparto esos criterios y comportamientos repulsivos hacia los animales domésticos, porque los humanos no somos los dueños del planeta tierra, como muchos creen para excluir otras especies. Los perros de compañía existen desde cuanto los humanos decidieron domesticarlos e integrarlos en sus vidas para bien de ambos. Por tanto, el aparente aumento de mascotas se debe más al márquetin consumista de la industria y comercio de productos caninos y otros que la ciencia y la tecnología pone a disposición de los humanos que a una ola de adopción de mascotas, sin negar que hoy la gente tiene más conciencia de la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los perros adoptando mascotas. No obstante, los gozques callejeros son más numerosos que las mascotas y en los barrios pobres de las ciudades y el campo de los países subdesarrollados aún persisten ingentes poblaciones de peludos deambulando por las calles en busca en un mendrugo para sobrevivir. Que coincidan en el tiempo la disminución reproductiva humana con el aumento de los perros y otros animales como mascotas, no significa que aquel fenómeno tenga como causa este último, o que sean interdependientes en su causa y efectos.

El progreso y la liberación femenina son, entre otras, causas capitales para que la institución social del matrimonio haya mutado, reduciendo la descendencia entre finales del siglo pasado y el presente, al menos en Occidente y países industrializados. Esta institución se ha visto afectada en su composición y comportamiento desde que la mujer compite con el varón en el mercado laboral, impulsada ya por la liberación femenina, ya por la necesidad de mayores ingresos para el hogar ante la cada vez menor capacidad de compra de las mayorías de las familias en los cinco continentes. No es, pues, el perro y/o el gato, el causante de lo que han dado en llamar crisis del matrimonio y las consecuencias derivadas de la misma. No justifiquemos a la ligera las mutaciones sociales de la humanidad culpando a otra especie de nuestras propias miserias.

Concluyo afirmando que, sin lugar a equívoco, mi reencuentro con los perros ha sido y es satisfactorio, con más consecuencias positivas que negativas –que también las hay-, sin tener que haber dejado de lado hijas y nietos, pues intento no confundir estas dos relaciones afectivas que no son excluyentes entre sí. Invito, a las personas no amantes de los perros a darse la oportunidad de observar un canino para que aprecie cómo éste la mira, qué le está pidiendo, si tiene hambre o le está implorando sólo afecto y luego me dirán qué piensa de esta especie que es para algunos la que más y mejor compañía le ha prodigado al ser humano.

En todo caso, no los maltrate, por favor.

Tolimeo

La Flor, San Luis, Tolima, julio 2025

N.B. Cada 27 de julio se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero con el objetivo de generar conciencia sobre la cantidad de perros que se encuentran en las calles buscando alimento, los que son abandonados y sufren de maltrato. Bogotá. Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Publicado por: Laura Judith Ramírez (27 de julio de 2021)

Ante vejámenes tan evidentes como horrorosos —como los que presenciamos en vivo y en directo cada día—, al observar cómo una población palestina indefensa, compuesta principalmente por niños, mujeres y ancianos en la Franja de Gaza, sufre los ataques perpetrados por el Estado de Israel, también vemos, aunque no siempre en directo porque los grandes medios de comunicación así lo deciden, que personas en muchas ciudades del mundo salen a protestar.

Estas manifestaciones constituyen una luz de esperanza. Por un lado, demuestran que, a pesar de la indiferencia o indolencia de muchos dirigentes políticos y gobernantes, sus ciudadanos aún se resisten a aceptar que se ha perdido todo sentido de humanidad. Y por otro, porque sí representan una presión significativa para poner fin —desde hace ya mucho tiempo— a la infamia y la barbarie de la que Palestina es víctima por parte de Israel.

Hay esperanza al ver esos pasos lentos, los rostros marcados por los años, las miradas a veces perdidas en el horizonte —otras clavadas en el suelo por el peso de cuerpos encorvados— de tantas personas mayores, mujeres y hombres de más de 80 años, marchando junto a sus nietos. Niños y jóvenes que, dejando de lado sus horas de recreación, alzan también su voz para decir: paren ya la agresión contra un pueblo excluido, discriminado y expulsado de la tierra de sus ancestros, un pueblo que, pese a todo, se resiste a desaparece, como lo desea el fanatismo judío. Es conmovedor ver cómo esa generación, que en su infancia y adolescencia vivió las duras secuelas de una guerra devastadora como lo fue la Segunda Guerra Mundial, sigue creyendo en el poder de las ideas, el diálogo y la unidad. Y lo expresa con su presencia, alzándose contra un genocidio atroz. Como extranjero no puedo más que admirar un pueblo que, pobre al final de la gran conflagración, con disciplina y perseverancia en el trabajo, individual y asociativo, hoy es ejemplo para el mundo: el pueblo suizo.

Eso fue lo que se vivió el 21 de junio de 2025: una concentración de 18.000 personas frente al Palacio Federal en Berna, tras una marcha por el centro de la ciudad, bajo la consigna «¡Alto al genocidio, alto a la colonización del pueblo palestino!», especialmente en la Franja de Gaza.

Partidos políticos como el Socialista y el Verde, organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como internacionales —entre ellas Amnistía Internacional—, y, sobre todo, ciudadanos llegados de todos los rincones de Suiza, se reunieron para exigir al Consejo Federal (el gobierno suizo) una implicación concreta frente a la evidente agresión de Israel contra un pueblo indefenso.

Las demandas fueron claras y firmes:

• Un alto el fuego inmediato y permanente en todo el territorio palestino, y acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria.
• La liberación del pueblo palestino y el respeto incondicional a su derecho inalienable a la autodeterminación.
• El fin de la ocupación y del apartheid, y el pleno respeto del derecho del pueblo palestino al retorno.
• La aplicación por parte de Suiza del derecho internacional y de los derechos humanos fundamentales del pueblo palestino.
• El fin de toda colaboración militar entre Suiza y el Estado israelí colonial.
• El reconocimiento del derecho a la resistencia del pueblo palestino —un derecho respaldado por el derecho internacional— y el cese de su criminalización.
• El fin de la represión contra los movimientos de solidaridad con Palestina.
• Boicot, desinversiones y sanciones estrictas contra el Estado israelí colonial, impulsado por el movimiento del mismo nombre – BDS – hasta que se satisfagan todas estas exigencias.

Amable lector/a, Nada de lo expuesto hasta aquí es realmente novedoso. Durante la primavera de este año se llevaron a cabo numerosas manifestaciones de apoyo al martirizado pueblo palestino en ciudades como Nueva York, Washington, Londres, París, Madrid, Ámsterdam o Bruselas. Sin embargo, la protesta celebrada el sábado pasado en Berna va más allá de un acto puntual. Ofrece lecturas que quizá resulten irrelevantes para quienes permanecen indiferentes ante el sufrimiento de otros pueblos, pero que son significativas para quien se siente comprometido con la humanidad.

Primero, la solidaridad con Palestina revela una brecha entre la ciudadanía y sus gobernantes, sobre todo en los países industrializados.

Segundo, la movilización constituye una bofetada a la indiferencia oficial de los Estados, que roza lo delictivo, al hacerse cómplices de las graves violaciones que Israel perpetra contra el derecho internacional público —en especial los derechos humanos y el derecho internacional humanitario— al incumplir los compromisos derivados de la convivencia entre naciones. Numerosos informes señalan que Israel no solo vulnera tratados y convenios de los que es parte, sino que ignora las resoluciones de organismos y tribunales competentes. Ni siquiera las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU o la Corte Internacional de Justicia (como en el caso Sudáfrica v. Israel) han logrado imponer el imperio de la ley.

¿Por qué? Porque Israel cuenta con el respaldo privilegiado de Estados Unidos, que le suministra buena parte del armamento empleado contra el pueblo palestino y otros pueblos de Oriente Medio.

Anotamos antes que, aunque exista cierto escepticismo mundial respecto al accionar impune de algunos Estados y a la inacción o indolencia de organismos internacionales como la ONU o la UE, esta vez, quizás debido a la presión ciudadana, la Unión Europea ha reaccionado.

Así lo demuestra un informe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), dirigido por la diplomática Kaja Kallas, en el que se afirma que Israel no está cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos en el contexto de su ofensiva militar en Gaza (El País, Edición Nacional, 21 de junio de 2025).

Según dicho informe, Israel estaría incumpliendo el artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel, el cual establece que las relaciones entre ambas partes “se basarán en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos”. El diario español señala: “Se trata del primer documento que concluye, sin matices, que Israel está incumpliendo sus obligaciones internacionales, particularmente las adquiridas con la Unión Europea”.

El informe concluye: “Con base en los análisis realizados por instituciones internacionales independientes (…) existen señales de que Israel incumpliría sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel”.

Este observador desconoce, al momento de redactar esta nota, si el informe, que iba a ser debatido el lunes 23 en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, arrojó algún resultado concreto por parte del bloque. No obstante, es importante destacarlo, ya que demuestra que esta organización europea ha decidido tomar cartas en un asunto tan delicado como grave para la convivencia y la seguridad de las naciones.

Cabe añadir que, de manera independiente, algunos Estados europeos —especialmente España, así como Irlanda y Portugal— han condenado sin ambages el accionar criminal de Israel en la Franja de Gaza, y han demandado una condena colectiva de la UE contra el Estado de Israel.

Amable lector/a, Es importante precisar un aspecto fundamental, para evitar que se piense que estamos calificando a priori como criminal el comportamiento del Estado de Israel, sin esperar que un tribunal competente así lo determine, como corresponde en un Estado de Derecho. Sin embargo, autoridades internacionales con la competencia y la autoridad moral que les otorgan sus funciones —como es el caso de la profesora Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967—, se han pronunciado con contundencia sobre el accionar del Estado israelí, que se sitúa fuera de toda razonabilidad jurídica y diplomática.

En su Informe «Situación de los derechos humanos en los territorios
palestinos ocupados desde 1967″ A/79/384, del 1 de octubre de 2024, la Relatora Especial afirma:

“La destrucción general de Gaza, de la que no se han librado otras partes del territorio, continúa sin cesar. La violencia que Israel ha desatado contra los palestinos tras el 7 de octubre no se produce en un vacío, sino que forma parte de un proceso a largo plazo, intencionado, sistemático y organizado por el Estado, cuyo fin es provocar el desplazamiento forzado y la sustitución de los palestinos. Este proceso podría causar un perjuicio irreparable a la propia existencia del pueblo palestino en Palestina. Los Estados Miembros deben intervenir ahora para evitar nuevas atrocidades que dejen aún más cicatrices en la historia de la humanidad.”

Frente al desconocimiento deliberado del derecho internacional por parte del gobierno del primer ministro israelí, es legítimo afirmar —sin necesidad de esperar una sentencia judicial que esperamos llegue algún día— que Israel, a través de su ejército y de otros funcionarios implicados, no está simplemente cometiendo «actos de genocidio», como prefieren expresar algunos juristas, sino que está perpetrando un genocidio en el pleno sentido del término: una decisión política y voluntaria de exterminar a todo un pueblo.

Para ello, ha recurrido no solo al bombardeo indiscriminado de la Franja de Gaza, sino también al hambre como arma de guerra, al desplazamiento forzado de la población palestina, a múltiples violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos: ataques a convoyes humanitarios, a hospitales, y al asesinato de numerosos periodistas internacionales que se encontraban en Gaza cubriendo esta tragedia humanitaria.

Amable lector/a, otras guerras iniciadas por Israel —con el apoyo incondicional de los Estados Unidos— no deben desviar nuestra atención de la catástrofe que hoy sufre el pueblo palestino, especialmente en la Franja de Gaza. Si lo dejamos solo, si miramos hacia otro lado, pronto podríamos hablar del pueblo palestino en tiempo pasado, como si fuera solo parte de la historia, pues podría ser literalmente borrado de la faz de la tierra.

Sigamos el ejemplo de los hombres y mujeres mayores, muy mayores, de buena voluntad, que aún nos invitan a no renunciar jamás a la defensa de los derechos, de la paz y de la libertad.

Tolimeo, Russin, GE, junio de 2025

Con la nueva política de los Estados Unidos en el campo internacional ¿dónde queda el derecho internacional público, en particular el de los derechos humanos, y la democracia?

Amable lector/a,

Hoy nadie duda que Estados Unidos de América es un imperio y actúa como tal así no esté gobernado por un emperador: controla la economía y la política interna de numerosos países a través de imposiciones de facto –sanciones- y de derecho –tratados bilaterales o multilaterales- facilitando su intervención en los asuntos internos de estos, haciendo del derecho a la libre determinación de los pueblos y la soberanía principios del pasado. Injerencia y control que, digámoslo claro desde el principio, no es reciente, como que vienen desde finales del siglo XIX -Filipinas, Puerto Rico, Cuba, …-, aprovechando la ruina en que quedaron las potencias europeas al final de la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), amplía su hegemonía en Occidente mientras la URSS la ejercía sobre el llamado bloque soviético –China no contaba aún, pues apenas libraba su guerra de liberación nacional-. Con la caída de la URSS (1989 – 1991) se consolidó como potencia hegemónica unipolar, sin rival o contrapeso, aunque por poco tiempo porque un nuevo jugador de peso entraría pronto en la escena internacional: la República Popular de China que, en corto periodo, alcanzó cotas significativas en todas las esferas de un Estado moderno, sobre todo en la economía, la ciencia y tecnología, convirtiéndose en un fuerte competidor –y desafío- de los Estados Unidos. No obstante, el Estado norteamericano sigue imponiendo de manera unilateral buena parte de las reglas del nuevo contexto internacional después de la extinción del bloque soviético.

Se podría pensar que es Donald Trump el que ha modificado las políticas de las relaciones internacionales, pero no es así, quizá éste las ha extremado por causa de su egocentrismo, narcisismo, excentricidad e histrionismo. Si retrocedemos unas tres décadas, la historia nos mostrará que ya en los años 90 la potencia imperial, en la agonía de su antagónica URSS, procedió a cambiar de manera violenta gran parte el establecimiento mundial: La Operación Tormenta del Desierto (1991) con el cual los Estados Unidos más 33 aliados, bajo la administración de George Bush padre, y el visto bueno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, atacó a Iraq, luego de la invasión de éste a Kuwait. Más tarde, bajo mandato de George W Bush, hijo (2001 – 2009), so pretexto de derrocar a Saddam Hussein, acusado de detentar armas biológicas y químicas de destrucción masiva, esto es no convencionales –excusa que pronto se demostró ser falsa-, procedió a invadir el país árabe de 2003 a 2011; contexto que se prestó para acuñar términos institucionales antes inexistentes o no válidos en el derecho internacional, como injerencia o intervención humanitaria, guerra preventiva, modificar las normas del derecho penal y los derechos humanos, como la tortura admitida como instrumento legal para obtener la “verdad”, entre otros. Asimismo, los atentados terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 por comandos musulmanes de Al Qaeda contra edificios estratégicos y simbólicos de Estados Unidos sirvieron de pretexto para que George W. Bush modificara de facto principios y procedimientos jurídicos internacionales, establecidos tanto por la costumbre internacional como por el derecho positivo en tratados y pactos que obligan a los Estados que los han firmado y ratificado. La presunción de inocencia, la privación de la libertad sin mandato judicial sine die ysin causa penal, la extradición clandestina, la absoluta incomunicación de presos, son apenas algunos de los pilares universales modificados por la nueva doctrina estadounidense. Con las intervenciones de Estados Unidos en Irak y Afganistán —este último con el objetivo de derrocar al régimen talibán—, y las revueltas y manifestaciones de la denominada Primavera Árabe (desde 2011) en países como Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Siria, Bahréin, Marruecos, Jordania, Mauritania y Argelia, los derechos fundamentales de estos pueblos fueron sistemáticamente vulnerados con total impunidad, bajo el amparo, coautoría y complicidad del imperio del norte y varias democracias europeas. Nos encontramos así ante un nuevo contexto político y jurídico internacional, establecido sin el consentimiento de la mayoría de los Estados, quienes son los únicos sujetos del derecho internacional público.

Este nuevo orden —o más bien, desorden— ha alterado aspectos fundamentales para la convivencia humana. Las relaciones multilaterales han sido reemplazadas por el unilateralismo de las grandes potencias; la justicia se ha visto menoscabada con el incumplimiento de sentencias de cortes internacionales y del Derecho Internacional Humanitario. Las relaciones económicas, diplomáticas y jurídicas entre los pueblos, así como la solidaridad y el humanismo —entre otros valores y conquistas de la humanidad— se han visto menguados, en claro detrimento de la mayoría de la población mundial.

Esto se manifiesta con crudeza en el genocidio que sufre el pueblo palestino en la Franja de Gaza a manos del gobierno de Israel: primero, ante la indiferencia del presidente Biden; luego, con el auspicio directo de Donald Trump, y con la complicidad silenciosa de muchas potencias europeas, salvo algunas excepciones —como España, Irlanda, Bélgica y los Países Bajos—.

No cabe duda de que estamos ante una subversión del derecho internacional público, especialmente en lo relativo a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Tal vez esto exija una pronta reconfiguración normativa, porque, de lo contrario, avanzamos hacia la anarquía o el retorno a la ley del más fuerte.

Como si la consigna de los poderosos capitalistas de los Estados Unidos, con su presidente a la cabeza, fuera el sometimiento de la humanidad a su poder, al precio que sea, las imposiciones del imperio se han extendido a las más variadas esferas de las sociedades: intervención en la economía de los países a través de tasas arancelarias arbitrarias a sus exportaciones hacia el coloso del norte, represión y expulsión denigrante e inhumana de inmigrantes del territorio estadounidense sin importar el estatus en que se encuentren, separación infame de menores de sus padres, sindicar como delincuente a los inmigrantes, eliminación de las políticas incluyentes DEI -diversidad, igualdad e inclusión- denegando con ello derechos y garantías a minorías diversas -mujeres, extranjeros, comunidades LGTBI+ y étnicas-, recorte de funcionarios federales que trabajan en la cooperación internacional de los Estados Unidos –USAID-, amenazas a países que intentan extender sus relaciones comerciales con China –caso de Colombia y su intención de adherir a la Ruta de la Seda-, entre otras coacciones unilaterales de la potencia americana.    

Con la nueva política de los Estados Unidos en el campo internacional ¿dónde queda el derecho internacional público, en particular el de derechos humanos, y la democracia? ¿Continúan vigentes las normas previstas en tratados y convenciones que hasta hace poco regulaban el concierto de las naciones? ¿Acaso se están violando los pactos y convenciones de carácter comercial, como los tratados de libre comercio suscritos por Estados Unidos con terceros Estados? ¿Las normas que reglan el comercio mundial a través de la Organización Mundial del Comercio se cumplen en la actualidad? ¿Es legítimo y legal, siquiera moral, que los Estados Unidos, sin ser Parte de ninguna convención o pacto de Derechos Humanos, descertifique o sancione unilateralmente a otros Estados por violaciones a derechos fundamentales? ¿Tiene autoridad moral los Estados Unidos para exigir justicia para nacionales de otros países por graves crímenes mientras sustrae sus connacionales de los tribunales internacionales de justicia, como la Corte Penal Internacional, CPI?  ¿Puede considerarse democrático un Estado que no respeta la división tripartita del poder público, como lo está haciendo actualmente el gobierno de Donald Trump?

Así, muchas otras interrogaciones emergen día a día con cada exabrupto o arbitrariedad del presidente del imperio sin que haya respuestas prácticas decisivas del concierto de las naciones, excepto las dadas por China, como una aceptación fatal de otras potencias, sin importar el caos que se está formando en detrimento de la humanidad entera.

Reflexionemos.

Hasta pronto,

Tolimeo

Russin, GE, mayo de 2025 

P.S. Mientras tanto la agonía y la muerte violenta, sobre todo de niños, mujeres y ancianos, siguen campeando en la Banda de Gaza ante la indiferencia y desidias cómplices de los líderes políticos de los países industrializados. El genocidio ya no produce horror.

Amable lector/a, comenzar el nuevo año con una nota amena y positiva sobre Colombia, sobre algún tema que avivará el optimismo sobre lo que el nuevo año deparará a nuestro querido y agraviado país. Llegué a ilusionarme en el epílogo del 2024 con un motivo para una nota histórica al no sentir el estallido de pólvora durante los días de la novena de navidad y muy poca en la nochebuena, alcancé a pensar que por fin habíamos entendido que esta nociva práctica produce más daño que alegría en los hogares colombianos; ello bien valía la pena su reseña pues sería un cambio indudable en nuestra sociedad. Vana ilusión: en la noche vieja de nuevo el traqueteo por doquier y el consabido pánico de perros, gatos y demás animales domésticos y salvajes, los pájaros en desbandada dejaron sus nidos y árboles donde habitualmente pasan las noches apacibles de un día normal. La calma de humanos y demás especies vivientes volvía a ser perturbada como en años anteriores por una euforia que al final de cuentas no significa nada pues nada predice su celebración porque los problemas con que nos acostamos el 31 de diciembre siguen siendo los mismos el primero de enero. Nada importaron las medidas –decretos- de gobernadores y alcaldes prohibiendo el uso de la pólvora y los mensajes institucionales contra esta malsana costumbre que muchos creen que por ser eso, tradición, es correcta y aceptada por toda la sociedad. En fin, no hay caso.

Tampoco el esperado relevo en la Procuraduría General de la Nación generó optimismo alguno sobre un nuevo amanecer en la vigilancia y control de la burocracia administrativa del Estado. Mientras los colombianos/as se solazaban con los asuntos propios de la despedida del año viejo y la bienvenida, el nuevo el procurador Gregorio Eljach, en entrevista con El Tiempo, dejaba sentadas las bases de que lo que será su mandato, que no es otro que el continuismo. Y si es así, será el ejercicio parcializado y sesgado como el que le imprimió la procuradora saliente Margarita Cabello a sus cuatro años de mandato, según conviniera a sus amigos políticos; tampoco está en sus propósitos disminuir la voluminosa burocracia del ente de control, duplicada por la señora Cabello so pretexto de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la destitución de funcionarios elegidos por voto popular por dicha entidad. Inclusive, sobre esta decisión judicial del organismo internacional, de obligado cumplimiento para el Estado colombiano, el nuevo jefe del ministerio público dejó entrever una interpretación laxa de dicha sentencia respecto del ordenamiento nacional, como si las sentencias judiciales se interpretaran por los afectados con ella, por un lado; y por otro, desconocer que la Carta de la OEA hace parte del bloque de constitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico. Supe de primera mano que, en el Despacho del procurador, pasadas dos semanas del relevo, no se había movido un dedo, confirmando lo dicho por Eljach de no hacer cambios por ahora porque tenían que aprender el funcionamiento de la entidad (¡!). En fin, el poco aliento que vislumbraba el relevo en la dirección del ente de control –entidad bastante cuestionada, por cierto- se desvaneció antes de comenzar a despachar el opaco nuevo Procurador General de la Nación. Ojalá me equivoque.   

Busqué en otras áreas de la vida nacional -arte, cultura, deporte, …- una noticia o suceso que ilusionara nuestro país, encontrando un acontecimiento judicial que, en sí mismo es desgarrador por la perversidad que denota, más sin embargo, ironías de la vida, da paso al optimismo, por tanto invita al optimismo. En La Escombrera, aquel lugar sombrío de la Comuna 13 de Medellín, donde además de tirar escombros de la ciudad, lo convirtieron en fosa común de muchos de los desaparecidos de la ciudad, en particular entre los años 2002 y 2005, periodo del primer mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez, como de la Operación Orión en la Comuna 13, ordenada por éste y ejecutada por el general Mario Montoya, comandante para la época de la IV Brigada del Ejército, con la ayuda de paramilitares. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), cumpliendo la misión a ellas confiadas por el Acuerdo de Paz de 2016 y la ley, de establecer la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de hechos violatorios de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario cometidos durante el conflicto armado, pese a las dificultades lograron encontrar a finales de año pasado y principio en ese sitio, La Escombrera, restos humanos (seis por ahora), dos de los cuales ya están plenamente identificados, demostrando que en ese funesto lugar sí se inhumaron –botaron mejor dicho- cuerpos humanos en los años señalados. Investigación dolorosa para los familiares de los desaparecidos, pero al mismo tiempo esperanzadora para la nación y los familiares de los desaparecidos de alcanzar la verdad sobre lo ocurrido. Antes de este hallazgo a las mujeres madres, esposas, hijas y hermanas que buscaban –y aún buscan- a sus seres queridos algunas autoridades locales, regionales y nacionales, y sectores sociales de derecha las tildaron de locas; el hallazgo motivó que militantes y activistas del arte callejero de denuncia hicieran un gran grafiti en La Escombrera que dice: “Las cuchas tienen razón” (las viejas tienen razón). Ante esto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en clara violación del derecho a la libertad de expresión y con el burdo argumento de que ese grafiti afeaba la ciudad dio la orden de borrarlo. La reacción fue inmediata, el grafiti fue rehecho por más personas y replicado en varias ciudades del país. Hoy, a pesar de los intentos de opacar el impacto de los hallazgos de La Escombrera –como lo intentó el director de noticias de Blu radio-, es evidente que “las cuchas sí tienen razón”, en cuanto que el lúgubre sitio fue escogido para desaparecer personas habitantes de la Comuna 13 y otros sitios de Medellín; y que los organismos de justicia transicional sí están cumpliendo con sus objetivos a ellos confiados.  

Si en el campo nacional fue difícil hallar un evento o situación para pensar con optimismo, en el internacional fue peor. Si bien se suponía que la segunda presidencia de Donald Trump sería más agresiva y radical que la primera contra los migrantes llegados a Estados Unidos, pocos previeron la aplicación al pie de la letra de las promesas de campaña del presidente repitente y, de paso, cómo se lleva de calle no sólo el derecho internacional público sino todo sentido de humanidad y dignidad en el trato a los ciudadanos y las buenas maneras en las relaciones internacionales entre Estados. Las primeras víctimas de las órdenes ejecutivas de Trump fue la población del Sur asentada en Estados Unidos, no porque al mandatario no le asistiera la razón de expulsar los migrantes ilegales de su territorio, sino por la forma humillante como lo está haciendo. He aquí otro motivo de incertidumbre y desazón, ya no en nuestro patio sino en la aldea global, como el nuevo rey quiere convertir el planeta tierra. El nacionalismo radical de Trump en la aplicación de la teoría de Teodoro Roosevelt de “América para los americanos” está tomando un tinte que, así no le guste o acepte las viejas élites nacionales e internacional, al menos merece esta pregunta: ¿Acaso no se estará repitiendo la historia vivida por la humanidad en la década del 30 del siglo pasado cuando un político desconocido se fue apoderando del Estado alemán hasta convertirse en el monstruo que otras potencias europeas, con buenas o malas intenciones, ayudaron a montar?.

Aquí no se está especulando por fanatismo político; no, se está retomando las palabras y acciones del mismo funesto protagonista: un delincuente convicto calificando de delincuentes a los inmigrantes cuyo único delito ha sido buscar una oportunidad para si y los suyos en tierra distinta a la suya. Insisto, no se discute el derecho que le asiste como autoridad de expulsar a quienes hayan ingresado de manera ilegal a su país, se reprueba la manera indigna como lo está haciendo; un mandatario imperial que ve con total desprecio al pueblo palestino, víctima de un genocidio sin discusión, que expresa que Estados Unidos se apropiará de la Franja de Gaza para volverlo un sitio turístico –aquí no cabe una gota más de abyección en los sentimientos de una persona-; un individuo que saltándose toda norma jurídica y la más elemental diplomacia ultraja al pueblo canadiense, pidiéndole dejar de ser un Estado soberano y se rebaje a ser el  “51 estado de la Unión” –a la fuerza, desde luego-; un sujeto que sin ningún apego y menos respeto del derecho internacional público –consuetudinario y positivo- quiere apoderarse del Canal de Panamá y de Groenlandia; un gobernante que rechaza los avances en materia de diversidad e inclusión de todos los componentes del género humano, humilla expulsando las comunidades LGTBI+ de importantes y vitales actividades de la nación estadounidense: las fuerzas armadas, el deporte, entre otras, no podrá ser considerado como mensajero de buenos augurios. Todas estas acciones no son nuevas: el fascismo y el nazismo ya las pusieron en práctica en el siglo pasado y hoy se repiten como sinónimas de regresión y muerte.

Un paréntesis necesario. Para aquellos que en nuestro país consideran la dignidad una entelequia, una banalidadque no merecía ser reclamada y exigida para los repatriados –o para cualquier ser humano que se encuentre en condiciones infrahumanas- y, por lo mismo, le reprocharon al presidente de Colombia haberla exigido en la deportación de connacionales en esas condiciones, sepan que la dignidad es la base, el pilar o fundamento de los derechos humanos según la Declaración Universal de los Derechos humanos: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,…” (Preámbulo) y “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…” (Art. 1°). El hecho de que ningún mandatario de los colombianos/as haya antes reclamado esta condición de dignidad para sus connacionales en cualquier lugar del mundo, no significa que no exista y no sea su obligación de exigirla; tampoco es “bravuconada” como otros comentaristas nacionales calificaron la posición del presidente Petro: siempre habrá una primera vez y alguien, en este caso le tocó al actual mandatario, tenía que romper esa obediencia rayana en la sumisión de nuestras autoridades a todas las decisiones arbitrarias –y hasta criminales- tomadas por el imperio del norte. Que el presidente colombiano fue callado y humillado por Trump, y tuvo que rectificar, en fin, que perdió este embate, no es tan cierto, como que otros gobernantes de otros Estados han seguido su ejemplo. Que esta puja con el imperio pueda costar inconvenientes de diversa índole a Colombia, sí, no se puede negar, como tampoco que se viva eternamente arrodillado a los designios del imperio. En fin, pocos motivos en este 2025 para pensar con optimismo en el concierto internacional o de las naciones.    

Amable lector/a, cuando ya este observador se aprestaba a reseñar la destacada actuación de la Sub-20 en el Suramericano de fútbol que se realiza en Venezuela, dos resultados adversos seguidos ponen de nuevo en duda nuestra capacidad para enfrentar retos deportivos de envergadura, pues siempre nos “faltará cinco para el peso”.

Hasta pronto,

Tolimeo

San Luis, Tolima, febrero de 2025

Si es así, ¿logrará consolidarse después del mandato del Pacto Histórico?

Es indudable que el 7 de agosto de 2022 marcó un hito en la historia de Colombia: la posesión de Gustavo Petro como presidente de la república marca un antes y un después de esa fecha: ha sido el único presidente de izquierda, apoyado por una coalición de izquierda que accede al gobierno nacional, hasta ahora. Ese evento en sí mismo es un cambio político -impensable unos años atrás-, pues, si bien la Constitución Política de 1991 amplió –en teoría- la vía para acceder al poder público, la historia nos muestra que esto no fue así antes de ese año: la nueva Carta Política no detuvo el exterminio de un partido político, la Unión Patriótica (UP), en su vigencia floreció el paramilitarismo con toda su carga de horror y oprobio, el narcotráfico siguió aumentando y permeando toda la escena nacional pese la extinción de los cárteles de Medellín y Cali, y las violaciones de los derechos humanos alcanzaron una dimensión propia sólo de las dictaduras. Este triunfo es, ya dijimos un cambio político en la vida del país, sin embargo, ¿puede este hecho por sí solo considerarse como una transición política? ¿Son necesarios otros elementos para ello? Exploremos la nacional para ver qué se puede concluir al final.

 ¿Qué es una transición política? Una transición política es “… un proceso de cambio mediante el cual un régimen preexistente, político y/o económico, es reemplazado por otro, lo que conlleva la sustitución de los valores, normas, reglas de juego e instituciones asociadas a este por otros(as) diferentes.” (Santamaría: 1982). Significa esto que las transiciones no siempre se circunscriben a transformaciones políticas, sino que afectan otros ámbitos: el económico, la organización institucional del Estado, y cuya conjunción en algunos casos espaciales es una ruptura con el pasado, esto es una revolución. No es el caso colombiano.

Con base en lo anterior, creemos estar en una transición política como que reúne los elementos que los teóricos advierten para que se dé ese periodo o proceso de cambio: antecedentes, elementos y actores, partidos políticos, la situación internacional -toda transición tiene sus propias características y connotaciones, además de las políticas económicas, jurídicas, sociales y culturales-. Como veremos adelante, se caracteriza igualmente por la incertidumbre, en el sentido de que es imposible predecir los cambios futuros; y la ambigüedad, en la medida que se combinan elementos del anterior régimen y del que está en proceso de consolidarse.

¿Qué cambios pretende la transición política en curso? Admitiendo en teoría la dificultad para explicar este aspecto considerando que la Constitución Política de 1991 amplió la participación política, adoptó instituciones y normas que modernizaron el Estado colombiano, la realidad nos muestra lo contrario; además de lo dicho antes, la élite excluyente –minoritaria como población-, aumentó sus propiedades, en especial la rural, siguió controlando y usufructuando los réditos del poder público, mientras la inmensa mayoría pobre padece las consecuencias de la desigualdad y exclusión económica y social y su marginación en la conducción del Estado. Es lo que en Colombia llamamos el establecimiento y es éste el que el actual mandatario quiere cambiar mediante reformas de la más diversa índole.  

Si bien Juan Manuel Santos (2010 – 2018) dio un giro inesperado y esperanzador hacia la paz y reconciliación nacional, concretó en 2012 el proceso de paz con las FARC-EP, la guerrilla más antigua y numerosa del país, llevado en La Habana, Cuba. Esta nueva situación política creó, por un lado, el anhelo de los sectores democráticos del país, pero por el otro, encontró la acérrima resistencia de los partidos políticos y sectores sociales de ideología conservadora bajo la orientación de Álvaro Uribe Vélez -éste no le perdonó Santos, su sucesor, la “traición”, declarándolo enemigo irreconciliable hasta el día de hoy-. En esa situación entre esperanza y oposición se logró la firma del Acuerdo de Paz (Bogotá 2016). Sin embargo, un gran nubarrón en el firmamento político lo constituyó el triunfo del NO en el plebiscito del 02.10.2016: era el preludio de que el viejo establecimiento, los privilegiados del país no darían su brazo a torcer para entregar el poder económico y el político aún bajo su control. La derecha ultramontana regresó a la presidencia en 2018 y con ello se frustra una apertura democrática que permitiera la implementación justa del proceso de paz con las FARC y avanzar con la negociación del E.L.N. en procura de un nuevo amanecer más promisorio para el país en todos sus campos. El septiembre negro de 2020 cuando la fuerza pública mató más de una decena de civiles que protestaban por la tortura seguida de muerte de un estudiante de derecho, producida por agentes de la policía en un CAI de Bogotá la víspera (09.09.2024) exacerbó los ánimos de los sectores pobres del país. Mas no fue esta tragedia el único indicativo del deterioro de la de por sí menguada democracia nacional, no, el bombardeo a campamentos de disidentes de las FARC donde se encontraban menores de edad reclutados de manera forzosa en el Caquetá, la corrupción en casi todas las esferas de la administración nacional fraguaron el estallido social de 2021 como respuesta, por momentos violenta, de la población, en especial la juvenil al gobierno de Iván Duque (2018–2022), con notable dureza en las ciudades de Cali y Bogotá. De ahí surge el movimiento de la Primera línea cuyo protagonismo fue importante para el triunfo de Gustavo Petro.

En ese escenario se producen las campañas legislativa y presidencial de 2022. Gustavo Petro, único candidato de la izquierda enfrentado a los del establecimiento, con el mensaje del cambio, con un programa centrado en nueve puntos, entre ellos la implementación del Acuerdo de Paz, la reforma agraria para producir lo que llamó la soberanía alimentaria, reformas a la justicia, incluida la jurisdicción agraria, a la política, a la salud, el trabajo y las pensiones, entre otras. Este mensaje alternativo e innovador lo aupó a la presidencia con la mayor votación alcanzada por candidato alguno el 19/06/2022: un poco más de 11 millones de votos, aunque sin ser una victoria arrolladora y sin respaldo mayoritario en el Congreso de la República, asunto vital para su propósito del cambio, lo auparon al solio de Bolívar. Sin mayoría en el legislativo, el presidente tuvo que hacer una coalición variopinta, y hasta extraña, con partidos de ideología contraria a la suya: el Conservador, el Liberal, el de la U y Alianza Verde, con representación en ministerios y viceministerios. De esa manera presentó en el primer año proyectos de actos legislativos, como el del “campesino sujeto especial de derechos”, y de leyes como la reforma tributaria, a la salud, al trabajo, las pensiones, a la política, entre otros, logrando sacar adelante sin mayor dificultad su primera reforma: la tributaria. No obstante, poco duró esa alianza legislativa, quizá por ligereza, el mandatario pronto rompió la coalición y las reformas constitucionales y legales empezaron a patinar en las cámaras legislativas porque el bloque legislativo gubernamental quedó diezmado para mantener mayorías y asegurar su aprobación.

La ruptura de la coalición facilitó alianzas entre los partidos del establecimiento, la derecha radical –Centro Democrático y Cambio Radical y pequeños partidos-, se vio reforzada para bloquear la bancada gubernamental, el Pacto Histórico, y así se constituyó lo que denomino el primer bloque o frente político, para hacer la más férrea oposición legislativa a las propuestas reformistas del gobierno del cambio o de la transición. Este frente político se ha valido de las artimañas más antidemocráticas para obstruir las discusiones en comisiones y cámaras legislativas de los proyectos de origen gubernamental e impedir así se puedan cumplir las metas del gobierno: rompiendo el quorum para impedir  debates y la aprobación de proyectos de ley, presentando múltiples proposiciones evitando con ello avanzar en la agenda legislativa y otras marrullas logrando el hundimiento de reformas a la salud, la política, la aprobación del presupuesto 2025 y la de financiación y otras más. A tal punto llegó la insania del CD que ha iniciativa de la senadora Paloma Valencia, creó una ONG con el único objetivo de demandar ante la jurisdicción cuanta ley de origen gubernamental se apruebe, o de los actos administrativos, por nimios o rutinarios que sean, como nombramiento del staff administrativo.  

Desde antes de la posesión del presidente Petro, ya había un bloque o frente mediático conformado por los grandes medios de comunicación escritos y audiovisuales con el objetivo, expreso o tácito, de criticar el gobierno recién posesionad. Como una catilinaria, día y noche se critica, se desinforma sobre las acciones y omisiones del gobierno, hasta llegar a la bajeza de fiscalizar el monto de los mercados de las casas presidencial y vicepresidencial. El objetivo era –y es- claro: enlodar al gobierno de cara a las elecciones de 2026. Recordemos que los grandes medios periodísticos del país son propiedad de grupos económicos, nacionales y extranjeros. Otro tanto hizo el empresariado nacional a través de sus gremios y fundaciones de pensamiento y opinión.

La pugna entre el proyecto del cambio del gobierno del Pacto Histórico y la resistencia de la oligarquía, ahora en la oposición, esto es entre la propuesta por la equidad y más democracia y la de los privilegios para unos pocos, no ha sido ajena a la tercera rama del poder público: la jurisdiccional. Los desencuentros sustantivos desde el principio entre el Ejecutivo y la Rama Jurisdiccional, o viceversa si se quiere, trasciende el mero protocolo o las buenas maneras en sus relaciones institucionales, o de la defensa de un ordinal, inciso o artículo de la Constitución Política por parte de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado –las dos Cortes más proclives en estos contenciosos-; hay una posición política –en realidad toda decisión judicial es política-, que no es otra que la defensa del statu quo, el establecimiento que el Ejecutivo quiere modificar vía reformas constitucionales y legales. Cierto es que éste está jugando con las reglas establecidas por el establecimiento y sin las mayorías en el legislativo tiene una tarea difícil.  Algunos fallos de la Corte Constitucional adversos a los objetivos del gobierno, curiosamente lo han sido sobre en asuntos clave para el desarrollo de las políticas de inversión social que el Ejecutivo pretende en pro de la población más vulnerable: la caída de la emergencia económica y social para la Guajira, la inconstitucionalidad del gravamen de la regalías de la multinacionales, la declaratoria de inconstitucionalidad del ministerio de la Igualdad, la imposibilidad de contratación de las Juntas de Acción Comunal, entre otros, son fallos cuestionados por expertos y organizaciones de juristas defensoras de derechos humanos. No se discuten fallos en los que no se observaron las normas y procedimientos para su aprobación y/o adopción previstas en la Carta Magna, sino aquellos cuyos fines más que loables son indispensables para el desarrollo de nuestra nación.

Si estamos ante un tercer bloque, el frente jurisdiccional contra la propuesta y ejecución del cambio institucional del Estado colombiano, constatamos lo dicho al principio: las transiciones políticas se caracterizan por la incertidumbre y la ambigüedad, en la medida en que nos encontramos entre  reformas adoptadas y el antiguo régimen que sus valedores se resisten a que sea reemplazado.

Si es así, ¿logrará consolidarse después del mandato del Pacto Histórico? El presidente Petro en reciente discurso manifestó: “El año entrante será definitivo, será la prueba de si este Gobierno es el cambio o no” (El Tiempo, 17.12.2024). Por ahora consideramos se están dando las siguientes características en la actualidad nacional y la transición política: Cambios en el liderazgo o el régimen político –aun incierto-; reformas institucionales y legales; participación ciudadana y movimientos sociales; y negociación política y diálogo –este último muy intermitente.

Este observador considera que será el 2026 el año que nos dilucide este interrogante de la consolidación o no de la transición propuesta y ejecutada por el actual mandatario de los colombianos y colombianas.

Amable lector/a, agradeciendo su paciencia, les deseo lo mejor en el año que viene, con menos incertidumbre y zozobra nacional como internacional y avanzar un poco más hacia la paz y reconciliación de nuestra nación.

Tolimeo,

San Luis, Tolima, diciembre de 2024    

La indiferencia ante el genocidio contra el pueblo palestino se convierte en complicidad.

Apreciado/a lector/a,

La agitada vida nacional cada día nos atropella con acaecimientos en cadena, sin darnos tiempo para discernir bien qué está pasando en nuestro entorno, menos analizar con mesura si tales sucesos son indicativos de avance, retroceso o estancamiento como sociedad y/o Estado. Lo que sí es claro es que algunos de esos eventos o situaciones exaltan aún más el fanatismo político-social que vivimos por estos tiempos y nos corroe hasta hacernos ver como una sociedad fratricida, donde son más las cuestiones y temas que nos separan que los que nos unen. Algunos eventos de los últimos días, unos simultáneos entre sí, otros seguidos en el tiempo, son asuntos delicados, trascendentes, han sido tratados con los parámetros tácitos de la polarización; otros, en cambio, lo fueron de manera fugaz, según conviniera o no a los intereses políticos del comentarista respectivo. Sin embargo, no hay duda de que para la mayoría de la población agobiada por el sinnúmero de problemas de su cotidianidad le son indiferentes. Así, la espuma levantada por el Consejo Nacional Electoral, CNE, al formularle pliego de cargos al presidente de la República por sobrepasar los topes electorales en las campañas que lo llevaron a la presidencia, opacaron otros que, considero, tienen importancia e incidencia en el acontecer nacional. El asunto que pone en tela de juicio la integridad del expresidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, CEV, Francisco de Roux, SJ; la opacidad con que se trata la salud mental y su impacto en la vida nacional; y la dudosa política criminal de nuestro Estado, en especial en cuanto a las penas en materia criminal para cierta tipología criminal; y el asunto de Pegasus dado a la luz pública por el mismo presidente Petro en pleno paro de los transportadores de carga, hoy renacido por las nuevas revelaciones que nos llegan desde los EEUU, son algunos temas que merecen un comentario de nuestra parte.

Asunto Francisco José de Roux Rengifo, SJ.: El insigne sacerdote se ha visto involucrado en un asunto que pone en tela de juicio su integridad a raíz del Informe Coronell de la W Radio (25/10/2024), retomado en su columna en Los Danieles por el mismo periodista (27/10/2024). En ellos se denuncia que el expresidente de la CEV habría encubierto a otro prelado jesuita, Darío Chavarriaga, acusado de pederastia por actos ocurridos en la década de los 70 del siglo pasado, cuyas víctimas fueron menores, un niño y siete niñas de una misma familia. Delitos denunciados por las víctimas ya siendo adultas, 35 años después, ante el Provincial de la Compañía de Jesús, en esos momentos (2014) el padre De Roux. El encubrimiento que le indilgan, primero las víctimas, luego algunos comentaristas de la vida nacional, se basa en que el aludido sacerdote a pesar de haber activado los procedimientos canónicos que terminó con sanción clerical para el pederasta, no informó de esos graves actos criminales ante la Fiscalía General de la Nación. Este episodio, como muchos otros, ha servido para mostrar la polarización exacerbada en nuestro país: de un lado, para condenar a priori al expresidente de la C. E. V. sobre el conflicto armado; y del otro, para excusarlo (absolverlo) de toda culpa sin más consideración que el de ser el bastión ético y moral de la nación.

No pretendo con esta nota ahondar hacia una u otra posición; no, me interesa destacar cómo los fanatismos de toda índole desconocen la naturaleza de las personas, sus actos y comportamientos, incluso acomodándolos según su punto de vista, casi siempre sesgado o cegado por fidelidades irracionales. En el caso en comento, desconocer la vida y obra del padre Francisco de Roux en el campo de los derechos humanos, la educación y la paz es un dislate, una torpeza supina que aleja el debate sobre el affaire de los niños Llanos –las víctimas del pederasta- de cualquier intento honesto de esclarecer si el proceder de De Roux cuando era el jefe de los jesuitas fue correcto o no. Tampoco lo es, en mi opinión, enlodar la labor social del eclesiástico en los campos de los derechos humanos y la paz con actos criminales acaecidos 35 años antes de su conocimiento, con el trabajo de la CEV comenzado en 2018. Quiero aquí destacar un aspecto muy particular, la infalibilidad, pues deduzco por los comentarios de los defensores acérrimos del padre De Roux que lo consideran, un hombre infalible. ¿Recuerdan que nos enseñaron que el Papa es infalible? Pues bien, el mismo Papa Francisco reconoce que no, que los papas no lo son, la infalibilidad dejó de ser un dogma, como mortales todos somos imperfectos, esto es que, así como acertamos también fallamos en nuestras actuaciones personales. El padre De Roux no es infalible, esto no significa que no sea lo que es: un hombre ejemplar, íntegro en su vida personal como en la pública, que es por la que lo conocemos desde hace ya muchos años. Espero que, si en este delicado asunto erró, por acción u omisión, las consecuencias no hayan sido lesivas para nadie.

Las enfermedades mentales en Colombia: En Ibagué, por esas ironías inexplicables, denominaron “el puente de la vida” a un viaducto sobre el río Combeima en la variante que une Ibagué con Cajamarca en la llamada carretera Panamericana. ¿El motivo? Porque se ha vuelto el medio preferido para quitarse la vida las personas. En un lapso de unos cuatro a cinco años se han suicidado 70 personas lanzándose al vacío desde dicho puente para caer en el profundo cañón que forma el cauce del río; jóvenes y adultos, de géneros y estratos diversos han terminado sus días en este fatídico lugar.

«En Bogotá, más del 19 % de las personas han tenido ideas de suicidio, y en el primer semestre de 2024 ya se han presentado 184 casos. Si bien ahora se habla un poco más del tema, se hacen encuestas y se busca generar políticas públicas, aún existe mucho temor y desinformación. Más del 10 % de la población bogotana ha sido diagnosticada con depresión, aunque la cifra real debe ser mucho mayor. A la gente le da pena buscar ayuda profesional; al fin y al cabo, “yo no estoy loco, solo estoy un poco triste”»[1].

Estos son dos botones nomás de una realidad: en Colombia no se le está prestando la atención debida a la salud mental, con graves consecuencias para el desarrollo humano de nuestra sociedad. Al tiempo de la publicación de la columna citada, una tragedia familiar –una más- sacudió a la sociedad capitalina: en un humilde hogar de la localidad de Engativá en Bogotá cuando un padre de familia mató a sus hijos de cuatro y siete años. Una nota periodística de El Tiempo sobre este drama acopió testimonios de vecinos de la familia afectada que daban cuenta de que el parricida es un enfermo mental de tiempo atrás, más específicamente esquizofrénico, con antecedentes de internamiento psiquiátrico, lo mismo que de una de sus hermanas. Este aspecto me lleva a pensar si esta será la misma causa en otros tantos dramas similares ocurridos en los últimos años en el país. Hoy en día observo cómo en estos casos tanto fiscales como jueces se limitan a calificar como homicida al autor sin indagar con rigor de si se trata de una persona padeciendo enfermedad o trastorno mental, es decir si es inimputable –persona incapaz de tener plena conciencia de sus actos y por ende no responsable para el derecho penal-, requiriendo un tratamiento médico –psiquiátrico- y no una condena penal.

Volviendo al “puente de la vida”, en reciente sentencia del Consejo de Estado al resolver  una tutela de la Alcaldía y la Personería de Ibagué contra el ministerio de Transporte para que éste instalará una barrera en el viaducto para evitar los suicidios, el alto tribunal consideró que no era el puente la causa de los suicidios y sí los trastornos mentales de las personas que así procedían y, esto es lo más importante de la decisión judicial, que las autoridades de Ibagué debían revisar las políticas sanitarias relacionadas con la salud mental de la población habitante en su ciudad.

¿Qué decir de los indigentes que deambulan por las calles de casi todas las ciudades de Colombia?

Amable lector/a, nosotros, como sociedad y Estado, seguimos dando palos de ciego frente a problemas sociales que con el paso del tiempo se acumulan y, por lo mismo, se hacen cada día más indescifrables y difíciles de resolver. Sin embargo, por algo debemos comenzar –o recomenzar- para tratar de enderezar tanto entuerto.  Después de tanto cavilar concluyo que debemos empezar por exigir y hacer posible el pleno el ejercicio y disfrute de un derecho fundamental: la educación, porque esta nos ayudará a despejar nuestras mentes de las telarañas que nos impiden liberarnos de prejuicios y sentimientos tóxicos como el odio que, a su vez, impiden la unidad nacional y la lucha por un mejor mañana.

Pensémoslo,

Tolimeo,

La Flor, San Luis, Tolima, Colombia, noviembre de 2024

Nota Bene: Para los que aún dudan del genocidio palestino, o los que quieran saber más sobre este horror del siglo XXI, los invito a leer el último “Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967. El genocidio como supresión colonial.”

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[1] Blanca Inés Durán, No estamos locos, El Espectador, 10.10.2024