Una de las apuestas del gobierno del cambio para el campo es incluir el movimiento comunal como pilar en el desarrollo rural.
Amable lector/a,
Después de más de seis décadas de existencia, con muchas vicisitudes y no pocos obstáculos de diversa índole, el movimiento comunal, o la Acción Comunal, como se le conoce, pareciera haber encontrado la puerta de entrada para participar de verdad y en serio en el proceso de desarrollo del campo y del campesino colombianos; aunque bueno es aclarar que este movimiento no es exclusivo de la población campesina, si bien el componente mayoritario es éste. En efecto, desde el comienzo de su instalación, el actual gobierno ha considerado la acción comunal como una aliada estratégica para sus políticas hacia el sector rural. Ya existen varios proyectos caminando con la participación decisiva de las Juntas de Acción Comunal, JAC.
Pero antes de seguir es preciso definir qué es la acción comunal. Según la ley 2166 de 2021 que la regula establece en su artículo 5. Definición de acción comunal. Para efectos de esta Ley se entenderá como acción comunal la expresión social organizada, autónoma, multiétnica, multicultural, solidaria, defensora de los Derechos Humanos, la comunidad, el medio ambiente y la sociedad civil, cuyo propósito es promover la convivencia pacífica, la reconciliación y la construcción de paz, así como el desarrollo integral, sostenible y sustentable de la comunidad, a partir del ejercicio de la democracia participativa.
Es indiscutible que las JAC son la más auténtica y democrática representación de la población campesina de Colombia -población negra, indígena, palanquera, raizal y mestiza- y, por lo mismo, interlocutora legítima ante las autoridades locales, regionales y nacionales del Estado y otros sectores sociales en representación del campesinado. Pero como ya se dijo, este movimiento ha vivido, a lo largo de su existencia, vicisitudes de toda índole y ha sido instrumentalizado por otros sectores políticos y sociales, obteniendo réditos de las JAC que nada tienen que ver con el objetivo principal de estas, el cual no es otro que el desarrollo comunitario, la solidaridad entre los miembros de una comunidad y de esta con otras, según las circunstancias en cada caso. Pese a que la acción comunal está regulada por una única legislación nacional, no puede decirse que su desarrollo haya sido uniforme en todas las regiones geográficas y demográficas del país. Esto ha determinado que su nivel, impulso y desarrollo sea diferente de un territorio o zona a otros. Así, en algunos lugares, en particular donde la violencia político-social y el conflicto armado interno se han ensañado con la población campesina, ésta ha tomado más consciencia que para sobrevivir era, y es, necesario la solidaridad y el trabajo en equipo. De esta manera, se fue potenciando el movimiento comunal más fuerte para defender a las comunidades, ya del abandono estatal en sus derechos individuales y colectivos, ya de los atropellos de los actores armados que las asedian. Por eso, no es extraño que el desarrollo de las JAC en el Catatumbo, Putumayo, Magdalena Medio y otras regiones donde se vivió y pervive aún el conflicto armado interno, sea diferente e incluso más elevado en compromiso, trabajo y logros que los de otras regiones nacionales, cuyas condiciones políticas y sociales no han sufrido los efectos del conflicto bélico; tal vez esto ha creado cierto “conformismo” o apatía para que las comunidades potencien las JAC y así enfrentar mejor sus problemas y/o necesidades comunes. Sin embargo, o tal vez por lo mismo, en algunas regiones las JAC han sido objeto – y lo son aún- de instrumentalización y/o manipulación por parte de autoridades locales –alcaldes y concejales municipales- y “caciques” de partidos tradicionales –que han gobernado siempre el municipio o provincia-, convirtiéndose en un mecanismo más de la politiquería y el clientelismo. En otros términos, buena parte de las JAC siguen siendo útiles de la mecánica política de la respectiva municipalidad. Es el caso de la región donde reside este observador.
Ante la nueva perspectiva que se presenta con el actual gobierno, las JAC bien formadas, orientadas, coordinadas y estimuladas pueden hacer realidad en el mediano y largo plazo las políticas propuestas por el presidente Petro: la soberanía y seguridad alimentaria, dar vida a economías alternativas a la impuesta por el capitalismo, como cooperativas, producción colectiva y solidaria, y otras para allanar el camino en el intento de acortar la brecha entre la minoría nacional, poseedora de la mayor parte de la tierra y el capital, y la mayoría de colombianos/as que tienen muy poco o nada. Así, la rehabilitación de vías terciarias, la reconstrucción de vivienda individual campesina y el proyecto de conectividad –Internet- en todas las zonas rurales del país, son tres de los proyectos propuestos por el gobierno nacional –unos ya en marcha- teniendo como ejecutoras las JAC. Son retos y desafíos grandes tanto para el gobierno como para las comunidades asociadas en las JAC, teniendo en cuenta, por una parte, la férrea y corrosiva oposición que le hacen los “verdaderos dueños del país”, a través de sus partidos políticos, los gremios, los medios masivos de comunicación y demás redes sociales a su disposición, al gobierno nacional; y, por otra, por qué no decirlo, también a la impericia de los nuevos administradores públicos y la desidia que siempre ha mostrado nuestra burocracia, factores que pueden llevar a extravíos en la ejecución de los programas.
Suena a utopía esta alternativa para el campesino colombiano y la Acción Comunal, como quiera que el reto es enorme y complejo. Pero nada impide, si las condiciones objetivas de seguridad integral, de capacitación y aprovisionamiento de herramientas tecnológicas, de acompañamiento, orientación y supervisión para los miembros de la Acción Comunal, sumadas a la buena voluntad y altruismo que los líderes comunales han mostrado a lo largo y ancho de la geografía nacional durante más de medio siglo de acción, se pueda construir el motor del cambio para el desarrollo económico, social y cultural de del campo colombiano. Ya lo había advertido este observador en la Epístola luego de la posesión del presidente Petro: “Sin desconocer las reformas legales necesarias para mejorar la situación del campesinado colombiano, urge la ejecución de programas que no requieren de aquellas para avanzar en los objetivos gubernamentales.” (https://tolimeo.home.blog/2022/10/07/la-politica-para-el-campo-menos-leyes-mas-accion)
Estimado lector/a, tal vez para usted, como persona citadina, esta alternativa propuesta por el gobierno actual no le produzca ni frío ni calor; pero si piensa un poco que, durante la pandemia del Coronavirus, a pesar de las condiciones precarias actuales del campesinado el país se mantuvo a flote en gran medida gracias a su trabajo constante y arduo para que no faltaran los alimentos fundamentales en las ciudades del país. Si en esas condiciones se logró, imagine usted ¿Cómo será la producción de alimentos con un soporte serio, científico, técnico y financiero del Estado para con la población más abnegada de nuestra nación?
Vale la pena una reflexión, ¿cierto?
Hasta pronto,
TOLIMEO
La Flor, San Luis, Tolima, febrero de 2024
N.B. La política de trabajar de la mano de las JAC no debe ser tan descabellada, puesto que la mandataria de mi departamento la adopta para la rehabilitación de las vías terciarias, aunque ni la Gobernación ni alcaldía alguna hayan socializado con las JAC tal decisión. ¿O será que, suspicaz que es uno, se trata de una nueva forma de clientelismo político, utilizando ciertos municipios y JAC, como se desprende de la siguiente información regional (https://www.tolima.gov.co/noticias/5800-el-trabajo-que-adriana-magali-matiz-le-propuso-a-las-juntas-de-accion-comunal-del-tolima)?
Epístola de Tolimeo 